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Gobierno de Abinader no sale de un escándalo por su vocación de no respetar la ley y la Constitución de la República.
El director de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN), Andrés Burgos, anunciٕó este lunes ante la protesta de gente pobre de Santiago que denuncia que se le ha cortado el servicio de agua potable por falta de pago, que a partir de ahora se levantan todas las restricciones por orden del presidente Luis Abinader para continuar la suspensión del suministro del preciado liquido.
Este funcionario, el cual toma esa medida desde hace mucho tiempo, ya que en los últimos meses son miles los afectados con el corte del servicio de agua potable, se da el lujo de semejante ilegalidad y lo peor de todo es que atribuye la disposición al presidente Luis Abinader.
El director de Coraasan o es muy ignorante o pretende ponerse por encima de la Constitución de la República, ya que el Tribunal Constitucional ha emitido varias sentencias que han sentado jurisprudencia, en el sentido de que a nadie se le debe cortar el servicio de agua potable por tratarse de un bien público fundamental para la vida y la salud.
El tribunal ha emitido varias sentencias a este respecto, entre las que se pueden mencionar las TC/0049 y la TC/0289, entre otras, en virtud de lo que establecen los artículos 15 y 61.1 de la Constitución de la República.
Las sentencias de la alta corte han sentado jurisprudencias y constituyen precedentes vinculantes para situaciones iguales que se presenten en el sector público y en los tribunales nacionales, cuyo mandato al respecto provienen del articulo 7, numeral 13 de la Ley 137-11 que instituye el Tribunal Constitucional.
Sin embargo, lo dicho por este funcionario, quien ya ha sido emplazado a cambiar de actitud y respetar las decisiones que provienen del Tribunal Constitucional, demuestra que él se cree estar por encima del mandato de la ley de leyes, sobre todo en una época en que todavía perdura la contaminación con la pandemia del Covid-19.
Esta conducta del director del Coraasan e incluso del propio presidente, según el funcionario, envía el mensaje de que el Gobierno del PRM no sabe distinguir entre su facultad y lo dispuesto mediante sentencias por el Tribunal Constitucional, cuyas decisiones se derivan de lo estipulado en la Constitución de la República.
El tribunal Constitucional emitió la sentencia número TC/0482/16 en fecha tres (3) de marzo de dos mil dieciséis (2016), en la que establece que los órganos o entes que manejan el agua potable no deben privar a ningún dominicano del servicio, ya que cuando se produce la suspensión del suministro del preciado liquido la casa afectada se llena de bacterias que amenazan la vida de los que viven en ella.
En los actuales momentos miles de personas han sido afectados con la medida, pese a que la decisión del Tribunal Constitucional es transversal a todo órgano o ente de la administración pública, lo cual no quiere decir que no se busque otra vía para obligar al usuario a pagar el servicio de agua potable.
En los últimos días son diversos los escándalos en que se ha visto envuelto el Gobierno por el abuso de los funcionarios de cometer ilegalidades que dejan muy claro que en el entorno del Poder Ejecutivo no hay miramientos cuando se trata de respetar las normativas jurídicas en materia de aumentos de sueldos y de otros mandatos de los tribunales competentes.
El Tribunal Constitucional creó la Unidad de Seguimiento para establecer y darle salida al desacato de los funcionarios a las decisiones de la alta corte, amén de que la Ley 137-11 también dispone que los afectados con disposiciones como las de Coraasan pueden interponer una acción de amparo de cumplimiento ante el Tribunal Superior Administrativo para llevar al funcionario público a respetar las jurisprudencias que se establecen en el país.
La Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN) no opera en la luna, sino en un país llamado República Dominicana y su administración no puede estar al margen del mandato del Tribunal Constitucional, el cual es el más facultado para determinar qué constituye una violación a los principios y derechos fundamentales.
Lo más grave del asunto es que el director de Coraasan no esconde su ignorancia e irrespeto a la ley cuando exhibe ambas debilidades por los medios de comunicación social y atribuye la disposición al presidente Luis Abinader, lo cual hace pensar que el mandatario no tiene ninguna asesoría legal.
https://www.tribunalconstitucional.gob.do/consultas/secretar%C3%ADa/sentencias/tc048216
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Posición de R.D. sobre Venezuela es acomodamiento a su condición de sometida a nuevos requerimientos de Trump.
Lo planteado por el Gobierno de Luis Abinader de que no comparte la elección de Delcy Rodríguez como presidenta transitoria de Venezuela tras el apresamiento de Nicolás Maduro, revela que República Dominicana quiere incluso superar lo impuesto por Estados Unidos, pero siempre ajustada a los intereses de la potencia del norte.
La realidad es que la pregunta que se impone es y hasta dónde y quién ha dicho que el país tiene la facultad de objetar a una mandataria provisional escogida por el órgano competente y supuestamente sugerida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas conlleve algunos requerimientos democráticos.
Sin embargo, la posición dominicana implica la violación del derecho internacional, entre los que se encuentran el de soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como la Carta de la ONU.
Evidentemente que el ingrediente introducido por el Gobierno dominicano resulta gracioso para los intereses foráneos que convergen en Venezuela, máxime los que están asociados a los Estados Unidos.
La contradicción dominicana con lo planteado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y su práctica en política exterior, ya que el presente Gobierno siempre se inclina por la intromisión en los asuntos internos de otros países, no deja la naci0n buen parada en la comunidad internacional.
Resulta poco entendible que la República Dominicana no haya apoyado abiertamente la incursión ilegal de Estados Unidos en Venezuela, pero que preste su territorio para el apoyo logístico de la acción.
Es una especie de doble moral, pese a que en su lugar debió mantener una posición aparentemente neutral, aunque de cualquiera manera ya estaba involucrada en una intervención armada que viola los principios fundamentales del derecho internacional
De lo que no queda ninguna duda es que el crédito internacional en política exterior del país ha quedado seriamente comprometido con una causa de la que ha sido una víctima en una diversidad de ocasiones como en el 1916 y el 1965.
La verdad que pretender una conducta diferente de la nación frente a la irracionalidad de Trump sería mucho pedir, sobre todo cuando otros países pertenecientes a la Unión Europea y otras superpotencias como Rusia y China también son tolerantes con la agresividad e intromisión del principal imperio del mundo.
No obstante, desde cualquier perspectiva que sea vea el asunto la conclusión no puede ser otra que en la situación pesa más el miedo que la vergüenza y la dignidad del pueblo dominicano.
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La República Dominicana inhabilitada en política exterior en el nuevo escenario imperial de Trump
La República Dominicana con una ocupación militar parcial de Estados Unidos, se proyecta como una presa sin libertad para expresarse libremente en política exterior.
La ocupación militar, aunque sólo se observa en el Aeropuerto Internacional de las Américas, abarca otros entornos que no son necesariamente visibles.
Pero la agresividad o poco disimulada intervención, deja el país y de igual modo a prácticamente toda Latinoamérica, a merced del capricho y la voluntad de los intereses de la nueva cara del imperio.
La República Dominicana ni por asomo se atreve a pronunciarse libremente sobre política exterior sin que esté a tono con la linea trazada o impuesto por la administración Trump.
La pregunta que subyace es si ese nuevo cuadro no implica también un trastorno del régimen legal, porque se podría estar en un escenario en el que los derechos fundamentales pasen a un segundo plano en el que el Estado Social Democrático de Derecho sea una expresión vacía y sin sentido.
Por razones geopolíticas y factores muy particulares, el país se asoma a un resquebrajamiento del proceso de constitucionalización del derecho a nivel interno y retroceder la nación a épocas ya superadas.
La pregunta que se impone es si prevalecerá en el mundo el pregonado derecho internacional cuando las instituciones que lo enarbolan pierden autoridad moral frente a las violaciones provenientes de potencias como los Estados Unidos que ya ni siquiera guarda las apariencias
El problema, que tiene una dimensión mundial, pero impacta más severamente a los países del tercer mundo y que propicia la posibilidad del surgimiento de regímenes de fuerza, aunque con simulaciones democráticas.
La preocupación tiene que ver con el hecho de graves violaciones del derecho internacional en una época en que éste forma parte consustancial del derecho interno y entonces qué se puede esperar como resultado.
El retroceso de la línea trazada por Donald Trump representa una amenaza mundial contra los logros del derecho contemporáneo, no sólo en favor de las personas físicas, sino también de los Estados más pequeños y débiles.
Hay precedentes en esta materia cuando predominaba en el mundo el llamado constitucionalismo clásico, que dio paso a dictaduras como las Adolfo Hitler en Alemania y la de Benito Mussoline en Italia, cuyos resultados fueron realmente catastróficos para la humanidad.
La interrogante que permanece en el nuevo panorama mundial es si va a pesar más el miedo que la vergüenza y la dignidad de los pueblos del mundo.
Por Elba García
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su sueño de ser dictador hemisférico, aunque sea por un día.
La vocación dictatorial de Trump se ha expresado con mayor contundencia tras la entrada ilegal en territorio venezolano y apresar al jefe de Estado de ese país Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Tras este acontecimiento en momentos que se habla de la época del derecho constitucional, el cual incluye el derecho internacional, Trump ha anunciado su pretensión de convertir a Venezuela en una nueva colonia del imperio norteamericano.
El gobernante de los Estados Unidos ha adelantado que busca manejar la riqueza petrolera de Venezuela, una de las principales del mundo.
Pero la violación de Trump llega todavía más lejos al advertir a los demás países latinoamericanos a verse en el espejo de Venezuela.
Tromp hizo una alusión directa contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien dice podría correr la misma suerte de Maduro.
Anteriormente lo hizo con Brasil a propósito de la condena por conspiración del expresidente Bolsonoro.
Pero de igual modo se ha comportado con Honduras, donde en sus recientes elecciones presidenciales auspició uno de los candidatos y presionó con advertencias de actuar duramente contra los que estén en contra de sus designios.
Al fin impuso su voluntad, sin que haya reacción fuerte de rechazo a la vocación imperial del presidente de Estados Unidos.
No sé entiende por qué los países latinoamericanos no se unen en un bloque para rechazar la política de dominación y dictatorial de Donald Trump.
Incluso en el rechazo a la violación del derecho internacional por parte de los Estados Unidos pueden incluirse los países de la Unión Europea, que son permanentemente asediados y amenazados de imponerles aranceles y otros castigos como parte de la vocación dictatorial del mandatario norteamericano.
El chantaje de los Estados Unidos incluye también el otorgamiento de visados para ingresar al territorio de la potencia del norte.
La conducta de Trump es como si su administración haya borrado del mapa la supuesta clase gobernante que existe allí.
El problema se torna tan grave que la violación de derechos no solo se produce en Estados Unidos, sino en todo el mundo que parece haber retornado el derecho constitucional clásico, que fue sustituido por el derecho constitucional moderno en que los Estados grandes aplastan a los pequeños.
La época Trump prácticamente ha borrado el legado establecido por Estados Unidos a través del derecho constitucional difuso y sobre el equilibrio de los poderes.
Lo sorprendente de la era Tromp es que hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos luce sometida a una cierta tolerancia del jefe de Estado de la potencia del norte.
Si la mayoría de los países no reaccionan a la política represiva y de dominación de Trump difícilmente pueda sobrevivir el sistema democrático, lo que puede crear serias tensiones y confrontaciones sociales y políticas en todo el planeta.