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Gobierno considera urgente nueva ley de contrataciones, pero diputados la retrasan.
Santo Domingo, R.D.-A pesar de que el presidente Luis Abinader ha pedido varias veces la aceleración del estudio del proyecto de ley sobre contrataciones públicas para fortalecer su discurso anticorrupción, la pieza no transita un camino fácil en la Cámara de Diputados, donde los legisladores la han retrasado por desacuerdos con los sectores que serían impactados con la normativa.
Antes de que cerrara la pasada legislatura, el ocho de enero de este año, una comisión de diputados prometió que la ley sería aprobada a principios del 2025, pero la falta de consenso y las diferencias de criterios provocaron que el proyecto se congelara hasta la nueva legislatura, que está prevista para iniciar el 27 de febrero.
En aquel entonces, cuando iniciaba el año 2025 y la pasada legislatura estaba a punto de concluir, el diputado Gregorio Domínguez, quien presidió los trabajos de una comisión para analizar la nueva ley de contrataciones públicas, prometió que el proyecto se aprobaría antes del ocho de enero.
Esta vez, con la nueva legislatura a punto de iniciar, el diputado Domínguez aseguró que el proyecto «ya está totalmente consensuado» con todos los sectores y que será aprobado a partir del 27 de febrero «con toda la garantía constitucional» que se requiere para la pieza.
«El proyecto de ley es bastante grande, tiene unos 240 artículos. Se va a depositar de nuevo, tal y cual como vino del Senado de la República para que entonces, antes de que pase el mes de marzo, se apruebe», prometió el legislador al recordar que la iniciativa perimió, pero tiene toda la oportunidad de ser reintroducida con los consensos.
Los desacuerdos
Aunque el diputado Domínguez, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), dijo que el proyecto ya no tiene obstáculos, la Asociación de Contratistas y Suplidores de la República Dominicana (ASC) mostró su desacuerdo con el proyecto de ley alegando que otorga «amplias facultades» a la Dirección General de Contrataciones Públicas para pedir información a ciudadanos que no están vinculados directamente en las licitaciones.
Además, el grupo criticó el contenido del artículo cuatro del proyecto, en el que se establecen sanciones de inhabilitación de hasta diez años por incumplimientos, «sin considerar factores externos como retrasos en pagos estatales o permisos emitidos por otras instituciones gubernamentales».
«Lejos de fomentar la participación inclusiva y una gestión eficiente en la adquisición de bienes y servicios del Estado, estas disposiciones introducen obstáculos que afectan la sostenibilidad del sector proveedor», expresó Zoilo Taveras, presidente de la ACS.
El proceso
El proyecto congresual fue aprobado en dos lecturas por el Senado a mediados del 2024 y luego fue enviado a la Cámara de Diputados para cumplir el mismo proceso. En esa ala legislativa, el proyecto perimió porque no fue aprobado en el plazo reglamentario que ordena la Constitución.
El proyecto es autoría de la ministra Faride Raful, quien lo introdujo en el Senado en su periodo como legisladora. En esencia, la iniciativa busca fortalecer los mecanismos de las contrataciones públicas y establecer consecuencias más graves contra los actos corruptos en las negociaciones con el Estado.
Por ejemplo, algunos artículos del proyecto de ley prohíben la falsedad en las declaraciones de patrimonio de los proveedores, sancionan la intervención de servidores públicos en la celebración de un contrato y prohíbe a los exfuncionarios a gestionar o representar intereses en las instituciones que estuvieron bajo sus cargos.
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Autoridades amplían perímetro; agentes del FBI se encuentran en la zona de búsqueda de Brianna Genao
Puerto Plata.-Las autoridades ampliaron este miércoles el perímetro de búsqueda de la menor de tres años Brianna Genao Rosario y reforzaron el acordonamiento policial y militar en la comunidad de Barrero, municipio de Imbert, donde ya se encuentran desplegados agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) como parte de los operativos para dar con su paradero, tras más de 14 días sin resultados positivos.
Los agentes estadounidenses permanecen integrados dentro del perímetro de seguridad, junto a unidades caninas especializadas del FBI y de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia (INL), adscrita a la Embajada de los Estados Unidos, con el objetivo de fortalecer las labores de rastreo mediante técnicas avanzadas de localización.
Brianna Genao, de tres años de edad.Fuente Externa
La ampliación del área de búsqueda incluyó la extensión del perímetro hasta la comunidad de Los Mangos, ubicada a unos dos kilómetros del punto donde la menor fue vista por última vez, así como la restricción del acceso a la zona, limitando la entrada de los medios de comunicación y desplazando el área destinada a la prensa a mayor distancia del centro del operativo.
En el lugar se presentó el procurador adjunto Wilson Camacho, quien supervisó las acciones que se desarrollan bajo la coordinación del Ministerio Público, en conjunto con la Policía Nacional y otros organismos de seguridad del Estado.
Desde el inicio del operativo, la zona boscosa ha sido intervenida de manera constante por aire y tierra, con apoyo de drones, equipos tácticos, unidades caninas y tecnología especializada, acumulando cientos de horas de trabajo ininterrumpido por parte de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Sistema 9-1-1 y organismos de socorro.
Las autoridades reiteraron que la búsqueda continúa activa y en constante evaluación, y aseguraron que no cesarán los esfuerzos hasta obtener respuestas concretas sobre el paradero de la menor, cuyo caso mantiene en vilo a la comunidad de Imbert y zonas aledañas.
Santo Domingo, R.D.-Captura de fotografía, huellas digitales, firma encriptada…: el presidente Luis Abinader se convirtió este miércoles en la primera persona en recibir el nuevo pasaporte electrónico, un proceso que incluyó la toma de sus datos personales y marcó el inicio formal de la implementación de este documento en el país.
El pasaporte biométrico pasará de costar 5,650 pesos a 6,700 pesos, con una vigencia de 10 años. El aumento es de 1,050 pesos más que el pasaporte actual, indicó el director general de Pasaportes, Lorenzo Ramírez.
Abinader no habló en el acto de presentación. Al finalizar la actividad, el mandatario recibió el documento, lo mostró ante las cámaras de los medios y lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta.
La primera dama Raquel Arbaje también recibió el pasaporte, siendo la segunda persona en obtenerlo.
El proceso además incluyó un recorrido por la nueva sede de la Dirección General de Pasaportes (DGP), donde se realizó la entrega del documento.
A partir de este miércoles, el Gobierno inició la transición hacia el pasaporte biométrico para el resto de la población dominicana.
Ramírez explicó que esta iniciativa forma parte de los objetivos del Gobierno en materia de modernización del Estado.
“Esta transformación es parte de las metas priorizadas por nuestro Gobierno para la transformación del Estado y la construcción de instituciones más modernas, eficientes y centradas en la gente”, afirmó.
Ramírez expresó que el nuevo documento coloca a República Dominicana en el mismo nivel tecnológico y de seguridad que países más avanzados.
“Presentamos la primera fase de implementación del nuevo Pasaporte Electrónico Dominicano, un documento que coloca a nuestro país en la misma ruta de modernización tecnológica, seguridad y transparencia migratoria que siguen las naciones más avanzadas del mundo”, señaló.
Detalló que esta primera fase contempla el despliegue del pasaporte en embajadas y consulados, la capacitación del personal diplomático, consular y operativo, así como del personal militar encargado de los controles migratorios.
También incluye la captura de datos biométricos del personal diplomático y oficial.
Además, se abrirán de forma escalonada las citas para los ciudadanos a partir del 15 de enero, priorizando a quienes tengan pasaportes vencidos, con menos de seis meses de vigencia o que soliciten el documento por primera vez.
“Se trata de un proceso cuidadosamente planificado, diseñado para garantizar una transición segura, ordenada y eficiente”, indicó el funcionario.
La segunda etapa del proceso iniciará el 19 de febrero: se comenzará la captura de datos de los ciudadanos con citas hábiles y la entrega de los nuevos pasaportes, además del despliegue gradual del servicio en las oficinas de mayor demanda del país.
Ramírez subrayó que el nuevo pasaporte cuenta con altos estándares de seguridad.
“Estamos introduciendo un documento más seguro, más resistente y moderno, con tecnología de punta: un chip integrado, una hoja de datos de policarbonato multicapa, y más de 130 medidas de seguridad”, explicó.
Añadió que el pasaporte dominicano contará con tres niveles de seguridad de última generación, una característica que poseen menos de 40 países en el mundo.
Entre las novedades del documento, el director informó que incluirá un servicio de repatriación en caso de fallecimiento en el extranjero, con una cobertura de hasta 9 mil dólares.
“Este nuevo pasaporte incluirá un servicio de repatriación con una cobertura de hasta 9 mil dólares, garantizando asistencia para un retorno digno de nuestros compatriotas”, dijo.
También se ofrecerá un servicio opcional de courier para recibir el pasaporte sin necesidad de acudir a las oficinas.
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Apelación del caso Senasa llega a la corte de apelación: imputados buscan revocar prisión
Santo Domingo, R.D.-La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional fue apoderada de un recurso de apelación contra la sentencia de 18 meses de prisión preventiva contra Santiago Hazim y otras seis personas implicadas en el caso de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa).
Esa sala deberá decidir si declara o no admisibles los recursos de apelación en contra de la decisión del juez Rigoberto Sena, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, quien además declaró el caso complejo.
En caso de que la Corte lo declare los recursos admisibles, deberá fijar fecha para el conocimiento de los mismos. Estas apelaciones fueron presentadas por separado por los abogados Miguel Valerio, Hiroito Reyes, Marcelino Vargas Brito, Jaime Caonabo Terrero, entre otros, quienes alegan no están conforme con la decisión del tribunal de enviar a sus clientes al Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras y la cárcel de Najayo Mujeres.
El grupo de detenidos incluye a Santiago Hazim (exdirector del SeNaSa), Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, exgerente financiero; Germán Rafael Robles Quiñones, exconsultor Jurídico; Francisco Iván Minaya Pérez, gerente de salud; Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.
Asimismo, la Corte fue apoderada de un recurso de apelación presentado por Miguel Surún Hernández, en contra de los imputados Cinty Acosta, Heidi Pineda y Eduardo Read, quienes se encuentran bajo arresto domiciliario, impedimento de salida del país, presentación periódica y garantía económica.
El Ministerio Público sostiene que el entramado operó desde el 2020 hasta el 2025, defraudando hasta el momento con más de 15,000 de millones de pesos del sistema público de riesgos de salud.
Los cargos que pesan sobre el grupo incluye, coalición de funcionarios y prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado dominicano, desfalco, cobro de sobornos y lavado de activos, falsificación y uso de documentos falsos.
El Ministerio Público enfatizó que el caso no está cerrado. Además de los actuales arrestados, otras personas físicas y jurídicas permanecen bajo investigación.
Se espera que, conforme avancen las indagatorias, se produzcan nuevos sometimientos vinculados a este millonario desfalco.