Opinión
¡El gran fraude es el sistema!
Por Narciso Isa Conde
El Movimiento Caamañista-MC argumentó doce razones por las cuales no participa en ninguna de las dos votaciones fijadas para el año en curso, una parte referidas a lo que hemos denominado el gran fraude estructural, otras al sistema institucional fraudulento (su Constitución y sus leyes antidemocráticas) y además las referidas al conjunto de operaciones tramposas y violaciones a las normas establecidas ejecutadas antes y durante las recientes votaciones municipales.
Los resultados confirman nuestras valoraciones y muestran que el GRAN FRAUDE es el sistema.
AHORA BIEN, en sus respectivas opiniones y balances sobre los resultados de las votaciones, la JCE, el gobierno, el CONEP, el Poder Mediático nacional e internacional, y los partidos PRM-PLD-FUPU y grupos satélites -que de hecho constituyen un solo partido sistémico con colores y voceros distintos- se han empeñado en ocultar la cuestión más grave: que fueron unos comicios vacíos de contenidos en lo que compete a las alcaldías y distritos municipales sobre la cuestión territorial y los problemas cruciales del país; y que resultó una trampa fraudulenta, en la que el GRAN FRAUDE ES EL SISTEMA.
Nos referimos al patrimonio natural, a los impactos negativos de los proyectos mineros, a la depredación y contaminación de ríos, a la destrucción de manglares y playas, a la deforestación; a la corrupción impune, a la inseguridad en sus jurisdicciones, a los bajos presupuestos y arbitrios, a la evasión de impuestos territoriales por grandes empresas y la no compensación de pasivos ambientales por las mega-mineras.
Todos los alcaldes y los candidatos, actuando a una, evadieron esos temas trascendentes y el estado deplorable de los ríos binacionales, las nuevas y graves amenazas mineras sobre ellos y los predios agrícolas que irrigan; ignoraron los conflictos y soluciones no resueltos con el vecino Haití, sistemáticamente agravados por posiciones oficiales seudo-nacionalistas.
Las campañas de las dos facciones fundamentales de esa especie partido único neoconservador, giraron alrededor de pugnas superficiales, promesas demagógicas que nunca cumplen, temas banales y acusaciones y contra-acusaciones muy parecidas a las del conejo diciéndole al burro “orejú”.
Se las ingeniaron para excluir de esa competencia el destino y agresiones a lo que le pertenece a nuestro pueblo: el territorio del país, su patrimonio público y natural; víctimas de un pérfido saqueo a cargo de la oligarquía capitalista, las corporaciones transnacionales y las mafias empresariales, militares y políticas; obviando además que el 25% del territorio nacional, está concesionado para exploración a empresas mineras, casi todos en las proximidades de fuentes de agua.
El PRM-PLD-FP-PRD-PRSC y asociados, ocultaron y evadieron esas y otras cuestiones fundamentales; porque todos ellos son la misma cosa, un agrupamiento responsable de las atrocidades cometidas en las últimas décadas por gobiernos municipales y nacionales.
Resalta que la mayoría de las alcaldías y Distritos Municipales carecen de planes propios de educación, cultura e inversión, y nada hacen para contrarrestar la violencia y la opresión contra nuestras mujeres.
Los alcaldes, directores y regidores se parecen demasiado en sus pésimas gestiones y en la aceptación pasiva del aplastamiento por el Poder Ejecutivo de la autonomía del poder municipal; hecho agravado durante esta nueva campaña clientelista, la cual resultó más presidencial que municipal.
· DE LA TRAMPA ESTRUCTURAL, AL FRAUDE INFORMATIVO-PROPAGANDÍSTICO.
Estamos frente a un sistema que ha estructurado una gran trampa de larga duración, profundamente antidemocrática, construida en una sociedad trágicamente desigual; basada en un capitalismo mafioso, que arrastra el sistema electoral y lo convierte en negocio.
En la primera prueba de este nuevo reciclaje electoral, dentro de un sistema que opera como fraude mayor, lo nuevo es que las fuerzas dominantes están pagando un costo político mayor que antes.
Un costo palpable en la gran abstención y los altos grados de la ilegitimidad de las votaciones y de los/as candidato/as electos/as; lo que a la vez está siendo objeto de un fraude encubridor, propagandístico-informativo, a cargo de la JCE, los grandes medios de comunicación y las direcciones políticas.
¿Cuál es la verdad que ellos están escamoteando sobre los resultados de las votaciones municipales? Esta es nuestra respuesta:
· El padrón general de la JCE, es decir, el total de dominicanos/as con derecho al voto registrado por ese organismo, es de 8,105,000.
· En número redondo, el total de los votos válidos representa 47% de ese padrón general de la JCE, y finalmente no votó alrededor del 53%.
· De ese total de votos válidos corresponde un 23% al PRM, un 11% al PLD, y un 6.5% a la FP. El resto de los grupos obtuvieron entre todos aproximadamente un 6 %.
· La asignación de 50.52% al PRM, 23.75% al PLD y 13.33 % a la FP por la JCE y los medios de comunicación, se refiere al porcentaje de cada uno de ellos respecto a los votos válidos; no al porcentaje sobre el total de electores/as.
Concentrar la información oficial de la JCE y una abrumadora difusión mediática en esa versión incompleta es una media verdad. Una manera de hacer trampa en la información y la propaganda. Una modalidad de fraude.
Porque en este caso, cuando al total de electores/as se le reduce la abstención, es obligado restarles a los porcentajes ofrecidos por la JCE y ampliamente difundidos, más de la mitad en cada caso.
El total de los votos válidos de los partidos es solo el 47% de los electores y de ese total corresponden aproximadamente un 23% al PRM, un 11% para el PLD, un 6.5% a la FP y un 6% al resto de los pequeños grupos participantes, lo que constituye un fracaso y no puede ocultarse sin faltar a la verdad.
La compra de cédulas no influye tantísimo en la abstención.
Las compras de votos no afectan la cantidad de votos emitidos, pero sí alteró limitadamente en alguna medida la competencia entre el oficialismo y la falsa oposición.
En estas dos trampas y todas estas modalidades de corrupción electoral participaron gobiernistas y opositores. El ejercicio del fraude es común a ambos bandos, antes y ahora.
En esos procesos, los que dirigen la compra votos y cédulas, y las múltiples trampas, son los verdaderos corruptores; en esta ocasión más evidenciados en el contexto de unas votaciones donde no faltó gente empobrecida, jóvenes y adultos, que no le ven utilidad a las mismas, más que sacarles pequeñas ventajas económicas.
En tanto el producto cíclico es siempre «más lo mismo», a mucha gente las votaciones no les merecen respeto.
En fin, los jerarcas del sistema cosecharon lo que han sembrado y protegido por décadas, incluyendo el creciente descrédito de la perversión y corrupción del sufragio.
Las motivaciones de la abstención son diversas y justificables, no es simplemente apatía.
Sin dudas el rechazo consciente ha crecido y también influyen diferentes grados de percepción e intuición de que para poco o para nada sirven ese tipo de comicios, algo que muchos jóvenes hacen suyo.
· MENTIRAS, SOFISMAS Y DISCURSOS MAÑOSOS.
Voceros del oficialismo se conforman con ocultar su desgaste y el de los demás, repitiendo que ese es el porcentaje tradicional en los comicios municipales; obviando una fuerte opinión de representantes del sistema, que muestran preocupación por el grado y las expresiones de la reciente abstención. Y para colmo son capaces de calificar ese desastre de “fiesta de la democracia”.
Sus más osados defensores no tienen empacho en calcular la abstención de cada partido en relación con su propio padrón electoral y no respecto el número general de electores registrados; cuando saben perfectamente que los padrones de los partidos, siempre han sido «truqueados», adulterados y hasta falsificados para hacer bulto, incluyendo no pocos afiliados que no son tales y muchos otros capaces de votar por cualquiera.
En el caso de Leonel, luego de un silencio prolongado, recurrió al sofisma y a las medias verdades, porque si bien la votación real del PRM fue solo de casi del 24% de los electores/as, la de la FUPU fue de 6.5. % y la del PLD de algo más del 11%. Nadie sabe de dónde saca que su partido creció en un 76% y que va “pa lante” y vencerá en mayo.
Pero es que estos señores no solo saben hacer todo tipo de fraudes en las votaciones, sino que también están acostumbrados a hacer fraudes colosales en sus discursos y su propaganda.
· VÍA, ACCIÓN Y PROPUESTA ALTERNATIVAS.
Nuestro pueblo tiene el deber de asumir el reto de barrer del poder toda esa basura.
A la luz de estos resultados, corresponde a quienes rechazamos esta dominación y a quienes participaron en ese proceso de buena fe y con honestidad, y logren corregir el error, disponernos a detener esta afrenta.
Esto comienza por evadir la trampa, la cual se va a repetir en mayo de peor manera.
Sigue con asumir y difundir todas las razones que justifican no participar en las próximas votaciones congresuales y presidenciales, procurando ilegitimarlas más aún; y continúa con la creación de un poder popular constituyente que se proponga romper la trampa por la vía extra-institucional, mediante movilizaciones multitudinarios, paralizaciones y protestas populares, portadoras de un programa alternativo y transformador.
Esta es la única manera de hacer colapsar esta institucionalidad podrida y abrirle cauce a un proceso constituyente que culmine en una ASAMBLEA CONSTITUYENTE SOBERANA Y PARTICIPATIVA, que lo cambie todo: constitución, leyes orgánicas, reglas de juego, mecanismos electorales, sistema de partidos y normas de participación; creando a la vez la plataforma jurídico-política e institucional que posibilite construir democracia real, autodeterminación popular y nacional, y dar inicio a las grandes transformaciones sociales.
¡HAY QUE CAMBIARLO TODO!
¡CAMBIAR EL SISTEMA!
Por Isaías Ramos
En medio de un escenario político tumultuoso, la reciente exclusión de partidos minoritarios en el debate presidencial constituye una flagrante violación del artículo 39 de la Constitución. Este artículo consagra la igualdad ante la ley y garantiza los mismos derechos y oportunidades para todos, sin discriminación alguna. Esta situación pone en evidencia un alarmante déficit democrático y una profunda desconexión entre las estructuras de poder y las necesidades reales del pueblo dominicano.
La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, al organizar un debate presidencial y decidir excluir a ciertos participantes basándose en criterios arbitrarios como el tamaño del partido, no solo ha perpetrado una discriminación injusta, sino que también ha socavado los principios fundamentales de igualdad y pluralismo. Este acto refleja cómo las élites políticas y económicas intentan perpetuar un sistema injusto que favorece a unos pocos en detrimento de la mayoría.
Es perturbador observar cómo los candidatos que aceptaron participar en este debate sin cuestionar la exclusión de otros no solo muestran una falta de compromiso con los principios constitucionales, sino que también evidencian una falta de ética y responsabilidad cívica. La aceptación de esta situación por parte de los candidatos participantes refuerza la percepción de que su interés por mantener su posición en el estatus quo prevalece sobre el bienestar colectivo y el respeto a la ley fundamental del país.
Los dominicanos se enfrentan no solo a la usurpación de su derecho a recibir información diversa y representativa durante un periodo electoral crítico, sino también a la erosión de su capacidad de tomar decisiones informadas. Limitar la participación en el debate presidencial a los partidos mayoritarios priva a la ciudadanía de explorar una gama más amplia de alternativas políticas y soluciones a los problemas nacionales.
Este contexto demanda un despertar cívico. Los ciudadanos deben exigir que se respeten los principios de igualdad y pluralismo en todos los procesos electorales, promoviendo un cambio hacia debates más inclusivos que permitan la participación de todas las fuerzas políticas sin discriminación. El respeto a la Constitución y a los derechos que esta garantiza es fundamental para construir una democracia verdaderamente representativa y justa.
El Frente Cívico y Social continuaremos abogando por un sistema electoral equitativo donde todos los partidos y candidatos tengan la misma oportunidad de ser escuchados. Es esencial que todos los sectores de la sociedad trabajemos juntos para garantizar que las futuras elecciones sean un reflejo fiel de la voluntad popular, libre de manipulaciones y exclusiones arbitrarias.
Por ello, es imperativo despertar nuestro sentido cívico y exigir un cambio hacia debates más inclusivos y equitativos. No podemos permitir que intereses particulares prevalezcan sobre el bienestar colectivo y la voluntad popular. Debemos ser guardianes activos de nuestra democracia, velando por el respeto irrestricto a nuestra Constitución y luchando contra cualquier intento de manipulación o exclusión.
En el FCS queremos hacer un llamado urgente: no dejemos que aquellos que buscan perpetuar un sistema injusto y opresor nos silencien o nos dividan. Recordemos siempre que la verdadera fuerza radica en la unidad del pueblo consciente e informado. Si el sistema falla en representarnos adecuadamente, debemos manifestarlo con firmeza mediante acciones como la invalidación del voto o la abstención responsable. El poder está en nuestras manos para forjar un país donde cada voz sea escuchada, cada derecho sea respetado y cada sueño pueda realizarse sin obstáculos.
¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
La ley internacional concede inmunidad contra el enjuiciamiento penal por Estados extranjeros a los Jefes de Estado y oficiales diplomáticos (artículo 31 Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas). Sin embargo, los delitos enumerados por el Estatuto de Roma pueden haber sido cometidos por diplomáticos, Jefes de Estado, oficiales gubernamentales o por cualquier otra persona que goce de inmunidad diplomática, y la ley internacional no podrá reconocerles inmunidad alguna contra el enjuiciamiento por tales crímenes.
La Corte Penal Internacional determinará si existe alguna inmunidad, cuando se le refiere un caso. Sin embargo, el artículo 98 del Estatuto de Roma establece ciertas restricciones a la CPI, cuando solicite la entrega u otro tipo de asistencia a los Estados.
El artículo 98 del Estatuto de Roma trata la situación de entrega de una persona cuando existe un conflicto con las obligaciones del Estado bajo el derecho internacional o con respecto a la inmunidad diplomática de un extranjero o su propiedad.
La Corte Penal Internacional no deberá requerir que un Estado actúe de manera contraria a sus obligaciones internacionales. Pero al mismo tiempo una situación tal raras veces surgirá, ya que la Corte investigará tales posibilidades antes de solicitar una entrega al Estado. Adicionalmente, las obligaciones del derecho internacional aplicables a los Estados Partes incluirán sus obligaciones bajo el Estatuto de Roma.
Al aceptar los artículos 27 y 86 del Estatuto, los Estados Partes abiertamente retiran cualquier inmunidad contra la CPI . Por ende, cuando un nacional de un Estado Parte es requerido por la Corte, ese nacional no podrá reclamar las inmunidades normales que existan respecto al enjuiciamiento penal en el exterior, y el Estado requerido no estará violando sus obligaciones internacionales si entrega la persona a la CPI.
No obstante, cuando la CPI haya determinado que la inmunidad si existe, podrá dar curso a la solicitud de entrega solamente si cuenta primero con el apoyo del Estado de nacionalidad del acusado. En tal caso, el Estado requerido que proceda con la entrega no violara sus obligaciones internacionales de conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas
El artículo 98 establece que la Corte no podrá dar curso a la solicitud de entrega que requiera que el Estado requerido viole sus obligaciones de conformidad con los acuerdos internacionales que requieran el consentimiento del Estado que entrega a una persona de ese Estado a la CPI.
Esta situación podría surgir cuando una persona detenida en el Estado requerido haya sido extraditada a ese Estado desde otro país, bajo la condición de ser devuelta a su país luego de la investigación o enjuiciamiento, o la ejecución de una condena. Podría también darse cuando , bajo el acuerdo de Estatus de Fuerzas, los miembros de las fuerzas armadas de un tercer Estado se encuentren dentro del Estado solicitado.
Cuando el Estado que entregue sea un Estado Parte del Estatuto de Roma , no deberá restringir la posibilidad de que otros Estados entreguen a sus nacionales a la CPI, ya que cada Estado Parte acepta la jurisdicción de la Corte sobre sus nacionales y no hay fundamento para rechazar la entrega de una persona a la Corte .
Sin embargo, cuando la persona requerida alegue el principio de ne dis in idem, y la decisión de admisibilidad de la CPI aún esté pendiente, el Estado requerido deberá consultar con el Estado que entrega, y la CPI, de conformidad con el artículo 89, para determinar si se debe suspender o no la ejecución de la solicitud.
De lo contrario el Estado requerido tendría que contar con el consentimiento del Estado de la persona que entrega. La CPI deberá contar con la cooperación del Estado que entrega, si no es este un Estado Parte, antes de que la Corte Penal Internacional solicite la entrega.
El articulo 98 solo es relevante cuando el Estado requerido pueda demostrar que la acción requerida por la CPI lo obligaría a violar una obligación bajo el derecho internacional. Un Estado no podrá invocar una previsión de su derecho interno que garantice inmunidad a la persona a ser entregada.
En el contexto de las obligaciones el Estado Parte tiene la obligación de entregar a una persona que goce de inmunidad diplomática, cuando la CPI solicite su entrega luego de haber obtenido la cooperación de un tercer Estado para la renuncia de la inmunidad.
Cuando la CPI solicite la entrega de una persona, pero el Estado Parte requerido normalmente estaría violando un acuerdo internacional con un tercer Estado, el Estado requerido esta obligado a entregar a la persona si la Corte cuenta con el consentimiento del tercer Estado para la entrega de la persona . El Estado Parte requerido deberá entregar a la persona si el tercer Estado es un Estado Parte.
En el marco de la implementación los Estados Partes deberán prever dentro de su derecho interno, la posibilidad de entregar a una persona a la CPI aunque normalmente goce de inmunidad estatal o diplomática, cuando el Estado de donde esta persona es nacional acuerde renunciar a su inmunidad. Debido a que la CPI tiene la autoridad de determinar si existen o no las inmunidades, no obstaculizaron las la cooperación con la CPI. Esto garantiza que el Estado Parte pueda cumplir con sus obligaciones de entrega.
Los Estados Partes deberán asegurar que sus nacionales puedan ser entregados a la CPI por otros Estados, cuando sea conveniente, y que no existan acuerdos bilaterales o multilaterales que obstaculicen el proceso. Los Estados Partes deberán estar preparados para revelar a la Corte cualquier obligación o acuerdo internacional que pueda estar en conflicto con una solicitud de entrega que este preparando la Corte, si la misma necesitare tal información.
Por Nelson Encarnación
La incitación a la violencia es un delito grave en todas las sociedades organizadas, incluida la nuestra, donde un llamado a alterar el orden público acarrea consecuencias penales para cualquier persona, pues el Estado tiene la obligación no solo de perseguir el hecho, sino de prevenirlo.
Por consiguiente, el expresidente Danilo Medina se coloca al margen de la ley e incurre en ese delito de incitación a la violencia cuando llama a la militancia del Partido de la Liberación Dominicana, que él lidera, a destruir las eventuales carpas que coloquen los seguidores oficialistas en los alrededores de los colegios electorales el próximo 19.
Un líder de la categoría de quien fue presidente de la República durante ocho años, y que además dirige una de las formaciones políticas fundamentales del sistema de partidos, debe ser lo suficientemente prudente y medido para conocer el alcance de sus arengas.
La incitación de Medina tiene varios puntos relevantes, pero fuera del delito en que incurre, hay dos de carácter electoral que su desatino no alcanza a calibrar.
El primero tiene que ver con lo que ya ha determinado la Junta Central Electoral (JCE) respecto de las carpas partidarias, las cuales el órgano de comicios prohibió tajantemente a partir de las alegaciones que produjeron esas instalaciones luego del proceso de febrero pasado.
En consecuencia, la perorata de Medina carece de sentido, si se toma en cuenta la señalada disposición.
El otro aspecto es aún más relevante para los intereses del partido morado y de toda la oposición, puesto que, si entre sus argumentos figura la supuesta manipulación del proceso por el oficialismo para provocar la abstención de sus adversarios, podemos suponer que, con un ambiente de posible violencia, los votantes poco motivados preferirían quedarse en sus casas para no exponerse.
Esto tiene un referente histórico que Danilo conoce perfectamente. Se trata de las elecciones de 1966, cuando el profesor Juan Bosch, candidato frente a un Joaquín Balaguer aupado por los invasores estadounidenses, llamó a sus seguidores a que fueran a votar armados con palos y piedras para defender el voto.
¿Qué hicieron miles de partidarios del PRD? Se quedaron en sus casas para no convertirse en presa de los violentos determinados a imponer a Balaguer. ¿Es esto lo que Danilo quiere para luego alegar irregularidades?