Análisis Noticiosos
El Gobierno debe reconocer el creciente clamor social
Por Juan Bolivar Diaz
Transcurrida la tercera parte del año, el Gobierno dominicano sigue empeñado en desconocer el clamor y la indignación nacional contra la corrupción, tratando de descalificar la Marcha Verde y apelando a recursos como la intimidación y el espionaje, evadiendo claras señales políticas y judiciales de que se acabará la impunidad.
El creciente riesgo social, con potencialidad de traducirse en político, que comienza a afectar el interés de la nación, recomienda aprovechar la convocatoria para el 15 de mayo del Consejo Nacional de la Magistratura para empezar a despolitizar los órganos judiciales, y buscar real consenso sobre los proyectos de reformas electorales en el Congreso.
El cuarto mes perdido. Abril completa hoy el primer cuatrimestre del 2017, perdido en el desconcierto generado por la crisis política-institucional estallada en diciembre cuando la justicia de Estados Unidos develó el inmenso entramado de corrupción montado por la constructora Odebrecht y agentes políticos en una docena de naciones, con la mayor proporción relativa en la República Dominicana, tanto en monto de sobornos por 92 millones de dólares, como por las sumas implicadas en contratos, el tamaño de la economía, del territorio y la población. Agravado por haberse operado desde el país el financiamiento de campañas electorales en varias naciones a través del asesor político del presidente Danilo Medina, Joao Santana y su esposa, hasta sus encarcelamientos y posterior condena.
A diferencia de lo ocurrido en casi todos los demás países involucrados en los sobornos por 788 millones de dólares, en RD la justicia no ha producido la primera coerción, esperando que le caigan desde el nublado cielo brasileño, aunque desde el 12 de enero, cuando interrogó al agente de Odebrecht Angel Rondón, el procurador general Jean Alain Rodríguez lo identificó como el repartidor de los sobornos locales.
El presidente Danilo Medina, como el secretario general del partido gobernante, Reinaldo Pared, han dicho que no prevalecerá la impunidad, ha faltado una condena contundente al entramado de corrupción nacional y transnacional operado en el país. Los órganos superiores del PLD desaprovecharon sus recientes reuniones sin emitir un documento anticorrupción, como los que acostumbró al país antes de alcanzar el Gobierno, cuando llegaron a organizar grandes marchas contra la corrupción, que ahora estigmatizan.
Desconcierto generalizado. Tanto el Gobierno como su partido y su Ministerio Público han aparecido desconcertados a lo largo del cuatrimestre, buscando ganar tiempo, mientras la indignación social en vez de mermar da muestras de crecimiento. Han centrado la atención en los nombres de los sobornados que daría Odebrecht y la justicia brasileña, relegando el apoyo a las campañas electorales, sin el menor esfuerzo por esclarecer el financiamiento de Joao Santana y el uso del país como plataforma internacional de corrupción política.
Más allá de interrogatorios a una veintena de personas, sin la menor coerción ni imputación, el empeño del Gobierno y su justicia se ha centrado en un cuestionado acuerdo que garantiza impunidad a la Odebrecht y su ilegal mantenimiento como contratista del Estado, ejecutando aún cuatro obras, incluyendo las discutidas plantas de carbón.
Fue el domingo pasado cuando el procurador Rodríguez pidió a la Cámara de Cuentas que auditara las obras ejecutadas por Odebrecht para determinar si hubo sobrevaluación, diez días después de haber dicho que a su despacho no le correspondía investigarlo.
Para colmo, el presidente de la Cámara de Cuentas anunció al día siguiente que ya había contactado para esa tarea al experto Augusto Nardes, del órgano federal de auditorías de Brasil, sin previa licitación. De inmediato la Marcha Verde denunció que este aparece entre los sobornados de la Petrolera brasileña que originó la operación Lava Jato, según publicó el acreditado diario Folha de Sao Paulo, lo que revocó la contratación.
Palos de invidentes. Tras la cuarta exitosa marcha del Movimiento Verde, el domingo 23 en San Francisco de Macorís, funcionarios y voceros del PLD aparecieron dando palos de invidentes. Primero acusaron a los propulsores de albergar propósitos de desestabilizar al Gobierno y luego el ministro de Interior y Policía dijo por televisión que escuchan las llamadas telefónicas y leen los whatsaps de los promotores de las marchas, dislate que trató de enmendar el mismo día, alegando que respetan las jurisdicciones privadas.
Al principio de las marchas los gobiernistas trataron de atribuir su patrocinio al Partido Revolucionario Moderno, luego a la oposición en general, después a los empresarios, particularmente a los generadores eléctricos, y esta semana a grupos de vocación subversiva que la habrían infiltrado. Ahora dicen que la desnaturalizaron.
La mejor respuesta se la dio el obispo de Mao-Monte Cristi, monseñor Diómedes Espinal, quien defendió la Marcha Verde, cuestionó la lentitud en la investigación del escándalo Odebrecht, y proclamó que “lo que puede poner en riesgo la estabilidad son los actos de corrupción”.
Aumenta el riesgo social. En los más diversos sectores sociales se incrementa la preocupación por los riesgos a que expone el país el alto nivel de corrupción y la percepción generalizada de que se evade esclarecer por completo y sancionar aún un caso transnacional y confesado como el de Odebrecht. Hay preocupación por la deslegitimación de las autoridades y hasta líderes empresariales, como Franklin Báez Brugal, apoyan públicamente la Marcha Verde.
Báez Brugal, expresidente del CONEP, escribió en HOY ayer sábado que “Pretender vender la idea de que las marchas tienen una agenda oculta y que quieren desestabilizar al Gobierno, es desconocer los hechos y tratar de tapar el sol con un dedo, los que apoyan públicamente el movimiento y los que desde sus casas se sienten complacidos con lo que ocurre, lo único que quieren es castigo para los corruptos, que terminen las componendas y que los políticos actúen de manera diferente, y dejen de creer que todos somos retardados mentales que no nos damos cuenta de lo que ocurre a nuestro alrededor”.
El obispo emérito de Santiago, monseñor Ramón de la Rosa reiteró su condena de la corrupción como “basura moral que hace daño y contamina”. Y en rueda de prensa, la orden religiosa de los Capuchinos Franciscanos apoyó la Marcha Verde planteando que “la corrupción y la impunidad empobrecen la sociedad dominicana”.
Circula en las redes sociales un estudio de la institución internacional Enodo Global con el título de “República Dominicana: Corrupción, Riesgo Social y Seguridad”, que concluye en que las confesiones de Odebrecht “generaron riesgo social” en la nación. “Transformó las tensiones sociales y las quejas subyacentes contra el Gobierno en hostiles discusiones en línea y protestas. Movilizó a individuos, redes sociales, grupos de activistas y grandes segmentos de la población a la acción como nunca antes. Más aún logró que los ciudadanos cambiaran su percepción de la corrupción y la impunidad.
Sostiene que “El riesgo social representa una amenaza real para las estructuras sociales formales e informales, el Gobierno y las instituciones políticas, la seguridad y la economía”, por lo que recomienda desarrollar una comprensión profunda para diagnosticar los factores de riesgo social, diseñar estrategias para evitar que se transforme en agitación civil, y “fortalecer la agenda anti corrupción y el sistema de partidos políticos”.
La oportunidad de comenzar se la brinda la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura para renovar el Tribunal Superior Electoral y cuatro (4) miembros de la Suprema Corte de Justicia, iniciando la despolitización de las altas cortes, y buscando consenso para aprobar las leyes de Partidos y del Régimen Electoral.
Por José Cabral
Un fenómeno muy preocupante que se produce en la República Dominicana tiene que ver con la pérdida de la cultura del trabajo.
Aparentemente hay un relativo cumplimiento con las obligaciones laborales cuando se trata de una empresa con altos niveles de organización y supervisión.
La pérdida de la cultura del trabajo puede ser demoledora para la micro, pequeña y mediana empresa, en las que no hay forma de que se respete el contrato laboral entre empleados y empleadores.
La desaparición de la cultura del trabajo en el país representa una crisis muy profunda debido a la precariedad laboral, la informalidad y la pérdida de incentivos para el esfuerzo formal.
La pérdida de la cultura del trabajo está asociada a una serie de factores como los bajos salarios y que un empleo no garantiza la salida de la pobreza, según los estudios económicos al respecto.
Sin embargo, la razón principal, siempre de acuerdo a lo que puedo observar, obedece a la crisis de valores que impacta a la sociedad dominicana.
Hay una tendencia muy acentuada a no cumplir con la responsabilidad asumida, es decir, que se observa una negación de la gente a asumir sus obligaciones.
Inclinarse por la vida fácil es una percepción ciudadana que tiene que ver con la crisis de valores que procura la búsqueda de ingresos sin hacer ningún esfuerzo, cuyo ejemplo más contundente es la famosa “botella” a nivel estatal, la cual es estimulada por el clientelismo que promueven los partidos políticos.
Lo otro que explica el fenómeno es que la gente ha aprendido a reclamar sus derechos sin cumplir con sus deberes.
Es una percepción generalizada, la cual va de lo pequeño a lo grande y lo contrario, pero no parece que haya una respuesta a la vista por tratarse de una realidad en la que el Estado no hace ningún esfuerzo planificado para combatirla.
Asistimos, con el alma acongojada pero erguida en el patriotismo más puro, al espectáculo de unos ministros que celebran como proeza histórica el servilismo diplomático.Por José Cabral
Hace ya muchos años fuí testigo de varios anécdotas que deben servir para algo a cualquier persona, no importa de que país sea.
En un lugar en Nueva York llamado Merchant, donde se vende vinos y cigarros y se toca Jaz, compartía con unos amigos, entre ellos había varias muchachas colombianas y una de ellas me pregunta que si soy dominicano y le responde que sí.
Y de inmediato me narra que su hermana más joven, quien se encontraba también en el lugar, tenía un noviazgo con un joven dominicano, pero que esa relación le había traído muchos problemas a la familia, porque su papá entendía que la misma no debía existir.
Me decía la joven que su papá siempre decía que lo menos que él debía hacer era estrangular a su hija por mantener una relación que podía terminar en procreación con una persona de una baja procedencia.
Pero la historia se repite unos años después en la calle 50 y la quinta avenida de la ciudad de Nueva York cuando me decía otro señor que conoció una muchacha tan hermosa y educada de apellido Trujillo que nadie podía pensar que fuera dominicana.
Evidentemente que ambas narraciones tenían su explicación en que la mayor parte de la inmigración dominicana hacia los Estados Unidos, que es el escenario analizado, procedia en ese momento del campo y cuya formación académica y cultural es muy pobre.
Además, por un asunto cultural, la mayoría de los dominicanos radicados en Nueva York proceden de barrios muy pobres o del campo de la región del Cibao, cuyas características y acento es, podría decirse, la representación de un regionalismo que se expresa a través del uso de la i para hablar.
Naturalmente, las razones que tienen que ver con que mucha de nuestra gente no haya tenido la oportunidad de cursar estudios universitarios y de tener una buena formacion cultural son parte de las deficiencias que se observa en el Estado dominicano.
De cualquier manera, la imagen de cualquier gentilicio se complica o deteriora cuando una buena parte del grupo étnico de que se trate se ve involucrado en actividades que nadie quiere para su familia, aunque, naturalmente, ese no sea el caso de lo planteado en este comentario.
Hay que decir que los propios colombianos se vieron en una situación indeseable cuando la época de Pablo Escobar que un pasaporte de ese país era prácticamente una ofensa a nivel internacional.
La enseñanza que quiero dejar con estas narraciones es que el orgullo de ser dominicano es algo que no se negocia, pero el mismo está determinado por la imagen que se venda en la comunidad internacional.
Y para sentirse orgulloso de la dominicanidad hay que partir, principalmente, de que sea un país en el que la dignidad humana sobresalga sobre la mayoría de los derechos, pero además que quien la representa sea gente con la decencia y un comportamiento acorde con los tiempos de las sociedades civilizadas.
Ciertamente que las democracias han fallado, sobre todo por el comportamiento de los partidos políticos y si bien hay que combatir ese mal y buscar la sustitución ahora y para siempre de esos actores de la vida nacional, pero cualquier solución al respecto no puede ser peor que lo que existe y sobre la base de lesionar el orgullo de ser dominicano.
Con esto quiero decir que en aras de preservar el orgullo nacional, se debe procurar llevar a la direccion del Estado a personas que, no sólo sean éticas y defensoras del interés nacional, sino también que coloquen en la cima, si es posible, la imagen del gentilicio por tener una conducta en el contexto de una sociedad civilizada.
Hay una expresión popular que dice que es muy importante guardar bien las apariencias, lo cual es aplicable en estos momentos en la República Dominicana, pero que ello no sea una causa para dejar de gestionar la salida del poder de los que han dañado gravemente la democracia, aunque, naturalmente, sin apoyarnos en ciudadanos que, aunque tienen el derecho constitucional de elegir y ser elegido, pero que su comportamiento lo descalifica para representar a todos los que tenemos un criterio muy claro del orgullo de ser dominicano y lo que ello implica para la economia y toda la vida nacional.