Opinión
¡El gran fraude es el sistema!
Por Narciso Isa Conde
El Movimiento Caamañista-MC argumentó doce razones por las cuales no participa en ninguna de las dos votaciones fijadas para el año en curso, una parte referidas a lo que hemos denominado el gran fraude estructural, otras al sistema institucional fraudulento (su Constitución y sus leyes antidemocráticas) y además las referidas al conjunto de operaciones tramposas y violaciones a las normas establecidas ejecutadas antes y durante las recientes votaciones municipales.
Los resultados confirman nuestras valoraciones y muestran que el GRAN FRAUDE es el sistema.
AHORA BIEN, en sus respectivas opiniones y balances sobre los resultados de las votaciones, la JCE, el gobierno, el CONEP, el Poder Mediático nacional e internacional, y los partidos PRM-PLD-FUPU y grupos satélites -que de hecho constituyen un solo partido sistémico con colores y voceros distintos- se han empeñado en ocultar la cuestión más grave: que fueron unos comicios vacíos de contenidos en lo que compete a las alcaldías y distritos municipales sobre la cuestión territorial y los problemas cruciales del país; y que resultó una trampa fraudulenta, en la que el GRAN FRAUDE ES EL SISTEMA.
Nos referimos al patrimonio natural, a los impactos negativos de los proyectos mineros, a la depredación y contaminación de ríos, a la destrucción de manglares y playas, a la deforestación; a la corrupción impune, a la inseguridad en sus jurisdicciones, a los bajos presupuestos y arbitrios, a la evasión de impuestos territoriales por grandes empresas y la no compensación de pasivos ambientales por las mega-mineras.
Todos los alcaldes y los candidatos, actuando a una, evadieron esos temas trascendentes y el estado deplorable de los ríos binacionales, las nuevas y graves amenazas mineras sobre ellos y los predios agrícolas que irrigan; ignoraron los conflictos y soluciones no resueltos con el vecino Haití, sistemáticamente agravados por posiciones oficiales seudo-nacionalistas.
Las campañas de las dos facciones fundamentales de esa especie partido único neoconservador, giraron alrededor de pugnas superficiales, promesas demagógicas que nunca cumplen, temas banales y acusaciones y contra-acusaciones muy parecidas a las del conejo diciéndole al burro “orejú”.
Se las ingeniaron para excluir de esa competencia el destino y agresiones a lo que le pertenece a nuestro pueblo: el territorio del país, su patrimonio público y natural; víctimas de un pérfido saqueo a cargo de la oligarquía capitalista, las corporaciones transnacionales y las mafias empresariales, militares y políticas; obviando además que el 25% del territorio nacional, está concesionado para exploración a empresas mineras, casi todos en las proximidades de fuentes de agua.
El PRM-PLD-FP-PRD-PRSC y asociados, ocultaron y evadieron esas y otras cuestiones fundamentales; porque todos ellos son la misma cosa, un agrupamiento responsable de las atrocidades cometidas en las últimas décadas por gobiernos municipales y nacionales.
Resalta que la mayoría de las alcaldías y Distritos Municipales carecen de planes propios de educación, cultura e inversión, y nada hacen para contrarrestar la violencia y la opresión contra nuestras mujeres.
Los alcaldes, directores y regidores se parecen demasiado en sus pésimas gestiones y en la aceptación pasiva del aplastamiento por el Poder Ejecutivo de la autonomía del poder municipal; hecho agravado durante esta nueva campaña clientelista, la cual resultó más presidencial que municipal.
· DE LA TRAMPA ESTRUCTURAL, AL FRAUDE INFORMATIVO-PROPAGANDÍSTICO.
Estamos frente a un sistema que ha estructurado una gran trampa de larga duración, profundamente antidemocrática, construida en una sociedad trágicamente desigual; basada en un capitalismo mafioso, que arrastra el sistema electoral y lo convierte en negocio.
En la primera prueba de este nuevo reciclaje electoral, dentro de un sistema que opera como fraude mayor, lo nuevo es que las fuerzas dominantes están pagando un costo político mayor que antes.
Un costo palpable en la gran abstención y los altos grados de la ilegitimidad de las votaciones y de los/as candidato/as electos/as; lo que a la vez está siendo objeto de un fraude encubridor, propagandístico-informativo, a cargo de la JCE, los grandes medios de comunicación y las direcciones políticas.
¿Cuál es la verdad que ellos están escamoteando sobre los resultados de las votaciones municipales? Esta es nuestra respuesta:
· El padrón general de la JCE, es decir, el total de dominicanos/as con derecho al voto registrado por ese organismo, es de 8,105,000.
· En número redondo, el total de los votos válidos representa 47% de ese padrón general de la JCE, y finalmente no votó alrededor del 53%.
· De ese total de votos válidos corresponde un 23% al PRM, un 11% al PLD, y un 6.5% a la FP. El resto de los grupos obtuvieron entre todos aproximadamente un 6 %.
· La asignación de 50.52% al PRM, 23.75% al PLD y 13.33 % a la FP por la JCE y los medios de comunicación, se refiere al porcentaje de cada uno de ellos respecto a los votos válidos; no al porcentaje sobre el total de electores/as.
Concentrar la información oficial de la JCE y una abrumadora difusión mediática en esa versión incompleta es una media verdad. Una manera de hacer trampa en la información y la propaganda. Una modalidad de fraude.
Porque en este caso, cuando al total de electores/as se le reduce la abstención, es obligado restarles a los porcentajes ofrecidos por la JCE y ampliamente difundidos, más de la mitad en cada caso.
El total de los votos válidos de los partidos es solo el 47% de los electores y de ese total corresponden aproximadamente un 23% al PRM, un 11% para el PLD, un 6.5% a la FP y un 6% al resto de los pequeños grupos participantes, lo que constituye un fracaso y no puede ocultarse sin faltar a la verdad.
La compra de cédulas no influye tantísimo en la abstención.
Las compras de votos no afectan la cantidad de votos emitidos, pero sí alteró limitadamente en alguna medida la competencia entre el oficialismo y la falsa oposición.
En estas dos trampas y todas estas modalidades de corrupción electoral participaron gobiernistas y opositores. El ejercicio del fraude es común a ambos bandos, antes y ahora.
En esos procesos, los que dirigen la compra votos y cédulas, y las múltiples trampas, son los verdaderos corruptores; en esta ocasión más evidenciados en el contexto de unas votaciones donde no faltó gente empobrecida, jóvenes y adultos, que no le ven utilidad a las mismas, más que sacarles pequeñas ventajas económicas.
En tanto el producto cíclico es siempre «más lo mismo», a mucha gente las votaciones no les merecen respeto.
En fin, los jerarcas del sistema cosecharon lo que han sembrado y protegido por décadas, incluyendo el creciente descrédito de la perversión y corrupción del sufragio.
Las motivaciones de la abstención son diversas y justificables, no es simplemente apatía.
Sin dudas el rechazo consciente ha crecido y también influyen diferentes grados de percepción e intuición de que para poco o para nada sirven ese tipo de comicios, algo que muchos jóvenes hacen suyo.
· MENTIRAS, SOFISMAS Y DISCURSOS MAÑOSOS.
Voceros del oficialismo se conforman con ocultar su desgaste y el de los demás, repitiendo que ese es el porcentaje tradicional en los comicios municipales; obviando una fuerte opinión de representantes del sistema, que muestran preocupación por el grado y las expresiones de la reciente abstención. Y para colmo son capaces de calificar ese desastre de “fiesta de la democracia”.
Sus más osados defensores no tienen empacho en calcular la abstención de cada partido en relación con su propio padrón electoral y no respecto el número general de electores registrados; cuando saben perfectamente que los padrones de los partidos, siempre han sido «truqueados», adulterados y hasta falsificados para hacer bulto, incluyendo no pocos afiliados que no son tales y muchos otros capaces de votar por cualquiera.
En el caso de Leonel, luego de un silencio prolongado, recurrió al sofisma y a las medias verdades, porque si bien la votación real del PRM fue solo de casi del 24% de los electores/as, la de la FUPU fue de 6.5. % y la del PLD de algo más del 11%. Nadie sabe de dónde saca que su partido creció en un 76% y que va “pa lante” y vencerá en mayo.
Pero es que estos señores no solo saben hacer todo tipo de fraudes en las votaciones, sino que también están acostumbrados a hacer fraudes colosales en sus discursos y su propaganda.
· VÍA, ACCIÓN Y PROPUESTA ALTERNATIVAS.
Nuestro pueblo tiene el deber de asumir el reto de barrer del poder toda esa basura.
A la luz de estos resultados, corresponde a quienes rechazamos esta dominación y a quienes participaron en ese proceso de buena fe y con honestidad, y logren corregir el error, disponernos a detener esta afrenta.
Esto comienza por evadir la trampa, la cual se va a repetir en mayo de peor manera.
Sigue con asumir y difundir todas las razones que justifican no participar en las próximas votaciones congresuales y presidenciales, procurando ilegitimarlas más aún; y continúa con la creación de un poder popular constituyente que se proponga romper la trampa por la vía extra-institucional, mediante movilizaciones multitudinarios, paralizaciones y protestas populares, portadoras de un programa alternativo y transformador.
Esta es la única manera de hacer colapsar esta institucionalidad podrida y abrirle cauce a un proceso constituyente que culmine en una ASAMBLEA CONSTITUYENTE SOBERANA Y PARTICIPATIVA, que lo cambie todo: constitución, leyes orgánicas, reglas de juego, mecanismos electorales, sistema de partidos y normas de participación; creando a la vez la plataforma jurídico-política e institucional que posibilite construir democracia real, autodeterminación popular y nacional, y dar inicio a las grandes transformaciones sociales.
¡HAY QUE CAMBIARLO TODO!
¡CAMBIAR EL SISTEMA!
Por José Cabral
Santiago siempre ha sido definida como la “Ciudad Corazón”, cuya expresión refleja una condición que no se encuentra en cualquier lugar.
Nadie puede negar el calor humano que caracteriza al santiaguero, pero la realidad es que en los últimos años las cosas han cambiado bastante y no se sabe hasta dónde la “Ciudad Corazón” conserva esa condición.
Pero independientemente de que quede muy poco de ese cariño y calor que adorna al que procede de un municipio que ahora camina indiscutiblemente a la conversión en una gran metrópolis, es vital que se trabaje también para conservar muchas de las tradiciones de la segunda capital del país como la llaman muchos.
El crecimiento urbanístico, comercial y empresarial dirige a Santiago a ocupar uno de los primeros lugares en cuanto a desarrollo se refiere, pero se impone que se dote de herramientas que contribuyan con el restablecimiento valores culturales y morales, porque es mucho lo que se ha perdido en esta materia.
El crecimiento comercial, empresarial y urbanístico no puede ser lo único que impacta a Santiago, sino que se necesita que conserve su riqueza cultural y medioambiental, sobre todo porque estos aspectos pueden ser un instrumento para lograr lo que mucha gente ha planteado que es convertirla en un verdadero polo de turismo de salud, ecológico, histórico y de montañas.
Las intervenciones del Estado en áreas que se caracterizan por una fuerte presencia de actividades culturales como la calle Benito Monción, Del Sol, entre otras, sin lugar a dudas, que cambiarán la cara de una ciudad encantadora como Santiago.
Pero se necesita profundizar para que la cultura sea una buena carta de presentación del santiaguero, amén de otras condiciones que adornan a la ciudad.
En la actualidad están dadas las condiciones para que Santiago entre al mundo de la televisión pública y que su proyección sea de primer orden, sobre todo con una alianza de la gente de la zona que vive en los Estados Unidos.
Hay que hacer un puente de doble vía entre ambas comunidades para sacar provecho de los grandes recursos que existen en uno y otro lado.
En un próximo artículo profundizaré sobre los beneficios que traería a Santiago una estación de televisión pública que la proyecte como una de las grandes ciudades del mundo que no sólo está dotada de un potencial turístico y cultural, sino también de una historia enriquecedora y que enaltece el espíritu.
Por Rommel Santos Díaz
El Estatuto de la Corte Penal Internacional se refiere con frecuencia a la protección de información confidencial. La Corte tiene el deber general de proteger la confidencialidad de los documentos e información en su posesión, salvo que su divulgación sea necesaria para una solicitud de cooperación para un Estado.
El artículo 87 del Estatuto prevé que ¨el Estado requerido preservará el carácter confidencial de toda solicitud de cooperación y de los documentos que la justifiquen , salvo cuando su divulgación sea necesaria para tramitarla¨. Por ende los Estados deberán mantener la confidencialidad de todas las solicitudes de cooperación de la Corte Penal Internacional, y sólo podrán revelar a las autoridades correspondientes ( por ejemplo, a la policía para que ejecuten una orden de arresto) la información que necesiten para llevar a cabo la solicitud.
Esas cláusulas pretenden que el Fiscal y la Corte mantengan la confidencialidad lo mejor posible en las investigaciones, órdenes y solicitudes de asistencia de la Corte para evitar que las personas acusadas huyan, los testigos sean amenazados o eliminados, y la prueba desaparezca o sea destruida. Por ende, el éxito del Estado en la conservación de la confidencialidad de tales solicitudes repercutirá directamente sobre la efectividad de la Corte.
Según el artículo 87, un Estado Parte podrá también ser requerido para proteger cierta información en su posesión o control, cuando se necesiten medidas para garantizar la seguridad o bienestar físico o psicológico de las víctimas, posibles testigos y sus familiares.Estas medidas se aplicarán de conformidad con la forma en que el Estado prevea y maneje la información y podría también involucrar la confidencialidad de cierta información.
Según el artículo 68 del Estatuto de Roma, un Estado podrá solicitar a la Corte la adopción de medidas necesarias para la protección de sus funcionarios o agentes, así como de la información de carácter confidencial o restringida.
El artículo 93 estipula que el Estado requerido para cooperación podrá transmitir al Fiscal documentos o información con carácter confidencial, y el Fiscal podrá únicamente utilizarlos para reunir nuevas pruebas.El párrafo C de ese mismo artículo prevé que el Estado podrá autorizar la divulgación ulterior de los documentos.
En el contexto de las obligaciones los Estados deberán mantener la confidencialidad de las solicitudes de cooperación, y de cualquier documento que fundamente estas solicitudes.
Si la Corte Penal Internacional realiza una solicitud de conformidad con el artículo 87 para proteger cierta información, el Estado deberá cumplirla para asi proteger a las víctimas, testigos y sus familiares
En cuanto a la implementación los Estados deberán contar con procedimientos para mantener la confidencialidad de las solicitudes de cooperación y los documentos que las fundamenten. Esta obligación de confidencialidad podrá regularse por vía legal, o podría ser definida por el Poder Ejecutivo. Ya sea que la obligación se implemente por la legislación o por una decisión ejecutiva , el Estado deberá asegurarse de que la vía elegida para recibir las solicitudes proteja la confidencialidad.
Adicionalmente los Estados podrán necesitar la implementación de procedimientos y posiblemente leyes que les permitan proveer y manejar información de una manera tal que se proteja la seguridad y el bienestar de las víctimas, testigos y sus familiares. Estos procedimientos normalmente se regularán por la vía ejecutiva y no legal.
Finalmente, podrían implementarse, tanto para la aplicación de las solicitudes de la Corte para proteger información, así como para las solicitudes a la Corte por parte de un Estado para proteger información y ciertos individuos. No obstante, el Estado deberá tomar en cuenta su legislación nacional sobre privacidad, al establecer estos procedimientos y deberá determinar si requiere reformarla.
Por Isaías Ramos
Es fundamental que la población dominicana se mantenga alerta y consciente de las graves implicaciones de las decisiones y acciones que este gobierno está llevando a cabo. Estas medidas amenazan nuestra Constitución y nuestros derechos fundamentales, económicos y sociales.
La introducción simultánea de diversas reformas puede interpretarse como una estrategia deliberada para provocar un shock en la ciudadanía, generando confusión y descontento que podrían resultar devastadores tanto para la nación como para quienes promueven estas medidas.
No podemos ignorar el inminente riesgo de que, bajo el pretexto de estas «reformas», se desencadene un caos social. Este escenario es tan alarmante que podría invocar el artículo 264 de nuestra Constitución, permitiendo declarar un “Estado de Conmoción Interior”. Como dice el refrán: “guerra avisada no mata soldado”.
Es momento de alertar a nuestra sociedad antes de permitir situaciones indeseables que puedan desembocar en calamidades similares a las vividas en abril de 1984. No podemos permitir que nuestro pueblo sufra nuevamente bajo el peso del dolor y la indignación.
La violación del orden constitucional por parte del gobierno no solo socava los principios fundamentales de un Estado Social y Democrático de Derecho, sino que también pone en grave riesgo el futuro económico y social de millones de dominicanos. Estamos en un punto crítico: empujar a la clase trabajadora y a la clase media hacia condiciones extremas de pobreza, mientras otros sectores disfrutan del privilegio, es una injusticia que no podemos tolerar.
Al igual que en la fábula del sapo en agua hirviendo, donde el peligro es subestimado hasta ser irreversible, es crucial que nuestros ciudadanos tomen conciencia urgente para fortalecer sus mecanismos defensivos ante estas contrarreformas.
La situación actual exige atención inmediata. Las decisiones de este gobierno están erosionando los derechos económicos y sociales consagrados en nuestra Constitución. La tendencia hacia privatizar servicios esenciales —como el sector eléctrico— plantea riesgos significativos de perpetuarnos en el subdesarrollo de una eterna miseria.
Debemos unirnos con determinación para defender nuestro Estado Social y Democrático de Derecho, garantizando que los recursos públicos no sean despojados en beneficio exclusivo del sector privado; solo así podremos asegurar un futuro sostenible y justo para todos.
En el Frente Cívico y Social, reconocemos con preocupación el enorme endeudamiento al que ha sido sometido nuestro país durante dos décadas, y especialmente en los últimos cuatro años. Esta situación representa una bomba de tiempo lista para estallar.
Nos enfrentamos al riesgo real e inmediato de experimentar hiperinflación sin precedentes junto con niveles históricos de desempleo que pueden desestabilizar aún más nuestra economía e impactar severamente nuestra calidad de vida.
Este panorama exige una reflexión profunda sobre nuestras políticas económicas actuales, así como un compromiso colectivo orientado hacia soluciones sostenibles capaces de prevenir esta catástrofe inminente.
Esta administración ha inaugurado una forma evolutiva del corporativismo, donde el Gobierno y las élites económicas le declaran una guerra a la clase media y trabajadora con el fin de hundirla en la eterna pobreza. Mientras la fórmula de alianza gobierno-élite garantiza grandes beneficios a expensa de financiarlo con deuda y subsidios públicos.
Este modelo se asemeja más a un Estado policial que lanza una guerra total contra los derechos económicos y sociales fundamentales. La creciente concentración de la riqueza nacional entre unos pocos privilegiados es alarmante, mientras empuja a gran parte de la población hacia condiciones precarias.
Esta orquestada transferencia de riqueza, presentada como inevitable, es en realidad parte de un diseño social que prioriza intereses particulares sobre el bienestar colectivo y sumerge a millones en una miseria estructurada.
En el FCS, entendemos que es imperativo abordar las desigualdades con propuestas sólidas, promoviendo modelos justos e inclusivos enfocados en el bienestar colectivo y el mandato constitucional.
¡Despierta, RD!