Editorial
El Gobierno delincuente que nada en su propia ilegalidad.
En la República Dominicana el Gobierno del Partido de la Liberación Dominicana ha impuesto un sistema de ilegalidad que sólo se rompe cuando afecta sus propios intereses, como por ejemplo el cobro compulsivo de los impuestos.
Es un Gobierno que promueve y defiende la ilegalidad como si cavara su propia tumba, porque llega un momento en que ello se constituye en una amenaza para la propia gobernabilidad.
Ahora el escándalo tiene que ver con una práctica impuesta en el país desde hace muchos años y nos referimos a la intervención de llamadas de una serie de ciudadanos en violación del mandato de la Constitución de la República.
El escándalo de ahora es parte de la guerra que libran las dos corrientes que operaban al interno del PLD, la de Danilo Medina y Leonel Fernández, cuyas víctimas son diputados al Congreso Nacional.
Lo impresionante de esto es con la desfachatez con que actúa el Gobierno frente a la violación de su propia legalidad.
Independientemente de que se esté o de acuerdo con la forma desaprensiva de comportarse de estos diputados, no se puede tolerar que el Gobierno viole la ley como si fuera cualquier cosa.
Naturalmente, que las autoridades nacionales tienen acostumbrado al dominicano a manejarse en el marco de una ilegalidad que asombra.
Cada órgano del Estado tiene su propio librito de ilegalidades, porque para citar algunas sólo habría que recurrir al desacato que comete, por ejemplo, la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN), donde se hacen cortes del servicio de agua al margen de lo decidido por el Tribunal Constitucional.
Ellos tienen su propio librito para hacerlo y esa institución actúa como si ella fuera otra República Dominicana que no es impactada por lo que decidan los tribunales competentes de la Nación.
Lo propio hace Edenorte Dominicana, la cual actúa como si en el país no existieran leyes, sino las que ellos se autoimponen, es decir, las que ellos se inventan internamente.
En el país todo anda manga por hombro, porque quien debe imponer el respeto al ordenamiento jurídico nacional, son precisamente los que promueven su violación.
En este país nada es nada y las leyes son letras muertas, donde cualquier ratero se burla en la cara de sus víctimas porque cuenta con la complicidad, la negligencia y la ineptitud de quien debe perseguirlo.
En la República Dominicana prevalece la ley de la selva, donde nadie está seguro, porque aún aquellos que promueven la violación de la ley pueden ser víctimas de los que se dedican a lo mal hecho.
En pocas palabras, en el país el Gobierno amuela cuchillo para su propia garganta.
La existencia humana es transitoria. El poder termina, las riquezas cambian de manos y las generaciones se suceden. Sin embargo, nuestras acciones pueden dejar huellas que trascienden el tiempo.
En una sociedad donde frecuentemente se confunde el éxito con la acumulación de bienes y el reconocimiento público, resulta necesario reflexionar sobre el verdadero sentido de nuestra existencia.
El valor de una vida no debería medirse por lo que acumulamos, sino por el bien que hacemos, los valores que transmitimos y las oportunidades que creamos para los demás.
La República Dominicana necesita comprender que construir un legado también significa fortalecer la educación, defender la justicia, actuar con honestidad y asumir responsabilidades frente a las futuras generaciones.
Porque, cuando llegue el momento de partir, lo verdaderamente importante no será cuánto tuvimos, sino cuánto contribuimos a mejorar el mundo que dejamos.
La vida pasa, pero el bien que sembramos puede permanecer.
La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil constituye un acontecimiento de extraordinaria trascendencia política para América Latina, no solamente porque garantiza la continuidad de un gobierno progresista en la principal economía de la región, sino porque representa un significativo revés para el bolsonarismo y las aspiraciones de influencia regional del presidente estadounidense Donald Trump.
La derrota de Flávio Bolsonaro, heredero político del expresidente Jair Bolsonaro, estrechamente vinculado al mandatario norteamericano, demuestra que el respaldo de una potencia extranjera y las afinidades ideológicas no garantizan el triunfo electoral ni sustituyen la voluntad soberana de los pueblos.
Este resultado adquiere mayor relevancia en momentos en que varios gobiernos latinoamericanos cercanos a Washington enfrentan crecientes cuestionamientos ciudadanos. En Argentina, Javier Milei registra importantes niveles de rechazo, mientras que en Chile, José Antonio Kast, y en Ecuador, Daniel Noboa, afrontan dificultades para mantener la confianza de amplios sectores de sus respectivas poblaciones.
Aunque cada nación presenta circunstancias económicas, sociales y políticas particulares, existe una lección común: los ciudadanos no pueden alimentarse de discursos ideológicos ni resolver sus necesidades mediante alianzas internacionales que no se traducen en beneficios concretos.
La inflación, la inseguridad, el desempleo, la desigualdad y el deterioro de las condiciones de vida terminan imponiéndose sobre cualquier estrategia de propaganda o confrontación política.
Sin embargo, sería prematuro interpretar la victoria de Lula como el inicio inevitable de una derrota generalizada de la derecha latinoamericana. Tampoco significa que la izquierda tenga asegurado el respaldo popular. El propio resultado brasileño evidencia una sociedad profundamente dividida y un electorado que exige respuestas a sus problemas cotidianos.
Lo verdaderamente significativo es que Brasil ha reafirmado su capacidad para decidir su destino político, manteniendo un importante contrapeso frente a los intentos de ampliar la influencia ideológica de Washington en la región.
Donald Trump conserva un considerable poder internacional, pero su influencia tiene límites cuando se enfrenta a la voluntad democrática de sociedades que defienden sus propios intereses.
América Latina necesita gobiernos comprometidos con el desarrollo económico, la justicia social, la institucionalidad democrática y la independencia de sus decisiones. No requiere dirigentes cuya principal fortaleza política sea la cercanía con una potencia extranjera.
El triunfo de Lula deja una enseñanza que debería resonar en todo el continente: la soberanía no se negocia, la confianza ciudadana no se hereda y ningún liderazgo extranjero puede sustituir el derecho de los pueblos a decidir su propio futuro.
La verdadera legitimidad de un gobierno no depende de quién lo respalde desde el exterior, sino de su capacidad para responder a las necesidades y aspiraciones de la sociedad que lo eligió.
La tragedia de la discoteca Jet Set, que dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos, debe convertirse en un punto de partida para revisar la seguridad de las edificaciones en República Dominicana. La protección de la vida humana no puede depender de la improvisación ni de que ocurra una desgracia para que las autoridades actúen.
La decisión judicial de modificar la calificación jurídica del caso hacia el homicidio voluntario sustentado en el dolo eventual abre un importante debate sobre la responsabilidad penal de quienes, conociendo riesgos estructurales graves, permiten que sus establecimientos continúen funcionando sin adoptar las medidas necesarias.
Aunque corresponde a los tribunales determinar la responsabilidad de los imputados, respetando la presunción de inocencia, el caso plantea una interrogante nacional: ¿cuántas edificaciones presentan deterioro, sobrecargas o modificaciones estructurales que podrían poner en peligro a sus ocupantes?
El Estado tiene la obligación de fortalecer la supervisión de los inmuebles, especialmente aquellos donde se concentran grandes cantidades de personas. Pero esta responsabilidad también corresponde a propietarios, administradores y comunidades de condominios, conforme a sus obligaciones legales.
No basta con aprobar planos y otorgar permisos de construcción. Se necesitan inspecciones periódicas basadas en criterios de riesgo, mantenimiento preventivo y medidas correctivas oportunas.
La seguridad estructural no debe considerarse un gasto opcional, sino una inversión indispensable para proteger vidas.
La República Dominicana no puede permitir que las advertencias técnicas sean ignoradas hasta que se produzca una tragedia. El caso Jet Set debe impulsar una verdadera cultura de prevención, fiscalización y cumplimiento de las normas.
Porque la responsabilidad de proteger vidas comienza mucho antes de que un edificio se desplome.