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El juicio de Maradona continúa con testimonios de agente inmobiliaria y dueño de la casa

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Buenos Aires, (EFE).- El juicio sobre la muerte de Diego Armando Maradona, en el que están acusados siete profesionales de la salud, prosigue este martes con las declaraciones de Andrea Flavia Jordan, agente inmobiliaria que gestionó el alquiler de la casa donde falleció el ídolo, y Santiago Giorello, propietario de la vivienda.

Flavia Jordan, quien testificará ante el Tribunal Oral de lo Criminal N°3 de San Isidro, en las afueras de Buenos Aires, habló con la fiscalía en 2021, en declaraciones a las que tuvo acceso EFE, que “la casa la eligieron Diego y Gianinna” y que el contrato fue firmado por Jana Maradona.

Gianinna y Jana son hijas de Maradona.

Otro de los testigos confirmados es Santiago Giorello, propietario de la vivienda, quien en diciembre de 2020 declaró que cuando fue trasladado allí el astro del fútbol había manifestado sus dudas sobre si la vivienda era adecuada “porque abajo había baño pero sin ducha”.

“Se nos manifestó que él iba a tener asistencia médica permanente y que iba a haber una ambulancia. Yo, cuando fui ese jueves (19 de noviembre), no la vi por ningún lado”, afirmó.

Lo que dijeron los médicos

Este martes podrían sumarse otros testimonios si los querellantes repiten la estrategia de la audiencia anterior, cuando se llamó a declarar a Cristian Méndez (director de la Policía Científica cuando murió Maradona), el personal policial Valeria Stingo y Guadalupe Guillen y Juan Alberto Soto, encargado de la guardia del barrio cercado el día del fallecimiento, testigos que no habían sido anunciados de antemano.

Ante la queja de la defensa por la falta de previsibilidad, los jueces determinaron que no hay “obligación de avisar a los testigos citados”.

El guardia Juan Alberto Soto aportó las anotaciones realizadas el 25 de noviembre en su libro de actas, donde dejó constancia que a las “12:15 (del mediodía) llamó Maxi, secretario de Maradona, pidiendo que un médico entrara en el barrio. Se llamó al propietario Colin (Campbell Yrigoyen) del lote 36 para que se presente”.

Yrigoyen, médico y vecino del barrio de San Andrés, dijo que cuando acudió a reanimar al astro argentino no tenía signos vitales desde hacía “una o dos horas” e indicó que solo hubo ambulancias estacionadas en la puerta del domicilio durante los primeros dos días de la estancia de Maradona en el lugar, a diferencia de lo que se había anunciado previamente.

También declaró Carlos Pinto, doctor de la empresa especializada en emergencias médicas +Vida, quien constató la muerte tras llegar en una ambulancia con equipación médica.

Pinto dijo que, cuando llegó, hacía “más de dos horas” que Maradona estaba muerto, “por los signos de rigidez cadavérica”, que se manifiestan.

Maradona falleció a los 60 años el 25 de noviembre de 2020 y al momento de su muerte presentaba graves patologías hepáticas, cardíacas y pulmonares, según un informe forense presentado por la fiscalía.

Son juzgados en este proceso el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicoanalista Carlos Díaz, la doctora y coordinadora de la empresa Swiss Medical, Nancy Forlini, el médico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón.

También está procesada la enfermera Gisela Madrid, quien solicitó un juicio por jurados y será juzgada en un proceso que empezará durante el segundo semestre de este año, una vez finalizado el debate principal.

Los jueces Maximiliano Savarino, Verónica Di Tommaso y Julieta Makintach deberán determinar si siete de los ocho acusados son culpables del delito de homicidio simple con dolo eventual, que tiene una pena máxima de 25 años de prisión. EFE

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Tres dominicanos enfrentan prisión provisional en Panamá por presunta red de reclutamiento para combatir en Rusia

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Fiscalía sostiene que los imputados captaban panameños por redes sociales y les ofrecían pagos para viajar a la zona de guerra

Ciudad de Panamá.– Tres ciudadanos dominicanos fueron enviados a detención provisional en Panamá, acusados de formar parte de una presunta estructura dedicada a reclutar personas para viajar a Rusia y participar en el conflicto bélico contra Ucrania.

Los imputados fueron identificados como Joselyn Ramírez, Rolando Newball y María Inés García, contra quienes un juez de garantías admitió cargos relacionados con trata de personas y asociación ilícita, según informó la Procuraduría General de la Nación de Panamá.

La investigación forma parte de las acciones desarrolladas por las autoridades panameñas contra redes que presuntamente captaban ciudadanos mediante ofertas económicas para desplazarlos hacia territorio ruso con fines militares.

Fiscalía habla de transferencias superiores a US$800,000

Durante la audiencia, la fiscal especializada contra la delincuencia organizada Elizabeth Carrión sostuvo que los procesados habrían recibido transferencias superiores a 800,000 dólares destinadas a financiar y organizar el reclutamiento de panameños.

De acuerdo con la investigación citada por La Prensa de Panamá, a algunos de los reclutados se les ofrecían pagos de alrededor de US$2,000 y US$3,000 para incorporarse al conflicto armado.

Las autoridades sostienen que las personas captadas no necesariamente recibían el dinero prometido una vez llegaban a la zona de combate.

Contactaban a posibles reclutas por TikTok

Según la tesis de la Fiscalía, la estructura utilizaba redes sociales, entre ellas TikTok, para contactar a ciudadanos interesados en viajar al extranjero bajo promesas de remuneración.

Entre los panameños señalados como víctimas figuran Octavio Carrillo, Rafael Ulises y José Montenegro, residentes en la provincia de Bocas del Toro.

La investigación sostiene que fueron convencidos de trasladarse hasta la ciudad de Panamá para gestionar pasaportes, boletos aéreos y documentación relacionada con supuestos contratos para prestar servicios en el conflicto.

Posteriormente fueron llevados a un establecimiento de alojamiento en Tocumen, desde donde se habrían coordinado diferentes aspectos logísticos del viaje.

Dos hombres abandonaron el alojamiento y alertaron a la Policía

De acuerdo con la Fiscalía, dos de las personas reclutadas decidieron abandonar el lugar donde permanecían hospedadas y buscaron ayuda de las autoridades al sospechar que podían ser víctimas de explotación.

Un tercer hombre sí habría viajado a Rusia.

Las investigaciones señalan que esa persona no recibió el dinero que supuestamente le habían ofrecido y posteriormente solicitó asistencia a las autoridades panameñas para regresar al país.

Panamá investiga una red más amplia

El caso forma parte de una investigación mayor relacionada con la captación de ciudadanos panameños para incorporarlos al conflicto entre Rusia y Ucrania.

La Procuraduría panameña informó que la denominada Operación Rescate Soberano permitió realizar allanamientos y aprehensiones relacionadas con el presunto reclutamiento de personas con fines militares.

Las autoridades también han documentado otros procesos judiciales vinculados a personas presuntamente reclutadas mediante promesas económicas para viajar a Rusia.

Conflicto ya ha dejado panameños muertos y desaparecidos

La preocupación de las autoridades panameñas ha aumentado ante la presencia de ciudadanos de ese país en la zona de guerra.

Un informe citado por La Prensa señaló recientemente que seis panameños habían muerto y otros 15 figuraban como desaparecidos, mientras decenas permanecían vinculados a las zonas de combate en Rusia y Ucrania.

El Gobierno panameño también ha solicitado públicamente cooperación para facilitar el regreso seguro de sus ciudadanos involucrados en el conflicto.

La investigación contra los tres dominicanos continúa abierta y las acusaciones deberán ser demostradas ante los tribunales panameños. Los imputados conservan su presunción de inocencia mientras avance el proceso.

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Colombia y Costa Rica refuerzan cooperación contra el narcotráfico y el crimen organizado

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Abelardo de la Espriella y Laura Fernández se reúnen este martes en Barranquilla para abordar estrategias conjuntas de seguridad frente a las organizaciones criminales transnacionales.

BARRANQUILLA, Colombia.– La lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional marcará la agenda de la reunión que sostendrán este martes los presidentes de Colombia, Abelardo de la Espriella, y de Costa Rica, Laura Fernández, en momentos en que ambos gobiernos buscan fortalecer la cooperación regional en materia de seguridad.

El encuentro se realizará en Barranquilla y fue acordado previamente durante una conversación entre ambos mandatarios, en la que coincidieron en la necesidad de ampliar los mecanismos de colaboración para enfrentar organizaciones delictivas que operan más allá de las fronteras nacionales.

Entre los asuntos previstos figuran el intercambio de información e inteligencia, la coordinación institucional y posibles acciones conjuntas frente al narcotráfico y otras estructuras criminales transnacionales.

Fernández considera urgente fortalecer la cooperación

La presidenta costarricense ha otorgado especial importancia al encuentro ante su preocupación por las repercusiones que las operaciones contra el narcotráfico en Colombia puedan tener sobre otros países de la región.

Fernández calificó previamente la reunión como urgente y manifestó su interés en evitar que el desplazamiento de estructuras criminales termine afectando a Costa Rica. Sus declaraciones se producen en medio de la preocupación de su Gobierno por la actividad del narcotráfico y del crimen organizado.

La visita tiene además una relevancia particular para la mandataria costarricense, al constituir su primer viaje al exterior desde que asumió la Presidencia en mayo de 2026.

Seguridad, prioridad para Colombia

El Gobierno colombiano ha colocado el combate contra el narcotráfico y las organizaciones armadas y criminales entre los principales componentes de su política de seguridad.

Según cifras divulgadas por la propia Presidencia de Colombia, durante las primeras semanas de la administración de De la Espriella las autoridades han desarrollado operaciones contra distintas estructuras criminales, con capturas, decomisos de narcóticos, incautaciones de armas y erradicación de cultivos de coca.

La reunión con Fernández forma parte de los esfuerzos del Gobierno colombiano por ampliar la cooperación internacional ante fenómenos delictivos que no se limitan al territorio de un solo país.

Una amenaza que traspasa fronteras

El narcotráfico representa un desafío regional debido a la capacidad de las organizaciones criminales para modificar rutas, establecer redes logísticas en distintos países y trasladar sus operaciones cuando aumenta la presión de las autoridades en determinados territorios.

Por esa razón, Colombia y Costa Rica buscan profundizar mecanismos de intercambio de información y coordinación que permitan responder de manera conjunta a esas estructuras.

La reunión de este martes adquiere así una dimensión que supera las relaciones bilaterales entre ambos países: la discusión se concentra en cómo coordinar respuestas regionales frente a organizaciones criminales que actúan sin reconocer fronteras.

Para los dos gobiernos, el desafío será convertir la cooperación política en mecanismos concretos de intercambio de inteligencia, prevención y persecución del narcotráfico y otros delitos transnacionales.

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Militares de EE.UU. interceptan cuarta embarcación cerca de Ecuador en nueve días

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Washington vincula la operación con una supuesta plataforma marítima de apoyo al narcotráfico atribuida a Los Choneros; familiares de tripulantes de embarcaciones intervenidas rechazan las acusaciones

QUITO.– Fuerzas militares de Estados Unidos abordaron este sábado una embarcación ecuatoriana en aguas internacionales del océano Pacífico, en una nueva operación que Washington vincula con actividades de apoyo logístico al narcotráfico y que eleva a cuatro las embarcaciones intervenidas en esa zona durante los últimos nueve días.

La nave, identificada como “María Candelaria”, fue interceptada aproximadamente a 270 millas náuticas —unos 500 kilómetros— de la costa de Ecuador, según las informaciones difundidas sobre el operativo.

El Mando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) sostuvo que la embarcación formaba parte de una estructura compuesta por varios barcos utilizados como plataforma de reabastecimiento de combustible para apoyar el transporte de drogas por el Pacífico.

Washington atribuyó esa estructura logística a Los Choneros, organización criminal ecuatoriana a la que las autoridades estadounidenses califican de “narco-terrorista”.

Ocupantes fueron entregados a Ecuador

Las personas encontradas a bordo de la “María Candelaria” fueron entregadas posteriormente a las autoridades ecuatorianas, de acuerdo con la versión oficial estadounidense.

Las embarcaciones involucradas en la operación fueron vaciadas antes de ser hundidas.

El Ministerio de Defensa de Ecuador confirmó la intervención y la calificó como un nuevo golpe contra Los Choneros, al tiempo que indicó que la ubicación registrada aparentemente correspondía a aguas internacionales.

La circunstancia adquiere particular importancia debido a que la operación fue ejecutada por fuerzas militares estadounidenses fuera de las aguas territoriales ecuatorianas.

Tripulante transmitió el abordaje

Uno de los ocupantes de la embarcación transmitió parte de la intervención en directo mediante redes sociales y ofreció una versión diferente sobre las actividades que realizaban.

El hombre sostuvo que habían salido a pescar tres días antes y cuestionó que, según su relato, los militares no establecieran previamente comunicación por radio con la tripulación.

La versión de los ocupantes contrasta con la información de las autoridades estadounidenses y ecuatorianas, que relacionan la embarcación con operaciones logísticas utilizadas para apoyar el narcotráfico.

Cuatro embarcaciones intervenidas en nueve días

El abordaje de la “María Candelaria” se produce después de otras tres operaciones contra embarcaciones ecuatorianas desarrolladas en menos de una semana.

El 28 de agosto fue destruida y hundida la embarcación “Tres Hermanos”, procedente de Jaramijó.

Posteriormente, el 2 de septiembre, las fuerzas estadounidenses atacaron y destruyeron la “Conquista II”, mientras que el 3 de septiembre fue intervenida la “OM 2”.

Estas dos últimas embarcaciones eran de Manta.

Las autoridades de Estados Unidos y Ecuador sostienen que algunas de esas naves operaban como estaciones flotantes de abastecimiento de combustible, presuntamente utilizadas para prolongar la autonomía de otras embarcaciones relacionadas con actividades ilícitas.

Familiares rechazan vínculos con narcotráfico

Las acusaciones oficiales han sido cuestionadas por familiares de algunos de los tripulantes.

Estos niegan que sus parientes estuvieran vinculados con organizaciones criminales y sostienen que las embarcaciones desarrollaban actividades distintas a las atribuidas por las autoridades.

La controversia introduce interrogantes sobre las evidencias utilizadas para identificar las naves como parte de estructuras de apoyo al narcotráfico.

Hasta el momento, la información suministrada no detalla públicamente qué elementos específicos fueron encontrados en cada embarcación para establecer su presunta relación con organizaciones criminales.

Operaciones estadounidenses aumentan en el Pacífico

La sucesión de cuatro intervenciones en apenas nueve días evidencia una intensificación de las operaciones estadounidenses contra las rutas marítimas que Washington considera utilizadas para el transporte y apoyo logístico del narcotráfico en el Pacífico oriental.

El caso de la “María Candelaria” agrega, además, un elemento sensible: mientras Estados Unidos y Ecuador presentan la intervención como parte de la lucha contra una estructura vinculada a Los Choneros, uno de los ocupantes sostiene que se encontraba realizando labores de pesca.

La determinación de las circunstancias exactas de la operación y de la eventual responsabilidad de los tripulantes dependerá ahora de las investigaciones correspondientes y de las evidencias que presenten las autoridades.

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