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Opinión

El genocidio civil sacude a la JCE

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Por Juan Bolívar Díaz

Fue un inventario realizado en 168 oficialías del Estado Civil que arrojó los 22 mil 673 casos que pueden caer en el genocidio civil que ejecuta la Junta Central Electoral, 84 por ciento descendientes de haitianos

JUAN-BOLIVAR-DIAZ-2-300x199Nadie puede asegurar cuántos son los descendientes de extranjeros que han sido víctimas del genocidio civil que desde el 2007 ejecuta la Junta Central Electoral (JCE), pero un inventario realizado en 168 oficialías del Estado Civil arroja 22 mil 673 nacidos entre el 1982 y el 2010 que podrían ser afectados, 84 por ciento de origen haitiano.

El resultado de la investigación dispuesta por el Coordinador de la Comisión de Oficialías de la JCE, José Ángel Aquino, llevó a este miembro titular del organismo a plantear un proyecto de ley para solucionar el escándalo, lo que provocó el enojo del presidente Roberto Rosario y un preocupante conflicto público.

De 67 nacionalidades

Aunque el inventario de madres extranjeras no residentes que registraron hijos entre el 1982 y el 2010, implicó a personas de 67 nacionalidades, el 84 por ciento afecta a descendientes de haitianos, proporciones coherentes con las “más de 60 nacionalidades” y el 87 por ciento de origen haitiano, que arrojó la reciente Encuesta Nacional de Inmigrantes. De un total de 22 mil 663 casos, los de ascendencia haitiana son 19 mil 15. La segunda mayoría es la estadounidense, con 521, el 2.29 por ciento,  y 470 de China para 2.07 por ciento. De Venezuela se registran 218, de España 198, de Holanda 117 y 101 de Cuba.

La mayor parte están en el sureste, asiento fundamental de la industria azucarera que atrajo las primeras inmigraciones haitianas. Por provincia, La Romana encabeza con 7 mil 55, el 31 por ciento, seguida del Distrito Nacional, con 2 mil 809, el 12 por ciento y San Pedro de Macorís con 2 mil 392 casos para un 10.5 por ciento. La Altagracia registra mil 986, el 9 por ciento, Monte Plata mil 528, el 7 por ciento y la provincia Santo Domingo el 5 por ciento, con mil 71 casos.

El informe detalla los casos por municipios, lo que permite apreciar más claramente el influjo de los ingenios azucareros y que se trata de viejos inmigrantes, dada la decadencia de la producción azucarera en las últimas dos décadas. Resaltan los municipios cañeros como Guaymate, con 3 mil 521 casos, casi igual que los 3,534 de La Romana. San Pedro de Macorís con 2 mil 32, San Rafael del Yuma con mil 662, Bayaguana 884, Esperanza 847, El Seibo 810, Santo Domingo Este 789, Sabana Grande de Boyá 601, Higüey 324, Hato Mayor 269, Sosúa 214, y Bajos de Haina 183.

Alcances del inventario

Ante las denuncias nacionales e internacionales sobre el creciente despojo de la nacionalidad, en el 2010 el doctor José Ángel Aquino, en su calidad de Coordinador de la Comisión de Oficialías de la JCE auspició un formulario a las 168 oficialías del Estado Civil para recabar información sobre el número de hijos que pudieran ser afectados por la Resolución 12-07, de diciembre del 2007 de la JCE, la cual ratificó la Circular 17 de su Cámara Administrativa, que el 17 de marzo de ese año prohibió a los oficiales civiles expedir copias de actas de nacimiento “relacionadas con padres extranjeros que no han probado su estatus legal de residencia”.

La circular 17 que inició el genocidio civil fue emitida a espalda del Pleno de la JCE, bajo la firma de Roberto Rosario que presidía la Cámara Administrativa, y con la aprobación de Aquino y del doctor César Francisco Féliz, miembros. Ante las múltiples protestas, la disposición fue llevada 9 meses después al Pleno que la ratificó a unanimidad, aunque poco después los jueces electorales Aura Celeste Fernández y Eddy Olivares pidieron su derogación, en sendos documentos donde la consideraban inconstitucional e ilegal.

El 12 de diciembre del 2012 Aquino dirigió una comunicación a seis funcionarios de la JCE, encabezados por la directora del Registro Civil, dando cuenta del inventario, que totalizó los 22 mil 673 casos en disputa. Detalla que 12 mil 914 de las inscripciones de hijos de madres extranjeras, más de la mitad, se hicieron sin documento alguno, 3 mil 597 con pasaportes, 2 mil 895 con fichas (del Consejo Estatal del Azúcar), 2 mil 749 con cédulas, 496 con carnet y 22 con seguro social. Recoge el nombre del inscrito, de la madre y el padre, con sus respectivas nacionalidades y documentos, si los tenían, fecha, así como número del libro, folio y acta.

Proyecto de solución

Aquino había sido, junto a Rosario, un fervoroso defensor de la Circular 17 y de la Resolución 12-07, pero el inventario y la magnitud de las denuncias, nacionales e internacionales, le hicieron consciente del alcance del genocidio civil. Debió considerar también que habrían otros miles inscritos antes de 1982, por lo que elaboró un “Anteproyecto de Ley sobre Registro de Nacimientos de Hijos (as) de Madres Extranjeras No Residentes en la República Dominicana”, con la esperanza de “contribuir a buscar una solución”, planteando que “Resulta imperiosa la necesidad de discutir propuestas e ideas que definan este tema de manera integral, tomando en cuenta su aspecto legal y humano, con el propósito de evitar la ocurrencia de casos de apátrida y garantizar el derecho a un nombre, identidad y nacionalidad de los afectados”.

El anteproyecto crearía un procedimiento para conceder la nacionalidad dominicana al titular de las actas de nacimiento suspendidas, previo aporte de documentos que demuestren sus vínculos con el país y que la JCE realice las investigaciones correspondientes. Es un híbrido con intención de resolver el conflicto, pero ha sido rechazado por los dominico-haitianos y sus defensores, bajo el criterio de que no se les puede conceder lo que ya habían obtenido por derecho, porque daría visos de legalidad al despojo de que han sido víctima y podría prestarse a discriminaciones.

En principio el anteproyecto tuvo apoyo de la Comisión de Oficialías de la JCE, pero la oposición radical de Rosario logró que lo desestimaran, lo mismo que hizo el Pleno de la Junta en sesión del 21 de febrero pasado, que dispuso “Único: Desestimar el Anteproyecto…y documentar los 22,673 casos de extranjeros que han sido identificados en los Libros Registros de nacimiento y remitirlos a la Dirección General de Migración, para que esta institución tome la decisión al respecto”, según reza la certificación escrita y firmada por el secretario general de la JCE, Hilario Espiñeira Ceballos.

Trasciende el conflicto

La iniciativa de Aquino lo ha distanciado de la posición radical de Rosario, y lo ha acercado a la que sustentó solitario el magistrado Eddy Olivares. Ambos rechazaron la decisión de enviar los 22 mil 673 casos a Migración y han coincidido también en cuestionar aspectos fundamentales de los términos de condiciones para adquirir equipos, materiales y servicios para la emisión de una nueva cédula de identidad para la totalidad de la ciudadanía. Rosario cuenta con el apoyo de los magistrados Féliz y Altagracia Graciano de los Santos.

La confrontación se ha manifestado en los medios de comunicación y ante comisiones congresionales, originando la creación de una comisión de diputados para indagar el conflicto, en medio de alientos de los militantes del antihaitianismo que hace tiempo quieren la cabeza de Olivares, y ahora también la de Aquino.

Esta semana el Pleno de tres de la JCE rechazó que “se hayan presentado a nuestras instalaciones la cantidad de 22,673 personas a solicitar loa expedición de actas de nacimiento y que las mismas se les hayan negado”. Dicen que ninguna dependencia de la JCE dispuso el inventario y que éste “ha sido únicamente responsabilidad” del magistrado Aquino”, ignorando su condición de coordinador de la Comisión de Oficialías y que al remitir el inventario a los magistrados, el 24 de abril, Aquino dijo que fue hecho por los oficiales del Estado Civil y los formularios “fueron revisados y remitidos a nuestro despacho por la Dra. Dolores A. Fernández Sánchez, Directora Nacional de Registro del Estado Civil”.  Aquino no ha dicho que los 22,673 casos se han presentado a solicitar copias de actas, sino que están expuestos a ser afectados.

Cuántos son los excluidos

Nadie ha podido precisar con certeza a cuántas personas de ascendencia extranjera, nacidas en el país y registradas como dominicanas se les ha negado copias de su acta de nacimiento desde que se emitió la Circular 17 en el 2007, aunque se concuerda en que son miles. Menos se ha podido saber cuántos son los potencialmente expuestos, además de los 22 mil 673 del inventario, ya que el mismo sólo cuantificó a partir de 1982, y han aparecido afectados sobre 50 y hasta 60 años de edad, aunque como la generalidad es pobre, pocos son los que requieren una copia de su acta de nacimiento, teniendo cédula, después de los 40 años. Si para emitir la nueva cédula se requiere el acta de nacimiento, entonces serían varias decenas de miles los afectados.

El comunicado del Pleno afirma que “sólo se ha suspendido la expedición de 4,338 actas del estado civil, de las cuales sólo unas 1,088 corresponden a casos de madres extranjeras no residentes, considerados irregulares o viciados”. Pero no indica cuántas están bajo investigación, sin suspensión formal, pero negadas de facto.

Ya el 16 de julio del 2008, en un “Comunicado a la Opinión Pública” que se incluye textualmente como Anexo IX.12 en el Volumen III del Informe Política Social: Capacidades y Derechos, de la Oficina de Desarrollo Humano del PNUD, 2010, la JCE informó que tenía bajo investigación 9,028 expedientes que “afectan las actas del Estado Civil, de los cuales “3,115 actas de nacimiento investigadas en virtud de la Circular 17 emitida por la Cámara Administrativa de esta institución”. Una fuente bien informada de la propia JCE sostiene que casi cinco años después serían unos 7 mil a quienes se les ha negado la expedición de copias de sus actas de nacimiento.

Los propios grupos de solidaridad con los afectados por la desnacionalización tampoco han podido precisar cantidad. En el 2011 el Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes cuantificó mil 584 en un estudio que abarcó sólo las comunidades de Don Juan y Quisqueya de San Pedro de Macorís, Monte Plata, Guaymate y Neyba.

Artículo publicado en el diario HOY.

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Opinión

El Lenguaje y la Politiquería

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por José Cabral

El Senado de la República Dominicana se aboca a conocer  este miércoles el polémico proyecto de ley de extinción de dominio, la cual plantea una distorsiones del sistema jurídica de la Republica Dominicana que amenazan la confianza que debe primer en cualquier nación civilizada y que procura tener crecimiento y desarrollo.

Las principales contradicciones entre los legisladores consiste en tres elementos que la politiquería busca proyectar de una forma que hace mucho daño a la precaria institucionalidad que existe en el país.

Los aspectos tienen que ver con si la ley es orgánica o ordinaria, la retroactividad y  la prescriptibilidad, los cuales constituyen asuntos muy delicados  que comprometen la seguridad jurídica y la fortaleza que debe exhibir en esta materia el Estado.

Lo primero es que una ley es orgánica o no a partir de si toca o no los derechos fundamentales y el proyecto de extinción de dominio plantea despojar de cualquier derecho real adquirido con dinero producto de lavado de activos, narcotráfico o de la sustracción de fondos públicos, entre otros.

Desde esta perspectiva no debía estar en discusión la condición de orgánica de la referida pieza legislativa, por lo que su aprobación no podría ser de otra forma que  no sea mediante una mayoría especializada, es decir, las dos terceras partes de los congresistas presentes en la sesión en la que se busque su aprobación.

Sin embargo, en lo que respecta a esta condición del proyecto, los legisladores del partido oficial, el Revolucionario Moderno, buscan su aprobación a través de una mayoría simple, lo cual plantea  un problema legal que muy probablemente el  Tribunal Constitucional  podría declararla inconstitucional.

En lo que respecta a la retroactividad de la ley , los legisladores saben que esa es otra razón muy poderosa para que tenga acogida un recurso directo de inconstitucionalidad y perderse todo el esfuerzo que se ha hecho al respecto.

Estos detalles también ha generado que los senadores y diputados  del PRM recurran a una figura jurídica que no existe y que no es más que cambiar un término por otro cuando hablan de retrospectividad, porque en realidad ambas cosas persiguen  el  mismo propósito.

Lo lamentable del asunto que ahora los peledeístas han dicho que van a votar a favor del proyecto de ley de extinción de dominio a sabiendas de que de ellos mismos surgirá el primer recurso para que la ley sea declarada inconstitucional.

Todo lo que ocurre en el Congreso Nacional no es más que el resultado de la politiquería que rige la vida de los senadores y diputados, ya que hay una famosa expresión que dice que auyama no pare calabazos y es importante decir  que ellos vienen de una escuela, que son los partidos  políticos, que muy poco les importante la seguridad jurídica y el mejoramiento de los niveles de institucionalidad del país.

En conclusión, los partidos políticos mediante sus representantes en todas las instancias públicas y privadas no abandonan su comportamiento  porque en realidad se trata de una cultura que no cambiaraá hasta que el país no llegue a un estadio diferente de progreso y crecimiento social, político y económico.

El lenguaje de la politiquería encamina la nación a la pérdida total de su credibilidad y de su democracia, lo cual tendría un peligroso impacto social, económico y político.

En verdad los legisladores están mas preocupados en proteger sus intereses personales y de los personajes procesables que hay dentro de sus partidos que evacuar una ley que en realidad mejore o cambie los patrones de conductas  que  consisten en cogerse lo que no es suyo y ponerse al servicio del bajo mundo.

Ojala escarmienten!

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Opinión

40 años de activismo conservador para eliminar derechos

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Por Rosario Espinal

40 años de activismo conservador para eliminar derechos

MIAMI (FL, EEUU), 03/05/2022.- Una mujer sostiene una pancarta que dice «Mi útero es propiedad privada, ¡No lo toques!» durante un acto celebrado este martes a las afueras de la llamada Torre de la Libertad en Miami, Florida. Nikki Fried, aspirante a la nominación demócrata para la gobernación de Florida, afirmó este martes que la posible revocación del fallo que blinda el derecho al aborto en EE.UU. es «un punto de inflexión» en la democracia del país e instó a los estadounidenses a «alzar la voz» para defenderla. EFE/Ana Mengotti

Las dos instituciones claves para lograrlo han sido el Partido Republicado y las iglesias evangélicas blancas. El vínculo entre estas dos instituciones se estableció con fuerza a partir del triunfo de Ronald Reagan en 1980.

En un clásico ensayo de aquel entonces sobre la crisis de la democracia en Estados Unidos, el politólogo Samuel Huntington escribió que la democracia estadounidense tenía una sobrecarga de demandas sociales que no podía atender por más que el Estado intentara; por tanto, había que detenerlas para evitar una crisis de gobernabilidad.

En aquel tiempo el Partido Republicano había perdido legitimidad por el escándalo Watergate y necesitaba forjar una nueva base de apoyo electoral. Su tabla de salvación para recuperar votantes fueron las iglesias evangélicas blancas que se propagaban con el llamado tele evangelismo y comenzaban a aglutinar millones de feligreses en mega iglesias.

El proyecto neoconservador que articuló el Partido Republicano tenía tres componentes esenciales:

1) Geopolítico: ganar finalmente la Guerra Fría, que consiguieron con la caída del muro de Berlín y la desintegración de la URSS. 2) Económico: limitar los derechos de los trabajadores y beneficiar el capital (el llamado neoliberalismo), de ahí el ataque al sindicalismo y al Welfare State. 3) Socio-religioso: la “moralización” de la política que impulsaron con el apoyo del movimiento denominado “mayoría moral” de origen evangélico.

Esta “mayoría moral” asumió con ahínco las siguientes luchas: 1) lectura de la Biblia en las escuelas públicas, 2) eliminar el derecho al aborto, 3) combatir los avances de la comunidad LGBT y 4) expandir los derechos religiosos mediante garantías constitucionales.

Para el Partido Republicano ha sido muy rentable electoramente asegurar una base evangélica blanca que, en su ala radical, es anti-negra, anti-mujeres con derechos, anti-LGBT, antinmigrante y antiambientalista. Para el liderazgo evangélico blanco, la alianza con el Partido Republicano ha permitido su consolidación de poder en la constelación religiosa de Estados Unidos.

En el post-1960, la Suprema Corte de Justicia jugó un papel crucial otorgando nuevos derechos ciudadanos para responder a las demandas sociales.

Tomó unos 40 años para que los conservadores alcanzaran una mayoría de jueces en la Suprema Corte de Justicia (todos católicos, no evangélicos) que han comenzado ahora a derogar derechos. Su argumento central es que la Constitución no los estableció originalmente. El primer episodio fue el pasado viernes 24 de junio contra el derecho al aborto.

Esa decisión evidencia que los derechos humanos, cívicos y políticos nunca están totalmente garantizados y que las cortes operan con criterios políticos modificando disposiciones legales

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Opinión

Implicaciones del triunfo electoral de Petro en Colombia

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Por Narciso Isa Conde

Está plenamente justificada la desbordante alegría desatada a escala colombiana, latino-caribeña y mundial, externadas por las fuerzas partidarias de la libertad, la vida y la paz, ante la confirmación del difícil triunfo electoral de Gustavo Petro, Francia Márquez y el Pacto Histórico de Colombia.

Nadie con un mínimo de sensibilidad humana y amor por la libertad puede no celebrar en grande el desalojo de esa escoria criminal (mezcla de uribismo fascistoide, extrema derecha, narco-política, más oligarquía lacaya e inescrupulosa), del Palacio de Nariño y las estructuras gubernamentales.

Esa victoria –alimentada por una historia y un presente de resistencias y rebeldías heroicas- equivale a la derrota en las urnas de las fuerzas de extrema derecha y neofascista y su desplazamiento del gobierno; lo que marca un viraje político hacia una coyuntura más favorables para acumular fuerzas transformadoras y avanzar hacia victorias más trascendentes.

No se ha ganado la pelea, solo un importante round.

De todas maneras se trata de un hito democrático en la prolongada historia de sufrimientos y penurias para el pueblo colombiano, precedido de las luchas libradas contra las grotescas violaciones a los acuerdos de paz y de la reciente insurrección sin armas provocada por la masacre ejecutada por el nefasto Gobierno de Iván Duque  durante la huelga general del 2019.

En ese heroico capítulo, todavía inconcluso en tanto entonces no fue posible  resquebrajar las estructuras de poder y el Estado narco-terrorista (satélite de EE.UU e intervenido por el Pentágono, el pueblo urbano terminó de perder el miedo. Los “nadie” se convirtieron en sujetos de cambio al politizarse los movimientos sociales, llegando a reclamar multitudinariamente la destitución de Duque.

Sin esa epopeya el Pacto Histórico no hubiera  alcanzado este triunfo electoral de Petro.

Ella convirtió en bagazo despreciado por la mayoría del pueblo a los autores de 60 años de guerra sucia y más de 180 de malos gobiernos.

El regocijo por lo que implica como logro de significativo valor político desplazar del gobierno las bestias que administraban ese Estado, no debe obviar que en las condiciones colombianas el curso electoral del cambio político, limita el alcance del mismo y resta la profundidad necesaria.

También lo limita el predominio de una visión liberal-reformista combinada con socialdemocracia moderada, centrista o centro-izquierdista, del grupo hegemónico del PACTO HISTÓRICO y sobre todo del propio Gustavo Petro. Y esto no lo digo en tono denigrante, sino esforzándome por hablar con apego a la verdad y sin menospreciar el impacto positivo de ese cambio político en la actual sociedad.

Esas realidades, por demás, tienden afectar el potencial reformador del nuevo gobierno en un país en el que predomina el presidencialismo a nivel institucional y en el que el resto de las instituciones (electivas y permanentes) están infectadas de todo lo que representó la execrable facción perdedora en estas elecciones, en tanto fuerza política, social, militar y paramilitar con fuerte apoyo internacional.

Hay que decir las cosas como son y no exagerar: el presidente electo no representa el marxismo, ni posiciones de izquierda revolucionaria, como dicen algunos; dejándose llevar por los calificativos interesados de las derechas y las cadenas imperialistas.

Su izquierdismo, su antiimperialismo, hace tiempo quedaron atrás.

Sus valores se refieren a las libertades, a la lucha contra la corrupción y los crímenes de Estado y al combate de las discriminaciones relevantes.

Petro, como presidente electo, en tono conciliador, anunció su disposición a entenderse con esa ultraderecha y su fuerte componente neofascista, que por ese medio nunca han entrado en razones ni cedido a sus despropósitos; destacándose siempre como persistentes enemigos de la paz.

Incluso desde hace tiempo, desde sus diferentes roles políticos, Petro ha establecido puentes con sectores del poder estadounidense y ciertas elites oligárquicas.

Mientras tanto Biden y el gobierno de EEUU -luego de haberse comprometido durante décadas con el Estado terrorista colombiano- no esconde su interés de “reforzar” las relaciones con el nuevo gobierno; lo que jamás implicaría dejar de intervenir, tutelar y usar a Colombia como plataforma de agresión militar contra otros países soberanos de la región y de cara a una eventual conquista de la Amazonía por la fuerza.

Y Petro no habla de recuperar soberanía, ni toca los peliagudos temas de las bases militares gringas y la brigada de tropas especiales estadounidenses radicadas en territorio colombiano.

Además, luego de anunciar nuevos impuestos a las grandes ganancias capitalistas, tampoco hay señales claras de hasta dónde y en qué grado va enfrentar y/o revertir las contra-reformas neoliberales.

Claro que Petro es diferente en sentido positivo al uribismo y a la extrema derecha criminal: en materia de corrupción y narco-corrupción, en vocación democrática liberal; en política ambiental, en la cuestión de género, el tema racial y otras vertientes.

Y esto en Colombia podría ser importante para abrir contradicciones y determinadas compuertas hacia cambios más profundos.

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