Opinión
El lado eclipsado de Lilís
Por Ismael Batista
Nacido en la norteña Puerto Plata el 5 de octubre de 1845. Hijo de padres no dominicanos, pero su infancia y adolescencia transcurrieron en el país en ambiente de pobreza, obviamente con todas las limitaciones propias de estratificación social baja.
Historiadores hablan muy poco en relación de la educación de Ulises Heureaux, pero se puede asumir que el indomable guerrero de las batallas patrias, de alguna manera adquirió buen nivel educativo como así lo demuestran las páginas de su historial.
En aquellos tiempos, la población dominicana era mayoritariamente pobre y analfabeta. Incluso en el mando militar había analfabetos y personajes de bajo intelecto, lo que pudo haber influido en las luchas intestinas que caracterizaron la sociedad dominicana antes y después del asesinato de Lilis en 1899. El general Heureaux hablaba perfectamente inglés, español, francés, creole haitiano y también leía latín.
Incorporación a lides patrióticas
Inició su carrera patriótica de combatiente siendo muy joven. En 1861 se enrola como soldado voluntario en el Ejercito Restaurador, en defensa de la soberanía nacional en momento en que Pedro Santana y sus partidarios optaron por disolver el Estado y anexarlo a España.
Hecho que despertó fervor patriótico en Ulises Heureaux, demostrando condiciones de guerrero valiente, audaz y combativo, dotes que a los 20 años de edad le abrieron el sendero para alcanzar grado de coronel del Ejército Restaurador.
Poco tiempo después del triunfo restaurador, en 1867, el general Pedro Guillermo organiza golpe de Estado contra el gobierno de Ulises Espaillat que llevó al dictador Buenaventura Báez al poder. Báez era de los dominicanos que acuñaron la idea de que República Dominicana necesitaría un protectorado imperial para existir como conglomerado social.
Bajo tal criterio, el presidente dominicano y el de los Estados Unidos Ulysses Grant, elaboran un proyecto de ley mediante el cual República Dominicana pasaría a ser una posesión territorial de los Estado Unidos.
Sin embargo, el plan Grant, implícitamente acorde con la doctrina Monroe de usar el territorio nacional con fines estratégico en los aprestos de Estados Unidos en controlar el comercio mundial, se vieron frustradas por la acción de la dominicanidad.
En tanto la pieza legislativa se debatía en la Cámara de Representes de los Estados Unidos, que finamente fue rechazado, en el país hubo ardientes protestas y levantamientos armados en regiones, principalmente en la sur.
En consecuencia, el activismo anexionista exacerbó el patriotismo de los dominicanos convirtiendo el movimiento en estallido revolucionario y anti imperialista que luego transformó en guerra de guerrillas para combatir a Buenaventura Báez.
Vale destacar que algunos historiadores consideran la guerra de los seis años como una real guerra de independencia, puesto que detrás de los planes de Buenaventura Báez estaba el apoyo económico y militar del gobierno de Norteamérica.
En este contexto, es decoroso resaltar la figura militar del coronel Ulises Heureaux. Demostró arrojo y bravura de combatiente audaz y estratégico luchador, cualidades que fueron decisivas en el triunfo de la guerra en la que ostentó rol de principalía en los combates, de tal modo que su fama de guerrero trascendió fronteras.
Ello fue motivo para New York Times hacer reportes de la guerra de los seis años. Así mismo, los adversarios del presidente Ulysses Grant en los Estados Unidos hicieron circular caricaturas ofensivas en las que este aparecía en pelas con el general Ulises Heureaux. (Ulysses vs. Ulises)
Epopeyas de Lilis
El valeroso combatiente de la guerra de restauración y de la guerra de los 6 años demostró ingenio y pericias en campos de batallas. Era de los primeros en salir al frente y eso lo conocía Gregorio Luperón y Matías Ramon Mella.
Así que, cuando el general Gregorio Luperón ordenó al general Timoteo Ogando entrar en la región sur, le instruyó que por sus habilidades en el arte de la guerra el coronel Ulises Heureaux debe ser asignado al frente de las operaciones.
Los relatos de la época cuentan que la participación del coronel Heureaux fue de carácter excepcional; con batallón de 70 hombres divididos en columnas, en un encuentro de unas 5 horas derrotó un regimiento de 1000 hombres.
Al finalizar el combate el saldo de muertos y heridos fue de gran desproporcionalidad en favor de la guerrilla. Se capturan prisioneros, caballos, armas y municiones´
Entonces, un guerrero de este nivel de combatiente había que eliminarlo. De manera que las fuerzas del presidente Báez intentan eliminarlo.
Así mismo, pudo haber sido aniquilado en los combates que participó de primera fila; lo demuestran las secuelas de las heridas recibidas en su cuerpo, a saber, impactos de proyectiles en el tórax que no fue posible extraerlos. De las heridas en los brazos, el derecho fue el más afectado. (esa lesión le impidió defenderse de sus atacantes el 26 de julio 1899).
En una emboscada cabalgando a caballo, un proyectil mató el caballo salvando la vida milagrosamente. Sus detractores para denostarlo dicen que lo protegía un bacá.
Fue a partir de aquella espectacular victoria que coronel Ulises Heureaux le fueron colocadas las insignias de general, en reconocimiento a sus méritos por la causa nacional.
Su comandante dijo: “esto no es más que un reconocimiento a los grandes servicios y enormes sacrificios que usted ha asumido por la patria”.
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.