Análisis Noticiosos
El infinito desorden de las pensiones
Las pensiones del Estado deberían ajustarse a lo estipulado por la ley
Desde hace años he venido denunciando las iniquidades e inequidades que se dan en las pensiones que paga el Estado, deplorando los persistentes privilegios y reclamando un mínimo de justicia para miles de maestros, enfermeras y trabajadores azucareros que tras décadas de trabajo mendigan en las calles por el derecho que les otorgan la Constitución y las leyes.
En este mismo espacio el 30 de septiembre catalogaba como “Una casta de privilegiados” a los pensionados por la Superintendencia de Bancos hasta con 650 mil pesos mensuales, siguiendo una práctica instituida en numerosos organismos descentralizados y autónomos. También deploraba que cientos de personas hayan sido pensionadas con asignaciones entre 25 y 50 mil pesos mensuales, sin haber trabajado para el Estado, muchos sin necesitarlas, como parte de la política de compra de lealtades, adhesiones o silencios, mientras el 87 por ciento de los jubilados estatales recibe el mínimo de 5 mil 117 pesos.
En un artículo anterior, del 22 de julio, denunciaba la flagrante violación de la Ley 379-81 que establece el “Régimen de Jubilaciones y Pensiones del Estado Dominicano para los Funcionarios y Empleados Públicos”, cuyo artículo 2 indica que “En ningún caso el monto de la pensión será menor al sueldo mínimo nacional vigente ni mayor a la cantidad que resulte de la suma de ocho de esos sueldos”. Con las expectativas del nuevo Gobierno concluía en “cuánto mérito acumularía Danilo Medina si le entra como a la conga a tantos privilegios, inequidades e iniquidades”.
Durante años hemos denunciado cómo el Congreso Nacional, el Poder Judicial, la Cámara de Cuentas, Junta Central Electoral, Banco Central, Universidad Autónoma de Santo Domingo y otras instituciones estatales buscaron diversos mecanismos, algunos sin fundamento legal, para establecer pensiones privilegiadas al margen de la universalidad que plantea la Ley 87-01 que creó el Sistema de Seguridad Social.
Esta legislación establece el principio de la solidaridad, mediante aportes individuales a un fondo para pensionar a indigentes, lo que evaden la mayor parte de los funcionarios públicos mejor pagados. El experto en administración Cándido Mercedes ha sostenido que si esos privilegiados hubiesen estado en el nuevo régimen de seguridad social el promedio de los aportes individuales no sería 17 mil 993 pesos, sino 21 mil 575, y los fondos acumulados casi duplicarían los 182,547 millones de pesos actuales.
El decreto 616-12 del presidente Medina ha dispuesto la suspensión de contribuciones estatales a los planes complementarios que se multiplicaron en organismos públicos, y la Superintendencia de Pensiones ha mostrado disposición a hacer valer las leyes, lo que constituye un aliento a la esperanza de rectificación.
Pero las revelaciones de los últimos días no dejan dudas sobre el infinito desorden en que han devenido las pensiones públicas y la relativización de la ética. Ahora sabemos que muchos de los pensionados privilegiados, a veces previa liquidación no contemplada en la ley, siguen cobrándolas, aunque reciben un salario por funciones públicas, incluyendo a jueces de las altas cortes.
El diputado peledeísta Francisco Matos amenazó con revelar una lista de 380 funcionarios públicos que cobran sueldo y pensión. Pero personas bien informadas afirman que pasan de diez mil y que hay quienes reciben tres sueldos públicos, porque cobrando en un cargo, están pensionados por la universidad estatal u otro organismo autónomo o descentralizado y en el Gobierno central.
El presidente Medina debería completar la rectificación del decreto 616, disponiendo cruzar las nóminas estatales para eliminar las dobles pensiones y suspenderlas a quienes siguen cobrando al Estado, práctica no solo absurda e inmoral, sino también violatoria de la Ley de Función Pública y de la Ley 379-81 cuyo artículo 11 prohíbe más de una pensión y prescribe que si un pensionado vuelve al servicio público tiene que dejar de cobrarla. También debe cumplirse el máximo de ocho salarios mínimos y suprimir todas las que se han otorgado a personas que no tienen derecho a la misma, salvo enfermos o discapacitados. Y que en cambio se conceda pensiones a todos los que reúnen los requisitos y que las andan mendigando. Es justicia lo que se pide.
Artículo original publicado en el periódico HOY
Por José Cabral
Los estudios de los fenómenos sociales ocurridos en la sociedad dominicana indican con toda claridad que adoleció del desarrollo de la fuerza productiva, lo que, naturalmente, genera una falta de conciencia social.
Este el fundamento de los que muchos sostienen, incluido yo, de que el sector empresarial amuela cuchillos para su propia garganta, porque no representa un foco de presión para que las cosas se hagan con el propósito de preservar sus intereses.
Pero es que esa conducta se deriva del hecho de que los que se suponen que deben procurar fortalecer el Estado mediante el combate de todas las distorsiones que sufre el sistema, lo que hacen es sumarse a las acciones que le quitan legalidad y legitimidad.
Yo he dicho y lo reitero en este artículo que el sector empresarial se ha sumado a la cadena de complicidad que comienza en el Palacio Nacional, entra a los medios de comunicación social y luego se convierta en un cometa, porque nadie sabe dónde termina, ya que todo el que se hace llamar inversionista no busca otra cosa que mediante una vocación mafiosa acumular fortunas sobre la base de la sombra del Estado.
Lo que pasa, según entiendo, es que ellos como son parte de lo que en sociología política se le llama clase social entre sí, les importa poco la desnaturalización del rol del Estado, aunque al final de la jornada sean los principales afectados porque son los que más tienen que perder frente a una revolución social.
El problema tiene una grave complejidad, ya que al no existir una clase social para sí, consciente de su papel, difícilmente tengan la iniciativa de exigir controles, como por ejemplo, del gasto público, sobre todo si el sector empresarial se suma en complicidad a la corrupción que se promueve o es auspiciada por el sector oficial.
De manera, que resulta un problema con raíces muy profundos que solucionarlo resulta bastante difícil, porque además no se entiende la explicación del fenómeno.
En países pobres y con bajos niveles de institucionalidad, como el dominicano, el llamado empresario se suma a la fiesta de la corrupción, lo que constituye una razón para crear disgusto social y las condiciones para que se produzca una explosión social.
El llamado empresario dominicano, tanto el colocado en la pequeña, mediana o grandes empresas persigue más que seguridad jurídica y paz social y la satisfacción de necesidades sociales, que se le incorpore al contrabando, que se le entregue propiedades públicas y ser favorecidos por todas las travesuras del que tiene el control del Estado.
Sin embargo, la pregunta que me hago es si ciertamente en el país existe alguna propuesta para institucionalizar la nación, al margen del amor por el dinero y las cosas materiales, no importa su procedencia, pues penosamente tengo que decir que ese es un sueño utópico por el momento.
Sigo pensando que sólo un Estado que promueva valores más que antivalores podría ser la panacea a un mal integral que no permite que la gente haga una reflexión profunda y realista y actúe de modo diferente frente a un fenómeno que puede llevar al abismo a la sociedad dominicana.
Por José Cabral
Observo con mucha preocupación el afán desmedido del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por mantenerse en el poder cuando su obra de gobierno es tan pobre que no es comparable con ningún otro por malo que haya sido.
Lo digo por lo que veo que ocurre en Santiago y en todo el territorio nacional, donde el deterioro de los servicios públicos es tan preocupante que cualquiera se larga del país para no volver jamás.
No hay prácticamente servicio de agua potable, ni siquiera para descargar los baños de las casas y los negocios, lo que llena de bacterias los hogares y se propagan las enfermedades, sobre todo las infecto-contagiosas.
El servicio de energía eléctrica no puede ser peor, cuya distribuidora del Norte, EDENORTE y las demás Edes, se la pasan en confabulación con PROTECOM estafando a los usuarios con facturaciones falsas, inventadas y con medidores “arreglados” para buscar cubrir sus déficits con el engaño al ciudadano.
Ahora también se agrega que la recogida de basura en el municipio de Santiago es prácticamente nula, entonces, repito la pregunta, para qué el PRM quiere preservar el poder.
El gran problema de este partido es que no entiende de planificación ni de programar una gestión pública a corto, mediano y largo plazo.
No es que los demás partidos del sistema no tengan la misma visión y comportamiento, pero pienso que lo que ocurre con el PRM ya llega al colmo de la incapacidad para dirigir el país.
El sufrimiento de los dominicanos por la irresponsabilidad de los que van al Estado, principalmente a resolver sus problemas personales, no parece tener fin, ya que aquellos que ya pasaron por la administración pública tienen ojos para ver la irresponsabilidad y la vocación por la corrupción de los que ostentan hoy el poder, pero al final de cuentas todo se trata de una doble moral.
Sin embargo, creo que lo del PRM ya no tiene madre, para utilizar una expresión muy popular de la República Dominicana, por lo que cuando llegue al final de su gobierno es muy poco lo que va a quedar.
En conclusión, el PRM es una verdadera desgracia nacional, máxime porque ahora los dominicanos no tienen derechos ni para disfrutar de un buen servicio de agua potable y energía eléctrica, pero la incapacidad abarca todo lo demás, porque se trata de una deficiencia integral, general.
¡Qué desastre!.
Por José Cabral
Estuvo profundamente convencido de que el presidente Luis Abinader observaría la Ley 13-26 que persigue anular una jurisprudencia sentada por el Tribunal Constitucional sobre las candidaturas independientes.
Sin embargo, me equivoqué porque Abinader escogió la vía de la promulgación de lo que muy bien se puede calificar como un adefesio jurídico.
Pero hay otro elemento que me provoca muchas dudas y me refiero a cuál ha sido el papel jugado en este caso por el expresidente de la Suprema Corte de Justicia y quien ahora funge como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa.
La pregunta surge porque después de la promulgación sigue la publicación en la gaceta oficial de la nueva ley que pone en tela de juicio todo el sistema legal e institucional del país y precisamente ese último paso recae sobre Subero Isa.
Entonces, se impone preguntarse que si independientemente de que Subero Isa no haya compartido la sentencia TC/0788/24 y que incluso se oponga a las candidaturas independientes, tiene acaso otra opción que no sea respetar la jurisprudencia sentada en esta materia por la alta corte, sobre todo por tratarse de un jurisconsulto que nadie pone en tela de juicio su gran formación jurídica.
Considero que Subero Isa si por alguna razón tiene que cumplir con la decisión tomada por Abinader, la cual parece ser parte de un plan del PRM, entonces lo menos que puede ocurrir es que presente su renuncia de la posición de consultor jurídico del Poder Ejecutivo.
Cualquier decisión que no se corresponda con respetar lo que ha sido su trayectoria como hombre de ley, coloca a Subero Isa en una contradicción que impacta muy negativamente el respeto que se ha ganado en el entorno de la justicia dominicana.
Subero Isa es uno de los mejores presidentes de la Suprema Corte de Justicia que ha tenido el país, pero no luce como razonable que juegue algún papel para atacar una jurisprudencia que cumple con todos los requerimientos del derecho constitucional moderno o del neo-constitucionalismo.
Todavía me asalta la duda si Subero Isa se ha sumado a un plan que en todo caso debe ser político para poner en cuestionamiento el proceso de constitucionalización del derecho en la República Dominicana, cuyos fines es preservar y promover los derechos fundamentales.
La verdad que me gustaría saber a ciencia cierta cuál es la posición de Subero Isa frente a la torpeza cometida por Luis Abinader, sin que haya una razón lógica que la explique.