Análisis Noticiosos
El interés nacional exige racionalidad ante la crisis
Por Juan Bolívar Díaz
La crisis en las relaciones domínico-haitianas alcanzó el nivel máximo antes de la ruptura diplomática que complicaría excesivamente el panorama, justo cuando el Gobierno dominicano debería iniciar la deportación de un excedente de inmigrantes que superaría las 300 mil personas, lo que podría abortar el proceso electoral en Haití.
Con un escenario internacional que sigue siendo muy desfavorable para el país, el interés nacional obliga a la mayor ponderación para buscar salidas diplomáticas, por encima de los grupos extremistas y de los intereses electorales, para evitar mayores daños a la imagen y los intereses de la República Dominicana
¿Podremos deportar 300 mil? El domingo 2 de agosto concluye el plazo de 45 días para iniciar las deportaciones de los inmigrantes que no se acogieron al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE), lo que se supone comenzaría el lunes 3, en medio de un escenario internacional muy desfavorable por el rechazo a la desnacionalización de descendientes de haitianos nacidos en el país.
Nadie puede asegurar cuántos quedan sujetos a la deportación, aunque el Gobierno los cifra en unos 133 mil, partiendo de los 458 mil venidos de Haití, que según la Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI), del 2012 vivían entonces en el país. Les descuenta un estimado de 8 por ciento que tendrían algún estatus regular y los reduce a 421 mil. Les resta los 288 mil que lograron iniciar la regularización y a quienes se dará una residencia provisional, aunque solo el 1.8 por ciento de ellos (unos 5 mil) llenaron todos los requisitos.
Pero el estimado oficial no toma en cuenta los que ingresaron entre el 2012 y 2015, que ningún estudio ha cuantificado, aunque se pueden hacer estimados partiendo de la misma ENI y de los resultados de los censos nacionales de población y otros estudios de la Oficina Nacional de Estadística, como se puede ver en el cuadro anexo, elaborado con informaciones proporcionadas por el director de Censos, doctor Francisco Cáceres.
En el Censo Nacional de Población 2010, los inmigrantes totalizaban 395,791, y la ENI dice que en 2012 eran 524,632, cifra conservadora si se toma en cuenta que en los dos años anteriores se habían incrementado en 39.1 por ciento. Si esa proporción (154,754) se suma a los del censo, serían 550,545, cinco por ciento más. A un crecimiento sobre el 16 por ciento anual, entre 2012 y 2015, habría que adicionarle 49 por ciento (256,072) a los 524 mil, para totalizar 780,704. Si se asume, de forma conservadora, que el incremento se redujo a la mitad, el 25 por ciento, en esos tres años, entonces los inmigrantes ahora serían 131,158 más, para totalizar 655,790. Si se le restan 10 por ciento con estatus regular anterior y los 288 mil admitidos ahora, quedarían como irregulares deportables 414 mil en el primer escenario y 302 mil en el conservador.
Acuerdo mínimo con Haití. Es difícil asumir que el país tenga capacidad para deportar entre 300 y 400 mil haitianos indocumentados, aún restándole unos 40 mil que ya se fueron más o menos voluntariamente, sin un protocolo negociado con el vecino, que no solo garantice estándares internacionales de respeto a los derechos humanos, sino que guarden una progresividad asimilable para que no se produzca un temido estado de calamidad humana. Y si se equivocan deportando nacidos en el país, lo que el Gobierno ha dicho que no hará, la complicación sería mucho mayor.
Tampoco luce razonable una deportación tan masiva y en corto plazo, después de que en la última década los mismos gobernantes permitieron un incremento de la inmigración del 63 por ciento. Con la agravante de que en el mismo periodo se dedicaron a despojar de la nacionalidad a decenas de miles de los descendientes de inmigrantes que habiendo nacido en el país habían sido registrados como dominicanos.
El Gobierno dominicano ha quedado preso de las mil advertencias de deportación que se han formulado tras el inicio del PNRE y de la exacerbación del nacionalismo, pero está consciente, como lo recogió una consulta de la Cancillería dominicana realizada en junio, de los riesgos que implica para Haití en medio de un proceso electoral que tiene después para elegir nuevo presidente. Si el panorama se descompuso con las salidas voluntarias, se complicaría mucho más con las deportaciones sin el amparo de un protocolo negociado, que podría lograrse validando el acordado en el año 1999.
De hecho, las extremas resistencias manifestadas por Haití en las últimas semanas tienen que ver con la campaña electoral en curso, y se teme que grupos de poder pudieran abortar el proceso, pretextando la necesidad de unirse en torno al gobernante para “enfrentar la agresión dominicana”.
El escenario internacional. A la espera del informe de la comisión técnica de la Organización de Estados Americanos (OEA) que visitó las dos naciones en conflicto, el escenario internacional sigue siendo bien adverso para el país, por el daño ocasionado por el pecado original de la sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional, que es lo que se sigue cuestionando en amplios segmentos del mundo. Aunque la diplomacia dominicana ha hecho esfuerzos, no ha podido disipar las impugnaciones internacionales.
No ha contribuido a despejar el veto externo la lentitud con que se ha implementado la Ley 169-14 que devuelve la nacionalidad a los desnacionalizados, aún después que se publicara la lista de 55 mil revalidados. Los defensores de los afectados testimoniaron a la misión de la OEA que apenas el 10 por ciento de los que aparecían en la lista estaban logrando sus documentos. El que solo pudieran acogerse a la regularización 8 mil de los del Grupo B de la Ley 169-14, es decir los descendientes de extranjeros indocumentados nacidos en el país y que nunca fueron reconocidos, quedando la mayoría en riesgo de deportación, es de los elementos básicos que mantiene vivo el rechazo internacional.
Tampoco ha ayudado el encendido discurso nacionalista y de soberanía a ultranza que desconoce tratados internacionales y menos aún que cuatro ministros del Gobierno, incluidos los de la Presidencia y el de Relaciones Exteriores, impugnaran al secretario general de la OEA en base a una tergiversación de declaraciones para presentarlo como favorable al invento de un pretendido plan de fusión de las dos naciones de la isla, cuando en realidad expresaba interés de contribuir al entendimiento entre dos países ubicados en una pequeña isla, pero dijo que “con realidades sociales muy diferentes, con realidades económicas muy diferentes, con realidades políticas muy diferentes”.
Esta semana siguieron apareciendo editoriales en periódicos como el New York Post y una carta dirigida al presidente Barak Obama firmada por 108 profesores de leyes de unas 80 universidades y academias norteamericanas, requiriéndole que intervenga para hacer valer los derechos de los desnacionalizados en el país.
Crecientes preocupaciones
El agravamiento de las relaciones con Haití ha generado crecientes preocupaciones en sectores empresariales temerosos de que los ímpetus de radicales nacionalistas que han ganado espacio en la opinión pública y el Gobierno, puedan aislar el país y generar dificultades a las exportaciones y al turismo dominicano. Tan solo las exportaciones a Haití se cifran anualmente en mil millones de dólares de manera formal y otros 500 millones en el intercambio informal, siendo el único país con que la República Dominicana tiene ventajas comerciales, y de diez a uno.
Esas exportaciones que implican unos 66 mil millones de pesos al año, son fundamentales para decenas de empresas industriales grandes, medianas y pequeñas, para cientos de productores agropecuarios y para comunidades fronterizas. En Haití operan numerosas empresas dominicanas, especialmente en la construcción. Y fue significativo que en medio del desconcierto, los promotores del Plan de Inversiones bilaterales Quisqueya fueran al Congreso Nacional a presentar un proyecto que anuncia inversiones en la frontera por 2 mil millones de dólares.
No han faltado sectores políticos y sociales que ya expresan temores de que el Gobierno esté tratando de extremar el nacionalismo soberanista para mantener desviada la atención de los problemas nacionales y obtener beneficio electoral. No se entiende que en menos de un mes la política del Gobierno pasara de pedir una reunión del Consejo Permanente de la OEA, solicitar y obtener la sede de la próxima asamblea general de la entidad hemisférica del 2016 y anunciar que se retira de su ámbito de negociaciones, impugnando sin base al secretario general Luis Almagro.
El antihaitianismo fue utilizado como mecanismo de cohesión interna por los regímenes de Trujillo y Balaguer y desde el inicio mismo de la República, cuando Pedro Santana reclamó y logró poderes extraordinarios, bajo el argumento de que eran precisos para garantizar la sobrevivencia de la nación frente a los haitianos, aunque pocos años después él mismo la anexara a España.
Por José Cabral.
Nadie puede negar que la República Dominicana está en medio de la gran posibilidad de que pueda surgir un “outsider” en la política nacional, aunque el problema descansa en que no se ha articulado una propuesta que responda al nicho que se ha creado en esta dirección.
Prácticamente todas las encuestas colocan en un 54 ó 55 por ciento, aunque se piensa que es mucho mayor, las personas que no sienten ningún respeto ni vinculación con los partidos políticos, los cuales han llegado a un nivel de descrédito que nadie podía imaginarse.
Es tan grave el problema que esa realidad amenaza la democracia representativa, ya que en las últimas elecciones el país ha terminado con autoridades que no cuentan con la legitimidad necesaria para garantizar una buena gobernabilidad.
Pero frente a esa realidad la pregunta que todo el mundo se hace es si valdría la pena que en el país se produzca el fenómeno del “outsider” como que ya ha pasado en muchas naciones latinoamericanos e incluso en los Estados Unidos de América.
El último caso de este tipo se ha producido en Colombia, donde un abogado penalista, un depravado, defensor de narcotraficantes, de evasores de impuestos y de los paramilitares ha quedado en primer lugar en las elecciones presidenciales.
A Abelardo de la Espriella, un ultraderechista, sin ningún mérito, pero sin venir de las estructuras tradicionales del partidarismo político, se ha colocado en la puerta de la presidencia de Colombia, con un discurso agresivo y con una visión de cuestionamiento del derecho internacional que lo acerca al actual jefe de Estado de los Estados Unidos, Donald Trump, quien incluso ya lo ha apoyado.
El asunto es que este tipo de “outsider” no es saludable para que ningún país del mundo, porque representa un antivalor, un enemigo del derecho internacional y además un depravado que no respeta absolutamente nada ni a nadie.
Entonces, si la República Dominicana se viera en ese espejo estaría en un escenario que significa un evidente retroceso al bienestar que se supone debe garantizar todo aquel que se opone a la partidocracia, que nadie puede negar que en todas estas naciones ha implicado una gran desgracia para los pueblos.
Por esta razón es que creo que, si en la República Dominicana se crean las condiciones, como ya parece que ocurre, para desplazar del poder a los partidos políticos, tiene que ser para bien, no para mal, ya que debe ser un “outsider” que cuente con un plan programático y estratégico a corte, mediano y largo plazo para poder lograr las transformaciones que demanda la sociedad.
Naturalmente, la preocupación de que el problema del país no sólo descansa en el funcionario público, el cual procede de los partidos políticos, instancias totalmente corrompidas y enemigas del progreso nacional, sino también en la visión y actitud distorsionada del ciudadano como resultado del neoliberalismo salvaje introducido en el país por Leonel Fernández.
Tal vez ahí esté la explicación de que una opción con una visión colectiva, no individual, no haya podido consolidarse en el país, ya que articular este tipo de propuesta implica, según lo que se ve, romper con lo que luce ser una utopía por la forma en que el neoliberalismo se ha apropiado de la mente y el sentir de la gente.
Pero si Dios quiere y en razón de que las condiciones están dadas para que en el país surja un “outsider”, ojalá sea para bien y no para mal, contrario a como se observa que se produce en Colombia y en otros países latinoamericanos.
El “outsider” dominicano tiene que ser para romper con la vieja política, a los fines de acabar con la corrupción y los principales males que aquejan a la sociedad en asuntos tan fundamentales para tener crecimiento y desarrollo nacionales como el empleo, la institucionalidad, la seguridad pública y ciudadana y en otros aspectos que durante décadas han representado una retranca para la nación.
Por José Cabral.
Los jueces y juezas son considerados emperadores que tienen el privilegio de juzgar la conducta de los demás, pero nunca la de ellos, convirtiéndose muchas veces en los funcionarios públicos que violan más que cualquier otro agente del Estado los derechos de las personas.
La explicación del abuso de poder desde la condición de juez, jueza o fiscal consiste en que somos una nación donde la democracia existe más de apariencia que de realidad y que ello obedece a la herencia patriarcal, machista, caudillista y de amiguismo que genera mucha tolerancia con el que infringe la ley desde la sombrilla del Estado, cuya visión descansa en la herencia histórico-cultural anti-democrática.
La República Dominicana ha pretendido desarrollar una democracia en la que prevalezca el principio de legalidad, juridicidad y de igualdad, pero este propósito ha resultado ser una utopía porque los tiempos de dictaduras tienen un fuerte peso en la vida nacional.
En el Estado democrático los derechos no están por encima de los deberes, ambos van de la mano, pero en los países con escaso nivel de desarrollo la gente piensa que no tiene que cumplir con sus obligaciones y que los derechos son absolutos.
Hace muy pocos días que los actores del sistema de justicia se lanzaron a un paro de labores en demandas de mejores condiciones salariales y de trabajo en sentido general, lo que nadie le regatea porque la realidad es que las mismas son deprimentes, aunque ello no justifica la forma en que muchos tribunales se manejan en los casos que les llegan.
Todo el mundo sabe o por lo menos constitucionalmente está establecido que los jueces son garantes fundamentales de la justicia y la paz social, ya que su principal papel es administrar justicia mediante la solución de conflictos de manera imparcial, aunque este concepto luce ser una utopía.
Los jueces se supone que actúan como puente mediador entre las leyes y los ciudadanos, asegurando la equidad, el respeto a las garantías constitucionales y la estabilidad del Estado de Derecho, ya que en la sociedad contemporánea el ejercicio de la judicatura abarca funciones esenciales que van más allá de simplemente aplicar la ley escrita, sobre todo en una época en que el derecho ha entrado en un profundo proceso de constitucionalización.
Sin embargo, cuando el sistema de justicia no cumple con su rol, entonces llega la distorsión que tiene que ver con la vía de hecho, dado que éste tiene la misión teórica de darle a cada ciudadano lo que le corresponde, a los fines de evitar hacer justicia con sus propias manos y para garantizar una convivencia ordenada.
La justicia también debe velar porque prevalezca el principio de legalidad y de juridicidad para el control del poder, ya que representa un contrapeso vital al supervisar que los actos de los otros órganos del Estado se ajusten a la Constitución y al bien común, pero todo ello requiere, además, que los jueces, juezas y demás actores de la judicatura nacional también ajusten sus actuaciones a los deberes que les impone la ley sustantiva de la nación y las normas por las que se rige el Poder Judicial.
Análisis Noticiosos
Es imperdonable que Subero Isa haya mal asesorado al presidente de la República.
Por José Cabral
Cuando el Congreso Nacional aprobó en violación de la Constitución la promulgada Ley 13-26 que persigue anular las candidaturas independientes, muchos confiamos en la amplia formación y la vocación democrática del expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, quien ahora se desempeña como Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo.
Siempre pensé que lo mínimo que podía sugerirle Subero Isa a Luis Abinader era no promulgar esa pretendida ley y en su lugar recomendar observarla por constituir una violación muy grave a la Constitución de la República y a una jurisprudencia del Tribunal Constitucional que el jefe de Estado prometió cumplir cuando se juramentó en el cargo.
Pero aun después de la promulgación en una conversación con el promotor de la acción directa de inconstitucionalidad en contra de los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23, Alberto Fiallo, éste decía que parece que Subero Isa no había jugado ningún papel en semejante agravio a la democracia y al proceso de constitucionalización del derecho en la República Dominicana.
E incluso planteó el amigo Fiallo que Subero Isa no había tenido ninguna participación en semejante disparate jurídico, porque se veía que se trataba de un asunto manejado políticamente desde el Partido Revolucionario Moderno (PRM), lo cual parece lógico en razón de que fue algo manejado por los cuadros más importantes de la organización oficial.
Sin embargo, luego de ver la recomendación al presidente Abinader de Subero Isa en su condición de consultor jurídico del Poder Ejecutivo de que no se meta en lo referente al conflicto entre los jueces, juezas y demás personal del Consejo del Poder Judicial, todo indica que de igual modo debió haberlo hecho con la promulgación de la Ley 13—26.
No hay ninguna razón de que Subero Isa no haya intervenido en la decisión del presidente en lo que respecta a la promulgación de la Ley 13-26, máxime cuando el consultor jurídico ya había hecho pública su posición en contra de las candidaturas independientes.
De ser así, Subero Isa ha incurrido en su peor error como hombre público y jurista de una larga trayectoria, porque se trata de una acción antijurídica y que de alguna manera desmiente la creencia que nos hemos creado muchos de que este expresidente de la Suprema Corte de Justicia es un profesional del derecho lo suficientemente acabado y formado para el mejor de los consejos.
Si esta hipótesis es cierta entonces estaríamos ante un gran fiasco, porque no sé si Subero Isa sabe que con lo que podría ser esa asesoría a un hombre como el presidente Abinader, quien no tiene la menor idea de asuntos constitucionales, lo ha sumergido en una grave violación al derecho interno y externo, lo cual perdurará para toda la historia del país.
Sería imperdonable que Subero Isa no entienda la importancia que tiene en la democracia nacional el proceso de constitucionalización del derecho que se inicia en el país con la Constitución del 2010 y de la que se deriva la referida figura jurídica y que tampoco digiera el fenómeno que tiene que ver con la defensa y preservación de los derechos fundamentales en la sociedad dominicana, ya que la decisión de Abinader busca arruinar y eliminar el derecho, valores y principios de legalidad, proporcionalidad, pro participación y de dignidad humana.
No es que Subero Isa no tiene el derecho de estar en contra de lo que considere, pero de igual modo se entiende que es totalmente inaceptable que él se ponga en contra de una jurisprudencia que tiene el sustento del mandato de la Constitución.
Considero que la figura de Subero Isa se degrada y queda muy mal parada cuando entra en el juego de la politiquería al recomendar, si fue que así ocurrió, la promulgación de la Ley 13-26, que en buen derecho no es más que un contrasentido jurídico y que no puede tener otro destino que su nulidad.