Opinión
El Gran Santo Domingo
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11 años agoon
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Miguel CearaEl Gran Santo Domingo (GSD) fue definido en 2007 como la suma del Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo y el Municipio de Bajos de Haina, convirtiéndose en el principal conglomerado urbano del país, cuyas dinámicas económicas, territoriales y urbanos la convierten en una sola estructura territorial de carácter metropolitano. Según datos de la ONE, en 2010 tenía una población total de 3.5 millones de habitantes y una extensión total de 1,420 km2 de los cuales 292.79 km2 eran urbanos.
La población del GSD representa el 37% de la población total del país, de los cuales el 90% es urbano y es el 44% de la población urbana nacional. Además son territorios con una elevada densidad de población. La densidad promedio del GSD es 12 veces superior al promedio nacional de 196 habitantes por km2, la del Distrito Nacional es 53.6 veces superior, el municipio cabecera de Santo Domingo Este es 36.8 veces, la de Santo Domingo Oeste es 34.2 veces, Los Alcarrizos es 33 y Bajos de Haina es 33.5.
Es una región que ha mostrado un gran dinamismo poblacional. Tomando como referencia la definición actual del GSD y aplicándose a censos anteriores se observa que su población urbana SD ha crecido a una tasa anual de 4.3% entre 1960 y 2010 en línea con el crecimiento urbano nacional de 4.0%. Es probable que la diferencia sea mayor por que los datos nacionales de población urbana podrían estar sobrestimados, debido a que lo «urbano» se ha definido como aquella que reside en las cabeceras de los municipios y distritos municipales, lo que hace que una sección pase a distrito municipal sin que exista la complejidad urbana, sin embargo no ocurre lo mismo en el GSD donde ha sido evidente el crecimiento del tejido urbano.
Además se observa una aceleración en la atracción de población del GSD en el tiempo, ya que en los 40 años transcurrido entre 1960 y 2000, aproximadamente 4 de cada 10 personas en los que aumentaba la población total se concentraba en el GSD, sin embargo en la década del 2000 esa proporción sube a 7 de cada 10.
En resumen, el GSD es un concepto relativamente reciente que ocupa el 3% del territorio nacional y cuya zona urbana representa el 0.58% del territorio pero que concentra más de una tercera parte de la población en el 2010, más que ha duplicando su participación en la población total en el último medio siglo y con una capacidad de atracción de población creciente.
Las dificultades que plantean este conglomerado urbano de casi 300 km2 y 11 mil personas por km2 son formidables. Problemas de servicios públicos, transporte y coordinación que parecen no satisfacerse creando espacios invivibles.
Articulo de opinion original del periódico Hoy
Opinión
Cuando el conocimiento y el intelecto se diluyen en el estiércol.
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1 día agoon
septiembre 27, 2023Por Edgard Paniagua Miguel
Por Isaías Ramos
Nuestro pueblo dominicano se encuentra navegando por un mar de confusiones, atrapado entre el anhelo de “progreso económico” y el imperativo de la integridad moral y social. Mientras la élite política pinta un cuadro de un futuro próspero, nuestros corazones nos dicen que estamos perdiendo nuestros valores y principios fundamentales, aquellos que dan vida a una sociedad justa y equitativa.
El sueño del progreso económico se ha desvanecido en un desierto moral. Soñábamos con una patria donde la justicia y la tranquilidad fueran el pan de cada día, pero hoy nos vemos sumergidos en un ambiente cada vez más violento, hostil y desigual entre los que “tienen” y los que “no tienen”. La insaciable codicia de esta élite ha agrandado la brecha entre ricos y pobres, dando vida a una clase baja que subsiste en la miseria, despojada de servicios esenciales y de su propia dignidad, mientras una pequeña élite se baña en opulencia.
Esta dolorosa realidad es el fruto de gobernantes que, carentes de conciencia social, han elegido favorecer el capital y oprimir al pueblo. Con una crueldad perversa, han hipotecado el futuro de nuestros hijos y nietos para incrementar sus fortunas y las de sus allegados, sacrificando la salud, la educación, las pensiones de nuestros trabajadores y nuestro medio ambiente en el altar del “crecimiento económico”. Han disfrazado la explotación y opresión de la mano de obra con sueldos de miseria como “competitividad”, convirtiéndola en un reclamo para “inversiones”, una forma moderna de vender esclavitud.
El neoliberalismo salvaje ha intensificado estas atrocidades, promoviendo una visión del mundo donde el crecimiento se sustenta en la pérdida de la dignidad humana, dando vida a una sociedad donde el dinero es un “Dios” amoral, donde la riqueza se acumula en pocas manos, ignorando las necesidades de la mayoría. Han transformado nuestras naciones en desiertos sociales, donde el éxito se esconde tras altas vallas y guardianes armados.
La realidad de países vecinos, nos muestra el devastador final de modelos económicos que, prometiendo prosperidad, solo traen destrucción y abandono. Si seguimos este camino, nuestro destino no será diferente.
En el Frente Cívico y Social creemos que, en este panorama desolador, es la ciudadanía quien tiene el poder y la responsabilidad de forjar un nuevo destino. Es crucial exigir integridad y transparencia, revaluar el camino que estamos construyendo y rectificar nuestro rumbo. Reconstruir una sociedad más justa, equitativa y moral es una misión compartida, y el momento de actuar es ahora.
El verdadero progreso no se mide por indicadores económicos, sino por la calidad de vida de nuestras gentes, el bienestar colectivo y la preservación de nuestros valores y principios. Buscar el crecimiento económico no debe ser un fin en sí mismo, sino el medio para edificar una sociedad más justa y equitativa.
En el FCS, sabemos que acostumbrarnos a vivir entre el desierto moral y el progreso vacío podría empujarnos a un abismo sin retorno. Es hora de construir el camino hacia un futuro en el que el éxito se mida no por la riqueza de unos pocos, sino por el bienestar de todos, por la preservación de nuestra humanidad y nuestros recursos naturales, y por el legado que dejemos a las futuras generaciones. Es hora de reflexionar y actuar para construir el futuro que soñamos, un futuro donde el progreso y los valores morales y sociales florezcan en armonía.
¡Despierta, RD!
Opinión
El Estatuto de Roma y la Cooperación de los Estados
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1 día agoon
septiembre 27, 2023Por Rommel Santos Díaz
El artículo 86, de la parte 9 del Estatuto de Roma estipula que todos los Estados deberán cooperar plenamente con la Corte Penal Internacional en relación con la investigación y el enjuiciamiento de crímenes de su competencia.
La palabra ¨cooperar plenamente¨ fueron escogidas cuidadosamente por los redactores del Estatuto de Roma, para enfatizar el papel importante que tienen los Estados en el funcionamiento efectivo y eficiente de la Corte.
El artículo 86 del Estatuto de Roma también prevé que los Estados Partes deberán cooperar plenamente ¨de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto. Por consiguiente, toda previsión del Estatuto que requiera la participación de un Estado deberá interpretarse como cooperación plena, salvo que se especifique lo contrario.
El mismo artículo 86 estipula que los Estados Partes deberán ¨asegurar que en el derecho interno existan procedimientos aplicables a todas las formas de cooperación especificadas en esta parte del Estatuto de Roma.
En otros términos, se prevé que los Estados utilicen sus leyes nacionales para establecer todos los procedimientos necesarios que les posibiliten asistir a la Corte Penal Internacional. Todos estos procedimientos deberán permitir a los órganos estatales responder tan rápido como sea posible a los requerimientos de la Corte.
Los Estados deben de considerar que si no cumplen con un requerimiento de la cooperación de la Corte Penal Internacional, en contravención a los dispuesto en el Estatuto, impidiéndole ejercer sus funciones y atribuciones de conformidad con el Estatuto, la Corte podrá hacer una constatación en ese sentido y remitir la cuestión a la Asamblea de los Estados Partes o, al Consejo de Seguridad, si este le hubiese remitido el asunto.
El Estatuto de Roma no prevé específicamente ninguna sanción. Sin embargo, un Estado Parte que se niegue a dar curso a una solicitud de cooperación formulada por la Corte, estará incumpliendo con sus obligaciones al tratado en la mayoría de los casos, y podría haber consecuencias políticas perjudiciales contra ese Estado.
Todo lo planteado anteriormente tiene un impacto directo en cuanto a la competencia de la Corte Penal Internacional, en tanto el artículo 12 del Estatuto de Roma establece que un Estado, al aceptar ser parte del Estatuto, se adhiere por ende a la jurisdicción de la Corte respecto a los crímenes estipulados en el articulo 5 (genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión). Esto significa que una vez que un Estado se convierte en Estado Parte, éste acepta automáticamente la competencia de la Corte, a partir del día en que entre en vigor el Estatuto.
Cabe destacar que los Estados que no sean parte del Estatuto de Roma también podrán aceptar la competencia de la Corte respecto a un crimen en particular, por medio de una declaración de conformidad con el artículo 12.
Finalmente, los Estados que no sean parte deberán cooperar plenamente una vez que acuerden asistir a la Corte Penal Internacional en una investigación en particular. Si incumplen el acuerdo especial realizado con la Corte, esta podrá informar a la Asamblea de los Estados Partes o al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, según sea el caso.