Opinión
¡El gran fraude es el sistema!
Por Narciso Isa Conde
El Movimiento Caamañista-MC argumentó doce razones por las cuales no participa en ninguna de las dos votaciones fijadas para el año en curso, una parte referidas a lo que hemos denominado el gran fraude estructural, otras al sistema institucional fraudulento (su Constitución y sus leyes antidemocráticas) y además las referidas al conjunto de operaciones tramposas y violaciones a las normas establecidas ejecutadas antes y durante las recientes votaciones municipales.
Los resultados confirman nuestras valoraciones y muestran que el GRAN FRAUDE es el sistema.
AHORA BIEN, en sus respectivas opiniones y balances sobre los resultados de las votaciones, la JCE, el gobierno, el CONEP, el Poder Mediático nacional e internacional, y los partidos PRM-PLD-FUPU y grupos satélites -que de hecho constituyen un solo partido sistémico con colores y voceros distintos- se han empeñado en ocultar la cuestión más grave: que fueron unos comicios vacíos de contenidos en lo que compete a las alcaldías y distritos municipales sobre la cuestión territorial y los problemas cruciales del país; y que resultó una trampa fraudulenta, en la que el GRAN FRAUDE ES EL SISTEMA.
Nos referimos al patrimonio natural, a los impactos negativos de los proyectos mineros, a la depredación y contaminación de ríos, a la destrucción de manglares y playas, a la deforestación; a la corrupción impune, a la inseguridad en sus jurisdicciones, a los bajos presupuestos y arbitrios, a la evasión de impuestos territoriales por grandes empresas y la no compensación de pasivos ambientales por las mega-mineras.
Todos los alcaldes y los candidatos, actuando a una, evadieron esos temas trascendentes y el estado deplorable de los ríos binacionales, las nuevas y graves amenazas mineras sobre ellos y los predios agrícolas que irrigan; ignoraron los conflictos y soluciones no resueltos con el vecino Haití, sistemáticamente agravados por posiciones oficiales seudo-nacionalistas.
Las campañas de las dos facciones fundamentales de esa especie partido único neoconservador, giraron alrededor de pugnas superficiales, promesas demagógicas que nunca cumplen, temas banales y acusaciones y contra-acusaciones muy parecidas a las del conejo diciéndole al burro “orejú”.
Se las ingeniaron para excluir de esa competencia el destino y agresiones a lo que le pertenece a nuestro pueblo: el territorio del país, su patrimonio público y natural; víctimas de un pérfido saqueo a cargo de la oligarquía capitalista, las corporaciones transnacionales y las mafias empresariales, militares y políticas; obviando además que el 25% del territorio nacional, está concesionado para exploración a empresas mineras, casi todos en las proximidades de fuentes de agua.
El PRM-PLD-FP-PRD-PRSC y asociados, ocultaron y evadieron esas y otras cuestiones fundamentales; porque todos ellos son la misma cosa, un agrupamiento responsable de las atrocidades cometidas en las últimas décadas por gobiernos municipales y nacionales.
Resalta que la mayoría de las alcaldías y Distritos Municipales carecen de planes propios de educación, cultura e inversión, y nada hacen para contrarrestar la violencia y la opresión contra nuestras mujeres.
Los alcaldes, directores y regidores se parecen demasiado en sus pésimas gestiones y en la aceptación pasiva del aplastamiento por el Poder Ejecutivo de la autonomía del poder municipal; hecho agravado durante esta nueva campaña clientelista, la cual resultó más presidencial que municipal.
· DE LA TRAMPA ESTRUCTURAL, AL FRAUDE INFORMATIVO-PROPAGANDÍSTICO.
Estamos frente a un sistema que ha estructurado una gran trampa de larga duración, profundamente antidemocrática, construida en una sociedad trágicamente desigual; basada en un capitalismo mafioso, que arrastra el sistema electoral y lo convierte en negocio.
En la primera prueba de este nuevo reciclaje electoral, dentro de un sistema que opera como fraude mayor, lo nuevo es que las fuerzas dominantes están pagando un costo político mayor que antes.
Un costo palpable en la gran abstención y los altos grados de la ilegitimidad de las votaciones y de los/as candidato/as electos/as; lo que a la vez está siendo objeto de un fraude encubridor, propagandístico-informativo, a cargo de la JCE, los grandes medios de comunicación y las direcciones políticas.
¿Cuál es la verdad que ellos están escamoteando sobre los resultados de las votaciones municipales? Esta es nuestra respuesta:
· El padrón general de la JCE, es decir, el total de dominicanos/as con derecho al voto registrado por ese organismo, es de 8,105,000.
· En número redondo, el total de los votos válidos representa 47% de ese padrón general de la JCE, y finalmente no votó alrededor del 53%.
· De ese total de votos válidos corresponde un 23% al PRM, un 11% al PLD, y un 6.5% a la FP. El resto de los grupos obtuvieron entre todos aproximadamente un 6 %.
· La asignación de 50.52% al PRM, 23.75% al PLD y 13.33 % a la FP por la JCE y los medios de comunicación, se refiere al porcentaje de cada uno de ellos respecto a los votos válidos; no al porcentaje sobre el total de electores/as.
Concentrar la información oficial de la JCE y una abrumadora difusión mediática en esa versión incompleta es una media verdad. Una manera de hacer trampa en la información y la propaganda. Una modalidad de fraude.
Porque en este caso, cuando al total de electores/as se le reduce la abstención, es obligado restarles a los porcentajes ofrecidos por la JCE y ampliamente difundidos, más de la mitad en cada caso.
El total de los votos válidos de los partidos es solo el 47% de los electores y de ese total corresponden aproximadamente un 23% al PRM, un 11% para el PLD, un 6.5% a la FP y un 6% al resto de los pequeños grupos participantes, lo que constituye un fracaso y no puede ocultarse sin faltar a la verdad.
La compra de cédulas no influye tantísimo en la abstención.
Las compras de votos no afectan la cantidad de votos emitidos, pero sí alteró limitadamente en alguna medida la competencia entre el oficialismo y la falsa oposición.
En estas dos trampas y todas estas modalidades de corrupción electoral participaron gobiernistas y opositores. El ejercicio del fraude es común a ambos bandos, antes y ahora.
En esos procesos, los que dirigen la compra votos y cédulas, y las múltiples trampas, son los verdaderos corruptores; en esta ocasión más evidenciados en el contexto de unas votaciones donde no faltó gente empobrecida, jóvenes y adultos, que no le ven utilidad a las mismas, más que sacarles pequeñas ventajas económicas.
En tanto el producto cíclico es siempre «más lo mismo», a mucha gente las votaciones no les merecen respeto.
En fin, los jerarcas del sistema cosecharon lo que han sembrado y protegido por décadas, incluyendo el creciente descrédito de la perversión y corrupción del sufragio.
Las motivaciones de la abstención son diversas y justificables, no es simplemente apatía.
Sin dudas el rechazo consciente ha crecido y también influyen diferentes grados de percepción e intuición de que para poco o para nada sirven ese tipo de comicios, algo que muchos jóvenes hacen suyo.
· MENTIRAS, SOFISMAS Y DISCURSOS MAÑOSOS.
Voceros del oficialismo se conforman con ocultar su desgaste y el de los demás, repitiendo que ese es el porcentaje tradicional en los comicios municipales; obviando una fuerte opinión de representantes del sistema, que muestran preocupación por el grado y las expresiones de la reciente abstención. Y para colmo son capaces de calificar ese desastre de “fiesta de la democracia”.
Sus más osados defensores no tienen empacho en calcular la abstención de cada partido en relación con su propio padrón electoral y no respecto el número general de electores registrados; cuando saben perfectamente que los padrones de los partidos, siempre han sido «truqueados», adulterados y hasta falsificados para hacer bulto, incluyendo no pocos afiliados que no son tales y muchos otros capaces de votar por cualquiera.
En el caso de Leonel, luego de un silencio prolongado, recurrió al sofisma y a las medias verdades, porque si bien la votación real del PRM fue solo de casi del 24% de los electores/as, la de la FUPU fue de 6.5. % y la del PLD de algo más del 11%. Nadie sabe de dónde saca que su partido creció en un 76% y que va “pa lante” y vencerá en mayo.
Pero es que estos señores no solo saben hacer todo tipo de fraudes en las votaciones, sino que también están acostumbrados a hacer fraudes colosales en sus discursos y su propaganda.
· VÍA, ACCIÓN Y PROPUESTA ALTERNATIVAS.
Nuestro pueblo tiene el deber de asumir el reto de barrer del poder toda esa basura.
A la luz de estos resultados, corresponde a quienes rechazamos esta dominación y a quienes participaron en ese proceso de buena fe y con honestidad, y logren corregir el error, disponernos a detener esta afrenta.
Esto comienza por evadir la trampa, la cual se va a repetir en mayo de peor manera.
Sigue con asumir y difundir todas las razones que justifican no participar en las próximas votaciones congresuales y presidenciales, procurando ilegitimarlas más aún; y continúa con la creación de un poder popular constituyente que se proponga romper la trampa por la vía extra-institucional, mediante movilizaciones multitudinarios, paralizaciones y protestas populares, portadoras de un programa alternativo y transformador.
Esta es la única manera de hacer colapsar esta institucionalidad podrida y abrirle cauce a un proceso constituyente que culmine en una ASAMBLEA CONSTITUYENTE SOBERANA Y PARTICIPATIVA, que lo cambie todo: constitución, leyes orgánicas, reglas de juego, mecanismos electorales, sistema de partidos y normas de participación; creando a la vez la plataforma jurídico-política e institucional que posibilite construir democracia real, autodeterminación popular y nacional, y dar inicio a las grandes transformaciones sociales.
¡HAY QUE CAMBIARLO TODO!
¡CAMBIAR EL SISTEMA!
Por Rommel Santos Diaz
El Fiscal, después de evaluar la información de que disponga, iniciará una investigación a menos que determine que no existe fundamento razonable para proceder a ella con arreglo en cuenta las siguientes circunstancias:
- a)La información de que dispone constituye fundamento razonable para creer que se ha cometido o se está cometiendo un crimen de la competencia de la Corte Penal Internacional;
- b)La causa es o sería admisible de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma;
- c)Existen razones sustanciales para creer que, aun teniendo en cuenta la gravedad del crimen y los intereses de las víctimas, una investigación no redundaría en interés de la justicia.
El Fiscal, si determinare que no hay fundamento razonable para proceder a la investigación y la determinación se basará únicamente en lo señalado anteriormente, lo comunicará a la Sala de Cuestiones Preliminares.
Si, tras la investigación, el Fiscal llega a la conclusión de que no hay fundamento suficiente para el enjuiciamiento ya que:
- a)No existe una base suficiente de hecho o de derecho para pedir una orden de detención o de comparecencia de conformidad con el artículo 58 del Estatuto de Roma;
- b)La causa es inadmisible de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma ; o
- c)El enjuiciamiento no redundaría en interés de la justicia, teniendo en cuenta todas las circunstancias, entre ellas la gravedad del crimen, los intereses de las víctimas y la edad o enfermedad del presunto autor y su participación en el presunto crimen, notificará su conclusión motivada a la Sala de Cuestiones Preliminares y al Estado que haya remitido el asunto de conformidad con el artículo 14 del Estatuto o al Consejo de Seguridad si se trata de un caso previsto en el artículo 13 del Estatuto de Roma.
Por otro lado, a petición del Estado que haya remitido el asunto con arreglo al artículo 14 del Estatuto de Roma o del Consejo de Seguridad de conformidad con el artículo 13, la Sala de Cuestiones Preliminares podrá examinar la decisión del Fiscal de no proceder a la investigación de conformidad con este mismo artículo y pedir al Fiscal que reconsidere esa decisión.
Además la Sala de Cuestiones Preliminares podrá, de oficio, revisar una decisión del Fiscal de no proceder a la investigación si dicha decisión se basará únicamente en el párrafo 1 c) o 2 c) del artículo 13 del Estatuto de Roma. En este caso, la decisión del Fiscal únicamente surtirá efecto si es confirmada por la Sala de Cuestiones Preliminares.
Finalmente, el Fiscal podrá reconsiderar en cualquier momento su decisión de iniciar una investigación o enjuiciamiento sobre la base de nuevos hechos o nuevas informaciones.
Por Isaías Ramos
Mil doscientos millones de pesos para señalización turística. A la vez, se denuncian escuelas de jornada extendida con carencias de agua, baños, aulas, comedores y espacios adecuados.
No son partidas presupuestarias jurídicamente intercambiables. Pero sí revelan algo más profundo: qué problemas reciben recursos y urgencia del Estado, y cuáles continúan esperando.
La pregunta es inevitable:
¿Para quién está funcionando nuestro crecimiento?
La República Dominicana ha crecido. Negarlo sería absurdo. Han aumentado el turismo, la inversión extranjera, las exportaciones y el PIB. Pero durante más de tres décadas hemos confundido crecimiento con desarrollo, como si una cifra macroeconómica pudiera sustituir el bienestar de una familia.
Nuestra Constitución establece otra jerarquía. El artículo 8 dispone que la función esencial del Estado es proteger los derechos de la persona, respetar su dignidad y procurar su desarrollo dentro de un marco de justicia social y bienestar general. El artículo 217 ordena orientar el régimen económico hacia el desarrollo humano.
La Constitución no coloca al ciudadano al servicio de la economía. Coloca la economía al servicio del ciudadano.
El crecimiento es un medio, no el fin de la República. Podemos exhibir excelentes indicadores mientras demasiados dominicanos compran agua, pagan de su bolsillo educación y salud y viven en comunidades donde el progreso parece pasar de largo.
El modelo ha consolidado rasgos de rentismo, extractivismo y exclusión. Extraemos minerales, pero también obtenemos rentas del agua, las costas, el suelo y el paisaje. Facilitamos inversiones, concedemos incentivos y construimos infraestructura pública. Eso puede ser legítimo y necesario. La pregunta es qué recibe la nación a cambio.
Las playas muestran esa contradicción con claridad. El artículo 15 de la Constitución las reconoce como bienes de dominio público y de libre acceso. Sin embargo, en distintos lugares el ciudadano encuentra dificultades para acceder a costas rodeadas por proyectos que monetizan aquello que pertenece a todos.
La empresa construyó el hotel.
Pero no construyó el mar.
No creó la playa.
No produjo el paisaje.
Cuando un bien natural colectivo se convierte de hecho en atributo de exclusividad comercial, debemos preguntar quién captura la renta, quién asume los costos y qué pierde la nación.
El turismo no es enemigo del país. La empresa privada tampoco. Necesitamos inversión que genere empleos dignos, fortalezca proveedores nacionales, contribuya fiscalmente, transfiera conocimientos, respete el medioambiente y deje comunidades más prósperas.
No queremos menos crecimiento. Queremos crecimiento que produzca desarrollo.
No queremos menos inversión. Queremos inversión que fortalezca a la nación que la hace posible.
No todo incremento del PIB equivale a mayor bienestar ni necesariamente a mayor riqueza nacional neta. Si al crecer agotamos acuíferos, degradamos costas, acumulamos pasivos ambientales o convertimos privilegios temporales en derechos permanentes, podemos contabilizar como progreso la pérdida de nuestro patrimonio. Ninguna nación puede llamar desarrollo a aquello que mejora las cuentas de esta generación a costa de la siguiente.
El Estado no está ausente. Está selectivamente presente.
Construye carreteras, facilita inversiones, protege propiedades, concede incentivos y promueve destinos. Y debe hacerlo. El problema es que demasiadas veces no muestra la misma eficacia y urgencia para garantizar agua potable, educación, salud, seguridad, saneamiento y servicios públicos dignos.
Ese desequilibrio erosiona la esencia del Estado social y democrático de derecho.
No necesitamos escoger entre empresa y pueblo, ni entre inversión y justicia social. Esa es una falsa disyuntiva. Debemos medir el éxito nacional no solo por cuánto crece la economía, sino por cómo crece, quién recibe sus beneficios, quién asume sus costos y qué deja en el país.
Eso exige proteger el acceso público a los bienes comunes; condicionar los incentivos fiscales a resultados verificables; incorporar los costos ambientales; promover empleo formal, encadenamientos productivos y contribución fiscal; y someter las grandes decisiones al interés general.
Pero la transformación no corresponde únicamente al Estado. Requiere ciudadanos dispuestos a vigilar, participar, exigir cuentas y defender aquello que pertenece a todos.
La República Dominicana necesita más que corregir políticas aisladas. Necesita un proyecto de nación capaz de unificar esfuerzos, ordenar prioridades y fijar metas para saldar una deuda social acumulada durante décadas: un proyecto que convierta crecimiento en desarrollo, desarrollo en derechos y derechos en oportunidades reales.
Ese proyecto no supone renunciar al turismo, al capital ni a empresas prósperas. Supone ponerlos al servicio de algo superior: una economía al servicio de una nación.
Debemos reconocer una verdad incómoda: hemos sido mucho más persistentes construyendo crecimiento que construyendo desarrollo.
Es tiempo de recuperar la jerarquía constitucional:
Primero la persona.
Primero su dignidad.
Primero el bien común.
Y entonces el mercado, la inversión y el crecimiento como instrumentos para alcanzarlos.
Al final, la historia no nos preguntará cuánto creció la economía. Nos preguntará qué país dejamos.
Entonces tendremos que responder:
¿De qué sirvió crecer si, mientras crecíamos, fuimos perdiendo aquello que pertenecía a todos?
Ante esa pregunta, la indiferencia no debe ser una opción.
Por Oscar López Reyes
En 1976, en Barahona yo ganaba 100 pesos mensuales en dos trabajos –en el gobierno y en un medio de comunicación- cubría holgadamente los gastos de mi recién formada familia de cuatro miembros, y me sobraba dinero. Caminaba las calles del pueblo como un privilegiado, sin deudas ni estrés. Dormía como un lirón por el estilo de vida sobrio y albergaba una gran esperanza en el futuro.
Como en la mayoría de las casas, en la mía no había televisión, teléfono, nevera, aire acondicionado y mucho menos un vehículo de motor. Tampoco estufa, licuadora, inversor ni botellones de agua, porque por una tubería llegaba sin pagar un solo centavo, igual que la basura, y se pagaban chelitos por el consumo de luz. En el liceo no se cobraba.
En los patios de las dos casas alquiladas donde vivía, en las céntricas calles Colón casi esquina Duvergé y Jaime Mota casi esquina José María Cabral, había frondosos árboles de mangos y limoncillos (quenepas), y en la última anafres (hornillos para cocinar con carbón) y una letrina surtida con periódicos y fundas de papel –provenientes de colmados- para el aseo defecatorio.
Esos pliegos sanitarios representaban una muestra de progreso, porque en las afueras de la ciudad y en las lomas, como Chene, en Enriquillo, para la limpieza tras las necesidades fisiológicas se acudía, en los montes, a piedras, hojas verdes, tusas de maíz y troncos leñosos -en forma giratoria- que se ramificaban desde el suelo.
Entre 1973-1976 en colmados y almacenes –no existían supermercados- se compraban menos de 20 productos hogareños, con precios establecidos por la Dirección General de Control de Precios. Una libra de arroz costaba 8 centavos, una libra de habichuelas 7 centavos, una libra de azúcar 4 cheles, una libra de carne 10 cheles y una botella de aceite comestible valía 30 centavos.
A primera hora de la mañana y en la tardecita se vendía a 8 y 10 cheles una botella o litro de leche de vaca, bien pura, acabada de llegar en bidones desde fincas ganaderas de Amador Pons, Sarita Báez, Buchinche Pérez Espinosa, los hermanos Milongo y Napó (Napoleón) Pérez, los hermanos Dámaso y Zulema López (mis tíos) y otros.
Los gastos eran restringidos, y los regalos escasos, porque muy pocos celebraban cumpleaños o visitaban restaurantes. Predominaba el consumo de helados, principalmente los domingos, antes y después de las retretas del Parque Central.
Esos precios son recordados por mercaderes y amas de casa de la época, debido a que no existían estadísticas de la canasta básica de consumo en pesos dominicanos, en virtud de que, justamente en 1976, el Banco Central fue cuando inició la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares (ENGIH).
A la postre, la compra alimenticia mensual para ocho personas –porque había que separar manjares para los vecinos más cercanos y los padres de los esposos- ascendía a menos de 20 pesos mensuales. Otros gastos: Un par de zapatos de la fábrica gubernamental Fac Doc costaba 4 pesos, y cuando al prestamista “Viste Encuero”, muy conocido en el mercado público y los predios judiciales de Barahona, los días 25 –fecha de pago en el gobierno- le avanzaban 50 centavos de un crédito de 7 pesos, los aceptaba gustosamente.
En esos años, el peso dominicano tenía una paridad con el dólar estadounidense, o sea, uno por uno. Para las transacciones cotidianas, junto a las monedas de 5, 10, 25 y 50 centavos, la de un centavo circuló hasta 1987, con la efigie de Caonabo, cuyo poder adquisitivo fue anulado por la inflación, aunque no se conoce la emisión de una resolución definitiva del Banco Central que la despoje de su poder liberatorio.
Aquellos conmemorados, bien recordados y limpiecitos 100 pesos mensuales: 60 de la Corte de Apelación (no se registraba ninguna deducción de impuestos sobre la renta ni de seguridad social) y 40 pesos de Radio Barahona equivalen, a junio de 2026, a 125 mil 898 pesos con 56 centavos nominales, calculando el Índice de Precios al Consumidor, año por año, el valor del capital y el efecto inflacionario. A este último salario, la Dirección General de Impuestos Internos le reduce a 98 mil 400 pesos con 44 centavos, porque se le aplica un descuento de 27 mil 498 pesos con 12 por aportes de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y el Impuesto sobre la Renta (ISR).
¡Ah, consumismo y lujos!
¡Uy, prima del dólar!
¡Guau, globalización!
Entre 1973 y 1976 yo andaba despacio, a pie, relax y divertido, de un sitio a otro por las calles de Barahona como un afortunado, porque en la Corte de Apelación (juicios penales y civiles) me desempeñaba como mecanógrafo y mensajero ocasional, ya que estaba responsabilizado de buscar, el 25 de cada mes en las oficinas de Correo, los cheques de los jueces Federico Neftalio Cuello López (Nene), Doro Buenaventura Vásquez, Máximo Deñó, Rafael Dotel Recio y David Vicente Vidal Matos, y el procurador general de ese tribunal, Secundino Gómez Pérez (Jumito), máximas autoridades judiciales de la provincia.
El día 25, los magistrados arribaban a la Corte más temprano que nunca, caminando desde sus casas, sin parafernalias. Recuerdo cuando los secretarios de la Corte, Rafael Alfredo Pérez Rocha (Fellito Tinina), y la Procuraduría, Alejandro Rocha Peña (Mingolito), les entregaban a los jueces los emolumentos que devengaban: unos 250 pesos. Fungían como alguaciles Rafael Matos (Alito), Ignacio Mota y Luis Marino Arias. De unos 20 empleados de ese tribunal, solo sobreviven este último, hoy notario público; el extogado David Vidal, la entonces escribiente Teresa Peña y este servidor.
Yo era el menor de edad y el de más bajo salario: 60 pesos mensuales, el mínimo estatal, y cumplía el horario de 7:30 a.m. a 1:30 p. m. En la segunda jornada laboraba, desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche, como secretario auxiliar de Rodolfo Z. Lama Jaar, propietario de Radio Barahona, Radio Pedernales, Radio Jimaní y Radio Neyba. Redactaba cartas, anuncios y notas luctuosas, nutrido por mis primeras prácticas escriturales en los clubes culturales y en los murales de la Juventud Comunista (Pacoredo) del liceo secundario Federico Henríquez y Carvajal.
El 11 de febrero de 2026 -justo 50 años después, porque ingresé en el citado mes- volví a las oficinas de la Corte de Apelación de Barahona y la nostalgia me envolvió con los cambios experimentados: existía uno que otro escritorio de caoba, pero ni en sombra las máquinas mecánicas Olympia, Olivetti y Remington, y prácticamente todos los jueces y empleados de 1973-1976 viajaron a un espacio inhóspito. El salario mínimo es de 20 mil 500 pesos y los titulares de Corte de Apelación ganan desde 260 mil 859 hasta más de 362 mil 304 pesos.
Albricias: Aparecieron los datos de mi ingreso al Poder Judicial, y me expidieron la certificación pertinente. El juez presidente de la Cámara Penal de la Corte y juez coordinador del Departamento Judicial (Barahona, Pedernales, Bahoruco e Independencia), Joselín Moreta Carrasco, me dispensó la más esplendorosa atención. Lo que no dijo el texto fue que fui cancelado -el más próspero premio de mi vida, porque tuve que emigrar forzosamente a Santo Domingo- por negarme a ingresar al Partido Reformista del gobernante presidente Joaquín Balaguer. ¡Qué vida Balaguer!
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático, escritor y comentarista de medios escritos, televisivos y digitales.