Análisis Noticiosos
El genocidio civil no podrá sostenerse
Por Juan Bolívar Díaz
Tanto el presidente Medina como el expresidente Fernández saben que el genocidio civil decretado por la sentencia 168-13 es insostenible y acarreará graves daños al país, pero parecen reos de sus sobrevaluados aliados ultranacionalistas
Los informes disponibles permiten afirmar que el gobierno del presidente Danilo Medina y el liderazgo de su partido, encabezado por el expresidente Leonel Fernández, juegan al paso del tiempo con la esperanza de que baje la marea nacional e internacional que rechaza el genocidio civil decretado por la sentencia del Tribunal Constitucional.
Sin embargo lo ocurrido en el período navideño y las perspectivas internacionales lo que auguran es un mayor daño a la imagen del país, incluyendo la posibilidad de medidas cautelares a corto plazo y luego una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Sin tregua navideña
En los ámbitos gubernamentales hubo la esperanza de que el período navideño bajaría la marea de rechazo nacional e internacional de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional (TC) que avala el genocidio civil que de forma administrativa venía ejecutando la Junta Central Electoral (JCE) desde el 2007. Se llegó a pedir que se pasara ya la página del conflicto para que la sociedad se aboque a otros problemas, pero no hubo tregua navideña y las perspectivas apuntan a un incremento del rechazo.
Ya en vísperas de Navidad el gobierno se vio precisado a reanudar las conversaciones con Haití, bajo la presión de la Comunidad Económica del Caribe (Caricom) y de Venezuela, cuyo presidente Nicolás Maduro, llegó a decir que “somos hermanos incondicionales del pueblo de Haití, y quien se mete con el pueblo de Haití, se metió con el pueblo venezolano”. El cerco caribeño parece haber incluido a Cuba, cuando el presidente Raúl Castro en discurso del primero de enero, quiso “reiterar al hermano pueblo haitiano y a su gobierno, que los cubanos jamás los abandonaremos y que siempre podrán contar con nuestra modesta colaboración”.
El gobierno de Estados Unidos expresó su “profunda preocupación” por las implicaciones humanas de la sentencia, instando al dominicano a proseguir conversaciones internacionales y con la sociedad civil para abordar el problema con prontitud, mientras prometía continuar el diálogo que ya había iniciado.
El cardenal arzobispo de Boston, y miembro del Consejo de ocho asesores designados por el Papa Francisco para que le ayuden a gobernar la Iglesia y reformar la Curia Romana, se inscribió en la oleada navideña de rechazo a la sentencia y reclamó al gobierno dominicano que preserve los derechos de los afectados. Mientras diarios como The New York Times y Boson Globe, publicaban nuevos reportajes sobre el conflicto.
Alarma creciente
En los ámbitos internacionales es creciente la alarma producida por el genocidio civil que ya afecta a miles de personas. Se da por hecho que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas abordará la situación en una reunión que tiene convocada para finales de enero Ginebra. Lo mismo haría una cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños a sesionar en los mismos días en La Habana.
Cuatro días en Washington fueron suficientes para comprobar el alto nivel de rechazo que tiene la desnacionalización de los descendientes de extranjeros indocumentados nacidos en el país desde 1929. En los ambientes de la Organización de Estados Americanos se le considera la más grave violación de derechos humanos en la historia de la organización. Se atribuye a su secretario general José Miguel Insulza haber dicho que la solución del conflicto es prioridad número uno para el 2014.
Dirigentes de la sede en Washington del Consejo Nacional de Iglesias (Evangélicas), del Servicio Jesuita para Refugiados y Migrantes, de la Fundación Robert Kennedy, y de American University, así como pastores anglicanos vinculados a la defensa de derechos humanos, nos contactaron interesados en conocer más a fondo la situación. Algunos se muestran dispuestos a participar en acciones contra el país, incluso de repercusiones económicas, lo que se les advirtió que podría ser contraproducente y dañino hasta para el empleo.
Dominicanos que trabajan en organismos internacionales, incluyendo diplomáticos, testimonian el amplio rechazo que recibe la sentencia. Algunos se quejan incluso de haber sido considerados racistas simplemente por ser dominicanos, sin que hayan defendido la exclusión.
De la Comisión a la Corte
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que visitó el país a principio de diciembre y rindió un informe preliminar de radical rechazo al genocidio civil, trabajará ahora en la elaboración de su informe final, Tiene previsto sesionar en marzo para recibir reacciones del gobierno dominicano y de cualquier interesado. Luego lo remitiría al Consejo Permanente de la OEA.
No se descarta que en el ínterin pueda solicitar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos medidas provisionales para cautelar los derechos de miles de afectados. En su visita al país la Comisión recibió casi 4 mil denuncias, pero desde hace más de dos años es depositaria de instancias elevadas por unos 48 de los primeros afectados por la medida administrativa de la JCE.
De lo que no hay dudas es que si el Estado dominicano no revierte la apatridia en que la sentencia deja a decenas de miles de personas, como recomendó la Comisión Interamericanas, la Corte será apoderada del caso y allí no habrá compasión con el despojo retroactivo de la nacionalidad, dada la jurisprudencia que estableció con su sentencia del 2005 en el caso de las niñas Yean y Bosico, nacidas en el país.
Hay quienes cuentan con la lentitud de los trámites de la Comisión y la Corte, pero como este caso afecta a miles de personas podría ser acelerado, lo que ya solicitaron abogados del Centro de Asistencia Jurídica Internacional (Cejil), durante la sesión de la Corte en México en octubre pasado, cuando conoció el caso de un grupo de deportados hacia Haití pendiente de fallo, y ahora afectados por la sentencia 168-13.
El juego de Leonel y Danilo
Tanto el presidente Medina como su antecesor Fernández están plenamente informados del cerco internacional que confronta la nación, y ambos han coincidido en reconocer la improcedencia del despojo retroactivo de la nacionalidad así como de la necesidad de encontrar una salida institucional al conflicto. La Comisión Interamericana no sólo lo puso por escrito, sino que sus titulares hablaron con Medina y “con la mayor franqueza” le dijeron que esa sentencia no será aceptada en ningún organismo internacional, porque vulnera derechos fundamentales universales.
El gobierno luce atrapado cuando el ministro de Interior y Policía y su consultor jurídico proclaman que el conflicto de la sentencia no está en la agenda de la reanudación del diálogo con Haití programada para el martes 7, y que sólo tratarán de migración, regularización de extranjeros, medio ambiente y comercio, mientras para el canciller de Haití el tema número uno es la desnacionalización de los descendientes de haitianos. Se quiere ignorar la razón por la que Venezuela “auspicia” el diálogo, que ahora tendrá de observadores a Caricom, Unión Europea y otras instituciones.
En contradicción aparece también el expresidente Fernández, a quien el digital Acento le reprodujo una charla en American University, donde llega a proclamar que Juliana Deguis, por quien se pronunció la histórica sentencia, es dominicana, como muchos otros que “culturalmente están integrados a la nación dominicana”. En un artículo el, lunes 30 en el Listín Diario, Fernández vuelve a plantear la necesidad de “una solución, que sin quebrantar los atributos de nuestra soberanía nacional, satisfaga los requerimientos del derecho internacional de los Derechos Humanos”.
Se ilusiona con que eso sea posible con el Plan de Regularización de Inmigrantes, aunque termina pidiendo “soluciones inteligentes, pragmáticas y viables que nos permitan, al mismo tiempo, proteger nuestra soberanía nacional y rescatar nuestro prestigio internacional”, lo que es un reconocimiento del cerco externo.
Reos de ultranacionalistas
Los líderes del PLD lucen como reos de una minoría ultranacionalista aliada, que en las campaña electorales hace los peores papeles, a la que complacieron con la sentencia y ahora no encuentran forma de convencer de que renuncien al espacio que le regalaron y que le ha permitido aparecer liderando el gobierno, el partido y la mayor parte de su amplio aparato mediático. Todos se comprometieron sin medir las consecuencias internacionales y ahora quieren pretender que hay una soberanía absoluta, por encima de los tratados que reconoce hasta la Constitución Nacional. Los nacionalistas han formulado advertencias chantajistas al gobierno y a Fernández.
El escenario de solución debería ser el nacional, como ha planteado el Comité de Solidaridad con las Personas Desnacionalizadas, no la negociación con Haití. Tampoco debe esperarse mayores daños al país. El camino más institucional de solución, sin desconocer la sentencia, es que el Estado pida una opinión consultiva a la Corte, última instancia en la materia, (artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), evitando que le impongan medidas cautelares o un dictamen revocatorio.
Una alternativa sería una ley que interprete artículos constitucionales como el 18.2 que reconoce la nacionalidad dominicana a todos los que la disfrutaban hasta el 2010; el 74.3 que otorga jurisdicción privilegiada a los pactos y convenciones sobre derechos humanos; el 74.4 que proclama el Principio de la favorabilidad en derechos humanos; y el 110 que prohíbe la retroactividad de la ley en perjuicio de las personas, pero la justifica cuando implique beneficios. Lo han planteado expertos constitucionalistas. Danilo Medina y Leonel Fernández tienen capacidad para hacerlo, pero se desconoce si sus distancias les han permitido hablar sobre esta grave crisis.-
Por José Cabral.
Nadie puede negar que la República Dominicana está en medio de la gran posibilidad de que pueda surgir un “outsider” en la política nacional, aunque el problema descansa en que no se ha articulado una propuesta que responda al nicho que se ha creado en esta dirección.
Prácticamente todas las encuestas colocan en un 54 ó 55 por ciento, aunque se piensa que es mucho mayor, las personas que no sienten ningún respeto ni vinculación con los partidos políticos, los cuales han llegado a un nivel de descrédito que nadie podía imaginarse.
Es tan grave el problema que esa realidad amenaza la democracia representativa, ya que en las últimas elecciones el país ha terminado con autoridades que no cuentan con la legitimidad necesaria para garantizar una buena gobernabilidad.
Pero frente a esa realidad la pregunta que todo el mundo se hace es si valdría la pena que en el país se produzca el fenómeno del “outsider” como que ya ha pasado en muchas naciones latinoamericanos e incluso en los Estados Unidos de América.
El último caso de este tipo se ha producido en Colombia, donde un abogado penalista, un depravado, defensor de narcotraficantes, de evasores de impuestos y de los paramilitares ha quedado en primer lugar en las elecciones presidenciales.
A Abelardo de la Espriella, un ultraderechista, sin ningún mérito, pero sin venir de las estructuras tradicionales del partidarismo político, se ha colocado en la puerta de la presidencia de Colombia, con un discurso agresivo y con una visión de cuestionamiento del derecho internacional que lo acerca al actual jefe de Estado de los Estados Unidos, Donald Trump, quien incluso ya lo ha apoyado.
El asunto es que este tipo de “outsider” no es saludable para que ningún país del mundo, porque representa un antivalor, un enemigo del derecho internacional y además un depravado que no respeta absolutamente nada ni a nadie.
Entonces, si la República Dominicana se viera en ese espejo estaría en un escenario que significa un evidente retroceso al bienestar que se supone debe garantizar todo aquel que se opone a la partidocracia, que nadie puede negar que en todas estas naciones ha implicado una gran desgracia para los pueblos.
Por esta razón es que creo que, si en la República Dominicana se crean las condiciones, como ya parece que ocurre, para desplazar del poder a los partidos políticos, tiene que ser para bien, no para mal, ya que debe ser un “outsider” que cuente con un plan programático y estratégico a corte, mediano y largo plazo para poder lograr las transformaciones que demanda la sociedad.
Naturalmente, la preocupación de que el problema del país no sólo descansa en el funcionario público, el cual procede de los partidos políticos, instancias totalmente corrompidas y enemigas del progreso nacional, sino también en la visión y actitud distorsionada del ciudadano como resultado del neoliberalismo salvaje introducido en el país por Leonel Fernández.
Tal vez ahí esté la explicación de que una opción con una visión colectiva, no individual, no haya podido consolidarse en el país, ya que articular este tipo de propuesta implica, según lo que se ve, romper con lo que luce ser una utopía por la forma en que el neoliberalismo se ha apropiado de la mente y el sentir de la gente.
Pero si Dios quiere y en razón de que las condiciones están dadas para que en el país surja un “outsider”, ojalá sea para bien y no para mal, contrario a como se observa que se produce en Colombia y en otros países latinoamericanos.
El “outsider” dominicano tiene que ser para romper con la vieja política, a los fines de acabar con la corrupción y los principales males que aquejan a la sociedad en asuntos tan fundamentales para tener crecimiento y desarrollo nacionales como el empleo, la institucionalidad, la seguridad pública y ciudadana y en otros aspectos que durante décadas han representado una retranca para la nación.
Por José Cabral.
Los jueces y juezas son considerados emperadores que tienen el privilegio de juzgar la conducta de los demás, pero nunca la de ellos, convirtiéndose muchas veces en los funcionarios públicos que violan más que cualquier otro agente del Estado los derechos de las personas.
La explicación del abuso de poder desde la condición de juez, jueza o fiscal consiste en que somos una nación donde la democracia existe más de apariencia que de realidad y que ello obedece a la herencia patriarcal, machista, caudillista y de amiguismo que genera mucha tolerancia con el que infringe la ley desde la sombrilla del Estado, cuya visión descansa en la herencia histórico-cultural anti-democrática.
La República Dominicana ha pretendido desarrollar una democracia en la que prevalezca el principio de legalidad, juridicidad y de igualdad, pero este propósito ha resultado ser una utopía porque los tiempos de dictaduras tienen un fuerte peso en la vida nacional.
En el Estado democrático los derechos no están por encima de los deberes, ambos van de la mano, pero en los países con escaso nivel de desarrollo la gente piensa que no tiene que cumplir con sus obligaciones y que los derechos son absolutos.
Hace muy pocos días que los actores del sistema de justicia se lanzaron a un paro de labores en demandas de mejores condiciones salariales y de trabajo en sentido general, lo que nadie le regatea porque la realidad es que las mismas son deprimentes, aunque ello no justifica la forma en que muchos tribunales se manejan en los casos que les llegan.
Todo el mundo sabe o por lo menos constitucionalmente está establecido que los jueces son garantes fundamentales de la justicia y la paz social, ya que su principal papel es administrar justicia mediante la solución de conflictos de manera imparcial, aunque este concepto luce ser una utopía.
Los jueces se supone que actúan como puente mediador entre las leyes y los ciudadanos, asegurando la equidad, el respeto a las garantías constitucionales y la estabilidad del Estado de Derecho, ya que en la sociedad contemporánea el ejercicio de la judicatura abarca funciones esenciales que van más allá de simplemente aplicar la ley escrita, sobre todo en una época en que el derecho ha entrado en un profundo proceso de constitucionalización.
Sin embargo, cuando el sistema de justicia no cumple con su rol, entonces llega la distorsión que tiene que ver con la vía de hecho, dado que éste tiene la misión teórica de darle a cada ciudadano lo que le corresponde, a los fines de evitar hacer justicia con sus propias manos y para garantizar una convivencia ordenada.
La justicia también debe velar porque prevalezca el principio de legalidad y de juridicidad para el control del poder, ya que representa un contrapeso vital al supervisar que los actos de los otros órganos del Estado se ajusten a la Constitución y al bien común, pero todo ello requiere, además, que los jueces, juezas y demás actores de la judicatura nacional también ajusten sus actuaciones a los deberes que les impone la ley sustantiva de la nación y las normas por las que se rige el Poder Judicial.
Análisis Noticiosos
Es imperdonable que Subero Isa haya mal asesorado al presidente de la República.
Por José Cabral
Cuando el Congreso Nacional aprobó en violación de la Constitución la promulgada Ley 13-26 que persigue anular las candidaturas independientes, muchos confiamos en la amplia formación y la vocación democrática del expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, quien ahora se desempeña como Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo.
Siempre pensé que lo mínimo que podía sugerirle Subero Isa a Luis Abinader era no promulgar esa pretendida ley y en su lugar recomendar observarla por constituir una violación muy grave a la Constitución de la República y a una jurisprudencia del Tribunal Constitucional que el jefe de Estado prometió cumplir cuando se juramentó en el cargo.
Pero aun después de la promulgación en una conversación con el promotor de la acción directa de inconstitucionalidad en contra de los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23, Alberto Fiallo, éste decía que parece que Subero Isa no había jugado ningún papel en semejante agravio a la democracia y al proceso de constitucionalización del derecho en la República Dominicana.
E incluso planteó el amigo Fiallo que Subero Isa no había tenido ninguna participación en semejante disparate jurídico, porque se veía que se trataba de un asunto manejado políticamente desde el Partido Revolucionario Moderno (PRM), lo cual parece lógico en razón de que fue algo manejado por los cuadros más importantes de la organización oficial.
Sin embargo, luego de ver la recomendación al presidente Abinader de Subero Isa en su condición de consultor jurídico del Poder Ejecutivo de que no se meta en lo referente al conflicto entre los jueces, juezas y demás personal del Consejo del Poder Judicial, todo indica que de igual modo debió haberlo hecho con la promulgación de la Ley 13—26.
No hay ninguna razón de que Subero Isa no haya intervenido en la decisión del presidente en lo que respecta a la promulgación de la Ley 13-26, máxime cuando el consultor jurídico ya había hecho pública su posición en contra de las candidaturas independientes.
De ser así, Subero Isa ha incurrido en su peor error como hombre público y jurista de una larga trayectoria, porque se trata de una acción antijurídica y que de alguna manera desmiente la creencia que nos hemos creado muchos de que este expresidente de la Suprema Corte de Justicia es un profesional del derecho lo suficientemente acabado y formado para el mejor de los consejos.
Si esta hipótesis es cierta entonces estaríamos ante un gran fiasco, porque no sé si Subero Isa sabe que con lo que podría ser esa asesoría a un hombre como el presidente Abinader, quien no tiene la menor idea de asuntos constitucionales, lo ha sumergido en una grave violación al derecho interno y externo, lo cual perdurará para toda la historia del país.
Sería imperdonable que Subero Isa no entienda la importancia que tiene en la democracia nacional el proceso de constitucionalización del derecho que se inicia en el país con la Constitución del 2010 y de la que se deriva la referida figura jurídica y que tampoco digiera el fenómeno que tiene que ver con la defensa y preservación de los derechos fundamentales en la sociedad dominicana, ya que la decisión de Abinader busca arruinar y eliminar el derecho, valores y principios de legalidad, proporcionalidad, pro participación y de dignidad humana.
No es que Subero Isa no tiene el derecho de estar en contra de lo que considere, pero de igual modo se entiende que es totalmente inaceptable que él se ponga en contra de una jurisprudencia que tiene el sustento del mandato de la Constitución.
Considero que la figura de Subero Isa se degrada y queda muy mal parada cuando entra en el juego de la politiquería al recomendar, si fue que así ocurrió, la promulgación de la Ley 13-26, que en buen derecho no es más que un contrasentido jurídico y que no puede tener otro destino que su nulidad.