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Opinión

¡El gran fraude es el sistema!

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Por Narciso Isa Conde

El Movimiento Caamañista-MC argumentó doce razones por las cuales no participa en ninguna de las dos votaciones fijadas para el año en curso, una parte referidas a lo que hemos denominado el gran fraude estructural, otras al sistema institucional fraudulento (su Constitución y sus leyes antidemocráticas) y además las referidas al conjunto de operaciones tramposas y violaciones a las normas establecidas ejecutadas antes y durante las recientes votaciones municipales.

Los resultados confirman nuestras valoraciones y muestran que el GRAN FRAUDE es el sistema.

AHORA BIEN, en sus respectivas opiniones y balances sobre los resultados de las votaciones, la JCE, el gobierno, el CONEP, el Poder Mediático nacional e internacional, y los partidos PRM-PLD-FUPU y grupos satélites -que de hecho constituyen un solo partido sistémico con colores y voceros distintos- se han empeñado en ocultar la cuestión más grave: que fueron unos comicios vacíos de contenidos en lo que compete a las alcaldías y distritos municipales sobre la cuestión territorial y los problemas cruciales del país; y que resultó una trampa fraudulenta, en la que el GRAN FRAUDE ES EL SISTEMA.

Nos referimos al patrimonio natural, a los impactos negativos de los proyectos mineros, a la depredación y contaminación de ríos, a la destrucción de manglares y playas, a la deforestación; a la corrupción impune, a la inseguridad en sus jurisdicciones, a los bajos presupuestos y arbitrios, a la evasión de impuestos territoriales por grandes empresas y la no compensación de pasivos ambientales por las mega-mineras.

Todos los alcaldes y los candidatos, actuando a una, evadieron esos temas trascendentes y el estado deplorable de los ríos binacionales, las nuevas y graves amenazas mineras sobre ellos y los predios agrícolas que irrigan; ignoraron los conflictos y soluciones no resueltos con el vecino Haití, sistemáticamente agravados por posiciones oficiales seudo-nacionalistas.

Las campañas de las dos facciones fundamentales de esa especie partido único neoconservador, giraron alrededor de pugnas superficiales, promesas demagógicas que nunca cumplen, temas banales y acusaciones y contra-acusaciones muy parecidas a las del conejo diciéndole al burro “orejú”.

Se las ingeniaron para excluir de esa competencia el destino y agresiones a lo que le pertenece a nuestro pueblo: el territorio del país, su patrimonio público y natural; víctimas de un pérfido saqueo a cargo de la oligarquía capitalista, las corporaciones transnacionales y las mafias empresariales, militares y políticas; obviando además que el 25% del territorio nacional, está concesionado para exploración a empresas mineras, casi todos en las proximidades de fuentes de agua.

El PRM-PLD-FP-PRD-PRSC y asociados, ocultaron y evadieron esas y otras cuestiones fundamentales; porque todos ellos son la misma cosa, un agrupamiento responsable de las atrocidades cometidas en las últimas décadas por gobiernos municipales y nacionales.

Resalta que la mayoría de las alcaldías y Distritos Municipales carecen de planes propios de educación, cultura e inversión, y nada hacen para contrarrestar la violencia y la opresión contra nuestras mujeres.

Los alcaldes, directores y regidores se parecen demasiado en sus pésimas gestiones y en la aceptación pasiva del aplastamiento por el Poder Ejecutivo de la autonomía del poder municipal; hecho agravado durante esta nueva campaña clientelista, la cual resultó más presidencial que municipal.

· DE LA TRAMPA ESTRUCTURAL, AL FRAUDE INFORMATIVO-PROPAGANDÍSTICO.

Estamos frente a un sistema que ha estructurado una gran trampa de larga duración, profundamente antidemocrática, construida en una sociedad trágicamente desigual; basada en un capitalismo mafioso, que arrastra el sistema electoral y lo convierte en negocio.

En la primera prueba de este nuevo reciclaje electoral, dentro de un sistema que opera como fraude mayor, lo nuevo es que las fuerzas dominantes están pagando un costo político mayor que antes.

Un costo palpable en la gran abstención y los altos grados de la ilegitimidad de las votaciones y de los/as candidato/as electos/as; lo que a la vez está siendo objeto de un fraude encubridor, propagandístico-informativo, a cargo de la JCE, los grandes medios de comunicación y las direcciones políticas.

¿Cuál es la verdad que ellos están escamoteando sobre los resultados de las votaciones municipales? Esta es nuestra respuesta:

· El padrón general de la JCE, es decir, el total de dominicanos/as con derecho al voto registrado por ese organismo, es de 8,105,000.

· En número redondo, el total de los votos válidos representa 47% de ese padrón general de la JCE, y finalmente no votó alrededor del 53%.

· De ese total de votos válidos corresponde un 23% al PRM, un 11% al PLD, y un 6.5% a la FP. El resto de los grupos obtuvieron entre todos aproximadamente un 6 %.

· La asignación de 50.52% al PRM, 23.75% al PLD y 13.33 % a la FP por la JCE y los medios de comunicación, se refiere al porcentaje de cada uno de ellos respecto a los votos válidos; no al porcentaje sobre el total de electores/as.

Concentrar la información oficial de la JCE y una abrumadora difusión mediática en esa versión incompleta es una media verdad. Una manera de hacer trampa en la información y la propaganda. Una modalidad de fraude.

Porque en este caso, cuando al total de electores/as se le reduce la abstención, es obligado restarles a los porcentajes ofrecidos por la JCE y ampliamente difundidos, más de la mitad en cada caso.

El total de los votos válidos de los partidos es solo el 47% de los electores y de ese total corresponden aproximadamente un 23% al PRM, un 11% para el PLD, un 6.5% a la FP y un 6% al resto de los pequeños grupos participantes, lo que constituye un fracaso y no puede ocultarse sin faltar a la verdad.

La compra de cédulas no influye tantísimo en la abstención.

Las compras de votos no afectan la cantidad de votos emitidos, pero sí alteró limitadamente en alguna medida la competencia entre el oficialismo y la falsa oposición.

En estas dos trampas y todas estas modalidades de corrupción electoral participaron gobiernistas y opositores. El ejercicio del fraude es común a ambos bandos, antes y ahora.

En esos procesos, los que dirigen la compra votos y cédulas, y las múltiples trampas, son los verdaderos corruptores; en esta ocasión más evidenciados en el contexto de unas votaciones donde no faltó gente empobrecida, jóvenes y adultos, que no le ven utilidad a las mismas, más que sacarles pequeñas ventajas económicas.

En tanto el producto cíclico es siempre «más lo mismo», a mucha gente las votaciones no les merecen respeto.

En fin, los jerarcas del sistema cosecharon lo que han sembrado y protegido por décadas, incluyendo el creciente descrédito de la perversión y corrupción del sufragio.

Las motivaciones de la abstención son diversas y justificables, no es simplemente apatía.

Sin dudas el rechazo consciente ha crecido y también influyen diferentes grados de percepción e intuición de que para poco o para nada sirven ese tipo de comicios, algo que muchos jóvenes hacen suyo.

· MENTIRAS, SOFISMAS Y DISCURSOS MAÑOSOS.

Voceros del oficialismo se conforman con ocultar su desgaste y el de los demás, repitiendo que ese es el porcentaje tradicional en los comicios municipales; obviando una fuerte opinión de representantes del sistema, que muestran preocupación por el grado y las expresiones de la reciente abstención. Y para colmo son capaces de calificar ese desastre de “fiesta de la democracia”.

Sus más osados defensores no tienen empacho en calcular la abstención de cada partido en relación con su propio padrón electoral y no respecto el número general de electores registrados; cuando saben perfectamente que los padrones de los partidos, siempre han sido «truqueados», adulterados y hasta falsificados para hacer bulto, incluyendo no pocos afiliados que no son tales y muchos otros capaces de votar por cualquiera.

En el caso de Leonel, luego de un silencio prolongado, recurrió al sofisma y a las medias verdades, porque si bien la votación real del PRM fue solo de casi del 24% de los electores/as, la de la FUPU fue de 6.5. % y la del PLD de algo más del 11%. Nadie sabe de dónde saca que su partido creció en un 76% y que va “pa lante” y vencerá en mayo.

Pero es que estos señores no solo saben hacer todo tipo de fraudes en las votaciones, sino que también están acostumbrados a hacer fraudes colosales en sus discursos y su propaganda.

· VÍA, ACCIÓN Y PROPUESTA ALTERNATIVAS.

Nuestro pueblo tiene el deber de asumir el reto de barrer del poder toda esa basura.

A la luz de estos resultados, corresponde a quienes rechazamos esta dominación y a quienes participaron en ese proceso de buena fe y con honestidad, y logren corregir el error, disponernos a detener esta afrenta.

Esto comienza por evadir la trampa, la cual se va a repetir en mayo de peor manera.

Sigue con asumir y difundir todas las razones que justifican no participar en las próximas votaciones congresuales y presidenciales, procurando ilegitimarlas más aún; y continúa con la creación de un poder popular constituyente que se proponga romper la trampa por la vía extra-institucional, mediante movilizaciones multitudinarios, paralizaciones y protestas populares, portadoras de un programa alternativo y transformador.

Esta es la única manera de hacer colapsar esta institucionalidad podrida y abrirle cauce a un proceso constituyente que culmine en una ASAMBLEA CONSTITUYENTE SOBERANA Y PARTICIPATIVA, que lo cambie todo: constitución, leyes orgánicas, reglas de juego, mecanismos electorales, sistema de partidos y normas de participación; creando a la vez la plataforma jurídico-política e institucional que posibilite construir democracia real, autodeterminación popular y nacional, y dar inicio a las grandes transformaciones sociales.

¡HAY QUE CAMBIARLO TODO!

¡CAMBIAR EL SISTEMA!

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Opinión

La Corte Penal Internacional y la Justicia Internacional (3 de 3)

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Por Rommel Santos Diaz

 Se tiene reportado el uso de 250,000 niños soldados en cerca de 50 países. Para completar el panorama, se estima que 20 millones  de niños han sido desplazados como consecuencias de las diversas guerras y catástrofes humanitarias, mientras que entre  8,000 y 10,000 niños mueren cada año como consecuencia de utilización de minas antipersonales.
Existen indicios de que la trata de  niños en zonas de conflicto es una tendencia que va en aumento y esta vinculada a redes de delincuencia transnacional organizada.

La Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional cuyo Estatuto y Reglas de Procedimiento y Prueba brindan a las víctimas la posibilidad de participar en todas las etapas del proceso.

A diferencia de las actuaciones de las víctimas en otros tribunales internacionales, limitadas a reforzar los argumentos de la defensa o el Fiscal, la Corte Penal Internacional les reconoce derechos que les corresponden por ser quienes han sufrido la grave vulneración de sus derechos humanos y tienen la mayor expectativa de que se haga justicia.

El principal reto de la Corte Penal Internacional será demostrar que sus investigaciones y decisiones no están guiadas por móviles políticos o intereses ajenos a la justicia y la represión de crímenes internacionales.

Finalmente, en  la medida en que este sistema se vaya consolidando, siguiendo los parámetros legales del Estatuto de Roma y de las Reglas de Procedimiento y Prueba, es posible que países hoy reticentes hacia la Corte Penal Internacional modifiquen su postura hacia una  de ayuda  y cooperación. Con esto se lograría tener un sistema penal internacional plenamente universal como complemento a las iniciativas locales por sancionar crímenes de genocidio, lesa humanida, guerra y agresión.

rommelsantosdiaz@gmail.com

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Opinión

Los políticos profesionales no roban

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Por Nelson Encarnación

El reciente escándalo de corrupción detectado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha acentuado la percepción o el convencimiento en algunos de que los políticos acceden a los cargos públicos con la intención de apropiarse de los recursos que manejan.

Ya en otras oportunidades se ha esparcido el mismo convencimiento, en ocasión de hechos judicializados que aún cursan en los tribunales sin sentencias firmes.

Estos y casos anteriores han servido de fundamento a quienes entienden que las formaciones políticas son nidos de bandidos con una amplia vocación hacia la depredación de los recursos públicos, dando lugar, al mismo tiempo, a la prédica contra los políticos y los partidos.

Sin embargo, existen argumentos y evidencias suficientes para desmontar la mala fama contra los políticos. Podemos afirmar, de manera categórica, que los políticos profesionales no roban.

Para remontarnos a los hechos más sonados de persecución a la corrupción, podemos referir el que ha sido, probablemente, el más sonoro de todos, es decir, el procesamiento judicial del expresidente Salvador Jorge Blanco (1982-1986), quien fue condenado a 20 años de prisión por hechos que, evidentemente, no cometió.

Jorge Blanco, que antes de ser político ya era un abogado prestigioso, murió en medio de precariedades materiales, una situación que no concuerda con quien supuestamente fue un corrupto.

Los hechos por los que se condenó al exmandatario no fueron cometidos por él ni por ninguno de sus seguidores con formación y compromiso político, sino por allegados que nada tenían que ver con el Partido Revolucionario Dominicano.

En el caso de los expedientes que todavía se ventilan en la justicia relacionados con hechos registrados—conforme las imputaciones del Ministerio Público—vinculan en primer plano a personeros relacionados al expresidente Danilo Medina, no a dirigentes conocidos del Partido de la Liberación Dominicana.

Y en el más reciente que ocupa la atención del país, es decir, el expediente Senasa, una simple identificación de los encartados permite concluir en que se repite el mismo patrón: los principales señalados no son políticos de militancia.

En consecuencia, si miramos los hechos con un sentido lógico y alejado de la intención de dañar a los partidos y sus dirigentes, podemos proclamar que los políticos profesionales, con formación en el servicio a la sociedad, con compromiso, no roban los fondos del erario. Ahí está la historia.

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Opinión

Honrar la Constitución o perder la República

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Por Isaías Ramos

Al despedir 2025 y abrir 2026, es fácil refugiarse en lo cómodo: deseos repetidos, frases bonitas, la ilusión de que todo cambiará solo porque cambia el calendario. Pero la República Dominicana no necesita otro brindis vacío. Necesita una sacudida de conciencia y un cambio de rumbo. Ese rumbo comienza cuando dejamos de mirar la política como un espectáculo ajeno y asumimos que la república —la casa de todos— se sostiene o se cae con la conducta diaria de su gente.

Durante más de tres décadas, una clase política dominante, reciclada en siglas, alianzas y narrativas, ha contribuido a degradar la vida pública. Se normalizó el privilegio. Se hizo costumbre la trampa. El clientelismo dejó de ser excepción y se volvió método. La impunidad dejó de ser temor y se volvió expectativa. El Estado, demasiadas veces, dejó de ser instrumento del bien común para convertirse en botín, refugio o escalera personal. Cuando lo público se vuelve mercancía, el daño deja de ser un asunto de élites y se convierte en una fractura moral, social y espiritual.

No se trata de negar que existan servidores públicos honestos ni ciudadanos decentes. Precisamente por ellos —y por los jóvenes que merecen un país digno— no podemos resignarnos. Los datos aportan contexto a una percepción extendida: el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 asigna a la República Dominicana 36/100 y la ubica en la posición 104 de 180 países. El Rule of Law Index 2025 del World Justice Project sitúa al país en el puesto 76 de 143, y en el factor “Ausencia de Corrupción”, en 90 de 143.

La experiencia cotidiana confirma esa brecha. El trámite que solo “camina” por la vía indebida. El contrato opaco. El expediente que duerme. La sanción que nunca llega. Ese desgaste produce algo peor que el enojo: produce resignación. Y cuando una sociedad se resigna, la corrupción no se frena; se perfecciona. Así es como una república se vacía por dentro, aunque conserve su nombre y sus símbolos.

La historia política lo ha advertido con claridad: cuando los ciudadanos se repliegan en el interés personal y abandonan la vida pública, el Estado se debilita y queda a merced de los peores. Cuando un pueblo ama su país, respeta las leyes y vive con sobriedad cívica, es posible avanzar hacia el bienestar compartido. Cuando se instala la indiferencia, el interés particular aísla y la república se convierte en un cascarón.

Si 2026 será un año de esperanza, esa esperanza no puede ser pasiva. Tiene que ser esperanza disciplinada: la que mira el abismo, lo nombra y aun así decide construir un puente. Ese puente se llama Constitución. No como símbolo ceremonial, sino como norma viva. El artículo 6 establece su supremacía y declara nulos los actos contrarios a ella. El artículo 7 nos define como Estado Social y Democrático de Derecho. El artículo 8 fija como función esencial del Estado proteger los derechos de la persona y respetar su dignidad.

Honrar la Constitución no es citarla: es vivirla. Es aceptar que no puede haber Estado de derecho con corrupción estructural; que no puede haber democracia con clientelismo; que no puede haber justicia con privilegios. Honrar la Constitución es convertir el servicio público en honor y no en negocio; proteger el dinero del pueblo como sagrado; poner el mérito por encima del padrino; transparentar compras, obras y nombramientos; y asegurar consecuencias reales a quien robe lo común. Esa es la frontera entre república y fachada.

Por eso, en 2026, el Foro y Frente Cívico y Social debe reforzar en todo el territorio nacional un despertar de conciencia sostenido y pacífico que convierta indignación en organización y esperanza en disciplina. No se trata de incendiar el país; se trata de iluminarlo. No de sustituir instituciones, sino de obligarlas a cumplir su rol constitucional con presión cívica legítima.

La ruta es concreta y verificable: formación cívica territorial, veeduría social continua y defensa constitucional práctica, acompañando denuncias, dando seguimiento público a los casos y exigiendo consecuencias sin selectividad.

Nada de esto se logra solo con organizaciones. Se logra con el ciudadano común. En esta semana de cambio de año, vale la pena asumir un pacto sencillo: renunciar a pagar sobornos, a pedir favores indebidos y a justificar privilegios; comprometerse a informarse antes de opinar, a exigir rendición de cuentas en lo local y a participar más allá del voto. Un país cambia cuando cambia lo que su gente considera “normal”.

Imaginemos, con realismo, la nación que podemos construir si ese giro comienza: una donde no se necesita padrino para un servicio; donde un contrato público no es lotería para unos pocos, sino obligación transparente; donde el funcionario teme más a la justicia y a la vergüenza pública que a la pérdida del cargo; donde el joven respeta al competente y no admira al tramposo. Que Dios —y la conciencia despierta de cada dominicano— nos guíe y nos exija verdad, justicia y rectitud; que el amor a la patria sea conducta diaria; y que la defensa de la libertad sea nuestro sentir y nuestro hacer.

Cerramos 2025 con una verdad incómoda: hemos permitido demasiado. Abrimos 2026 con una verdad poderosa: todavía estamos a tiempo. Honrar la Constitución o perder la República: esa es la elección de nuestro tiempo. Salvemos la patria.

¡Despierta RD!

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