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Medida de coerción del caso SENASA fue fijada para esta tarde .
Santo Domingo, R.D.-El Juzgado de Atención Permanece del Distrito Nacional conocerá esta tarde la solicitud de medida de coerción contra los imputados en el caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa), donde figura su exdirector Santiago Hazim.
El tribunal fijó la audiencia para las 2:00 de la tarde, luego de que el Ministerio Público depositara la medida, en la que solicita la imposición de 18 meses de prisión preventiva, contra diez personas arrestadas en el marco de la investigación por el presunto desfalco en Senasa. El juez Rigoberto Sena conocerá la audiencia.
Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa, encabeza el grupo de imputados que integran, además, Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera y Heidi Mariela Pineda Perdomo.
El Ministerio Público, a través de los fiscales Rosa García, Enmanuel Ramírez, Héctor García, Yudelka Holguín, Aurelio Valdez, Alexis Piña y Ernesto Guzmán, tambien pidió que el caso sea declarado complejo.
El fiscal Héctor García adelantó que los imputados afectaron al Senasa con al menos 15 mil millones de pesos.
La Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), que encabezan el procurador adjunto Wilson Camacho, y la procuradora de corte Mirna Ortiz, están a cargo de las investigaciones que siguen en proceso.
Entre otros delitos, al grupo se le imputan cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
Santo domingo, R.D.-La Red de Abogados Inmobiliarios (ABPGAN) con el objetivo de poner coto a la ola de delitos que afecta la seguridad jurídica en el país, solicitó formalmente a la Jurisdicción Inmobiliaria la implementación de un Sistema de Alertas Tempranas.
Esta herramienta busca proteger a propietarios e inversionistas frente a los constantes intentos de fraude y falsificación.
El vocero de la institución, José Antonio Thomas, y el asesor legal, el doctor Wendy José Alcántara Ramírez, explicaron que el sistema funcionaría como una «alarma digital».
El titular del inmueble recibiría notificaciones inmediatas vía correo electrónico o SMS ante cualquier movimiento sospechoso, como intentos de suplantación de identidad para duplicar títulos de viviendas, condominios o fincas.
Para garantizar la sostenibilidad del servicio, ABOGAIN propone que el mantenimiento de este sistema sea financiado mediante una cuota mínima integrada al Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria (IPI).
Además, plantean que esta plataforma debe estar interconectada con la Junta Central Electoral (JCE), la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Procuraduría General de la República (PGR).
Esta integración permitiría un monitoreo riguroso y en tiempo real de cualquier persona que deposite documentos o solicite información sobre traspasos.
Finalmente, instaron a que el sistema incluya una actualización automática del estado jurídico de los inmuebles, al menos dos veces al año, garantizando que el propietario siempre tenga certeza sobre la situación legal de su patrimonio.
Para fortalecer su iniciativa, ABOGAIN sugiere que el sistema de alertas utilice registros inmutables, que nadie puede cambiar, ni modificar ni alterar.
Esto no solo avisaría al dueño, sino que dejaría una huella digital imborrable de quién intentó acceder al expediente, dificultando la complicidad interna en los fraudes.
Al implementar este sistema, la República Dominicana escalaría posiciones en los índices de seguridad jurídica internacional, convirtiéndose en un destino mucho más seguro y atractivo para el capital extranjero y la diáspora dominicana, quienes suelen ser las principales víctimas al estar fuera del país.
Santo Domingo, R.D.-El partido de gobierno, el PRM, rechazó ayer cualquier intento de vincular a esa organización con el uso de fondos provenientes de actos ilícitos.
El PRM fijó su posición en una comunicación dirigida al director de Listín Diario, Miguel Franjul, cuyo texto íntegro es el siguiente:
En atención a las facultades que nos otorga la Ley 61-32 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) puntualiza su postura oficial ante las informaciones publicadas este 19 de enero de 2026 sobre el denominado «Caso Cobra«:
2. El Gobierno como acusador, no como cómplice: Es imperativo recordar que el actual gobierno del PRM, por instrucción directa del presidente Luis Abinader, ordenó que el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) se constituyera como actor civil en este proceso. A través del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), el Estado ha formalizado una querella para asegurar que los responsables no solo enfrenten sanciones penales, sino que devuelvan cada centavo sustraído. Es el Gobierno quien identifica, persigue y demanda el resarcimiento de estos fondos; esto es una señal inequívoca de estar totalmente alejado de estas prácticas.
3. Compromiso real contra la corrupción: Nuestro compromiso con la lucha anticorrupción no es retórico. No toleramos ni toleraremos «desbordamientos éticos«. Quien haya fallado a la confianza pública debe enfrentar las consecuencias de sus actos individuales, sin escudarse en banderas políticas que no amparan el delito.
5. Reiteramos nuestra total disposición de colaborar con el Ministerio Público en todo lo que requiera para profundizar sus investigaciones. La independencia del Ministerio Público es un logro innegociable de este gobierno; hoy la justicia habla a través de pruebas, no de conveniencias políticas, y confiamos plenamente en que el proceso llegará hasta las últimas consecuencias.
Atentamente,
Dirección Ejecutiva Partido Revolucionario Moderno (PRM)
Santo Domingo, R.D.-El dirigente deportivo, Amparo Betances, recibió una medida de coerción acusado de delitos de abusos contra algunos de sus estudiantes.
La decisión, adoptada por la Oficina Judicial de Duarte, se produce en medio de un proceso que cobro fuerzas tras haber aparecido múltiples testimonios que señalan al imputado por presuntos actos de abuso y agresión sexual contra menores pertenecientes a su liga. Según fuentes cercanas al caso, la medida cautelar busca garantizar la presencia del imputado en el desarrollo de las investigaciones y evitar posibles obstrucciones al proceso.
Betances deberá cumplir la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista al Valle. Durante este periodo, el Ministerio Público espera profundizar en las evidencias y determinar si existen más víctimas dispuestas a formalizar sus denuncias para fortalecer el expediente acusatorio.