Análisis Noticiosos
El genocidio civil no podrá sostenerse
Por Juan Bolívar Díaz
Tanto el presidente Medina como el expresidente Fernández saben que el genocidio civil decretado por la sentencia 168-13 es insostenible y acarreará graves daños al país, pero parecen reos de sus sobrevaluados aliados ultranacionalistas
Los informes disponibles permiten afirmar que el gobierno del presidente Danilo Medina y el liderazgo de su partido, encabezado por el expresidente Leonel Fernández, juegan al paso del tiempo con la esperanza de que baje la marea nacional e internacional que rechaza el genocidio civil decretado por la sentencia del Tribunal Constitucional.
Sin embargo lo ocurrido en el período navideño y las perspectivas internacionales lo que auguran es un mayor daño a la imagen del país, incluyendo la posibilidad de medidas cautelares a corto plazo y luego una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Sin tregua navideña
En los ámbitos gubernamentales hubo la esperanza de que el período navideño bajaría la marea de rechazo nacional e internacional de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional (TC) que avala el genocidio civil que de forma administrativa venía ejecutando la Junta Central Electoral (JCE) desde el 2007. Se llegó a pedir que se pasara ya la página del conflicto para que la sociedad se aboque a otros problemas, pero no hubo tregua navideña y las perspectivas apuntan a un incremento del rechazo.
Ya en vísperas de Navidad el gobierno se vio precisado a reanudar las conversaciones con Haití, bajo la presión de la Comunidad Económica del Caribe (Caricom) y de Venezuela, cuyo presidente Nicolás Maduro, llegó a decir que “somos hermanos incondicionales del pueblo de Haití, y quien se mete con el pueblo de Haití, se metió con el pueblo venezolano”. El cerco caribeño parece haber incluido a Cuba, cuando el presidente Raúl Castro en discurso del primero de enero, quiso “reiterar al hermano pueblo haitiano y a su gobierno, que los cubanos jamás los abandonaremos y que siempre podrán contar con nuestra modesta colaboración”.
El gobierno de Estados Unidos expresó su “profunda preocupación” por las implicaciones humanas de la sentencia, instando al dominicano a proseguir conversaciones internacionales y con la sociedad civil para abordar el problema con prontitud, mientras prometía continuar el diálogo que ya había iniciado.
El cardenal arzobispo de Boston, y miembro del Consejo de ocho asesores designados por el Papa Francisco para que le ayuden a gobernar la Iglesia y reformar la Curia Romana, se inscribió en la oleada navideña de rechazo a la sentencia y reclamó al gobierno dominicano que preserve los derechos de los afectados. Mientras diarios como The New York Times y Boson Globe, publicaban nuevos reportajes sobre el conflicto.
Alarma creciente
En los ámbitos internacionales es creciente la alarma producida por el genocidio civil que ya afecta a miles de personas. Se da por hecho que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas abordará la situación en una reunión que tiene convocada para finales de enero Ginebra. Lo mismo haría una cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños a sesionar en los mismos días en La Habana.
Cuatro días en Washington fueron suficientes para comprobar el alto nivel de rechazo que tiene la desnacionalización de los descendientes de extranjeros indocumentados nacidos en el país desde 1929. En los ambientes de la Organización de Estados Americanos se le considera la más grave violación de derechos humanos en la historia de la organización. Se atribuye a su secretario general José Miguel Insulza haber dicho que la solución del conflicto es prioridad número uno para el 2014.
Dirigentes de la sede en Washington del Consejo Nacional de Iglesias (Evangélicas), del Servicio Jesuita para Refugiados y Migrantes, de la Fundación Robert Kennedy, y de American University, así como pastores anglicanos vinculados a la defensa de derechos humanos, nos contactaron interesados en conocer más a fondo la situación. Algunos se muestran dispuestos a participar en acciones contra el país, incluso de repercusiones económicas, lo que se les advirtió que podría ser contraproducente y dañino hasta para el empleo.
Dominicanos que trabajan en organismos internacionales, incluyendo diplomáticos, testimonian el amplio rechazo que recibe la sentencia. Algunos se quejan incluso de haber sido considerados racistas simplemente por ser dominicanos, sin que hayan defendido la exclusión.
De la Comisión a la Corte
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que visitó el país a principio de diciembre y rindió un informe preliminar de radical rechazo al genocidio civil, trabajará ahora en la elaboración de su informe final, Tiene previsto sesionar en marzo para recibir reacciones del gobierno dominicano y de cualquier interesado. Luego lo remitiría al Consejo Permanente de la OEA.
No se descarta que en el ínterin pueda solicitar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos medidas provisionales para cautelar los derechos de miles de afectados. En su visita al país la Comisión recibió casi 4 mil denuncias, pero desde hace más de dos años es depositaria de instancias elevadas por unos 48 de los primeros afectados por la medida administrativa de la JCE.
De lo que no hay dudas es que si el Estado dominicano no revierte la apatridia en que la sentencia deja a decenas de miles de personas, como recomendó la Comisión Interamericanas, la Corte será apoderada del caso y allí no habrá compasión con el despojo retroactivo de la nacionalidad, dada la jurisprudencia que estableció con su sentencia del 2005 en el caso de las niñas Yean y Bosico, nacidas en el país.
Hay quienes cuentan con la lentitud de los trámites de la Comisión y la Corte, pero como este caso afecta a miles de personas podría ser acelerado, lo que ya solicitaron abogados del Centro de Asistencia Jurídica Internacional (Cejil), durante la sesión de la Corte en México en octubre pasado, cuando conoció el caso de un grupo de deportados hacia Haití pendiente de fallo, y ahora afectados por la sentencia 168-13.
El juego de Leonel y Danilo
Tanto el presidente Medina como su antecesor Fernández están plenamente informados del cerco internacional que confronta la nación, y ambos han coincidido en reconocer la improcedencia del despojo retroactivo de la nacionalidad así como de la necesidad de encontrar una salida institucional al conflicto. La Comisión Interamericana no sólo lo puso por escrito, sino que sus titulares hablaron con Medina y “con la mayor franqueza” le dijeron que esa sentencia no será aceptada en ningún organismo internacional, porque vulnera derechos fundamentales universales.
El gobierno luce atrapado cuando el ministro de Interior y Policía y su consultor jurídico proclaman que el conflicto de la sentencia no está en la agenda de la reanudación del diálogo con Haití programada para el martes 7, y que sólo tratarán de migración, regularización de extranjeros, medio ambiente y comercio, mientras para el canciller de Haití el tema número uno es la desnacionalización de los descendientes de haitianos. Se quiere ignorar la razón por la que Venezuela “auspicia” el diálogo, que ahora tendrá de observadores a Caricom, Unión Europea y otras instituciones.
En contradicción aparece también el expresidente Fernández, a quien el digital Acento le reprodujo una charla en American University, donde llega a proclamar que Juliana Deguis, por quien se pronunció la histórica sentencia, es dominicana, como muchos otros que “culturalmente están integrados a la nación dominicana”. En un artículo el, lunes 30 en el Listín Diario, Fernández vuelve a plantear la necesidad de “una solución, que sin quebrantar los atributos de nuestra soberanía nacional, satisfaga los requerimientos del derecho internacional de los Derechos Humanos”.
Se ilusiona con que eso sea posible con el Plan de Regularización de Inmigrantes, aunque termina pidiendo “soluciones inteligentes, pragmáticas y viables que nos permitan, al mismo tiempo, proteger nuestra soberanía nacional y rescatar nuestro prestigio internacional”, lo que es un reconocimiento del cerco externo.
Reos de ultranacionalistas
Los líderes del PLD lucen como reos de una minoría ultranacionalista aliada, que en las campaña electorales hace los peores papeles, a la que complacieron con la sentencia y ahora no encuentran forma de convencer de que renuncien al espacio que le regalaron y que le ha permitido aparecer liderando el gobierno, el partido y la mayor parte de su amplio aparato mediático. Todos se comprometieron sin medir las consecuencias internacionales y ahora quieren pretender que hay una soberanía absoluta, por encima de los tratados que reconoce hasta la Constitución Nacional. Los nacionalistas han formulado advertencias chantajistas al gobierno y a Fernández.
El escenario de solución debería ser el nacional, como ha planteado el Comité de Solidaridad con las Personas Desnacionalizadas, no la negociación con Haití. Tampoco debe esperarse mayores daños al país. El camino más institucional de solución, sin desconocer la sentencia, es que el Estado pida una opinión consultiva a la Corte, última instancia en la materia, (artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), evitando que le impongan medidas cautelares o un dictamen revocatorio.
Una alternativa sería una ley que interprete artículos constitucionales como el 18.2 que reconoce la nacionalidad dominicana a todos los que la disfrutaban hasta el 2010; el 74.3 que otorga jurisdicción privilegiada a los pactos y convenciones sobre derechos humanos; el 74.4 que proclama el Principio de la favorabilidad en derechos humanos; y el 110 que prohíbe la retroactividad de la ley en perjuicio de las personas, pero la justifica cuando implique beneficios. Lo han planteado expertos constitucionalistas. Danilo Medina y Leonel Fernández tienen capacidad para hacerlo, pero se desconoce si sus distancias les han permitido hablar sobre esta grave crisis.-
Por José Cabral
Los estudios de los fenómenos sociales ocurridos en la sociedad dominicana indican con toda claridad que adoleció del desarrollo de la fuerza productiva, lo que, naturalmente, genera una falta de conciencia social.
Este el fundamento de los que muchos sostienen, incluido yo, de que el sector empresarial amuela cuchillos para su propia garganta, porque no representa un foco de presión para que las cosas se hagan con el propósito de preservar sus intereses.
Pero es que esa conducta se deriva del hecho de que los que se suponen que deben procurar fortalecer el Estado mediante el combate de todas las distorsiones que sufre el sistema, lo que hacen es sumarse a las acciones que le quitan legalidad y legitimidad.
Yo he dicho y lo reitero en este artículo que el sector empresarial se ha sumado a la cadena de complicidad que comienza en el Palacio Nacional, entra a los medios de comunicación social y luego se convierta en un cometa, porque nadie sabe dónde termina, ya que todo el que se hace llamar inversionista no busca otra cosa que mediante una vocación mafiosa acumular fortunas sobre la base de la sombra del Estado.
Lo que pasa, según entiendo, es que ellos como son parte de lo que en sociología política se le llama clase social entre sí, les importa poco la desnaturalización del rol del Estado, aunque al final de la jornada sean los principales afectados porque son los que más tienen que perder frente a una revolución social.
El problema tiene una grave complejidad, ya que al no existir una clase social para sí, consciente de su papel, difícilmente tengan la iniciativa de exigir controles, como por ejemplo, del gasto público, sobre todo si el sector empresarial se suma en complicidad a la corrupción que se promueve o es auspiciada por el sector oficial.
De manera, que resulta un problema con raíces muy profundos que solucionarlo resulta bastante difícil, porque además no se entiende la explicación del fenómeno.
En países pobres y con bajos niveles de institucionalidad, como el dominicano, el llamado empresario se suma a la fiesta de la corrupción, lo que constituye una razón para crear disgusto social y las condiciones para que se produzca una explosión social.
El llamado empresario dominicano, tanto el colocado en la pequeña, mediana o grandes empresas persigue más que seguridad jurídica y paz social y la satisfacción de necesidades sociales, que se le incorpore al contrabando, que se le entregue propiedades públicas y ser favorecidos por todas las travesuras del que tiene el control del Estado.
Sin embargo, la pregunta que me hago es si ciertamente en el país existe alguna propuesta para institucionalizar la nación, al margen del amor por el dinero y las cosas materiales, no importa su procedencia, pues penosamente tengo que decir que ese es un sueño utópico por el momento.
Sigo pensando que sólo un Estado que promueva valores más que antivalores podría ser la panacea a un mal integral que no permite que la gente haga una reflexión profunda y realista y actúe de modo diferente frente a un fenómeno que puede llevar al abismo a la sociedad dominicana.
Por José Cabral
Observo con mucha preocupación el afán desmedido del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por mantenerse en el poder cuando su obra de gobierno es tan pobre que no es comparable con ningún otro por malo que haya sido.
Lo digo por lo que veo que ocurre en Santiago y en todo el territorio nacional, donde el deterioro de los servicios públicos es tan preocupante que cualquiera se larga del país para no volver jamás.
No hay prácticamente servicio de agua potable, ni siquiera para descargar los baños de las casas y los negocios, lo que llena de bacterias los hogares y se propagan las enfermedades, sobre todo las infecto-contagiosas.
El servicio de energía eléctrica no puede ser peor, cuya distribuidora del Norte, EDENORTE y las demás Edes, se la pasan en confabulación con PROTECOM estafando a los usuarios con facturaciones falsas, inventadas y con medidores “arreglados” para buscar cubrir sus déficits con el engaño al ciudadano.
Ahora también se agrega que la recogida de basura en el municipio de Santiago es prácticamente nula, entonces, repito la pregunta, para qué el PRM quiere preservar el poder.
El gran problema de este partido es que no entiende de planificación ni de programar una gestión pública a corto, mediano y largo plazo.
No es que los demás partidos del sistema no tengan la misma visión y comportamiento, pero pienso que lo que ocurre con el PRM ya llega al colmo de la incapacidad para dirigir el país.
El sufrimiento de los dominicanos por la irresponsabilidad de los que van al Estado, principalmente a resolver sus problemas personales, no parece tener fin, ya que aquellos que ya pasaron por la administración pública tienen ojos para ver la irresponsabilidad y la vocación por la corrupción de los que ostentan hoy el poder, pero al final de cuentas todo se trata de una doble moral.
Sin embargo, creo que lo del PRM ya no tiene madre, para utilizar una expresión muy popular de la República Dominicana, por lo que cuando llegue al final de su gobierno es muy poco lo que va a quedar.
En conclusión, el PRM es una verdadera desgracia nacional, máxime porque ahora los dominicanos no tienen derechos ni para disfrutar de un buen servicio de agua potable y energía eléctrica, pero la incapacidad abarca todo lo demás, porque se trata de una deficiencia integral, general.
¡Qué desastre!.
Por José Cabral
Estuvo profundamente convencido de que el presidente Luis Abinader observaría la Ley 13-26 que persigue anular una jurisprudencia sentada por el Tribunal Constitucional sobre las candidaturas independientes.
Sin embargo, me equivoqué porque Abinader escogió la vía de la promulgación de lo que muy bien se puede calificar como un adefesio jurídico.
Pero hay otro elemento que me provoca muchas dudas y me refiero a cuál ha sido el papel jugado en este caso por el expresidente de la Suprema Corte de Justicia y quien ahora funge como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa.
La pregunta surge porque después de la promulgación sigue la publicación en la gaceta oficial de la nueva ley que pone en tela de juicio todo el sistema legal e institucional del país y precisamente ese último paso recae sobre Subero Isa.
Entonces, se impone preguntarse que si independientemente de que Subero Isa no haya compartido la sentencia TC/0788/24 y que incluso se oponga a las candidaturas independientes, tiene acaso otra opción que no sea respetar la jurisprudencia sentada en esta materia por la alta corte, sobre todo por tratarse de un jurisconsulto que nadie pone en tela de juicio su gran formación jurídica.
Considero que Subero Isa si por alguna razón tiene que cumplir con la decisión tomada por Abinader, la cual parece ser parte de un plan del PRM, entonces lo menos que puede ocurrir es que presente su renuncia de la posición de consultor jurídico del Poder Ejecutivo.
Cualquier decisión que no se corresponda con respetar lo que ha sido su trayectoria como hombre de ley, coloca a Subero Isa en una contradicción que impacta muy negativamente el respeto que se ha ganado en el entorno de la justicia dominicana.
Subero Isa es uno de los mejores presidentes de la Suprema Corte de Justicia que ha tenido el país, pero no luce como razonable que juegue algún papel para atacar una jurisprudencia que cumple con todos los requerimientos del derecho constitucional moderno o del neo-constitucionalismo.
Todavía me asalta la duda si Subero Isa se ha sumado a un plan que en todo caso debe ser político para poner en cuestionamiento el proceso de constitucionalización del derecho en la República Dominicana, cuyos fines es preservar y promover los derechos fundamentales.
La verdad que me gustaría saber a ciencia cierta cuál es la posición de Subero Isa frente a la torpeza cometida por Luis Abinader, sin que haya una razón lógica que la explique.