Nacionales
El Gobierno estima que en 14 meses regularizará extranjeros ilegales
GINEBRA.- El Gobierno presentó hoy a la comunidad internacional el «más ambicioso y completo plan» para que los extranjeros en situación irregular normalicen su estatus de estancia en el país con todas las garantías legales.
República Dominicana rindió ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), con sede en Ginebra, un completo informe sobre los avances del país en materia de derechos humanos como parte de los trabajos de la 18ª sesión de este organismo.
El gobierno dominicano explicó algunas de las medidas adoptadas desde el 2009 -fecha de la presentación del anterior informe- para garantizar los derechos de los niños, mujeres, homosexuales, discapacitados y migrantes.
La delegación oficial dominicana estuvo encabezada por la Vicecanciller Alejandra Liriano y la Jefa de la Sección de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores, Rhadys Abreu de Polanco.
Respecto al capítulo migratorio, Liriano reconoció que a pesar de que recientemente ha suscitado un mayor interés, se trata de un compromiso de gobierno del presidente Danilo Medina.
«El Gobierno ha puesto en marcha, en tiempo récord, el más ambicioso y completo plan en la historia del país en esta materia», señaló Liriano para añadir que «estamos, de hecho, ante una de las mayores iniciativas llevadas a cabo por un Gobierno en materia de reconocimiento de derechos en las últimas décadas».
Asimismo, y después de agradecer el interés de la comunidad internacional y sus aportaciones, esperó que «la hoja de ruta coherente, completa y eficaz» en materia de regularización migratoria «pueda ser valiosa también para otros países en situaciones similares».
La Vicecanciller explicó que las iniciativas del Gobierno van encaminadas en dos direcciones: Una, que tiene que ver con la situación irregular de migrantes extranjeros; y dos, que se refiere a la situación de nacionales que no tengan sus documentos en regla.
La primera iniciativa es el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en Situación Migratoria Irregular. De acuerdo a este plan, los extranjeros en situación irregular podrán normalizarla siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos para ello.
«Sólo con este plan, la República Dominicana podría normalizar en los próximos 14 meses elestatus migratorio de miles de personas, procedentes de más de 100 naciones y que se encuentran actualmente en situación irregular en el país, poniendo fin así a su situación de incertidumbre e irregularidad», señaló.
Como acciones concretas, anunció que durante este mes de febrero estarán operativas en todo el territorio oficinas provinciales para dar servicio a los beneficiarios del proceso de regularización. Asimismo, a partir de este mismo mes, se pondrá en marcha un amplio programa de difusión y publicidad del plan.
La Vicecanciller subrayó que respecto a los inmigrantes irregulares que trabajan y estudian en el país, el Gobierno ya ha prometido darles prioridad en el otorgamiento de visas de trabajo y de estudios.
Liriano destacó que el Gobierno se compromete a realizar «una asignación suficiente de recursos humanos, técnicos y materiales» para que se pueda llevar adelante dicho plan. Además, enfatizó que, tal y como ha venido haciendo hasta ahora, el Gobierno contará con el apoyo de la sociedad civil, iglesias, organizaciones comunitarias y demás instituciones, tanto en el proceso de acompañamiento como de identificación de los beneficiarios del plan.
El Gobierno dominicano recordó, asimismo, que como ya se garantizó el pasado noviembre mediante Decreto presidencial, durante la implementación del proceso de regularización quedarán suspendidas las deportaciones para quienes decidan acogerse al Plan. «Este Decreto está siendo cumplido de forma escrupulosa por las autoridades», indicó Liriano.
La segunda iniciativa está enfocada en resolver la situación de irregularidad en la que se encuentran los hijos de inmigrantes indocumentados registrados en República Dominicana, y sus descendientes.
«Es importante resaltar que este proceso no afecta a todos los hijos de inmigrantes nacidos en el país, puesto que los que tengan al menos un progenitor residiendo legalmente son dominicanos», recordó la Vicecanciller.
Liriano reiteró «la postura firme» del gobierno dominicano de que «ninguna persona que tenga la nacionalidad dominicana va a ser despojada de ella».
Por otro lado, el gobierno dominicano subrayó su compromiso con los derechos humanos básicos de todas las personas que se encuentran en su territorio.
Como ejemplos, citó que se invierte el 18% de su presupuesto de salud en atender a la población inmigrante, o que alrededor de 36.000 hijos de inmigrantes están matriculados en escuelas públicas básicas en todo el país, sin necesidad de presentar documentación alguna e independientemente de su estatus legal.
Asimismo, que las leyes laborales dominicanas protegen a los trabajadores de cualquier nacionalidad, independientemente de su estatus legal, y los tribunales laborales se pronuncian sin prejuicio de aquellos inmigrantes cuyos derechos se hayan violado, según la legislación dominicana.
La comunidad internacional saludó los avances en materia de derechos humanos, a la vez que algunos países hicieron algunas recomendaciones en diversos temas de la agenda que serán estudiadas por el Gobierno para el próximo ciclo de evaluación, en un período de cuatro años.
Nacionales
La Finjus advierte que CNM no tiene la capacidad técnica para evaluar a jueces de la Suprema Corte de Justicia.
Santo Domingo, R.D.-Llega a su fin la gestión del presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, quien el pasado sábado alcanzó su séptimo año en la posición, por lo que llega al tope de tiempo que establece la Constitución de la República.
A partir de ahora el presidente de la SCJ tiene que ser evaluado por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), encabezado por el presidente Luis Abinader, quien deberá determinar si éste debe seguir al frente del sistema de justicia, cuyo principal escollo para su ratificación es que llegó a la posicion mediante una decision politica y mientras era miembro del Comite Central del Partido de la Liberacion Dominicana (PLD).
Este procedimiento de evaluación de desempeño a los jueces del Poder Judicial se ha realizado desde el año 1997. Sin embargo, la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) considera que el CNM no tiene la capacidad técnica para analizar el ejercicio de los jueces.
El vicepresidente de la Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, aseguró que para el CNM “siempre será un reto” elegir jueces de altas cortes, ya que la mayoría de sus integrantes provienen del sector político.
“La composición del consejo es política. Hay quienes no quisiéramos que políticos lleguen a la Suprema”, así lo expresó este martes al ser entrevistado por reporteros en el Congreso Nacional.
Ante la falta de “capacidad técnica” del órgano constitucional, considera necesario incluir en una próxima reforma de la Carta Magna limitar el tiempo de trabajo de los magistrados designados a la SCJ a tan solo siete años, sin repetir en el cargo.
“Nosotros siempre hemos abogado porque en una eventual reforma a la Constitución, los jueces de la SCJ sean nombrados para un periodo y que no los tengamos que estar sometiendo a procesos de evaluación de desempeño”, manifestó.
Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la FINJUS, identificó “nudos críticos” que representan un retroceso en las garantías ciudadanas.
Mientras tanto, el representante de la organización no gubernamental espera que en esta ocasión el Concejo Nacional de la Magistratura sea “lo más objetivamente posible” al decidir sobre el futuro de la presidencia de la SCJ, así como de otros 10 jueces que deberán ser evaluados.
“Que eso no se trate de un concurso de oposición, se trata de evaluaciones que deben estar sobre la base de la objetividad. No sobre la base de presunciones… Tienen toda la oportunidad de hacer una buena evaluación a quienes quieran continuar siendo jueces de la Suprema ”, precisó.
Aunque prefiere esperar por el dictamen del CNM, Castaños Guzmán adelantó su valoración positiva a la gestión del magistrado Henry Molina, indicando que este ha tenido “un excelente desempeño”, al igual que otros jueces.
“Ha dignificado el Poder Judicial, creo que lo ha puesto en un nivel que se puede comparar con países del área. Desde el punto de vista de lo que son los indicadores internacionales, el poder judicial ha sacado notas sobresalientes conforme a lo que había sido evaluaciones anteriores”, dijo.
¿Políticos a la justicia?
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, es uno de los funcionarios que ocupan un asiento en el Consejo Nacional de la Magistratura.
A pesar de que aclaró hablar de manera individual, aseguró que la intención de la mayoría de los miembros del CNM está centrada en “nombrar personas calificadas y que no prime el criterio político”.
“Eso yo te lo puedo garantizar”, declaró Pacheco al contestar las preguntas de periodistas en la sede del Poder Legislativo.
Pacheco adelantó que “dentro de muy poco tiempo” el CNM sería convocado. No obstante, aún el presidente Abinader no ha realizado una convocatoria oficial.
Composición del CNM
Los demás funcionarios que acompañan al presidente de la República en el Consejo Nacional de la Magistratura son el presidente del Senado, un senador o senadora que representa a la segunda mayoría política.
Asimismo, el presidente de la Cámara de Diputados, junto a un legislador del principal bloque político opositor, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y un magistrado de su pleno que le acompañe. Por último, el presidente del Tribunal Constitucional.
El pasado 22 de diciembre, el CNM juramentó a cinco nuevos jueces, tras realizar un procedimiento de entrevistas a alrededor de 83 perfiles interesados en ser escogidos.
Estos fueron Edyson Alarcón Polanco, Miguelina Ureña Núñez, Manuel Hernández Victoria, Yorlin Vásquez Castro y Namphi Rodríguez.
¿Cuáles son los requisitos?
El artículo 152 de la Constitución establece que la Suprema Corte de Justicia es el órgano jurisdiccional superior de todos los organismos judiciales, el cual estará conformado por no menos de 16 jueces.
Dentro de los requisitos para aplicar se encuentran ser licenciado o doctor en Derecho. Así como haber ejercido durante al menos 12 años la profesión de abogado, docencia universitaria del derecho o haber desempeñado, por igual tiempo, las funciones de juez dentro del Poder Judicial o de representante del Ministerio Público.
Santo Domingo, R.D.-Wilson Camacho, titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, afirmó que la corrupción en el sistema de justicia es de las peores formas de corrupción que pueden existir, «porque afecta la seguridad jurídica y hace que el derecho sea soluble en dinero».
El procurador adjunto calificó de «grave» el caso que involucra al fiscal adjunto Aurelio Valdez Alcántara, acusado de recibir 10,000 dólares de parte de Roberto Canaán, testigo en el caso Senasa.
Valdez Alcántara es procesado tras una operación de «entrega vigilada» ejecutada por el propio Ministerio Público.
Ante la interrogante de si el hecho constituye una extorsión o un soborno, Camacho aclaró que la imputación formal es por soborno.
Según el procurador adjunto, el imputado solicitaba beneficios económicos a cambio de alterar el curso de las investigaciones que estaban bajo su responsabilidad.
El magistrado destacó que este caso es el resultado de un proceso de inteligencia y ejecución interna, diseñado para extirpar conductas ilícitas dentro de la institución. Asimismo, reiteró que la línea de acción trazada por la Procuradora General de la República y la Dirección de Persecución es de tolerancia cero.
Sobre la posible implicación de otras personas o la vinculación del imputado con otros casos previos, Camacho precisó que se trata de una investigación abierta.
Explicó que el arresto fue posible gracias a una técnica de investigación autorizada judicialmente, lo que permitió atrapar al implicado en flagrante delito.
Santo Domingo, R.D.- Tres meses de prisión preventiva impuso el juez del juzgado de atención permanente de Santo Domingo Este en contra del coronel de la Policía Nacional, Fausto Madé Ramírez, imputado de agredir físicamente a una adolescente durante un incidente captado en video y viralizado en las redes sociales.
El magistrado Leomar Cruz Quezada dispuso que el oficial cumpla la prisión en en el Centro de Operaciones Especiales de Manoguayabo de Santo Domingo Oeste.
El tribunal tomó la decisión al acoger una solicitud de medida de coerción presentada por los fiscales de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género de la Fiscalía de Santo Domingo Este. En la audiencia los abogados Bunel Ramírez, Ambiorix Arnold y Sócrates Franco habían solicitado al juez rechazar la solicitud de prisión preventiva e imponer una medida de coerción menos gravosa.
A la salida del tribunal el coronel rehusó hablar con los medios momentos en que era trasladado bajo estricta medida de seguridad.
De acuerdo con el Ministerio Público, los hechos denunciados por la joven Charlizze Altagracia Hernández Monegro ocurrieron la madrugada del pasado 30 de marzo en el sector Los Mina.
Según la denuncia, la víctima se encontraba dentro de un vehículo junto a una hermana menor de edad y el propietario del automóvil, cuando fueron abordados de manera insistente por una patrulla dirigida por el coronel Madé Ramírez.
Ante el daño a la propiedad, la joven y sus acompañantes descendieron del auto para documentar lo sucedido con sus teléfonos móviles. Fue en ese momento cuando, tras percatarse de que estaba siendo grabado, el coronel Madé Ramírez reaccionó de forma violenta.
Aduce que el imputado procedió a agredir física y verbalmente a la joven, tomándola por el pelo de forma brusca y lanzándola al suelo.