Análisis Noticiosos
El Gobierno se esfuerza en contener la marcha contra la impunidad
Por Juan Bolívar Díaz
El Gobierno desplegó esta semana lo que pareció una ofensiva para distanciarse de la corrupción que se le endilga y responder el clamor nacional contra la impunidad, al reanudar las investigaciones sobre los sobornos en la compra de los aviones Tucano por 93.7 millones de dólares y sobre las irregularidades en la venta del barrio Los Tres Brazos.
La Procuraduría General también presentó querella contra algunos de los involucrados en la mafia extorsionadora que provocó el suicidio de un contratista en plena Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), mientras la Dirección General de Contrataciones Públicas anunciaba la anulación de licitaciones en dos organismos estatales.
Abandona la pasividad. El Gobierno no se ha detenido tras las imputaciones a 14 personas por el escándalo de sobornos de la Odebrecht y esta semana lanzó una ofensiva procurando distanciarse de la pasividad y la impunidad con que había visto pasar numerosos actos de corrupción que han rebosado la paciencia ciudadana.
El éxito de la última marcha verde, efectuada hace dos semanas en San Pedro de Macorís, demostró que hace falta mucho más para contener la indignación ciudadana, por lo que se ha pasado a dilucidar varios de los casos acumulados en el rosario de corrupción nacional.
Ninguno más parecido al de Odebrecht que los sobornos por la compra de los 8 aviones Súper Tucano, también en Brasil, a un costo de 93.7 millones de dólares, por igual confesados ante la justicia estadounidense por la empresa Embraer, que habría pagado coimas de 205 millones de dólares, 3.5 millones en la República Dominicana, y el resto en Arabia Saudita y Mozambique.
Otros dos escándalos, enrostrados sistemáticamente al Gobierno del presidente Danilo Medina, fueron reactivados por la Justicia en esta semana: el de la mafia extorsionadora que operaba en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) y el de la venta de los terrenos del barrio Los tres Brazos, en Santo Domingo Este, pertenecientes a la otrora poderosa Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE).
Ningún caso completado. Ninguno de los tres casos abordados esta semana por la Procuraduría General de la República ha podido culminar en imputaciones satisfactorias y más bien ha parecido que se juega al olvido.
El revuelo de las denuncias de sobrevaluaciones y sobornos para la compra y aprobación del contrato de los Tucano comenzó desde que se planteó la adquisición cerrada en el 2008.
En mayo de 2016 el diario Wall Street Journal ofreció los detalles del soborno a militares y legisladores por los 3.5 millones de dólares. Desde febrero de 2016 la Procuraduría General asumió la investigación robustecida con la confesión de la Embraer en octubre.
Hasta el momento el Ministerio Público solo ha imputado al exministro de las Fuerzas Armadas Pedro Rafael Peña Antonio y al coronel Carlos Piccini Núñez, así como al empresario Daniel Aquino Méndez y su hijo Daniel Aquino Hernández.
Ningún legislador ni político ha sido imputado, aunque desde el principio se vocean nombres y apellidos, en una compra por 94 millones de dólares, cuyo financiamiento fue denunciado en el Congreso Nacional antes de su aprobación.
Como en el caso Odebrecht, la percepción generalizada es que en los Tucano no solo hubo sobornos, sino también sobrevaluación, comparando los precios a que otros países, como Colombia, habían pagado el mismo tipo de aeronave.
Otra similitud es que en este también ha habido selectividad en las imputaciones, pues han resultado ilesos los ejecutivos de otras dos empresas identificadas como las mayores correas de las transferencias al país del dinero, teniendo en común apellidos tan sonoros como Balaguer y Rojas Tabar. Con nuevos interrogatorios, la Procuraduría General de la República procuraría completar un expediente creíble. Hasta ahora solo el coronel Piccini Núñez está preso y es señalado como un “chivito expiatorio”.
Expedientes en OISOE. Tres de los escándalos de corrupción del actual Gobierno han sido los que afectaron a la OISOE, la CORDE y el Consejo Estatal del Azúcar (CEA).
Los dos primeros fueron de los abordados esta semana. El de la OISOE es el más avanzado, ya que el lunes la Procuraduría Especializada para Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) presentó acusación formal ante juez contra cuatro involucrados.
Aquí también se denuncia selectividad, pues se atribuye a cuatro funcionarios medios la operación de una red de extorsiones para contrataciones y pagos de obras, que hizo explosión en septiembre de 2015 con el suicidio en plenas oficinas de la OISOE del contratista David Rodríguez, quien dejó una nota acusatoria.
Luego el Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) presentó otros 52 expedientes sujetos a la misma extorsión. Muy pocos han aceptado que no hubiese al menos complicidad en los mandos superiores de la institución.
La PGR tiene otro expediente pendiente de la OISOE, bajo la misma administración, por haber casi duplicado el costo de la remodelación del hospital Darío Contreras, originalmente contratada por 886 millones de pesos y que concluyó en 2014 en 1,700 millones de pesos.
La enorme sobrevaluación fue certificada en una auditoría de la Cámara de Cuentas, revalorada por la Dirección General de Contrataciones Públicas que remitió el expediente a la PGR hace año y medio.
Las sobrevaluaciones de hasta 100 por ciento han sido sistemáticas en la OISOE, señalándose los casos de los parqueos del Palacio de Bellas Artes y de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, bajo la administración del ahora senador Félix Bautista.
Los casos más difíciles. Para responder los cuestionamientos que han generado la indignación de la Marcha Verde, la PGR tiene todavía mucho terreno por cubrir, especialmente en las investigaciones de las denuncias de sobrevaluaciones. Comenzando mayo el Centro Juan XXIII, Participación Ciudadana, Santiago Somos Todos y la Fundación Masada, presentaron una denuncia para que se investigue el financiamiento de campañas electorales por Odebrecht.
El documento se basó en las revelaciones de los interrogatorios en Brasil y recogió la ruta de la operación Lava Jato hasta la República Dominicana, documentando transferencias por 4 millones 396 mil dólares de empresas offshore de Odebrecht a la firma Cine&Art 2013 establecida en Santo Domingo por asociados de Joao Santana, el asesor de las campañas electorales de Danilo Medina. Hasta el momento no ha habido respuesta.
Pero a la PGR no le ha interesado investigar las denuncias de financiamientos de campañas. En mayo del 2015 un grupo de 17 diputados del Partido Revolucionario Moderno depositó una instancia para que los interrogaran sobre la voceada compra de votos para la reforma constitucional que permitiría la reelección de Medina.
Luego en marzo de 2016 el mismo partido sometió otra denuncia para que investigaran las relaciones de la empresa de Joao Santana Polis Caribe con el Estado. Silencio en ambos casos.
Análisis Noticiosos
Naciones de la Amazonia boliviana trazan planes de vida para evitar su extinción
Seis pueblos del norte y noroeste del país plasman su lengua, costumbres y demandas en autodiagnósticos
Bolivia ha sido históricamente proyectada como el país más indígena de Sudamérica. La presidencia más longeva a cargo de un mandatario de origen nativo estuvo acompañada de un largo proceso institucional y social para reconocer la diversidad de sus habitantes. Por la cantidad de sus miembros y su empuje político, las culturas andinas, la aimara y la quechua, han protagonizado las mayores conquistas. Sin embargo, 30 de los 36 pueblos originarios reconocidos en la constitución boliviana provienen de la parte tropical y amazónica del país. La reducida cantidad de sus pobladores y su aislamiento geográfico los han llevado a ser constantemente postergados por el Estado. Tal vez de ahí surge un sentido de orgullo que los impulsa a mantener intacto su idioma y su vocación de gobernarse bajo sus propias normas.
La capacidad de reconocer el sonido de cada una de los cientos de especies de pájaros que existen, las miles de experimentaciones realizadas con plantas para descubrir qué dolores alivian o la herida generacional de la fiebre del caucho que obligó a su dispersión. Las naciones situadas en la parte de Bolivia atravesada por la Amazonia, en el norte y noroeste, comparten todas estas características, pero también padecen las mismas carencias. Las carreteras desde los poblados hasta las capitales más cercanas son precarias, al punto de volverse intransitables en época de lluvias, y a otras comunidades solo se llega en embarcación. Esto convierte en travesías el arribo de medicamentos, profesores y, en general, cualquier forma de conectividad con el exterior.
Como parte de la actual revalorización occidental del “pulmón del mundo”, la Cooperación Española ha puesto su atención en estas comunidades, asesorándolas para elaborar planes de vida y organizar sus demandas con el fin de generar incidencia. Ross Amils, integrante de la Cooperación Española dedicada al proyecto, denomina al proceso —que duró dos años— como autodiagnósticos comunitarios: “Son documentos creados por los pueblos para gestionar su relacionamiento con la administración del Estado. Hubo reuniones con instancias del gobierno local y municipal para plantear los principios de los planes de vida. Además, brindan un contexto de las naciones y de las necesidades que ellos perciben”.
Se elaboraron seis planes de vida para seis naciones (esse ejja, machineri, yaminahua, yuqui, kabineño y tacana), a partir de diagnósticos en 33 comunidades. Participaron instituciones como el Fondo Indígena para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob) y el Centro de Formación y Realización Cinematográfica. El proyecto también dio lugar a una exposición fotográfica en la oficina de la Cooperación Española en Santa Cruz de la Sierra, abierta hasta el 20 de mayo, donde se exhiben cortos documentales y objetos de algunas de las tribus.
El resultado es la fotografía de una región con culturas vivas y latentes. Lo que más sorprende, dada la reducida cantidad de habitantes en muchos casos, es la pervivencia de la lengua. La nación Yaminahua, por ejemplo, está conformada por 131 personas, de las cuales casi el 70 % domina el idioma homónimo, de acuerdo con los planes de vida. “El idioma no lo perdemos. Hasta los jóvenes, cuando salen a la ciudad, lo mantienen. Lo vemos como una ventaja”, explica la primera concejal de Puerto Yaminahua, Pilar Duri. Es más, como se indica en su documento pertinente, los 953 esse ejja dominan su idioma y aprendieron a hablar castellano solo al ingresar al colegio, porque es la lengua que dominan los profesores.
Para el nivel secundario, son pocos los docentes que se animan a emprender la travesía hacia estas poblaciones. Fátima Monje, presidenta de la comunidad Las Amalias —la más alejada de las seis que conforman a los esse ejja— explica cómo llegar desde la urbe más cercana: “Se debe navegar desde Riberalta durante 24 horas en embarcación fluvial. Existe otra vía, disponible solamente en época seca (de junio a noviembre): saliendo desde Riberalta, se viaja por una carretera sinuosa durante 11 horas hasta llegar a Ingavi; desde allí, se debe navegar dos horas hasta Las Amalias”.
Los machineri, por ejemplo, aprovechan su ubicación fronteriza con Brasil, sobre el río Acre, para cruzar al país vecino en busca de salud y otros servicios básicos. “Compramos todo en Brasil. Assis Brasil está a 10 kilómetros de nuestra comunidad, San Miguel de Machineri; Cobija —la capital de Pando, el único departamento de Bolivia totalmente amazónico— está a 110 y la carretera no siempre es transitable”, cuenta el capitán grande de esta nación, Leomir Flores. Los machineri, como los pueblos vecinos, viven en una Tierra Comunitaria de Origen (TCO), lo que les permite regirse por su propia forma de gobierno y sus normas internas.
Este logro fue conseguido tras el histórico desplazamiento a pie de más de 600 kilómetros desde el oriente del país hasta la sede de Gobierno en La Paz, en 1990, conocido como la Marcha por el Territorio y la Dignidad. El Estado se vio obligado a reconocer oficialmente, por primera vez, los territorios indígenas en tierras bajas y a otorgarles autonomía sobre su suelo. Como responsable de su nación, Flores se muestra preocupado. Las ayudas locales e internacionales prometidas suelen quedarse en anuncios o a medio ejecutar: “Visité Santa Cruz en 2024, La Paz el año pasado y en septiembre tuvimos una reunión con la Unión Europea. A todos les digo lo mismo: ‘No coordinen con la gente de la ciudad; somos nosotros quienes sufrimos’”.
Es común que en estos poblados alejados —relata Flores— existan centros de salud, pero sin equipamiento adecuado y casi nunca con médicos permanentes; el hospital más cercano puede estar a un día de distancia. “Cuando nos enfermamos, nos salvamos con remedios caseros o pidiendo a Dios que nos proteja; es la única forma”, lamenta el capitán. La medicina tradicional es de uso frecuente en la selva. En el plan de vida de los tacana, la población más numerosa del proyecto —poco más de 4.000 personas—, pero también la más dispersa, se detalla con qué plantas de su entorno se combate cada dolencia: para el reumatismo se hierve jengibre, eucalipto y una cabeza de ajo. En caso de diarrea, se toma como infusión la hoja de guayaba hervida junto con el cogollo del cayó.
El 30 % de los tacana combina medicina occidental y tradicional, y un 8 % confía únicamente en la segunda, según los documentos elaborados. El dato refuerza la visión de estas naciones: identidad y saber ancestral frente a la marginación. Duri sintetiza el sentir: “Ojalá tengamos un poco más de importancia como pueblo fronterizo. Aquí nacieron nuestros abuelos, nuestros padres y ahora nosotros nos vemos en la obligación de dejar la comunidad por las condiciones precarias. A migrar con nuestros hijos”.
elpais.com
Por José Cabral
La constitucionalización del derecho es un proceso definitivamente hermoso, ya que se apoya en el respeto y la preservación de los derechos fundamentales.
Sin embargo, cuando vamos a la realidad la perspectiva cambia y entonces cualquier ciudadano pasa de la emoción a la frustración.
Y no digo eso por la no ejecución de muchas de las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional, aunque no es para menos, sino porque se observa una especie de complicidad de todo el sistema para que el proceso de constitucionalización no tenga credibilidad.
Este criterio lo sustento porque en el marco del derecho es una de las metas más admiradas en una sociedad cuyas tradiciones son precisamente de no respeto a los derechos fundamentales.
El país siempre ha estado muy marcado por las conductas autoritarias, desde que nació como República, cuya superación han sido muy difícil por no decir imposible.
Las violaciones al principio de legalidad y de juridicidad es el pan de cada día en todo el sistema de justicia, pero que la respuesta a este problema es la posibilidad que tiene el justiciable de recurrir para hacer valer sus derechos.
La más seria debilidad de la democracia dominicana es la poca conciencia de su gente para que proceso como el de constitucionalización del derecho tenga éxito, pese a que se entiende que son muchos los que se inclinan por su fracaso.
Los esfuerzos deben ser mayores para que las cosas ocurran de otra manera e incluso el propio gobierno debía ser parte del montaje de una gran campaña nacional para que el proceso de constitucionalización tenga éxito.
Con ese propósito parte del presupuesto de publicidad del Gobierno debía estar concentrado en que la democracia aumente sus niveles de institucionalidad a través del respeto a la ley y a la Constitución.
Pero, necesariamente, tengo que preguntarme si realmente es posible un esfuerzo conjunto de todos, incluido el Tribunal Constitucional, para exigir, más que demandar o pedir, reforzar el proceso de constitucionalización del derecho mediante una gran campaña nacional a nivel de las escuelas públicas y privadas y de las universidades nacionales para crear conciencia de esta hermosa meta.
Igual debe ocurrir con la celebración de talleres para que el funcionario, incluido el Ministerio Público, actúan más apegado a los derechos fundamentales de la persona humana, lo que nos elevaría como sociedad del siglo XX!
Por José Cabral
La confrontación entre la política y el derecho está presente en prácticamente todos los Estados del planeta, sin importar el continente.
No hay un solo lugar del mundo en que no haya esta confrontación y casi siempre vence la política, porque es la que tiene el control del Estado, el poder público, independientemente de que tanto ha avanzado el derecho constitucional interno y externo de las naciones.
Un escenario donde esta confrontación es vista con mucha preocupación es en los Estados Unidos de América, pionero y principal referente del derecho constitucional difuso y del equilibrio de los poderes, el checks and balances, como se conoce en el derecho inglés, pero que ambos han quedado muy cuestionados a propósito de la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump.
El comportamiento de Trump ha puesto en tela de juicio la credibilidad de la democracia representativa, máxime en un país como Estados Unidos donde siempre se ha dicho a través de la sociología política de que es el primer Estado que se forma en el mundo sin influencias feudales, netamente capitalista y con una alta conciencia social.
Sin embargo, Trump no ha respetado la tradición nacida en los Estados Unidos y que ha impactado todo el mundo mediante el derecho constitucional, quien a través de sus órdenes ejecutivas viola el derecho interno y también el internacional con la imposición de aranceles a sus socios comerciales ilegalmente, cuya competencia es del Congreso porque se trata en realidad de un impuesto a las importaciones.
Sin embargo, este viernes la Suprema Corte de los Estados Unidos se empantalonó y declaró inconstitucionales los aranceles de Trump, pero inmediatamente el mandatario esgrimió su autoridad para imponer ahora bajo la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 un diez por ciento a todos los productos que vienen del exterior de la potencia del norte, cuya cláusula legal dice que le otorga poderes al jefe de Estado para abordar ciertos problemas fundamentales de pago internacional a través de recargos y otras restricciones especiales a las importaciones.
De cualquier modo, esta opción que ahora ha escogido Trump, es más controlada teóricamente por el Congreso Nacional de los Estados Unidos, pese a que ya está demostrado que eso para el jefe de Estado norteamericano no significa mucho.
La cuestión es que, pese a que parezca increíble, Donald Trump disfruta de su sueño de ser dictador, aunque sea por un día, en una nación que siempre ha sido ejemplo de institucionalidad para los demás países del planeta, ya que la violación general de las leyes en ese territorio no cabía en ninguna cabeza humana.
La realidad innegable es que la confrontación entre la política y el derecho está al rojo vivo en los Estados Unidos, cuyo mandatario en medio de una rueda de prensa ha lanzado ataques muy fuertes en contra de la Suprema Corte de Justicia que ha declarado ilegales los caprichosos aranceles de Trump.
Este fenómeno, que ocurre en la nación que siempre ha querido ser el ejemplo a seguir por el resto de los países, toma ribetes preocupantes, porque Donald Trump tiene el propósito, no sólo de desarticular y debilitar el derecho internacional para entrar a territorios ajenos como Pedro por su casa, como muy bien dice una expresión popular, sino que pretende hacer trizas el ordenamiento jurídico de la nación del norte para gobernar como todo un jefe de Estado del tercer mundo, donde la ley importa muy poco y las constituciones pueden definirse como de fachadas, es decir, que existen en el papel, pero no en la realidad.