Editorial
El Gobierno entre la espada y la pared.
El Gobierno de Luis Abinader si una cosa ha proyectado ha sido su incapacidad para manejar idóneamente el país, iniciándose con una serie de nombramientos que han generado dudas entre todos los sectores que conforman la vida nacional.
Cualquiera pudiera pensar que Luis Abinader sufre de alzheimer porque no bien pisó el Palacio Nacional se le olvidaron todas las primesas que había hecho durante antes y después de la campaña electoral.
Es como si hubiera sido arropado por el síndrome que afectó al presidente Danilo Medina, quien no tenía forma de corregir los errores que cometía y finalmente sale del Gobierno totalmente desacreditado.
Abinader se inicia con el nombramiento de una serie de tecnócratas, que más que cualquier otra competencia, son genuinos y expertos representantes de unos grupos económicos que son los principales promotores de las asimetrías sociales que hoy se comen el país.
El segundo paso de Abinader es el nombramiento de personas vinculadas políticamente con el Partido Revolucionario Moderno (PRM), hasta tal punto que no para y hoy hay familias perremeistas con ingresos que llegan hasta los dos millones de pesos entre varios de sus miembros.
Un verdadero bochorno a la inteligencia de la gente, lo cual no tiene asidero desde el punto de vista moral y ético, valores que tanto reclama la sociedad en momentos tan difíciles.
La desfachatez ha sido de tal magnitud que Abinader habla que el Estado no es un botín cuando se trata de responderles a los perremeistas que buscan un empleo, pero nombra a representantes de los grupos económicos en los puestos más importantes de la administración pública.
Y para colmo coloca en el tren burocrático a personas muy cuestionables, como por ejemplo, el administrador del Banco de Reservas, estrechamiento vinculados con el escándalo de los Super Tucanos, pese a que conoce muy bien las demandas de la sociedad en lo que respecta a la corrupción
Todo esto ha matado la esperanza de un pueblo que reclama que se haga justicia con los que han desfalcado el Estado, pero esa confabulación con los responsables de lo mal hecho ha prácticamente arruinado una gestión de Gobierno que la gente esperaba que diera una respuesta a sus reclamos.
El caso de Abinader no se sabe si atribuirlo a sus vínculos con sectores que no tienen escrúpulos para hacer lo mal hecho, como uno que opera a lo interno del PRM y de otros que conforman algunos empresarios que sólo ven sus propios intereses, o sencillamente todo puede ser atribuible a un problema de ineptitud, negligencia o complicidad.
Es un asunto que en la medida que avanzan los días no hay forma de que el Gobierno se pueda desvincular de esos intereses malsanos que hoy rodean el Palacio Nacional, pese que podría pensarse también que la causa del problema radica en el propio PRM, cuyo partido es experto en autodestruirse por lo que se puede ver hasta ahora, herencia que proviene del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), su mentor
El 2024 es una fecha clave para que el país de un paso cualitativo en su situación política, económica y social y el mismo debe estar asociado a la idea de promover nuevos proyectos partidistas que procuren convertir el país en una nación donde se mejore la calidad del gasto para salir de los grandes problemas que se sufren en los ámbitos de la educación, la salud y en otros renglones vitales para tener una República Dominicana mejor.
La existencia humana es transitoria. El poder termina, las riquezas cambian de manos y las generaciones se suceden. Sin embargo, nuestras acciones pueden dejar huellas que trascienden el tiempo.
En una sociedad donde frecuentemente se confunde el éxito con la acumulación de bienes y el reconocimiento público, resulta necesario reflexionar sobre el verdadero sentido de nuestra existencia.
El valor de una vida no debería medirse por lo que acumulamos, sino por el bien que hacemos, los valores que transmitimos y las oportunidades que creamos para los demás.
La República Dominicana necesita comprender que construir un legado también significa fortalecer la educación, defender la justicia, actuar con honestidad y asumir responsabilidades frente a las futuras generaciones.
Porque, cuando llegue el momento de partir, lo verdaderamente importante no será cuánto tuvimos, sino cuánto contribuimos a mejorar el mundo que dejamos.
La vida pasa, pero el bien que sembramos puede permanecer.
La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil constituye un acontecimiento de extraordinaria trascendencia política para América Latina, no solamente porque garantiza la continuidad de un gobierno progresista en la principal economía de la región, sino porque representa un significativo revés para el bolsonarismo y las aspiraciones de influencia regional del presidente estadounidense Donald Trump.
La derrota de Flávio Bolsonaro, heredero político del expresidente Jair Bolsonaro, estrechamente vinculado al mandatario norteamericano, demuestra que el respaldo de una potencia extranjera y las afinidades ideológicas no garantizan el triunfo electoral ni sustituyen la voluntad soberana de los pueblos.
Este resultado adquiere mayor relevancia en momentos en que varios gobiernos latinoamericanos cercanos a Washington enfrentan crecientes cuestionamientos ciudadanos. En Argentina, Javier Milei registra importantes niveles de rechazo, mientras que en Chile, José Antonio Kast, y en Ecuador, Daniel Noboa, afrontan dificultades para mantener la confianza de amplios sectores de sus respectivas poblaciones.
Aunque cada nación presenta circunstancias económicas, sociales y políticas particulares, existe una lección común: los ciudadanos no pueden alimentarse de discursos ideológicos ni resolver sus necesidades mediante alianzas internacionales que no se traducen en beneficios concretos.
La inflación, la inseguridad, el desempleo, la desigualdad y el deterioro de las condiciones de vida terminan imponiéndose sobre cualquier estrategia de propaganda o confrontación política.
Sin embargo, sería prematuro interpretar la victoria de Lula como el inicio inevitable de una derrota generalizada de la derecha latinoamericana. Tampoco significa que la izquierda tenga asegurado el respaldo popular. El propio resultado brasileño evidencia una sociedad profundamente dividida y un electorado que exige respuestas a sus problemas cotidianos.
Lo verdaderamente significativo es que Brasil ha reafirmado su capacidad para decidir su destino político, manteniendo un importante contrapeso frente a los intentos de ampliar la influencia ideológica de Washington en la región.
Donald Trump conserva un considerable poder internacional, pero su influencia tiene límites cuando se enfrenta a la voluntad democrática de sociedades que defienden sus propios intereses.
América Latina necesita gobiernos comprometidos con el desarrollo económico, la justicia social, la institucionalidad democrática y la independencia de sus decisiones. No requiere dirigentes cuya principal fortaleza política sea la cercanía con una potencia extranjera.
El triunfo de Lula deja una enseñanza que debería resonar en todo el continente: la soberanía no se negocia, la confianza ciudadana no se hereda y ningún liderazgo extranjero puede sustituir el derecho de los pueblos a decidir su propio futuro.
La verdadera legitimidad de un gobierno no depende de quién lo respalde desde el exterior, sino de su capacidad para responder a las necesidades y aspiraciones de la sociedad que lo eligió.
La tragedia de la discoteca Jet Set, que dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos, debe convertirse en un punto de partida para revisar la seguridad de las edificaciones en República Dominicana. La protección de la vida humana no puede depender de la improvisación ni de que ocurra una desgracia para que las autoridades actúen.
La decisión judicial de modificar la calificación jurídica del caso hacia el homicidio voluntario sustentado en el dolo eventual abre un importante debate sobre la responsabilidad penal de quienes, conociendo riesgos estructurales graves, permiten que sus establecimientos continúen funcionando sin adoptar las medidas necesarias.
Aunque corresponde a los tribunales determinar la responsabilidad de los imputados, respetando la presunción de inocencia, el caso plantea una interrogante nacional: ¿cuántas edificaciones presentan deterioro, sobrecargas o modificaciones estructurales que podrían poner en peligro a sus ocupantes?
El Estado tiene la obligación de fortalecer la supervisión de los inmuebles, especialmente aquellos donde se concentran grandes cantidades de personas. Pero esta responsabilidad también corresponde a propietarios, administradores y comunidades de condominios, conforme a sus obligaciones legales.
No basta con aprobar planos y otorgar permisos de construcción. Se necesitan inspecciones periódicas basadas en criterios de riesgo, mantenimiento preventivo y medidas correctivas oportunas.
La seguridad estructural no debe considerarse un gasto opcional, sino una inversión indispensable para proteger vidas.
La República Dominicana no puede permitir que las advertencias técnicas sean ignoradas hasta que se produzca una tragedia. El caso Jet Set debe impulsar una verdadera cultura de prevención, fiscalización y cumplimiento de las normas.
Porque la responsabilidad de proteger vidas comienza mucho antes de que un edificio se desplome.