De portada
El Gobierno pone su empeño más que en hacer justicia en lavar su imagen a nivel nacional e internacional y cuyo interés parece estar muy tarde y difícil
Por Elba García
Lo que parece ser un sabotaje a las elecciones municipales del pasado domingo se dilucida, principalmente, a nivel mediático, porque el que sepa vender mejor su verdad podría ganar la batalla frente a una agresión muy grave a la democracia.
El primero en comenzar su ofensiva mediática fue el PLD a través de su presidente, Temístocles Montás, quien en todo momento ha dado un manejo confusivo a los medios de comunicación, pero que en algún momento le sacó cuerpo o ventaja a la oposición.
En estos momento la guerra mediática parece estar en favor de los peledeístas, a menos que se despejen dudas sobre la supuesta participación en la trama del coronel y guarda espalda de Luis Abinader y el empleado de la empresa de telecomunicaciones Claro.
Ambos son investigados en la jefetura de la Policía Nacional, donde se da casi por seguro que tienen que ver con el asunto, pero que la trama parece ser parte de grupos de mayor poder político, porque no se entiende como personas vinculadas a la oposición tendrían facilidad para cometer semejante atentado a la democracia dominicana.
De entrada se ha podido comprobar que la orden de arresto en contra de los supuestos imputados o los investigados no fue emitida por el juez correspondiente, ya que los delitos electoral son competencias del Tribunal Superior Electoral, según la Constitución de la República.
Sin embargo, como en este caso se busca limpiar la mala imagen del Gobierno, el Ministerio Público procede hasta con arbitrariedad y en violación de la ley para apresar a los supuestos responsables de un crimen electoral de lesa patria.
Todo el mundo sabe que en la República Dominicana el Ministerio Público es un órgano del Estado que más que perseguir el crimen, hace una labor de politiquería en favor del partido en el gobierno.
Esta interpretación no es fruto de una politización del caso, sino que este mismo órgano no tiene ninguna capacidad ni para perseguir, apresar y enviar a la justicia a un ratero, porque la mayoría de los fiscales están al servicio de lo mal hecho.
No obstante, lo recomendable y lo que la sociedad reclama es que se haga justicia sin importar donde se escondan los responsables, pero sin caer en atropellos y violación de la ley sobre la materia, como ha ocurrido con la orden de arresto emitida por un juez que no tiene competencia para ello.
La gente está a la expectativa de las acciones que ejecuta el gobierno, porque se sabe demás que las autoridades también buscan limpiarse de un hecho que ha afectado todo el aparato institucional, político y electoral del país.
Las suspensiones de las elecciones municipales han dejado un sabor muy amargo entre el ciudadano y la población en general que observa desde hace años como los gobernantes de turno se apropian impunemente del patrimonio público.
Prácticamente nunca hay una sanción para los que han ido al Estado a robarse lo que no es suyo, empobreciendo y creándoles serias dificultades a las grandes mayorías nacionales, sin que haya ninguna posibilidad de una sanción ejemplarizadora para los responsables.
No se entiende que en la República Dominicana la justicia sólo sea aparentemente eficiente cuando se trata de enjuiciar a todo el que provenga de la oposición, como una forma de demostrar que la ley no es igual para todos.
De portada
Pretensiones imperiales toman tanto impulso con la era trompista que prácticamente borra del mapa el derecho internacional
El mundo atraviesa por grandes tensiones como resultado de las no disimuladas acciones de la administración Trump de retornar el planeta a una selva en la que no se respetan derechos, no sólo de las personas físicas, sino también de los Estados.
Hablar después de lo ocurrido en Venezuela con la incursión militar de EE.UU. para la aparente aprehensión de Maduro, cuyo real trasfondo es apropiarse de sus riquezas naturales, principalmente del petróleo, lo que ha tomado un curso que implica una conducta al margen de la ley sirve para justificar otras que tienen la misma característica.
Es decir que un Estado ocupar el territorio de otro es una medida al margen del derecho internacional contenido en tratados y convenciones y muy concretamente en la Carta de la ONU.
Y ello crea una situación que pone en peligro los territorios soberanos que conforman el mundo y que justificarlo o tolerarlo mínimamente conlleva que las diferentes sociedades se rijan por la Edad de Piedra en la que el más grande se traga al más chiquito, cuya opción parece predominar en los Estados Unidos, donde se impone la irracionalidad y la falta de razonabilidad.
La vulneración de las fronteras toma tanta fuerza que ahora la administración Trump habla de que por razones de seguridad debe tomar por la fuerza a Groenlandia, isla autónoma de Dinamarca, sino que igual manera amenaza el imperio en contra de Colombia y México mediante la excusa de combatir el narcotráfico.
Lo preocupante del fenómeno es que los medios de comunicación y una serie de gobiernos justifiquen el apresamiento de Maduro y en consecuencia den luz verde de intervención de un Estado en contra de otro que se supone que debe tener sus propios mecanismos de solución de cualquier distorsión del Estado Social Democrático y de Derecho.
Las acciones ilegales del imperio del norte toman tanta fuerza que ya el tema se aborda como si se hablara de una acción legal y legítima, lo cual a Trump a decir que sus funcionarios tendrán el control de Venezuela.
Este peligro no sólo se observa en los actuales momentos en que Maduro, un presidente seriamente cuestionado por la comunidad internacional, pero cuyo apresamiento es ilegal desde cualquier perspectiva que se vea.
De manera que una o varias acciones ilegales, no puede generar otras que se apoyen en derechos, porque entonces se entra en una contradicción con el derecho internacional.
Hay una famosa expresión muy popular que dice que se camufla cuchillo para su propia garganta, lo que pone en una situación muy difícil a los gobiernos que se prestan a ese juego como la República Dominicana y otras naciones de los hemisferios occidental y orientar, cuyas soberanías están muy mancilladas.
Son de tanto peso los controles imperiales, que la sola amenaza de violar su soberanía y su territorio surten unos efectos que no se habían logrado mediante la presión mediática y a través de organismos de concertación pública de carácter internacional.
Inexplicablemente este comportamiento hegemónico se empodera, mientras el derecho internacional muere sin que los países víctimas den una respuesta en bloque como una forma de sustentarse en la herramienta que lo salvaría de la barbarie como lo constituye el derecho internacional.
De portada
Posición de R.D. sobre Venezuela es acomodamiento a su condición de sometida a nuevos requerimientos de Trump.
Lo planteado por el Gobierno de Luis Abinader de que no comparte la elección de Delcy Rodríguez como presidenta transitoria de Venezuela tras el apresamiento de Nicolás Maduro, revela que República Dominicana quiere incluso superar lo impuesto por Estados Unidos, pero siempre ajustada a los intereses de la potencia del norte.
La realidad es que la pregunta que se impone es y hasta dónde y quién ha dicho que el país tiene la facultad de objetar a una mandataria provisional escogida por el órgano competente y supuestamente sugerida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas conlleve algunos requerimientos democráticos.
Sin embargo, la posición dominicana implica la violación del derecho internacional, entre los que se encuentran el de soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como la Carta de la ONU.
Evidentemente que el ingrediente introducido por el Gobierno dominicano resulta gracioso para los intereses foráneos que convergen en Venezuela, máxime los que están asociados a los Estados Unidos.
La contradicción dominicana con lo planteado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y su práctica en política exterior, ya que el presente Gobierno siempre se inclina por la intromisión en los asuntos internos de otros países, no deja la naci0n buen parada en la comunidad internacional.
Resulta poco entendible que la República Dominicana no haya apoyado abiertamente la incursión ilegal de Estados Unidos en Venezuela, pero que preste su territorio para el apoyo logístico de la acción.
Es una especie de doble moral, pese a que en su lugar debió mantener una posición aparentemente neutral, aunque de cualquiera manera ya estaba involucrada en una intervención armada que viola los principios fundamentales del derecho internacional
De lo que no queda ninguna duda es que el crédito internacional en política exterior del país ha quedado seriamente comprometido con una causa de la que ha sido una víctima en una diversidad de ocasiones como en el 1916 y el 1965.
La verdad que pretender una conducta diferente de la nación frente a la irracionalidad de Trump sería mucho pedir, sobre todo cuando otros países pertenecientes a la Unión Europea y otras superpotencias como Rusia y China también son tolerantes con la agresividad e intromisión del principal imperio del mundo.
No obstante, desde cualquier perspectiva que sea vea el asunto la conclusión no puede ser otra que en la situación pesa más el miedo que la vergüenza y la dignidad del pueblo dominicano.
De portada
La República Dominicana inhabilitada en política exterior en el nuevo escenario imperial de Trump
La República Dominicana con una ocupación militar parcial de Estados Unidos, se proyecta como una presa sin libertad para expresarse libremente en política exterior.
La ocupación militar, aunque sólo se observa en el Aeropuerto Internacional de las Américas, abarca otros entornos que no son necesariamente visibles.
Pero la agresividad o poco disimulada intervención, deja el país y de igual modo a prácticamente toda Latinoamérica, a merced del capricho y la voluntad de los intereses de la nueva cara del imperio.
La República Dominicana ni por asomo se atreve a pronunciarse libremente sobre política exterior sin que esté a tono con la linea trazada o impuesto por la administración Trump.
La pregunta que subyace es si ese nuevo cuadro no implica también un trastorno del régimen legal, porque se podría estar en un escenario en el que los derechos fundamentales pasen a un segundo plano en el que el Estado Social Democrático de Derecho sea una expresión vacía y sin sentido.
Por razones geopolíticas y factores muy particulares, el país se asoma a un resquebrajamiento del proceso de constitucionalización del derecho a nivel interno y retroceder la nación a épocas ya superadas.
La pregunta que se impone es si prevalecerá en el mundo el pregonado derecho internacional cuando las instituciones que lo enarbolan pierden autoridad moral frente a las violaciones provenientes de potencias como los Estados Unidos que ya ni siquiera guarda las apariencias
El problema, que tiene una dimensión mundial, pero impacta más severamente a los países del tercer mundo y que propicia la posibilidad del surgimiento de regímenes de fuerza, aunque con simulaciones democráticas.
La preocupación tiene que ver con el hecho de graves violaciones del derecho internacional en una época en que éste forma parte consustancial del derecho interno y entonces qué se puede esperar como resultado.
El retroceso de la línea trazada por Donald Trump representa una amenaza mundial contra los logros del derecho contemporáneo, no sólo en favor de las personas físicas, sino también de los Estados más pequeños y débiles.
Hay precedentes en esta materia cuando predominaba en el mundo el llamado constitucionalismo clásico, que dio paso a dictaduras como las Adolfo Hitler en Alemania y la de Benito Mussoline en Italia, cuyos resultados fueron realmente catastróficos para la humanidad.
La interrogante que permanece en el nuevo panorama mundial es si va a pesar más el miedo que la vergüenza y la dignidad de los pueblos del mundo.