Análisis Noticiosos
El inasumible precio de una inyección contra el VIH para Sudáfrica
MIA MALAN
El país con el mayor número de personas seropositivas del mundo asegura que el coste del fármaco CAB-LA propuesto por la empresa farmacéutica es más de cuatro veces superior a lo que puede permitirse
Johanesburgo.-Sudáfrica tiene el mayor número de personas seropositivas del mundo. De los 39 millones de personas afectadas en todo el mundo el año pasado, 20,8 millones se encontraban en África oriental y meridional, con 8,45 millones solo en Sudáfrica (casi el 14% de la población), según las últimas cifras del Programa Conjunto de Naciones Unidas sobre VIH/Sida (Onusida). Por eso, el Gobierno sudafricano tiene los ojos puestos en una inyección fabricada por la compañía farmacéutica británica ViiV Healthcare que elimina las posibilidades de contraer el VIH por vía sexual si es administrada cada ocho semanas. El medicamento, que se inyecta en las nalgas, contiene un fármaco antirretroviral, el cabotegravir, que se libera a lo largo de un periodo de dos meses, razón por la cual se denomina CAB-LA (abreviatura de cabotegravir de acción prolongada). Pero Sudáfrica se ha topado con un obstáculo aparentemente insalvable: el precio.
ViiV Healthcare anunció recientemente un precio “sin ánimo de lucro” por unidad de la inyección de entre 540 y 570 rands (entre 26 y 28 euros, aproximadamente). Los beneficiarios serán 90 países que el Banco Mundial clasifica como de ingresos bajos y medios. Pero el Departamento de Sanidad sudafricano afirma que, aún así, este coste es más de cuatro veces superior a lo que puede permitirse pagar.
Para que CAB-LA sea rentable para el Gobierno sudafricano, el precio tendría que estar dentro de un rango razonable en comparación con la PrEP oral (la píldora diaria)Khadija Jamaloodien, directora jefa de adquisiciones del Departamento Nacional de Sanidad sudafricano
“Para que CAB-LA sea rentable para el Gobierno sudafricano, el precio tendría que estar dentro de un rango razonable en comparación con la PrEP oral (la píldora diaria), que es de 129 rands (6,3 euros) para un suministro de dos meses. No podemos permitirnos pagar el doble o el triple de ese precio, sobre todo en el contexto de los recortes presupuestarios del Departamento”, explica Khadija Jamaloodien, directora jefa de adquisiciones del Departamento Nacional de Sanidad. El ministro de Economía sudafricano, Enoch Godongwana, anunció a principios de mes un recorte de 1.000 millones de rands en el presupuesto de mitad de mandato del Ministerio de Sanidad para el tratamiento del VIH.
“El precio sin ánimo de lucro de ViiV no incluye los costes de distribución, por lo que será aún más alto”, puntualiza Jamaloodien. “Hemos pedido a ViiV un presupuesto que incluya el transporte y la logística, como hacemos con el resto de nuestras licitaciones. Todavía estamos esperando respuesta”.
La solución del donante
Una forma de evitar el elevado precio de esta inyección es permitir que la sufraguen donantes como el estadounidense Plan de Emergencia del Presidente para el Alivio del Sida (PEPFAR por sus siglas en inglés), el donante gubernamental que más ha pagado por el tratamiento antirretroviral en África y también financia la PrEP oral en otros países africanos.
ViiV ya ha enviado suministros patrocinados por PEPFAR a Malaui, Zambia y Zimbabue, que llegarán a finales de noviembre, según Mitchell Warren, de la Coalición para Acelerar el Acceso a la PrEP de Larga Duración. Está previsto que, entre 2023 y 2025, Malaui reciba 10.000 inyecciones, Zimbabue entre 10.000 y 12.000, y Zambia entre 8.000 y 10.000. Las existencias se destinarán a programas sanitarios gubernamentales y no a investigación. Warren, y también varios investigadores sudafricanos del VIH, afirman que PEPFAR les ha asegurado que Sudáfrica está en la lista de donaciones para uso programático a principios de 2024. Pero PEPFAR declinó hacer comentarios porque todavía está “en fase de deliberación con el Departamento Nacional de Sanidad y otras partes interesadas”.
No obstante, el Departamento de Sanidad afirma que aún no ha decidido si aceptará las donaciones de CAB-LA. Jamaloodien explica: “No es algo que vayamos a rechazar de plano, pero también tenemos que tener en cuenta la sostenibilidad. Sudáfrica, por ejemplo, paga por su cuenta todos sus medicamentos antirretrovirales para el tratamiento del VIH, y aún tenemos que considerar qué camino seguiremos con CAB-LA”.
¿Usará la gente la inyección?
A principios de 2024, Sudáfrica recibirá envíos de CAB-LA patrocinados por ViiV para poder llevar a cabo estudios de utilización (en otras palabras, con fines de investigación). Según datos del Departamento de Sanidad, siete de estos ensayos comenzarán en cuanto lleguen las existencias y la Autoridad Reguladora de Productos Sanitarios de Sudáfrica haya aprobado su distribución.
Los estudios de utilización analizan el grado de adherencia al tratamiento en la “vida real”, la mejor manera de hacer llegar el medicamento y de crear demanda para un producto, y no si el fármaco funciona, porque los ensayos de utilización solo se llevan a cabo cuando ya se dispone de datos sobre su eficacia. “Contaremos cuántas personas recurren a CAB-LA, comprobaremos qué grupos lo utilizan, quiénes tienen dificultades y cómo se adhieren a él en el contexto de todos los altibajos de un sistema sanitario en la ‘vida real”, explica Linda-Gail Bekker, que dirigirá el estudio de utilización de la Fundación Sanitaria Desmond Tutu.
Warren afirma que la farmacéutica británica ha comunicado que podrá fabricar 995.000 inyecciones de CAB-LA para países de ingresos bajos y medios entre 2023 y 2025 a su precio no lucrativo, frente a un compromiso anterior de entre 360.000 y 590.000 viales. “Sigue siendo poco para lo que pensamos que podría ser el mercado, pero lo cierto es que sencillamente seguimos sin saber cuál será el tamaño de dicho mercado”, señala Warren. “Por eso necesitamos todos los estudios de utilización, para saber si la experiencia novedosa y la buena aceptación durante los ensayos de eficacia se traducen en una aceptación en la ‘vida real”.
La lección de Estados Unidos
Un pequeño estudio presentado en octubre durante la Semana de las Enfermedades Infecciosas, una reunión anual de expertos en este tipo de enfermedades en Estados Unidos, muestra que en este país, en el que CAB-LA empezó a estar disponible a finales de 2021, su adopción ha sido lenta, debido principalmente al elevado coste y a los complicados trámites de las compañías de seguros médicos. Solo algo más de la mitad (52,9%) de los participantes seronegativos en el estudio que obtuvieron una receta para CAB-LA recibieron una primera inyección.
“Una lección importante es que hay que facilitar a la gente la obtención de la medicación preventiva si queremos que la utilicen”, afirma Bekker. “Puede que tengamos que llevar CAB-LA a las comunidades con clínicas móviles o crear colas separadas y rápidas en las clínicas”. El fármaco tiene que inyectarse en lo profundo del tejido muscular de la persona, por lo que debe ser administrado por un trabajador sanitario. Por lo tanto, no es factible distribuir las inyecciones a los usuarios, a diferencia de lo que ocurre con la píldora diaria, señala Bekker.
Más de un millón de personas en Sudáfrica han utilizado la píldora, que se introdujo en 2016. “Tenemos que pensar en la PrEP como si fuera comida rápida”, explica Bekker. “Tienes que tener autoservicios, entregas a domicilio o puntos de recogida, de modo que la gente pueda elegir cómo quiere recibir la comida. Cuantas más opciones de entrega haya, más posibilidades hay de que la pida”.
Sale muy caro que las mujeres y los hombres jóvenes contraigan el VIH porque tenemos que proporcionarles antirretrovirales de por vida, y existe el riesgo de que transmitan el virus a otras personasLinda-Gail Bekker, investigadora
Desde el pasado agosto, a raíz de una sentencia en Sudáfrica, las pastillas para prevenir el VIH pueden ser entregadas por farmacéuticos formados, por lo que los usuarios ya no tienen que ir al médico para que se las recete.
Un horizonte lejano
El pasado marzo, ViiV concedió licencias a tres farmacéuticas indias para producir versiones genéricas más baratas de CAB-LA en colaboración con Medicines Patent Pool (MPP), una organización respaldada por Naciones Unidas que ayuda a los países más pobres a acceder a los medicamentos. Una de las empresas, Cipla, cuenta con una fábrica en la localidad sudafricana de Durban, donde tiene previsto producir la inyección.
Pero, para que esto ocurra, Cipla necesita primero disponer de la tecnología (proceso que ya ha comenzado), construir instalaciones y, una vez que se haya fabricado el medicamento, realizar ensayos que demuestren que su producto funciona de la misma manera que el medicamento de marca (lo que se conoce como ensayos de bioequivalencia). Por lo tanto, los productos genéricos estarán disponibles como muy pronto en 2027, afirma Warren, lo que significa que hasta entonces necesitarán que el precio del medicamento de marca sea lo más bajo posible.
La fabricación de CAB-LA es considerablemente más compleja que la de la PrEP oral, y el Departamento de Sanidad puede conseguir la píldora a bajo precio porque sus ingredientes (los antirretrovirales tenofovir y emtricitabina) también se utilizan ampliamente para el tratamiento del VIH en Sudáfrica, por lo que es posible licitar pedidos excepcionalmente grandes, lo cual hace que el precio baje.
No obstante, Bekker señala que la asequibilidad de CAB-LA tiene dos caras. “Sale muy caro que las mujeres y los hombres jóvenes contraigan el VIH porque tenemos que proporcionarles antirretrovirales de por vida, y existe el riesgo de que transmitan el virus a otras personas; y en el caso de las embarazadas también a sus bebés. Tenemos que preguntarnos cuál es el precio de salvar a alguien de una infección y, por tanto, de ofrecerle una vida más saludable”.
Los antirretrovirales son los medicamentos que toman las personas infectadas por el VIH para mantener a raya el virus, pero en el caso de CAB-LA, se utiliza como profilaxis preexposición, también conocida como PrEP. En otras palabras, la medicación protege a una persona no infectada de contraer el virus. El nuevo informe mundial sobre VIH, publicado a finales de noviembre, estima que en 2022 se produjeron 1,3 millones de nuevas infecciones en el planeta, y que Sudáfrica sigue liderando la lista de nuevas infecciones.
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Análisis Noticiosos
La necesidad de un nuevo objetivo de financiamiento climático para América Latina y el Caribe
Los 20 países con mayores emisiones de la región reciben 19 veces más ingresos por la exportación de combustibles fósiles que por enfrentar el cambio climático y la pérdida de biodiversidad
Por años el cambio climático ha representado una grave amenaza para América Latina y el Caribe. Sin embargo, los retos para atenderlo se han ido acrecentando con el tiempo. Pese a los intentos de varios países para hacerle frente, persisten desafíos para desacoplar sus economías de actividades contaminantes. Así, mientras algunos países profundizan su dependencia a los combustibles fósiles, otros sufren las consecuencias de los impactos negativos de la crisis climática.
De acuerdo con el Índice de Finanzas Sostenibles 2024 (IFS) del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe, existe una gran brecha entre los ingresos generados por actividades intensivas en carbono y aquellos destinados a combatir el cambio climático y a proteger la biodiversidad. En conjunto, los 20 países con mayores emisiones de la región reciben 19 veces más ingresos por actividades relacionadas con la exportación de combustibles fósiles que por temas asociados a la conservación de la naturaleza. Además, destinan 12 veces más recursos a proyectos para la producción de combustibles fósiles que a iniciativas que a las segundas dos iniciativas.
Este desequilibrio refleja la histórica dependencia de la región en sectores como la minería, el petróleo, el carbón y el gas, aunque también representa una oportunidad para reorientar los flujos financieros. Hay que reconocer que la transición a economías bajas en carbono no solo es una cuestión de mitigación del cambio climático, sino también de adaptación, de protección de la naturaleza y de competitividad económica a largo plazo.
A nivel nacional los países de América Latina y el Caribe deben acelerar su transición hacia finanzas más sostenibles. La dependencia económica de las actividades en carbono no solo ponen en riesgo el cumplimiento de los objetivos climáticos internacionales, sino que también exponen a la región a los devastadores impactos del cambio climático, como los desastres naturales y las migraciones forzadas.
El IFS 2024 subraya la urgencia de un cambio radical en la asignación de recursos. Actualmente, la mayoría de los países de la región destinan menos del 1% de sus presupuestos a proyectos que ayudarán a combatir el cambio climático y a proteger la biodiversidad. El Salvador es una de las pocas excepciones, destinando más del 3% de su presupuesto a iniciativas climáticas y sostenibles, pero muchos otros países permanecen rezagados, lo que limita su capacidad para adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático.
La tarea no es sólo de los países de la región. Es muy importante que a nivel internacional se tengan compromisos de financiamiento, como la creación de un nuevo objetivo colectivo cuantificable de financiamiento climático que ayude a los países a financiar acciones urgentes. Este, se ha repetido, no solo debe estar enfocado en la adaptación, sino darse mediante financiamiento público en forma de donaciones para evitar el aumento de los niveles de deuda de los países. Se trata de un nuevo objetivo que se aprobará en la COP29 que se desarrollará en Bakú y que será crítico para incentivar a los países de la región a avanzar hacia finanzas más sostenibles.
La nueva meta de financiamiento climático debe tomar en cuenta estas necesidades y prioridades de los países de la región, como del resto de los países en desarrollo. No debe ser solo un número, aunque sí debe considerar que las necesidades están valuadas en millones de millones de dólares, y ya no solo en miles de millones de dólares. Pero, además, se deben tomar en cuenta aspectos de carácter cualitativo, como mejorar el acceso a dicho financiamiento.
Si bien no hay ningún país que haya logrado armonizar sus finanzas para hacerlas completamente sostenibles, lo cierto es que hay países que han tenido que incrementar sus inversiones públicas en la atención de las pérdidas y los daños causados por el cambio climático, como ha sucedido en países de Centroamérica. Dos ejemplos son el ya citado caso de El Salvador, y el de Guatemala, que presenta una puntuación de 2,6 de 4 puntos en la clasificación de finanzas sostenibles. Esto se debe a que Guatemala ha asignado 35 veces más recursos a actividades que permitirán combatir el cambio climático que a actividades intensivas en carbono; y a que es un país que no depende de la industria fósil para alimentar su economía. No obstante, también presenta retos de acceso a financiamiento climático internacional.
Otros países como Honduras, Jamaica y Panamá también han logrado progresos en cuanto a su asignación de presupuesto público en materia de cambio climático. Esto no quiere decir que no enfrentan retos de acceso a financiamiento internacional, lo que también limita su capacidad de implementación de sus compromisos climáticos adquiridos a nivel internacional.
Brasil y México, las economías más grandes de la región, se encuentran en una posición crítica dentro del contexto de las finanzas sostenibles. Según el IFS 2024, ambos países han obtenido medias y bajas puntuaciones: Brasil, con 2,1 puntos, y México con 1,3 puntos. Estos resultados reflejan una disparidad entre sus ingresos y egresos por actividades intensivas en carbono y el financiamiento asociado a la atención del cambio climático.
En 2023, Brasil generó 33 veces más ingresos provenientes de actividades intensivas en carbono que por fuentes de financiamiento climático internacional, y destinó 1,5 veces más presupuesto a actividades contaminantes que a iniciativas sostenibles. México, por su parte, se enfrenta a una situación más compleja: generó 57 veces más ingresos por actividades intensivas en carbono, mientras que destinó 28 veces más recursos a sectores contaminantes que para atender el cambio climático.
A pesar de estos desafíos, tanto Brasil como México tienen la oportunidad de liderar un cambio crucial en la región. Debido a su peso económico y su influencia política, ambos países podrían movilizar capital de manera significativa hacia proyectos sostenibles, creando un efecto multiplicador que inspire a otras naciones de la región a seguir el mismo camino. Para lograrlo, es fundamental que alineen sus políticas fiscales con los compromisos climáticos internacionales. Esto implica incentivar el desarrollo de energías renovables y mejorar la eficiencia energética, al tiempo que desincentivan las actividades que perpetúan la emisión de contaminantes.
Los países de la región tienen una oportunidad única de liderar la transición global hacia la sostenibilidad, lo que implicará transformaciones nacionales y apoyo internacional. Por ello, el nuevo objetivo colectivo cuantificable de financiamiento es crítico para apoyar el aumento de la ambición de acciones climáticas, tanto de mitigación como de adaptación. Para la región es urgente que se apruebe este nuevo objetivo en la COP 29 y seguir impulsando las transformaciones necesarias a nivel nacional. No hay tiempo que perder. Sin meta no hay planeta.
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Un estudio revela que el 10,8% de las inversiones de los fondos de pensiones -2.500 millones de dólares- respaldan al sector de la soja, del azúcar y el ganadero a través de préstamos a bajo interés
Bogotá.-Cuando habla de deforestación en Bolivia, Matthew Hansen, científico y docente especializado en el mapeo del cambio de cobertura terrestre, define al país como “el lejano oeste” y los datos lo corroboran. Desde 2001 hasta 2022, Bolivia perdió 3,73 millones de hectáreas de bosque primario húmedo, lo que representa 51% de su pérdida total de cobertura arbórea. A pesar de que es uno de los países con mayor superficie de bosques primarios, también es el tercero de la región que más rápido la está perdiendo. Desde la pandemia, cada año ha ido rompiendo el lamentable récord del desmantelamiento. Y sólo en 2023, el país había perdido un 27% más de bosque que en 2022. La creciente presencia ganadera, los monocultivos y las políticas del Gobierno parecen subrayar lo que para muchos es ya una realidad: la deforestación vino para quedarse. Con todas estas cifras en mente, Stasiek Czaplicki Cabezas, periodista de datos y economista ambiental, se hizo una pregunta: ¿Quién financia esta devastación ambiental? Tres años de investigación después revelaron una parte de la respuesta: los ahorros de los bolivianos.
“Si América Latina fuera un salón de clase, los peores alumnos serían Bolivia y Brasil, la diferencia es que Brasil sí tiene políticas públicas. En Bolivia, el Gobierno está aprobando medidas que apoyan el sector agropecuario”, explica Czaplicki, el autor del estudio Las finanzas grises del agronegocio en Bolivia y su rol en la deforestación, realizado en colaboración con Alianza por la Solidaridad / Actionaid Bolivia y publicado a finales de agosto. Este informe revela que el 10,8% de las inversiones de los fondos de pensiones bolivianos, una suma de 2.569 millones de dólares, están financiando los sectores de la soja, el azúcar y la ganadería, los principales responsables de la deforestación en el país. Este monto equivale a casi el triple de la inversión realizada en 2024 a las universidades públicas del país.
Esta cifra, según cuenta el autor, es el resultado de una compleja red de inversiones directas e indirectas a través de la banca y fondos de inversión cerrados (FICs) que terminan financiando los principales sectores que generan la destrucción ecosistémica. “Estos préstamos que les dan no consideran el destino de esos fondos y sus implicaciones socio-ecológicas”, lamenta por teléfono.
Hace años que a Czaplicki le llamaban la atención las supuestas crisis del sector de la soja, así que decidió hacerle seguimiento a esas cuentas. “Hice lo que se conoce como ‘follow de money’ (seguir el dinero). Empecé a encontrar cosas sospechosas, pagos de impuestos muy bajos, utilidades casi inexistentes… ¿Entonces dónde está el negocio?”, se preguntó. “Me di cuenta de que hay dos mecanismos para hacer dinero en el agronegocio. El primero es la especulación comercial de la tierra en la que desmontas el terreno y lo revendes, pero no es tan común. Y la segunda, la especulación financiera. Tener tierras activas para conseguir préstamos. De ahí sale la principal ganancia del agro en Bolivia”.
En la última década, la participación de estos préstamos en la cartera bancaria nacional ha escalado del 11,7% al 18,2%, en un contexto donde el volumen total de créditos se ha cuadruplicado. Paralelamente, los fondos de pensiones han experimentado un crecimiento similar, con la obligación de invertir mayoritariamente en el sector formal boliviano, que representa apenas el 18% de la economía del país. “En otras palabras, a medida que los créditos bancarios e inversiones de los fondos de pensiones aumentaron, también creció la proporción y el volumen destinado al agronegocio”, dice.
Hay tres cosas que le preocupan seriamente al respecto. “Por un lado, lo ético. Ya que los fondos de pensión, siendo ahorros para el futuro, están siendo usados para destrozar los ecosistemas del futuro. Después, está el ámbito económico porque promueven la inequidad. Y por último, es que los fondos de pensiones sirven para alimentar la banca y el sector. Lo peor es que la gente ni lo imagina”, reconoce. De acuerdo con encuestas de WWF que coordinó el autor del estudio, entre el 45 y 55% de la poblacion entre los 18 y los 45 años de La Paz y Santa Cruz no concibe que la ganadería pueda generar deforestación.
Para Czaplicki, economista ambiental, otro de los puntos clave de la investigación es la concentración del capital. En el sector soyero, por ejemplo, sólo ocho empresas reciben el 63% de los créditos bancarios, mayoritariamente en pesos bolivianos y a tasas de interés anual máximas de 6% y, en general, mucho menores. “Esta concentración genera un endeudamiento cuestionable e incrementa el riesgo del sistema bancario y de nuestras pensiones”, critica.
Pese a estas facilidades de financiación, estos sectores son intervenidos y apoyados a menudo, según el estudio. El ejemplo más reciente fue la creación de un fondo público de unos 300 millones de dólares de apoyo a los productores de soja y palma a un 0,5% de interés anual. “Estas condiciones en comparación con las de los préstamos sociales son muy diferentes. Para la vivienda social, el interés anual está entre el 5,5 y el 6,5%”.
La deforestación no la generan (sólo) los incendios
El experto lamenta que siga existiendo una fuerte estigmatización alrededor de las comunidades indígenas y campesinas vinculada a la deforestación. Estas comunidades suelen usar quemas controladas para sus cosechas. Si bien algunas de ellas se han descontrolado y han causado daños en los ecosistemas, al ser estos muy visibles, la percepción boliviana es que son los principales responsables del desmantelamiento. Sin embargo, el 88% de la conversión de bosques es producto de una deforestación planificada y ejecutada, en gran medida, con maquinaria pesada, sin incendios.
Es por ello que el economista cree que hay que informar más y mejor a la población. “Como sociedad tenemos que exigir una mayor transparencia y empujar la desinversión de actividades de sectores extractivos de las pensiones”, dice. “El problema es que no hay muchos otros sectores donde invertir, tenemos que replantear el presente y el futuro. Estamos hipotecando nuestro futuro y el de las generaciones venideras”.
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Las autoridades mexicanas reconocen que han ratificado esta herramienta de financiamiento en un entorno de incertidumbre e inestabilidad de los mercados financieros
México .-El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha ratificado su línea de crédito flexible a México por 35.000 millones de dólares. El financiamiento, a dos años, fue otorgado al país en 2023 y, ahora, es su evaluación a medio término, el organismo multilateral ha resaltado que el país mantiene los requisitos necesarios para acceder, en caso de que lo requiera a este fondeo. Las autoridades mexicanas han explicado que ante un entorno de riesgos externos y volatilidad han decidido mantener esta herramienta de financiamiento activa. “El entorno externo sigue presentando incertidumbre y riesgos. Entre ellos destacan los derivados de la dinámica de la economía global y de la volatilidad en los mercados financieros. Esta medida refuerza la posición del país frente a escenarios de volatilidad internacional”, indicaron por escrito. La Línea de Crédito Flexible es un instrumento disponible a algunos países del mundo que les permite fortalecer sus reservas y atender choques inesperados.
La Comisión de Cambios, integrada por el Banco de México y la Secretaría de Hacienda, han informado este viernes que México continúa cumpliendo con todos los criterios de habilitación necesarios para acceder a los recursos disponibles a través de este instrumento, en caso de requerirlo y sin condicionalidad por parte del FMI. “Las autoridades refrendan su compromiso con políticas macroeconómicas prudentes que contribuyan a la estabilidad financiera y al crecimiento económico sostenible e incluyente”, añaden.
El organismo admite que México tiene un historial sostenido en la implementación de políticas macroeconómicas sólidas y sigue contando con fundamentos económicos y marcos de política institucional muy fuertes; un nivel de reservas internacionales adecuado; un historial de acceso a los mercados de capitales en condiciones favorables y finanzas públicas sanas. Además, de un marco de política monetaria y cambiario sólido y un sistema financiero bien capitalizado que se mantiene sólido frente a los riesgos sistémicos del sector financiero.
Entre los riesgos y desafíos, el FMI, advierte de que se espera que el crecimiento económico del país se modere aún más en 2025, debido a la retirada del estímulo fiscal de este año y a la continua restricción monetaria. Se necesita una consolidación fiscal anticipada, respaldada por medidas creíbles y bien identificadas, para reducir la deuda pública a lo largo del tiempo y proporcionar un margen de maniobra en caso de shocks negativos. “Existe una necesidad crítica de fortalecer la gobernanza, combatir la corrupción y el delito, mejorar la infraestructura física y movilizar el ahorro privado para financiar inversiones privadas”, sugiere.
El monto del financiamiento renovado en esta ocasión es igual al de 2023, sin embargo, desde 2018, México ha venido reduciendo la línea de crédito con el FMI. En 2018, México decidió recortar la línea de 88.000 millones de dólares a 74.000 millones de dólares. Esta línea de crédito internacional es un instrumento de carácter precautorio frente a condiciones externas adversas que refuerza la reserva de activos internacionales y complementa las herramientas de las autoridades mexicanas para preservar la estabilidad económica y financiera.
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