En la República Dominicana el Gobierno del Partido de la Liberación Dominicana ha impuesto un sistema de ilegalidad que sólo se rompe cuando afecta sus propios intereses, como por ejemplo el cobro compulsivo de los impuestos.
Es un Gobierno que promueve y defiende la ilegalidad como si cavara su propia tumba, porque llega un momento en que ello se constituye en una amenaza para la propia gobernabilidad.
Ahora el escándalo tiene que ver con una práctica impuesta en el país desde hace muchos años y nos referimos a la intervención de llamadas de una serie de ciudadanos en violación del mandato de la Constitución de la República.
El escándalo de ahora es parte de la guerra que libran las dos corrientes que operaban al interno del PLD, la de Danilo Medina y Leonel Fernández, cuyas víctimas son diputados al Congreso Nacional.
Lo impresionante de esto es con la desfachatez con que actúa el Gobierno frente a la violación de su propia legalidad.
Independientemente de que se esté o de acuerdo con la forma desaprensiva de comportarse de estos diputados, no se puede tolerar que el Gobierno viole la ley como si fuera cualquier cosa.
Naturalmente, que las autoridades nacionales tienen acostumbrado al dominicano a manejarse en el marco de una ilegalidad que asombra.
Cada órgano del Estado tiene su propio librito de ilegalidades, porque para citar algunas sólo habría que recurrir al desacato que comete, por ejemplo, la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN), donde se hacen cortes del servicio de agua al margen de lo decidido por el Tribunal Constitucional.
Ellos tienen su propio librito para hacerlo y esa institución actúa como si ella fuera otra República Dominicana que no es impactada por lo que decidan los tribunales competentes de la Nación.
Lo propio hace Edenorte Dominicana, la cual actúa como si en el país no existieran leyes, sino las que ellos se autoimponen, es decir, las que ellos se inventan internamente.
En el país todo anda manga por hombro, porque quien debe imponer el respeto al ordenamiento jurídico nacional, son precisamente los que promueven su violación.
En este país nada es nada y las leyes son letras muertas, donde cualquier ratero se burla en la cara de sus víctimas porque cuenta con la complicidad, la negligencia y la ineptitud de quien debe perseguirlo.
En la República Dominicana prevalece la ley de la selva, donde nadie está seguro, porque aún aquellos que promueven la violación de la ley pueden ser víctimas de los que se dedican a lo mal hecho.
En pocas palabras, en el país el Gobierno amuela cuchillo para su propia garganta.