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El Gobierno busca iniciar ofensiva neoliberal para traspasar al sector privado empresas estratégicas del Estado.
Desde el inicio del Gobierno ha existido la preocupación de la sociedad dominicana de que su lealtad con los intereses del empresariado provoque el traspaso de una serie de empresas estratégicas del Estado al sector privado.
La ofensiva asociada con este propósito se inició con la aprobación de la Ley 47-20 de alianzas público-privadas, la cual fue promovida con mucha energía por el propio presidente Luis Abinader, aunque luego los esfuerzos disminuyeron para evitar una reacción de rechazo en la sociedad.
El presidente en ningún momento ha simulado su identidad con los intereses del empresariado nacional, de donde proviene, cuyos principales cuadros están estratégicamente ubicados en despachos en el Palacio Nacional.
Las pretensiones en este orden parecen haberse reactivado frente a la crisis económica generada por la pandemia y la mala calidad del gasto publico y en consecuencia la generación de déficits y la necesidad de implementar una reforma fiscal o en su defecto de un mayor endeudamiento externo e interno, el cual en estos momentos llega a niveles realmente preocupantes porque compromete alrededor de un 70 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
El tema se concentra en las gestiones que se hacen para traspasar al sector privado la empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), aunque ahora es rectificado porque quien lo había anunciado, a pesar de que la misma genera un promedio de 173 millones de dólares anuales en favor del Estado, según lo revelo el consultor eléctrico Bernardo Castellanos.
El experto precisó que hay una intención desde el Gobierno, especialmente del ministro de Energía y Mina, Antonio Almonte, de entregar todos los activos eléctricos del Estado para que sean administrados por el sector privado.
José Rijo Presbot, director general de Presupuesto, reveló el pasado jueves que el Gobierno tendrá listo para el próximo año el procedimiento para la venta de activos del Estado, incluyendo los de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), pero ahora ha reculado frente a la reacción de la sociedad por las pretensiones oficialistas.
Negar lo pretendido es una norma en el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y de Luis Abinader, pero ello tiene su parte mala y también una buena, porque ante la posibilidad de incurrir en un gran error político y económico retrocede por la presión mediática y social, pero que de cualquier modo deja clara una intención que no se ajusta a los mejores intereses del país.
Por su parte, el Ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, también ha entrado en los debates al respecto con la afirmación de que la única manera de fortalecer el servicio eléctrico en el país es mediante la inversión de capitales por parte del sector privado.
Sin embargo, aclara que en el Gobierno no existe la intención de privatizar el servicio de energía eléctrica y que las distribuidoras de electricidad se mantendrán como propiedad del Estado.
Agrego de inmediato que el compromiso del Gobierno es con la energía renovable y que a partir del próximo año se harán licitaciones sobre este tipo de recurso.
Castellanos consideró que no es posible entregar al sector privado empresas muy estratégicas, porque una de las que más beneficio le da al Estado es la EGEHID.
Explicó el técnico en la materia que del 2009 al 2020 esa empresa ha tenido ingresos por dos mil millones de dólares, para un promedio anual de 173 millones de dólares y que en el 2017 alcanzó los 250 millones de dólares.
Recordó que EGEHID no es una empresa comercial, en el sentido de que no fue concebida bajo la normativa de Código de Comercio, como sucede con las empresas distribuidoras de electricidad y algunas generadoras.
Por su parte, Rafael Salazar, director de la EGEHID, explicó que, aunque ese no es un tema de agenda, ese es un bien del Estado que no puede ser transferido al sector privado, porque está prohibido por las propias leyes dominicanas.
Señaló que esa empresa tiene un valor incalculable y que no representa una carga para el Estado. “la misma maneja sus propios recursos, es un tema que no está ni debe estar en agenda porque es un bien estratégico del país.
Añadió que 92 obras son ejecutadas con recursos de esa institución, como caminos vecinales, mejora de irrigación para cultivos agrícolas, construcción de presas, cuarteles y otros.
Los aprestos para traspasar empresas eléctricas del Estado al sector privado generan en los actuales momentos una gran preocupación en la población, porque lo retrotrae al pasado proceso de capitalización durante el primer gobierno de Leonel Fernández en el que fueron destrozadas varias instituciones públicas que ha dejado un recuerdo amargo al país.
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Posición de R.D. sobre Venezuela es acomodamiento a su condición de sometida a nuevos requerimientos de Trump.
Lo planteado por el Gobierno de Luis Abinader de que no comparte la elección de Delcy Rodríguez como presidenta transitoria de Venezuela tras el apresamiento de Nicolás Maduro, revela que República Dominicana quiere incluso superar lo impuesto por Estados Unidos, pero siempre ajustada a los intereses de la potencia del norte.
La realidad es que la pregunta que se impone es y hasta dónde y quién ha dicho que el país tiene la facultad de objetar a una mandataria provisional escogida por el órgano competente y supuestamente sugerida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas conlleve algunos requerimientos democráticos.
Sin embargo, la posición dominicana implica la violación del derecho internacional, entre los que se encuentran el de soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como la Carta de la ONU.
Evidentemente que el ingrediente introducido por el Gobierno dominicano resulta gracioso para los intereses foráneos que convergen en Venezuela, máxime los que están asociados a los Estados Unidos.
La contradicción dominicana con lo planteado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y su práctica en política exterior, ya que el presente Gobierno siempre se inclina por la intromisión en los asuntos internos de otros países, no deja la naci0n buen parada en la comunidad internacional.
Resulta poco entendible que la República Dominicana no haya apoyado abiertamente la incursión ilegal de Estados Unidos en Venezuela, pero que preste su territorio para el apoyo logístico de la acción.
Es una especie de doble moral, pese a que en su lugar debió mantener una posición aparentemente neutral, aunque de cualquiera manera ya estaba involucrada en una intervención armada que viola los principios fundamentales del derecho internacional
De lo que no queda ninguna duda es que el crédito internacional en política exterior del país ha quedado seriamente comprometido con una causa de la que ha sido una víctima en una diversidad de ocasiones como en el 1916 y el 1965.
La verdad que pretender una conducta diferente de la nación frente a la irracionalidad de Trump sería mucho pedir, sobre todo cuando otros países pertenecientes a la Unión Europea y otras superpotencias como Rusia y China también son tolerantes con la agresividad e intromisión del principal imperio del mundo.
No obstante, desde cualquier perspectiva que sea vea el asunto la conclusión no puede ser otra que en la situación pesa más el miedo que la vergüenza y la dignidad del pueblo dominicano.
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La República Dominicana inhabilitada en política exterior en el nuevo escenario imperial de Trump
La República Dominicana con una ocupación militar parcial de Estados Unidos, se proyecta como una presa sin libertad para expresarse libremente en política exterior.
La ocupación militar, aunque sólo se observa en el Aeropuerto Internacional de las Américas, abarca otros entornos que no son necesariamente visibles.
Pero la agresividad o poco disimulada intervención, deja el país y de igual modo a prácticamente toda Latinoamérica, a merced del capricho y la voluntad de los intereses de la nueva cara del imperio.
La República Dominicana ni por asomo se atreve a pronunciarse libremente sobre política exterior sin que esté a tono con la linea trazada o impuesto por la administración Trump.
La pregunta que subyace es si ese nuevo cuadro no implica también un trastorno del régimen legal, porque se podría estar en un escenario en el que los derechos fundamentales pasen a un segundo plano en el que el Estado Social Democrático de Derecho sea una expresión vacía y sin sentido.
Por razones geopolíticas y factores muy particulares, el país se asoma a un resquebrajamiento del proceso de constitucionalización del derecho a nivel interno y retroceder la nación a épocas ya superadas.
La pregunta que se impone es si prevalecerá en el mundo el pregonado derecho internacional cuando las instituciones que lo enarbolan pierden autoridad moral frente a las violaciones provenientes de potencias como los Estados Unidos que ya ni siquiera guarda las apariencias
El problema, que tiene una dimensión mundial, pero impacta más severamente a los países del tercer mundo y que propicia la posibilidad del surgimiento de regímenes de fuerza, aunque con simulaciones democráticas.
La preocupación tiene que ver con el hecho de graves violaciones del derecho internacional en una época en que éste forma parte consustancial del derecho interno y entonces qué se puede esperar como resultado.
El retroceso de la línea trazada por Donald Trump representa una amenaza mundial contra los logros del derecho contemporáneo, no sólo en favor de las personas físicas, sino también de los Estados más pequeños y débiles.
Hay precedentes en esta materia cuando predominaba en el mundo el llamado constitucionalismo clásico, que dio paso a dictaduras como las Adolfo Hitler en Alemania y la de Benito Mussoline en Italia, cuyos resultados fueron realmente catastróficos para la humanidad.
La interrogante que permanece en el nuevo panorama mundial es si va a pesar más el miedo que la vergüenza y la dignidad de los pueblos del mundo.
Por Elba García
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su sueño de ser dictador hemisférico, aunque sea por un día.
La vocación dictatorial de Trump se ha expresado con mayor contundencia tras la entrada ilegal en territorio venezolano y apresar al jefe de Estado de ese país Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Tras este acontecimiento en momentos que se habla de la época del derecho constitucional, el cual incluye el derecho internacional, Trump ha anunciado su pretensión de convertir a Venezuela en una nueva colonia del imperio norteamericano.
El gobernante de los Estados Unidos ha adelantado que busca manejar la riqueza petrolera de Venezuela, una de las principales del mundo.
Pero la violación de Trump llega todavía más lejos al advertir a los demás países latinoamericanos a verse en el espejo de Venezuela.
Tromp hizo una alusión directa contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien dice podría correr la misma suerte de Maduro.
Anteriormente lo hizo con Brasil a propósito de la condena por conspiración del expresidente Bolsonoro.
Pero de igual modo se ha comportado con Honduras, donde en sus recientes elecciones presidenciales auspició uno de los candidatos y presionó con advertencias de actuar duramente contra los que estén en contra de sus designios.
Al fin impuso su voluntad, sin que haya reacción fuerte de rechazo a la vocación imperial del presidente de Estados Unidos.
No sé entiende por qué los países latinoamericanos no se unen en un bloque para rechazar la política de dominación y dictatorial de Donald Trump.
Incluso en el rechazo a la violación del derecho internacional por parte de los Estados Unidos pueden incluirse los países de la Unión Europea, que son permanentemente asediados y amenazados de imponerles aranceles y otros castigos como parte de la vocación dictatorial del mandatario norteamericano.
El chantaje de los Estados Unidos incluye también el otorgamiento de visados para ingresar al territorio de la potencia del norte.
La conducta de Trump es como si su administración haya borrado del mapa la supuesta clase gobernante que existe allí.
El problema se torna tan grave que la violación de derechos no solo se produce en Estados Unidos, sino en todo el mundo que parece haber retornado el derecho constitucional clásico, que fue sustituido por el derecho constitucional moderno en que los Estados grandes aplastan a los pequeños.
La época Trump prácticamente ha borrado el legado establecido por Estados Unidos a través del derecho constitucional difuso y sobre el equilibrio de los poderes.
Lo sorprendente de la era Tromp es que hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos luce sometida a una cierta tolerancia del jefe de Estado de la potencia del norte.
Si la mayoría de los países no reaccionan a la política represiva y de dominación de Trump difícilmente pueda sobrevivir el sistema democrático, lo que puede crear serias tensiones y confrontaciones sociales y políticas en todo el planeta.