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Gobierno de Abinader desacata sentencias de altas cortes y la Ley 200-04, lo que implica una agresión al estado de derecho y a la democracia.
Son numerosas las sentencias que no cumplen los funcionarios del Gobierno de Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno (PRM, sobre todo las jurisprudencias y aquellas de carácter vinculantes para todo el sector público, pese que eran críticos de la conducta semejante de administraciones pasadas.
El Tribunal Constitucional acaba de condenar al Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Pensiones y Jubilaciones al pago de un millón doscientos veinte mil pesos por incumplir una sentencia de esa alta corte que le ordenó el traspaso de una pensión a una viuda.
El dinero debe ser pagado a la señora Emegilda Rodríguez, por concepto de liquidación de la astreinte fijada por el Tribunal Constitucional en la sentencia TC-0493-21, emitida el 16 de diciembre de 2021.
El TC acogió una acción de amparo interpuesta por Rodríguez en reclamo del traspaso de la pensión de RD$5,117.50, en calidad de cónyuge superviviente de un pensionado del Instituto Dominicano del Seguro Social (IDSS) y fijó una astreinte de RD$20,000, por cada día de retardo en la ejecución de la decisión.
Ahora el Constitucional acogió una solicitud de liquidación de astreinte que hizo la viuda el 28 de febrero de 2022 mediante la sentencia TC-0117-23, dictada el 24 de febrero de 2023.
La condena implica el pago de 61 días de astreinte, los cuales son contados desde el 30 de diciembre de 2021 hasta el 28 de febrero de 2022, sin perjuicio de los valores por vencer a partir de esa fecha y aquellos derivados del cumplimiento total del fallo.
El alto tribunal indicó que en el expediente no existe constancia de que el Ministerio de Hacienda haya dado aún cumplimiento a la sentencia TC/0493/21, ni se evidencia la existencia de algún motivo serio o causa de fuerza mayor que le impida cumplir con lo ordenado.
El Tribunal Constitucional reiteró el criterio asentado en la sentencia TC/0105/14, en la que estableció que “El derecho a ejecutar lo decidido por el órgano jurisdiccional es una garantía que integra el debido proceso, específicamente el derecho de acceso a la justicia que supone culminar con una decisión que cuente con la garantía de su ejecución en un plazo razonable”.
El Gobierno del PRM y de Abinader se ha caracterizado, asimismo, por lesionar el orden institucional del país, ya que prácticamente todas las instituciones públicas no respetan la Ley 200-04, fruto de que los funcionarios de la actual gestión se creen estar por encima del bien y del mal.
El articulo 2 de la Constitución de la República dispone que la soberanía nacional corresponde al pueblo, de quien emanan todos los poderes del Estado, los cuales se ejercen por representación y del mismo modo lo consigna la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, cuyo articulo 19 manda que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, así como de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
Por su parte, el artículo 8, Inciso 10, de la Constitución de la República establece que: «Todos los medios de información tienen libre acceso a las fuentes noticiosas oficiales y privadas, siempre que no vayan en contra del orden público o pongan en peligro la seguridad nacional».
También el Artículo 13 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), ratificada por la República Dominicana, mediante Resolución No.739, de fecha 25 de diciembre de 1977, establece que: «Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección».
De igual modo, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, ratificado mediante la Resolución 684, de fecha 27 de octubre de 1977, establece que: El ejercicio del derecho de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas, entraña deberes y responsabilidades especiales; y que por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la Ley y ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás y la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
Asimismo, el precitado Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en su parte II, numeral 2, establece que: cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del mismo Pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en él y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter.
En tal virtud, el derecho de los individuos a investigar y recibir informaciones y opiniones y a difundirlas está consagrado como un principio universal en varias convenciones internacionales, ratificadas por la República Dominicana, razón por la cual el Estado está en el deber de garantizar el libre acceso a la información en poder de sus instituciones.
En ese tenor y conforme a lo que establece el párrafo del artículo 3 de nuestra Constitución: «La República Dominicana reconoce y aplica las normas del Derecho Internacional general y americano en la medida en que sus poderes las hayan adoptado.
En consecuencia, el artículo 8 de la Constitución de la República establece que la finalidad principal del Estado es la protección efectiva de los derechos de la persona humana y el mantenimiento de los medios que le permitan perfeccionarse progresivamente dentro de un orden de libertad individual y de justicia social, compatible con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos.
Como se puede ver, el derecho de acceso a la información gubernamental es una de las fuentes de desarrollo y fortalecimiento de la democracia representativa en tanto permite a los ciudadanos analizar, juzgar y evaluar en forma completa los actos de sus representantes, y estimula la transparencia en los actos del Gobierno y de la Administración.
De modo, que para garantizar el libre acceso a la información pública se requiere de una ley que reglamente su ejercicio y que, entre otras cosas, establezca las excepciones admitidas a este derecho universal para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional o el orden público.
Sin embargo, a pesar de que todo el derecho público nacional e internacional establecen el acceso a la información pública como un elemento vital del estado de derecho y la democracia, llama poderosamente a la atención que el Gobierno del PRM sea un violador consuetudinario de la ley que sirve de soporte a todo el ordenamiento jurídico citado más arriba.
Son en realizad muy pocos los entes y órganos del Estado que respetan esta norma jurídica y ya se ha podido establecer que son numerosas las entidades del Estado que se manejan del país que se manejan al margen de esta legislación.
Pero la vocación de violación de la ley del funcionario público del Gobierno de Luis Abinader se hace extensiva a las sentencias erga homes que provienen del Tribunal Constitucional.
Recientemente, el movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) reveló hoy que más del 53 por ciento de las instituciones públicas no cumple de forma correcta con la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, la 200-04.
Informó que de una muestra de 82 Instituciones investigadas, 44 obtuvieron calificaciones por debajo de los 70 puntos, equivalentes al 53.7%, lo que demuestra que tienen un escaso cumplimiento de las disposiciones legales sobre la materia.
Entre las instituciones que cumplen de forma escasa y deficiente la referida Ley se encuentran el Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología, la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), la Dirección General de Migración, el IDECOOP, la Dirección General de Bienes Nacionales y el Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS), así como la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, Superintendencia de Seguros y el Ministerio de las Fuerzas, que obtuvieron puntuaciones de 12 a 20 puntos de una evaluación de 100.
Un 53 por ciento, casi el 38% de las empresas públicas obtuvieron menos de 50 puntos, lo que se califica como lamentable.
Sólo 28 de las instituciones, equivalentes al 34.2% del total evaluado, se ubican en las categorías A y B, al lograr una calificación entre 80 y 100 puntos.
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Relanzan a Teleazul como canal educativo y cultural que podrá verse por señal abierta, redes sociales, streaming y sistemas de cable.
Por Elba García
La principal diferencia entre la televisión pública, como pretende ser Teleazul, y la estatal es que la primera cuenta con independencia y con un propósito de servir a toda la ciudadanía con el ofrecimiento de un contenido educativo y cultural y más plural sin responder al gobierno de turno y que rinde cuentas a la sociedad en su conjunto, mientras que la segunda es propiedad del Estado y regularmente opera como un instrumento de propaganda oficial en favor de las políticas públicas y de las autoridades del momento.
En el mundo hay empresas de televisión pública, como la BBC de Londres, con tanto o más prestigio que otras que están en el contexto privado, cuyo objetivo principal es garantizar el derecho constitucional a la información, la cultura y el entretenimiento educativo para toda la sociedad, cuya independencia es porque no tiene nada que ver con los intereses de los gobiernos, partidos políticos y empresas comerciales.
Los propietarios de la plataforma multimedia Grupo Nacional Azul, cuya versión en inglés es Blue National Group (BLUNAGROUP), que tiene como presidente al periodista, abogado y empresario José Antonio Cabral Salcedo, anunciaron el relanzamiento del canal Teleazul, la señal del universo, el cual cuenta con una programación acorde con la televisión pública de los países altamente desarrollados como los Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, entre otros, al que el televidente podrá tener acceso por YouTube, el streaming, la página web teleazul.com.do y en el futuro inmediato mediante los sistemas de cable nacionales y extranjeros y la television abierta.
La programación de Teleazul es educativa y cultural en la misma dirección de las estaciones de televisión públicas, no gubernamentales, a los fines de poner todo su esfuerzo en el restablecimiento de valores, cuya ubicación es la calle Restauración 138, cuarta planta, en el mismo corazón del Santiago Histórico.
Entre los programas la nueva televisión digital y con aspiracion de su conversion en pública están «Un Nuevo Amanecer», «Contraportada», «Teledeportes», «Huellas», «Fama y Fortuna», «La Bulla», «Espejo de la Verdad», «De Menor a Mayor», entre muchos otros, incluidos aquellos que provienen por lo menos de dos cadenas internacional aliadas.
El grupo Azul con este nuevo esfuerzo persigue darle al televidente la posibilidad de recibir información de primera mano, pero además satisfacer el interés de un público muy variado por el periodismo a fondo, interpretativo y de opinión, los cuales son la focalización y especialización de los programas que pertenecen a la propuesta de esta empresa, la cual incluye además el periódico digital larepublicaonline.com, el cual tiene varias décadas de haber salido al mercado y que primero se editó como un diario impreso en la ciudad de Nueva York.
Entre otras empresas de comunicación de este grupo están Azul/Radio y la compañía encuestadora Blue Consult, cuyo fin de esta última es hacer mediciones electorales para determinar el posicionamiento de los actores políticos principales de la democracia nacional.
La salida nuevamente al mercado de Teleazul, la Señal del Universo, educativa y cultural, se produce cuando la televisión tradicional ya no tiene el predominio total de la teleaudiencia, sino que la comparte con las ofertas digitales, es decir, la que recibe el televidente a través de las redes sociales, pero además es la primera estación con pretenciones de ser pública que surge en la República Dominicana, la cual se diferencia en cuestiones de fondo con la gubernamental como Radio Televisión Dominicana.
Teleazul es una propuesta innovadora de hacer televisión, la cual no tiene su base de sustentación en hacer negocios, sino en ser un instrumento para producir cambios importantes en la sociedad y buscar una mejoría de la seguridad jurídica, la institucionalidad y la democracia dominicana.
Teleazul, la Señal del Universo, tiene como meta fundamental establecer un puente de doble vía con los dominicanos del exterior por el papel que éstos juegan en la vida económica, social y política del país, cuyas remesas representan el segundo renglón más importante del producto interno bruto, después del turismo, pero en el que también ellos juegan un rol de primer orden mediante la versión domestica de esta industria.
Los dominicanos del exterior, fruto del fenómeno de la migracion, pertenecientes a comunidades establecidas en Estados Unidos de América, Puerto Rico, Europa y otros lugares del mundo, no sólo son una fuente de mantenimiento de la economía nacional, sino que son portadores de una serie de valores cívicos, morales y democráticos asimilados en naciones donde los niveles institucionaolidad son relativamente más altos que el dominicano y que en consecuencia imponen un modo de vida ajustado a lo que luego se convierte en la formación de un mejor ciudadano.
En la actualidad la República Dominicana cuenta con una comunidad en el exterior que supera los tres millones de personas, los cuales son el soporte más importante de las familias que permanecen en el territorio nacional, pese a que ha surgido una cantidad impresionante de criollos que son inmigrantes de segunda, tercera y hasta de cuarta generación que no hablan necesariamente el idioma español y que su principal lengua es otra propia de aquellos países donde han nacido, lo cual lleva a Teleazul como estación con la aspiración de ser pública a colocar a los programas subtítulos en inglés, a fin de que esos criollos mantengan una buena conexión con sus raíces.
El Grupo Nacional Azul busca convertir a Teleazul en la mejor y primera versión pública de la televisión dominicana, cuya señal saldrá desde la región norte del país, pero con cobertura nacional e internacional como una forma de incorporar a los dominicanos que viven fuera a este esfuerzo que no tiene otro fin que restablecer valores, fortalecer la dominicanidad y la democracia nacional.
Los mismos objetivos y plan serán desarrollados a través de Azul/Radio, propiedad del mismo grupo, la cual también tiene su sede en la calle Restauración 138 del Centro Histórico de Santiago, zona donde están la Catedral Santiago Apóstol, la Gobernación Provincial, sede del Poder Ejecutivo, y la dependencia del Ministerio de Cultura.
Además, Teleazul y todas las empresas del Grupo Nacional Azul operan en la misma área donde fue inaugurado el Centro Cultural del Banco de Reservas, lo que en algún momento se llamó Hotel Mercedes, el primero surgido en el país y de igual modo en la zona donde está la meca de la cultura de Santiago, porque también tiene su sede la renovada Casa de Arte, las 37 por las Tablas, el Centro de la Cultura, entre otros lugares dedicados a este propósito.
La versión en inglés de la Fundación Grupo Nacional Azul tiene su sede en el corazón financiero de Nueva York, el 30 de Wall Street, localización de la Bolsa de Valores, como una forma de trabajar lo más cerca posible con la comunidad dominicana más grande y numerosa del exterior que es aquella que está asentada en el sector de Washington Heights, conocido además como el Alto Manhattan.
A partir del lunes 21 de julio se inicia la primera etapa del relanzamiento de Teleazul, canal que busca su conversion en estacion pública, cuyo lema es la Señal del Universo, que puede ser visto a través de la página web teleazul.com.do y cuyo fin es también que los suscriptores de YouTube TV, plataforma que se vende a millones de televidentes de todo el mundo, puedan disfrutar próximamente de esta oferta.
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República Dominicana impactada por violencia machista, las infancias robadas y la corrupción pública.
Por Elba García
La República Dominicana sufre el impacto severo de tres flagelos que constituyen, sin lugar a dudas, una gran desgracia nacional y la tendencia parece advertir consecuencias aún más devastadoras en el seno de la sociedad y del Estado.
Estos tres flagelos son los feminicidios, los embarazos en adolescentes y el peor que representa el motor para hacer crecer los dos primeros se trata de la corrupción pública y privada, en cuyos renglones el país ocupa lugares de primer orden en el Caribe, Latinoamérica y el mundo.
Estos problemas se han convertido en una amenaza para la estabilidad social, económica y moral de la sociedad dominicana, cuyos protagonistas no se acogen a los escarmientos que se han querido imponer en lo que respecta al comportamiento de los actores de la vida pública de la nación, los cuales provienen de la manzana podrida de los partidos políticos.
La conciencia nacional no termina de recibir heridas profundas en el ámbito de las tres cuestiones que constituyen una especie de tragedia para los dominicanos, porque representan atrasos y deterioro ético y moral de la población.
Según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL la República Dominicana en el 2020 fue el segundo país de la región con la tasa más alta de feminicidios, con 24 mujeres asesinadas por cada 100 mil por habitantes.
El mes de abril fue estremecido por el asesinato de la modelo y locutora Shantal Jiménez, quien fue ultimada por su expareja y éste también tomó la decisión de suicidarse, cuya herida no parece que vaya cicatrizar tan fácil en un país marcado por la violencia del hombre en contra de la mujer.
Sin embargo, peor ocurrió en el 2022 en lo que respecta al impacto de este flagelo de los feminicidios, ya que, de acuerdo a la misma institución, el país tuvo 58 casos de asesinatos de mujeres, ocho más que en el 2021.
En el 2026, desde el 8 de enero hasta la fecha, se ha producido más de una docena de feminicidios, lo cual indica que la velocidad en esta materia es peor que en tiempos anteriores, cuyo fenómeno parece que en el país llegará a una cantidad récord en los meses que restan del año que discurre.
Este flagelo no es tan fácil de combatir, pero igual ocurre con otro de los problemas analizados en este trabajo, como lo es la corrupción administrativa, que se deriva del caudillismo, el machismo, el amiguismo y de otros antivalores que tienen un profundo contenido cultural y que en consecuencia su combate resulta complejo si el Estado no se arma de un plan al respecto.
Los embarazos en adolescentes que se podría afirmar que se deriva de la falta de oportunidades de jóvenes dominicanos que terminan en estado de gestación a temprana edad, constituye otro factor muy preocupante para los dominicanos.
En este fenómeno la República Dominicana ocupa el primer lugar en américa latina y el Caribe y el 26 en todo el mundo en cuanto a la tasa de fecundidad en jóvenes de 15 a 19 años de edad, según un estudio del Fondo de población de las Naciones Unidas (UNFPA) sobre las consecuencias socioeconómicas del embarazo en adolescentes.
Los embarazos en adolescentes tienen riesgos adicionales de salud tanto para la madre como para el bebé, con el agravante de que con frecuencia éstas no reciben cuidados prenatales a tiempo, lo que provoca problemas posteriores, ya que tienen mayor riesgos de hipertensión arterial y de complicaciones diversas.
A pesar de que existe la percepción de que la corrupción ha disminuido en el país, lo cierto es que el fenómeno es cada más preocupante, porque quita oportunidades de mejoría en lo que respecta a salud, educación y desarrollo humano en sentido general.
El país obtuvo 32 puntos en el índice de percepción de la corrupción pública que publica la organización para la transparencia internacional, cuyo sitial ha disminuido en los pasados años, pero que la realidad es que se trata de un flagelo que constituye un motivo de preocupación para los que vigilan este tipo de fenómeno a nivel internacional.
La República Dominicana pasó del 123 al 180 del ranking de corrupción gubernamental, pero sus habitantes consideran que hay mucha más de esta aberración en esta materia en el sector público, pese a que la misma se mide de 0 a 100.
Las posibilidades de que estos flagelos mejoren en el país no parecen viables en virtud de que a nivel del Estado no existe una política seria y con la inversión económica necesaria para cambiar el cuadro que impacta de muy mala manera a los dominicanos.
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Altas torres exponen a Santiago a una tragedia de magnitudes insospechadas ante la ocurrencia de un terremoto.
Por Elba García
Santiago, segunda ciudad en importancia del país, está frente a una amenaza muy grande ante la posibilidad de que se produzca un terremoto como los ocurridos en Venezuela, sin que ello no implique que no sea un problema nacional, pero que la construcción de grandes y altas torres de viviendas y negocios en la «Ciudad Corazón» sin tomar en cuenta el tipo de suelo rudimentario, no rocoso de la zona, revela la imprudencia en que se incurre.
La República Dominicana tiene una permanente amenaza de los grandes huracanes, terremotos y otros fenómenos naturales que ocurren cíclicamente en diferentes lugares del mundo.
La improvisación y la falta de planificación estratégica es parte de una cultura nacional que implica un gran peligro ante la posibilidad de la ocurrencia de grandes tragedias como resultado de los fenómenos naturales como los terremotos a partir de que se trata de un país altamente sísmico.
La madre de muchas de las desgracias de la sociedad dominicana no sólo tiene que ver con el criterio equivocado aplicado a la economía, la educación y la salud, sino también a la falta de planificación estratégica por parte de los gobiernos en temas como el de los fenómenos naturales que se producen cíclicamente en el país.
A propósito de los terremotos que han sacudido a Venezuela, los expertos dominicanos explican que en este tipo de fenómeno natural no sólo importa la magnitud del sismo o la cercanía al epicentro, sino también el tipo de suelo sobre el que se encuentra levantada una ciudad, lo cual puede influir en la intensidad con la que se sientan las vibraciones y en la respuesta de las edificaciones.
La especialista en ingeniería sísmica Claudia Germoso al abundar sobre el particular dice que la registración de un sismo de 5.0 en aguas del Caribe, con epicentro a 58 kilómetros al sur de Boca de Yuma, podría estar asociado a lo ocurrido en Venezuela por tratarse de la misma placa tectónica.
Sin embargo, la parte más importante de su análisis tiene que ver con las altas edificaciones de apartamentos en zonas que no están preparadas para un terremoto por el tipo de suelo que prevalece allí, como el caso de Santiago, crea la posibilidad de una gran tragedia nacional.
Sostiene la experta que sectores específicos donde predominan esos materiales más blandos, como Los Prados y Arroyo Hondo de Santo Domingo, no debían levantarse altas estructuras por el peligro que conllevan las mismas.
Pero hace un mayor hincapié en Santiago, la segunda ciudad en importancia del país, donde se han levantado altos edificios que podrían ser una grave amenaza en contra de los que viven allí como consecuencia de que son tierras blandas que amplifican los efectos de los terremotos.
Lo cierto que de este tipo de conducta de las autoridades nacionales y de la ciudad de Santiago sólo tiene una explicación y es la falta de prevención y como consecuencia la improvisación y la no planificación estratégica.
Naturalmente, esta recomendación no es válida para todo el territorio, aunque hay zonas del país donde la construcción de altas estructuras no representa un aumento del peligro que se corre ante la ocurrencia de un terremoto.
Se ha establecido que la República Dominicana presenta una gran diversidad de suelos y que esa condición debe ser tomada en cuenta al momento de levantar un gran edificio, como el caso de Santiago, donde la tierra no es rocosa, sino más blanda.
Hace varias décadas que en Santiago estaba prohibido construir estructuras de más de cuatro plantas, precisamente por el impacto que han tenido los terremotos que se han producido en el pasado, pero ante la irresponsabilidad de las autoridades edilicias ahora se levantan edificios que alcanzan las 30 plantas sin fijarse en las consecuencias que podría tener para un lugar que ya ha sido devastado por fenómenos naturales de la misma naturaleza en décadas pasadas.
El peligro de las construcciones en Santiago no sólo consiste en sus grandes alturas, sino también en que las estructuras que se levantan están prácticamente en el mismo lugar donde estaría el epicentro de un terremoto que se origine en la falla que pasa por la Cordillera Septentrional.
La imprudencia a este respecto tiene que ver con la ignorancia de las personas que tienen responsabilidades públicas de fiscalizar el problema y que se manejan al azar y con la carencia de la visión de evitar la ocurrencia de una gran tragedia nacional como la que se ha producido en Venezuela.
Un lugar en Santiago donde se han construido grandes torres de viviendas que llegan hasta casi treinta pisos es un otrora sector de la clase media alta que lleva por nombre “La Trinitaria”, el cual se ha convertido en los últimos años en un gran peligro para los que allí residen ante la ocurrencia de un terremoto que supere los siete grados.
La principal advertencia de los expertos en la materia es que al momento de diseñar una infraestructura se debe tomar en cuenta el tipo de suelo, a los fines de disminuir los efectos que puede producir un terremoto de gran intensidad como los ocurridos en Venezuela.