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Gobierno considera urgente nueva ley de contrataciones, pero diputados la retrasan.
Santo Domingo, R.D.-A pesar de que el presidente Luis Abinader ha pedido varias veces la aceleración del estudio del proyecto de ley sobre contrataciones públicas para fortalecer su discurso anticorrupción, la pieza no transita un camino fácil en la Cámara de Diputados, donde los legisladores la han retrasado por desacuerdos con los sectores que serían impactados con la normativa.
Antes de que cerrara la pasada legislatura, el ocho de enero de este año, una comisión de diputados prometió que la ley sería aprobada a principios del 2025, pero la falta de consenso y las diferencias de criterios provocaron que el proyecto se congelara hasta la nueva legislatura, que está prevista para iniciar el 27 de febrero.
En aquel entonces, cuando iniciaba el año 2025 y la pasada legislatura estaba a punto de concluir, el diputado Gregorio Domínguez, quien presidió los trabajos de una comisión para analizar la nueva ley de contrataciones públicas, prometió que el proyecto se aprobaría antes del ocho de enero.
Esta vez, con la nueva legislatura a punto de iniciar, el diputado Domínguez aseguró que el proyecto «ya está totalmente consensuado» con todos los sectores y que será aprobado a partir del 27 de febrero «con toda la garantía constitucional» que se requiere para la pieza.
«El proyecto de ley es bastante grande, tiene unos 240 artículos. Se va a depositar de nuevo, tal y cual como vino del Senado de la República para que entonces, antes de que pase el mes de marzo, se apruebe», prometió el legislador al recordar que la iniciativa perimió, pero tiene toda la oportunidad de ser reintroducida con los consensos.
Los desacuerdos
Aunque el diputado Domínguez, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), dijo que el proyecto ya no tiene obstáculos, la Asociación de Contratistas y Suplidores de la República Dominicana (ASC) mostró su desacuerdo con el proyecto de ley alegando que otorga «amplias facultades» a la Dirección General de Contrataciones Públicas para pedir información a ciudadanos que no están vinculados directamente en las licitaciones.
Además, el grupo criticó el contenido del artículo cuatro del proyecto, en el que se establecen sanciones de inhabilitación de hasta diez años por incumplimientos, «sin considerar factores externos como retrasos en pagos estatales o permisos emitidos por otras instituciones gubernamentales».
«Lejos de fomentar la participación inclusiva y una gestión eficiente en la adquisición de bienes y servicios del Estado, estas disposiciones introducen obstáculos que afectan la sostenibilidad del sector proveedor», expresó Zoilo Taveras, presidente de la ACS.
El proceso
El proyecto congresual fue aprobado en dos lecturas por el Senado a mediados del 2024 y luego fue enviado a la Cámara de Diputados para cumplir el mismo proceso. En esa ala legislativa, el proyecto perimió porque no fue aprobado en el plazo reglamentario que ordena la Constitución.
El proyecto es autoría de la ministra Faride Raful, quien lo introdujo en el Senado en su periodo como legisladora. En esencia, la iniciativa busca fortalecer los mecanismos de las contrataciones públicas y establecer consecuencias más graves contra los actos corruptos en las negociaciones con el Estado.
Por ejemplo, algunos artículos del proyecto de ley prohíben la falsedad en las declaraciones de patrimonio de los proveedores, sancionan la intervención de servidores públicos en la celebración de un contrato y prohíbe a los exfuncionarios a gestionar o representar intereses en las instituciones que estuvieron bajo sus cargos.
Santo Domingo, R.D.-El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional tiene previsto emitir este lunes 17 su decisión sobre la solicitud de extinción del caso Antipulpo, un proceso que involucra a varios imputados acusados de corrupción administrativa.
La petición fue realizada por la defensa de Carmen Magalys Medina Sánchez y once imputados más, quienes argumentaron que sus clientes no han sido responsables del retraso en el desarrollo del proceso judicial.
Una de las defensas que se adhirió a la petición de extinción de los representantes de Medina Sánchez, fue la de su hermano y principal imputado, Juan Alexis Medina Sánchez, señalando que su defendido ha estado por 37 meses privado de libertad sin que, hasta el momento, se haya emitido una sentencia definitiva.
Las juezas Claribel Nivar, Clara Castillo y Yissell Soto, decidirán si aceptan o no la extinción del caso Antipulpo.
Figuran como imputados el exministro de Salud Pública, Lorenzo -Freddy- Hidalgo, actualmente se encuentran en juicio de fondo por este caso Carlos José Alarcón, Aquiles Cristofer, Antonio Florentino, Rigoberto Alcántara Batista, Fulvio Antonio Cabrera, José Idelfonso Correa y Libni Valenzuela.
Asimismo, Fernando Rosa y la empresa RyT, José Dolores Santana, Wacal Vernabel Méndez, Carmen Magali Medina Sánchez, Rafael Antonino Germosén Andújar, José Miguel Genao, la compañía Editorama y Juan Alexis Medina Sánchez, así como empresas de su propiedad.
Santo Domingo, R.D.-Dieciocho meses de prisión preventiva pidió la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Montecristi como medida de coerción a Yerfri Rafael Santana Durán, alias el Jefe o Patrón, imputado por tráfico ilícito de cocaína camufladas en cargamentos de bananas.
Solitaron además, que el caso sea declarado complejo.
El Ministerio Público vincula a Santana Durán con el decomiso de 316 láminas, con un peso de 102 kilogramos de cocaína, en el Puerto de Manzanillo en Montecristi, que pretendía sacar la organización criminal en un contenedor con bananas, el 23 de septiembre de 2024, con destino a Europa.
El Juzgado de la Instrucción de Montecristi conocerá este lunes 17 de marzo de 2025, a partir de las 4:30 de la tarde, la solicitud de medida de coerción al imputado, señalada como el «líder» de la organización desmantelada con la Operación Narcobananas.
De acuerdo con la información compartida por la Procuraduría General de la República, Santana Durán era encargado de transportar en sus vehículos los cargamentos de drogas y lavar los activos de la organización.
La nota señala que Interpol procedió con su arresto y dio parte a las autoridades del Ministerio Público, cuando este pretender salir del país por el Aeropuerto del Cibao en momentos en que se había activado su búsqueda.
En el arresto se le ocupó un vehículo de alta gama, del año 2025, marca Isuzu, modelo D-Max, la suma 7,899 dólares y 10 mil pesos dominicanos, así como prendas de alto valor económico.
Antecedentes
- En octubre de 2024, días después del decomiso de la sustancia, Santana Durán, se había ido con destino a Newark, Estados Unidos, regresando 19 días después, cuando ya se había presentado medida de coerción en contra de la estructura.
Otros imputados
Por el hecho también están sometidos a la justicia, con medidas de coerción los socios de la empresa Banalasa, SRL, José Rafael del Carmen Santana Liz y Miguel Tomás Rodríguez Almonte, quienes, según la acusación, siendo representantes de esa compañía, fueron los responsables de colocar la sustancia controlada en un sofisticado embalaje de láminas, proceso que debe hacerse dentro de las instalaciones, con un personal a cargo.
Las investigaciones se llevan a cabo bajo la dirección de las titulares Ramona Nova y Grimaldi Oviedo, de la Procuraduría Antilavado y la Fiscalía de Montecristi, respectivamente. Integran también el equipo investigador los fiscales Manuel Castro y Claudio Cordero, por parte de la Procuraduría Antilavado, y Francis Peña, por la Fiscalía de Montecristi.
Santo Domingo, R.D.-Miembros de la Interpol Santo Domingo capturaron a un hombre que era activamente buscado tras haberse fugado de la Cárcel Pública de Hombres en Baní el 26 de julio de 2019, cuando fue trasladado a un centro de salud en esa ciudad.
Se trata de Helizardo Mejía Francisca, conocido como Adonis el Cojo, quien fue arrestado en el Aeropuerto Internacional del Cibao al momento de ingresar al país.
El informe indica que el detenido intentó evadir a las autoridades al identificarse como ciudadano colombiano bajo el nombre Anderson Armando Reyes Martínez, portando el pasaporte número BF162487, documentación adquirida de manera fraudulenta.
Sin embargo, mediante un análisis biométrico en los sistemas de la Policía Nacional, se confirmó que se trataba de Helizardo Mejía Francisca, de 33 años, quien también usaba la identidad de Gregorio Cruz Bautista.
Prontuario
“Adonis el Cojo” posee un amplio historial delictivo que incluye homicidio, porte ilegal de armas de fuego y armas blancas, distribución de drogas y asociación de malhechores, según los registros policiales.
Coordinación y captura
La detención se efectuó gracias a la coordinación entre la Interpol Santo Domingo, sus homólogos internacionales y la Dirección General de Migración, luego de que se detectara el desplazamiento del fugitivo.