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Gobierno considera urgente nueva ley de contrataciones, pero diputados la retrasan.
Santo Domingo, R.D.-A pesar de que el presidente Luis Abinader ha pedido varias veces la aceleración del estudio del proyecto de ley sobre contrataciones públicas para fortalecer su discurso anticorrupción, la pieza no transita un camino fácil en la Cámara de Diputados, donde los legisladores la han retrasado por desacuerdos con los sectores que serían impactados con la normativa.
Antes de que cerrara la pasada legislatura, el ocho de enero de este año, una comisión de diputados prometió que la ley sería aprobada a principios del 2025, pero la falta de consenso y las diferencias de criterios provocaron que el proyecto se congelara hasta la nueva legislatura, que está prevista para iniciar el 27 de febrero.
En aquel entonces, cuando iniciaba el año 2025 y la pasada legislatura estaba a punto de concluir, el diputado Gregorio Domínguez, quien presidió los trabajos de una comisión para analizar la nueva ley de contrataciones públicas, prometió que el proyecto se aprobaría antes del ocho de enero.
Esta vez, con la nueva legislatura a punto de iniciar, el diputado Domínguez aseguró que el proyecto «ya está totalmente consensuado» con todos los sectores y que será aprobado a partir del 27 de febrero «con toda la garantía constitucional» que se requiere para la pieza.
«El proyecto de ley es bastante grande, tiene unos 240 artículos. Se va a depositar de nuevo, tal y cual como vino del Senado de la República para que entonces, antes de que pase el mes de marzo, se apruebe», prometió el legislador al recordar que la iniciativa perimió, pero tiene toda la oportunidad de ser reintroducida con los consensos.
Los desacuerdos
Aunque el diputado Domínguez, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), dijo que el proyecto ya no tiene obstáculos, la Asociación de Contratistas y Suplidores de la República Dominicana (ASC) mostró su desacuerdo con el proyecto de ley alegando que otorga «amplias facultades» a la Dirección General de Contrataciones Públicas para pedir información a ciudadanos que no están vinculados directamente en las licitaciones.
Además, el grupo criticó el contenido del artículo cuatro del proyecto, en el que se establecen sanciones de inhabilitación de hasta diez años por incumplimientos, «sin considerar factores externos como retrasos en pagos estatales o permisos emitidos por otras instituciones gubernamentales».
«Lejos de fomentar la participación inclusiva y una gestión eficiente en la adquisición de bienes y servicios del Estado, estas disposiciones introducen obstáculos que afectan la sostenibilidad del sector proveedor», expresó Zoilo Taveras, presidente de la ACS.
El proceso
El proyecto congresual fue aprobado en dos lecturas por el Senado a mediados del 2024 y luego fue enviado a la Cámara de Diputados para cumplir el mismo proceso. En esa ala legislativa, el proyecto perimió porque no fue aprobado en el plazo reglamentario que ordena la Constitución.
El proyecto es autoría de la ministra Faride Raful, quien lo introdujo en el Senado en su periodo como legisladora. En esencia, la iniciativa busca fortalecer los mecanismos de las contrataciones públicas y establecer consecuencias más graves contra los actos corruptos en las negociaciones con el Estado.
Por ejemplo, algunos artículos del proyecto de ley prohíben la falsedad en las declaraciones de patrimonio de los proveedores, sancionan la intervención de servidores públicos en la celebración de un contrato y prohíbe a los exfuncionarios a gestionar o representar intereses en las instituciones que estuvieron bajo sus cargos.
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Detalles de cómo la PGR siguió al fiscal Aurelio Valdez hasta comprobar entrega de dinero en sobornos
Santo Domingo, R.D.-La solicitud de medida de coerción en contra del fiscal Aurelio Valdez Alcántara narra el proceso de investigación y seguimiento que le hizo el Ministerio Público por supuestamente recibir 10 mil dólares en una entrega controlada.
“En este lugar Roberto Canaán abordó el vehículo del imputado Aurelio Valdez Alcántara, quien utilizó información privilegiada sobre sus vehículos personales y propiedades para establecer una posición de dominio”, dice la solicitud.
La suma inicial fijada por Valdez Alcántara, según el Ministerio Público, fue de 200 mil dólares, “suma que redujo” a 150 mil, además de que “mostró interés en un reloj Rolex y exigió la entrega de un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes Benz 350 o 450 negra”.
Además, el fiscal “rechazó opciones más económicas, como una guagua Volvo o Mazda, insistiendo en el modelo de alta gama solicitado”.
El día 25 de marzo, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, solicitó la designación de un juez para la investigación en este caso. El 27, la magistrada Ysis Muñiz, quien fue la jueza designada, autorizó al Ministerio Público a investigar la entrega vigilada de dinero.
El día 27, en horas de la tarde, Aurelio Valdez contactó a Roberto Canaán para que se reunieran en la Plaza Comercial Bella Vista Mall, en el área de parqueos del cuarto piso, con la “intención de realizar el pago de soborno exigido”.
Como seguimiento en el caso, “para cubrir y documentar la entrega” del dinero, el Ministerio Público conformó un equipo integrado por el mayor Luis Antonio Valdez Moreno, encargado de la División de Operaciones, auxiliado por varios agentes policiales, y acompañados por el fiscal Andrés Octavio Mena.
Estos se trasladaron a la plaza antes citada, también en el cuarto piso, y desde ahí observaron el vehículo Honda CRV, color crema, propiedad del fiscal Aurelio Valdez.
Miraron que Roberto Canaán abordó el carro del fiscal y permaneció por aproximadamente cinco minutos en el interior e hizo la entrega del dinero.
Los policías le ordenaron detener el vehículo y, tras esto, le solicitaron acompañarlos a la Procuraduría General de la República en su vehículo con los agentes.
Cuando se encontraban en el área de parqueos del sótano de la Procuraduría General y en presencia del fiscal Andrés Octavio Mena Marte, procedieron a requisar el interior y preguntarle si tenía algo en su interior, a lo que este indicó que solo tenía un arma de fuego y una tableta tipo computadora de la Procuraduría General de la República.
“En la requisa, con la presencia del imputado Aurelio Valdez Alcántara, específicamente en la parte interior del Sunroof y la tapa corrediza del Sunroof, fueron ocupados la cantidad de 100 billetes de cien dólares americanos, para un total de diez mil dólares (US$10,000.00) en efectivo”, dice la solicitud de medida de coerción, que narra todo lo que encontraron en el vehículo, como tarjetas y celular.
El arma del fiscal, de acuerdo al documento, es una pistola marca Bersa, 9 mm. Color negro con corredera plateada, serial 0018MP, con un cargador y trece (13) cápsulas para la misma.
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Fiscal le habría pedido dinero, reloj y auto a Roberto Canaan, testigo de la PGR en el caso Senasa
Santo Domingo, R.D.-El fiscal Aurelio Valdez Alcántara, investigado por pedir soborno, le habría pedido a Roberto Canaán, uno de los principales mencionados en el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud (Senasa), el pago de 200 mil pesos, un rolex y auto Mercedes Benz, según el expediente del Ministerio Público.
En la solicitud de medida de coerción del caso Senasa, Canaan es señalado como el cuarto testigo que usaría el Ministerio Público en el caso.
«Con lo que probamos la estructura orgánica de corrupción, el mecanismo de influencia interna
y el origen ilícito de fondos que caracterizaron la gestión del Dr. Santiago Hazim Albainy. Este testimonio de una persona del círculo interno, aporta una narrativa directa que conecta y da sentido a la evidencia documental previamente.
incorporada», señala el Ministerio Público, como uno de los elementos principales para utilizar a Canaan como testigo en el caso.
Roberto Canaan no figura entre los acusados en el caso Senasa.
El Ministerio Público informó que la investigación que realizan en contra del fiscal arrojó que habría exigido al imputado de Senasa una suma inicial de USD$200,000.
De acuerdo a las informaciones, Valdez Alcántara fue sometido a la justicia tras ser apresado en flagrante delito el viernes.
Según se ha informado, la investigación del caso la dirige directamente la procuradora general de la República, quien garantizó a toda la población “que jamás va a tolerar actos de corrupción en la institución”.
Santo Domingo, R.D.-La audiencia de apelación del juicio contra el pelotero Wander Franco y Martha Vanessa Chevalier fue aplazada nuevamente este lunes.
Franco fue condenado en primera instancia a dos años de prisión suspendida, mientras que Martha Vanessa Chevalier, madre de la menor presuntamente abusada, fue condenada a 10 años de prisión al ser encontrada culpable de explotación sexual y lavado de activos.