Análisis Noticiosos
El Gobierno debe reconocer el creciente clamor social
Por Juan Bolivar Diaz
Transcurrida la tercera parte del año, el Gobierno dominicano sigue empeñado en desconocer el clamor y la indignación nacional contra la corrupción, tratando de descalificar la Marcha Verde y apelando a recursos como la intimidación y el espionaje, evadiendo claras señales políticas y judiciales de que se acabará la impunidad.
El creciente riesgo social, con potencialidad de traducirse en político, que comienza a afectar el interés de la nación, recomienda aprovechar la convocatoria para el 15 de mayo del Consejo Nacional de la Magistratura para empezar a despolitizar los órganos judiciales, y buscar real consenso sobre los proyectos de reformas electorales en el Congreso.
El cuarto mes perdido. Abril completa hoy el primer cuatrimestre del 2017, perdido en el desconcierto generado por la crisis política-institucional estallada en diciembre cuando la justicia de Estados Unidos develó el inmenso entramado de corrupción montado por la constructora Odebrecht y agentes políticos en una docena de naciones, con la mayor proporción relativa en la República Dominicana, tanto en monto de sobornos por 92 millones de dólares, como por las sumas implicadas en contratos, el tamaño de la economía, del territorio y la población. Agravado por haberse operado desde el país el financiamiento de campañas electorales en varias naciones a través del asesor político del presidente Danilo Medina, Joao Santana y su esposa, hasta sus encarcelamientos y posterior condena.
A diferencia de lo ocurrido en casi todos los demás países involucrados en los sobornos por 788 millones de dólares, en RD la justicia no ha producido la primera coerción, esperando que le caigan desde el nublado cielo brasileño, aunque desde el 12 de enero, cuando interrogó al agente de Odebrecht Angel Rondón, el procurador general Jean Alain Rodríguez lo identificó como el repartidor de los sobornos locales.
El presidente Danilo Medina, como el secretario general del partido gobernante, Reinaldo Pared, han dicho que no prevalecerá la impunidad, ha faltado una condena contundente al entramado de corrupción nacional y transnacional operado en el país. Los órganos superiores del PLD desaprovecharon sus recientes reuniones sin emitir un documento anticorrupción, como los que acostumbró al país antes de alcanzar el Gobierno, cuando llegaron a organizar grandes marchas contra la corrupción, que ahora estigmatizan.
Desconcierto generalizado. Tanto el Gobierno como su partido y su Ministerio Público han aparecido desconcertados a lo largo del cuatrimestre, buscando ganar tiempo, mientras la indignación social en vez de mermar da muestras de crecimiento. Han centrado la atención en los nombres de los sobornados que daría Odebrecht y la justicia brasileña, relegando el apoyo a las campañas electorales, sin el menor esfuerzo por esclarecer el financiamiento de Joao Santana y el uso del país como plataforma internacional de corrupción política.
Más allá de interrogatorios a una veintena de personas, sin la menor coerción ni imputación, el empeño del Gobierno y su justicia se ha centrado en un cuestionado acuerdo que garantiza impunidad a la Odebrecht y su ilegal mantenimiento como contratista del Estado, ejecutando aún cuatro obras, incluyendo las discutidas plantas de carbón.
Fue el domingo pasado cuando el procurador Rodríguez pidió a la Cámara de Cuentas que auditara las obras ejecutadas por Odebrecht para determinar si hubo sobrevaluación, diez días después de haber dicho que a su despacho no le correspondía investigarlo.
Para colmo, el presidente de la Cámara de Cuentas anunció al día siguiente que ya había contactado para esa tarea al experto Augusto Nardes, del órgano federal de auditorías de Brasil, sin previa licitación. De inmediato la Marcha Verde denunció que este aparece entre los sobornados de la Petrolera brasileña que originó la operación Lava Jato, según publicó el acreditado diario Folha de Sao Paulo, lo que revocó la contratación.
Palos de invidentes. Tras la cuarta exitosa marcha del Movimiento Verde, el domingo 23 en San Francisco de Macorís, funcionarios y voceros del PLD aparecieron dando palos de invidentes. Primero acusaron a los propulsores de albergar propósitos de desestabilizar al Gobierno y luego el ministro de Interior y Policía dijo por televisión que escuchan las llamadas telefónicas y leen los whatsaps de los promotores de las marchas, dislate que trató de enmendar el mismo día, alegando que respetan las jurisdicciones privadas.
Al principio de las marchas los gobiernistas trataron de atribuir su patrocinio al Partido Revolucionario Moderno, luego a la oposición en general, después a los empresarios, particularmente a los generadores eléctricos, y esta semana a grupos de vocación subversiva que la habrían infiltrado. Ahora dicen que la desnaturalizaron.
La mejor respuesta se la dio el obispo de Mao-Monte Cristi, monseñor Diómedes Espinal, quien defendió la Marcha Verde, cuestionó la lentitud en la investigación del escándalo Odebrecht, y proclamó que “lo que puede poner en riesgo la estabilidad son los actos de corrupción”.
Aumenta el riesgo social. En los más diversos sectores sociales se incrementa la preocupación por los riesgos a que expone el país el alto nivel de corrupción y la percepción generalizada de que se evade esclarecer por completo y sancionar aún un caso transnacional y confesado como el de Odebrecht. Hay preocupación por la deslegitimación de las autoridades y hasta líderes empresariales, como Franklin Báez Brugal, apoyan públicamente la Marcha Verde.
Báez Brugal, expresidente del CONEP, escribió en HOY ayer sábado que “Pretender vender la idea de que las marchas tienen una agenda oculta y que quieren desestabilizar al Gobierno, es desconocer los hechos y tratar de tapar el sol con un dedo, los que apoyan públicamente el movimiento y los que desde sus casas se sienten complacidos con lo que ocurre, lo único que quieren es castigo para los corruptos, que terminen las componendas y que los políticos actúen de manera diferente, y dejen de creer que todos somos retardados mentales que no nos damos cuenta de lo que ocurre a nuestro alrededor”.
El obispo emérito de Santiago, monseñor Ramón de la Rosa reiteró su condena de la corrupción como “basura moral que hace daño y contamina”. Y en rueda de prensa, la orden religiosa de los Capuchinos Franciscanos apoyó la Marcha Verde planteando que “la corrupción y la impunidad empobrecen la sociedad dominicana”.
Circula en las redes sociales un estudio de la institución internacional Enodo Global con el título de “República Dominicana: Corrupción, Riesgo Social y Seguridad”, que concluye en que las confesiones de Odebrecht “generaron riesgo social” en la nación. “Transformó las tensiones sociales y las quejas subyacentes contra el Gobierno en hostiles discusiones en línea y protestas. Movilizó a individuos, redes sociales, grupos de activistas y grandes segmentos de la población a la acción como nunca antes. Más aún logró que los ciudadanos cambiaran su percepción de la corrupción y la impunidad.
Sostiene que “El riesgo social representa una amenaza real para las estructuras sociales formales e informales, el Gobierno y las instituciones políticas, la seguridad y la economía”, por lo que recomienda desarrollar una comprensión profunda para diagnosticar los factores de riesgo social, diseñar estrategias para evitar que se transforme en agitación civil, y “fortalecer la agenda anti corrupción y el sistema de partidos políticos”.
La oportunidad de comenzar se la brinda la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura para renovar el Tribunal Superior Electoral y cuatro (4) miembros de la Suprema Corte de Justicia, iniciando la despolitización de las altas cortes, y buscando consenso para aprobar las leyes de Partidos y del Régimen Electoral.
Por José Cabral
La elección presidencial en los países latinoamericanos envía un mensaje preocupante, el cual consiste en que mientras más vínculos con el bajo mundo se tenga, mayores son las posibilidades de salir triunfante.
Este meta mensaje lo hemos vivido en Colombia, Honduras, Perú, Panamá y ahora en Brasil, lo cual quiere decir que para ser un buen candidato presidencial hay que tener vínculos con el bajo mundo, porque parece que la conducta ética no es apreciada por el votante latinoamericano.
Flavio Bonsonaro es buen ejemplo de la tendencia en este sentido, quien en las elecciones celebradas este domingo 4 de octubre en Brasil ha logrado quedar en primer lugar con una votación que llega casi al 50 por ciento.
Sin embargo, será el próximo 25 del presente mes cuando se celebre la segunda vuelta de los referidos comicios, en los que una serie de pequeños partidos han obtenido algo más del siete por ciento de la votación general, lo que de alguna manera representa lo que podría darle el triunfo a Bolsonaro, un hombre de derecha e imputado de una serie de irregularidades,
En Brasil se ha repetido la misma historia de otros lugares de Latinoamérica, donde el apoyo de Donald Trump a gente vinculada al bajo mundo logran imponerse en las elecciones presidenciales.
Este cuadro plantea si lo que ocurre en Latinoamérica significa que la lucha en contra del crimen transnacional carece de sinceridad y que se valora más al que anda en ese mundo que al hombre serio.
Son muchos los discursos en contra del crimen transnacional, pero todo parece indicar que esa narrativa no luce que sea sincera.
En consecuencia, me parece que el real mensaje que se envía es que meterse al lavado de activo y negocios ilícitos es la mejor vía para hacer política.
El triunfo de Bolsonaro y de otros elegidos en Latinoamérica no deja dudas de que el bajo mundo ha ganado la batalla e incluso entre los que dicen combatirlo.
Parece que no tiene sentido escoger el camino de la ética en la política, porque si bien hay quienes dicen combatir el problema del no respeto de la ley, pero en la práctica hacen todo lo contrario y el votante al final de la jornada también se inclina por esta tendencia.
Todo anda al revés de como lo plantea gente que busca cambios profundos en los países latinoamericanos, donde la ética parece importar muy poco.
Les hablo desde la responsabilidad ciudadana, no desde la trinchera partidaria. Les hablo porque la democracia dominicana atraviesa un umbral peligroso y pretender que todo sigue igual es una irresponsabilidad histórica.Análisis Noticiosos
La República Dominicana entre las estadísticas y la realidad de la delincuencia en el pais.
Las cifras oficiales presentan una supuesta tendencia descendente en los homicidios durante 2026, pero los robos, los hechos violentos de alto impacto y el temor ciudadano son el pan de cada día.
Por la redacción
La delincuencia sigue ocupando un espacio central en la conversación pública dominicana, pese a que las estadísticas oficiales hablan de avances en algunos indicadores, especialmente en la reducción de los homicidios, pero los hechos y la percepción de inseguridad continúa presente en la mayoria de la población.
Al 11 de septiembre de 2026, la Fuerza de Tarea Conjunta reportó una tasa acumulada de 7.41 homicidios por cada 100,000 habitantes, inferior a los registros de 2025, 2024, 2023 y 2022. Además, pero lo que se se observa no parece corresponderse con esas estadisticas.
Ese dato muestra una aparente tendencia favorable en materia de violencia homicida. Sin embargo, por sí solo no permite concluir que la inseguridad haya dejado de ser un problema de primer orden en la preocupacion de la gente.
En el reporte correspondiente al corte del 31 de agosto, las autoridades contabilizaron 4,402 robos, junto con 91 homicidios y 183 personas heridas. Esto evidencia que la criminalidad no puede analizarse únicamente a través de las muertes violentas.
Una cosa es la estadística y otra la experiencia cotidiana
El ciudadano no mide la seguridad solamente por la tasa nacional de homicidios.
La mide cuando sale de su casa, cuando utiliza su teléfono en la calle, cuando deja un vehículo estacionado, cuando abre un negocio o cuando un familiar regresa tarde de trabajar.
Por eso, puede existir una aparente reducción de algunos delitos y, al mismo tiempo, mantenerse una percepción elevada de inseguridad.
El problema se vuelve aún más visible cuando ocurren hechos violentos de gran repercusión mediática. Casos de homicidios, atracos, ataques dentro de viviendas o enfrentamientos armados generan un impacto social que va más allá de las estadísticas.
En septiembre, por ejemplo, la Policía ha informado sobre varios operativos vinculados a robos, atracos y homicidios, incluyendo casos en Boca Chica y Santo Domingo Norte.
Los robos siguen siendo parte importante del problema
Uno de los puntos que merece mayor atención es el comportamiento de los delitos contra la propiedad.
En apenas una semana, con corte al 4 de septiembre, el reporte policial registró 563 robos.
Aunque ese número necesita ser interpretado dentro del total nacional y comparado con períodos equivalentes, refleja que miles de ciudadanos continúan enfrentándose a situaciones relacionadas con sustracción de bienes, atracos y otros delitos patrimoniales.
Las propias autoridades han informado que, durante el primer semestre de 2026, los robos mostraban una reducción interanual de alrededor de 27 % frente a igual período de 2025.
La conclusión, por tanto, no es que los robos estén aumentando necesariamente, sino que siguen siendo numerosos y visibles, aun dentro de una tendencia oficial de esgrimir una narrativa de reducción del fenómeno..
El reto no es solo detener, sino prevenir
Otro elemento central del debate es la estrategia de seguridad.
La Policía ha intensificado patrullajes, operativos, allanamientos y ejecución de órdenes de arresto. A junio de 2026, las autoridades reportaban más de 1.7 millones de acciones preventivas, 3,220 órdenes de arresto ejecutadas y 845 allanamientos.
Pero una política de seguridad pública sostenible necesita ir más allá de la reacción policial.
Debe incluir prevención comunitaria, inteligencia criminal, control de armas ilegales, investigación de redes delictivas, persecución financiera del crimen organizado y fortalecimiento de la justicia.
También requiere atender factores sociales que, sin ser una causa automática de la delincuencia, pueden crear contextos de mayor vulnerabilidad: abandono escolar, falta de oportunidades laborales, consumo problemático de drogas, violencia familiar y presencia de estructuras criminales en determinados sectores.
La confianza ciudadana es parte de la seguridad
Existe otro desafío menos visible: la confianza en las instituciones.
Cuando una víctima no denuncia porque considera que “no vale la pena”, cuando teme represalias o cuando piensa que el expediente no avanzará, el sistema de seguridad pierde información esencial.
La lucha contra la delincuencia también depende de que el ciudadano confíe en la Policía, el Ministerio Público y los tribunales.
Una investigación bien realizada, un proceso judicial transparente y una sanción conforme al debido proceso pueden tener un efecto preventivo tan importante como el patrullaje.
Una realidad con dos caras
Los datos actuales permiten identificar una realidad compleja.
Por un lado, la tasa de homicidios presenta una tendencia supuestamente descendente: pasó de niveles superiores a 13 por cada 100,000 habitantes en 2022 a alrededor de 7.4 en septiembre de 2026, según las estadísticas oficiales, pero en la práctica no parece ser esa la realidad.
Por otro, los robos, los delitos violentos de alto impacto y la constante difusión de hechos criminales mantienen viva la preocupación social.
La cuestion es que eso explica por qué puede existir una diferencia entre lo que muestran las cifras y lo que siente la gente.
El desafío: que la mejoría estadística llegue a las calles
La verdadera prueba para cualquier política de seguridad no será únicamente reducir una tasa.
Será conseguir que esa reducción se traduzca en una experiencia cotidiana diferente.
Que el comerciante pueda cerrar su negocio con menos temor.
Que una persona pueda caminar por su comunidad sin sentirse permanentemente vulnerable.
Que una familia pueda confiar en que, si ocurre un delito, habrá una investigación seria y una respuesta institucional.
La República Dominicana muestra, de acuerdo a los informes oficiales, supuestos avances en algunos indicadores, particularmente en homicidios, pero el desafío de la seguridad ciudadana continúa siendo mucho más amplio: reducir el delito, fortalecer la justicia y lograr que la población también perciba esa mejoría en su vida diaria.