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El caso en el Oncológico perjudicó más a pacientes con cáncer.
Santo Domingo. – Las alegadas irregularidades en el Instituto Oncológico de Santiago implicó una trama de corrupcion, nepotismo y secuestro institucional que más alla de los desfalcos financieros y las disputas por el control del patronato, lo peor del entramado recayó sobre una poblacion muy vulnerable que son los pacientes con la enfermedad, cuyas vidas han sido puestas en riesgo por la comercializacion con la salud.
Las denuncias, que han salido a la luz pública, apuntan hacia la directiva encabezada por Héctor Antonio Lora Cruceta, su esposa Luisa Yasiris Guzmán y su ex exposa Dilcia Isabel Vargas Sánchez, revelan cómo la institución de salud fue convertida en un feudo familiar.
Para los pacientes, esto se ha traducido en un grave riesgo médico y las decisiones de la clínica dejaron de tomarse mediante el consenso de un consejo médico calificado y pasaron a ser órdenes unilaterales.
El presunto desplazamiento injustificado de la directora médica Naly Cruz y la colocación de familiares en áreas críticas de atención clínica como la farmacia, la medicina nuclear y la fisioterapia compromete la idoneidad y el rigor científico que requieren los delicados tratamientos contra el cáncer.
Uno de los puntos más críticos que afecta directamente a los enfermos es el manejo de los medicamentos. Una investigación realizada por el programa «Reporte especial» señala la supuesta creación de una organización paralela llamada «Tócate RD«, dirigida por Luisa Yasiris Guzmán.
Aunque la fundación acoge gratuitamente a decenas de pacientes de escasos recursos durante sus tratamientos, operaría como fachada para un lucro mayor.
Este tipo de coacción comercial en el área oncológica pone en peligro el abastecimiento, los precios y la libre disponibilidad de los fármacos vitales para las quimioterapias, afectando el bolsillo y el tiempo de respuesta médica de los enfermos.
Acorde con el cirujano oncólogo Juan Vila, una de las personas denunciantes, mientras los pacientes luchaban por sobrevivir al cáncer, la institución que debería protegerlos mantenía una nómina que supuestamente asciende a los «11 millones de pesos mensuales», distribuida entre familiares de Héctor Lora.
“Ahí hay mucha ganancia jugosa y es la familia, imagínate que tú tengas todos tus hijos, hijastro, sobrinos, en todos los cargos dirigenciales de la institución, estoy hablando de 11 millones de pesos mensuales de nómina que se paga. Yo quiero que la hagan pública, porque eso es una cosa que no debe estar escondida», manifestó energicamente Vila.
Estos fondos, que provienen en gran medida de donaciones y del pago de servicios, deberían estar destinados a la modernización de equipos, subsidio de medicinas y mejora en la atención hospitalaria.
El dolor del padecimiento se agravó con la cruda impotencia de sentirse como rehenes comerciales. «Esta institución todo se lo quieren ganar ellos, sé que es un negocio… y el que tiene cáncer solamente tiene esa opción», lamentó uno de los pacientes afectados, evidenciando el monopolio con el que se presume operaba la clínica.
Para la población enferma, el impacto de este supuesto fraude institucional es desgarrador debido a la falta de alternativas. Una de las fuentes en la investigación alega que los imputados manejaban un monopolio de la salud regional: «Todo se lo quieren ganar ellos, es un negocio… y el que tiene cáncer solamente tiene esa opción«.
Operación Onco 14
El Ministerio Público solicitó este lunes que se impongan 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción, a los tres imputados del proceso por la afectación realizada en contra del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer que se aprovecharon del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), al sustraer, a través de diversas maniobras fraudulentas, fondos millonarios del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), en perjuicio de los pacientes de cáncer del régimen subsidiado y del Estado dominicano.
En la instancia depositada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, el Ministerio Público solicita que el caso sea declarado complejo y que se imponga la medida privativa de libertad contra de Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo de la asociación sin fines de lucro (ASFL) Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC.
También, contra Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta, y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
Igualmente, contra Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa de Lora Cruceta, quien se divorció del imputado en 2014 y ocupó la Vicepresidencia, y, a la vez, fungió como auditora interna y externa del patronato que administra al Instituto Oncológico Regional del Cibao cuando el imputado era presidente de la citada ASFL.
La medida fue presentada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), representada por su titular Mirna Ortiz, conjuntamente con los procuradores generales de Corte de Apelación Héctor Joel García Acevedo y Quirsa Abreu Peña, titular interina de la Fiscalía de Santiago, y los procuradores fiscales Rosa Alba García, Yudelka Holguín Liz, Enmanuel Ramírez Sánchez, Alexis Piña Echavarría y Ernesto Guzmán Alberto.
Los imputados fueron arrestados durante la Operación Onco14, encabezada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de Santiago.
Los imputados y las razones sociales Vargas Lora & Asociados (hoy Vargas Guzmán Accounting Center) y la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida sustrajeron los fondos mediante distintos mecanismos fraudulentos.
La investigación aborda hechos delictivos como el fraude clínico y farmacéutico mediante el cambio de indicaciones médicas, uso de sellos médicos falsos, doble facturación al SeNaSa y la entrega incompleta de medicamentos.
Además, la prohibición de donaciones gratuitas de medicamentos, la venta de medicamentos donados, el contrabando con exoneraciones fiscales y el tráfico con sustancias controladas.
El oncológico era utilizado para cirugías estéticas
Asimismo, la utilización de habitaciones del oncológico para realizar cirugías estéticas, el gasto de representación ilegítimos y reembolsos fraudulentos de gastos en viajes y hoteles, así como sabotaje digital, robo de archivos y lavado de activos.
La Operación Onco14 se ejecutó con la cooperación de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), llevando a la ocupación de dinero en efectivo, un arma de fuego, documentos, vehículos, título de propiedad, computadoras, celulares y DVR, entre otros.
El grupo deberá enfrentar cargos por asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito, código de acceso) y lavado de activos, en perjuicio del Estado dominicano.
El Ministerio Público explicó que Lora Cruceta fue escogido presidente del IORC el 9 de octubre de 2018 y, aunque los estatutos establecen que debía ocupar la posición por dos años, permaneció en la posición hasta el 6 de octubre de 2025.
La estructura fraudulenta contó, además, con la participación de otros empleados y relacionados, quienes actuaron de manera concertada con el propósito de sustraer fondos recaudados por el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, destinados a la atención médica de pacientes oncológicos asistidos en el IORC.
Tales actuaciones se realizaron en perjuicio del Estado dominicano y de los afiliados al SeNaSa, mediante la ejecución de diversas maniobras y modalidades fraudulentas.
El IORC, fundado en octubre de 1964, está bajo la administración del Patronato Cibaeño. La entidad se dedica a la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de pacientes con cáncer y enfermedades afines en toda la región del Cibao.
Mediante el acta de la Asamblea Ordinaria de fecha 09 de octubre de 2018, el imputado Héctor Antonio Lora Cruceta fue designado presidente de la Junta Directiva y del Patronato, mientras que la imputada Dilcia Isabel Vargas Sánchez fue designada vicepresidenta.
Las acciones descritas evidencian el interés del imputado Héctor Antonio Lora Cruceta por el control del IORC, solo con el propósito de disponer de sus recursos económicos y aprovechar las aportaciones estatales destinadas a tratamientos de pacientes afectados por el cáncer.
Santo Domingo, R.D.-David Collado, segun el diputado Aníbal Díaz, respalda la propuesta de consenso para la renovación de la dirección nacional del Partido Revolucionario Moderno en una plancha encabezada por el presidente Luis Abinader en la presidencia; Deligne Ascención como primer vicepresidente; Juan Garrigó en la secretaría general y Gloria Reyes en la secretaría de organización.
Las declaraciones del congresista coinciden totalmente con una publicación de El Día, que informó que la plancha de consenso para elegir las autoridades del PRM para el período 2026-2028 estaría integrada por Abinader, Ascención, Garrigó y Reyes.
Dijo que Collado respaldó la propuesta del expresidente Hipólito Mejía para que Juan Garrigó sea postulado como secretario general, dentro de una plancha de consenso que sería aprobada en la asamblea de delegados convocada para el próximo domingo, reveló el diputado Aníbal Díaz.
El PRM escogerá el próximo domingo a sus autoridades nacionales, entre ellas el presidente, el secretario general, el secretario de organización, tres vicepresidencias y tres subsecretarías generales, mediante un acuerdo entre los principales liderazgos del partido, encabezados por Abinader, Mejía y Collado.
Díaz, uno de los colaboradores más cercanos del proyecto presidencial de Collado, afirmó que el ministro de Turismo y el expresidente Mejía mantienen una relación de colaboración y respeto mutuo, conscientes de la responsabilidad que tienen de preservar el equilibrio y la unidad de la organización política.
Según explicó, la secretaría de organización correspondería a la alianza entre David Collado y Eduardo Sanz Lovatón, quienes acordaron apoyar a Gloria Reyes para esa posición.
«David Collado le ha manifestado a Hipólito Mejía que, si ese es su deseo, él respalda la posición que tenga Hipólito Mejía, en el marco del manejo prudente y coherente que ambos han mantenido durante los últimos casi tres años, con una relación fluida, cordial y de respeto mutuo», afirmó Díaz.
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» Nuevo Código Penal responde a nuevas realidades delictivas», sostiene presidente del Senado.
Santo Domingo. – Ricardo de los Santos, presidente del Senado, valoró de manera positiva la entrada en vigencia del nuevo Código Penal dominicano, al considerar que éste responde a la necesidad de actualizar y desfasar y hacer menos distantes de las nuevas modalidades delictivas.
De los Santos rechazó, además, las críticas que buscaban impedir la entrada en vigencia de la normativa, al asegurar que lo que se plantea es proteger la dignidad, la vida privada y las familias frente a ataques injustificados.
“La República Dominicana continúa siendo un país democrático y de derecho. Las críticas y expresiones públicas están permitidas dentro de los límites establecidos por la prudencia y el respeto a los demás”, aseguró el presidente del Senado.
Dijo que “el antiguo Código Penal fue creado hace más de un siglo y ya no respondía a los avances tecnológicos y sociales actuales”. En ese sentido, valoró que la nueva ley incorpora disposiciones y herramientas adaptadas a la realidad moderna, al contemplar nuevos tipos penales y adecuar las penas a las exigencias del presente.
Ricardo de los Santos reafirmó el compromiso del Congreso Nacional de permanecer abierto a introducir las modificaciones que la sociedad entienda necesarias.
“La aprobación del Código Penal fue una decisión política que se tomó con responsabilidad, debido al prolongado tiempo que la pieza permaneció en discusión en el Congreso”, dijo De los Santos.
El presidente del Senado se refirió también al proceso de evaluación para la selección de los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia, destacando la transparencia con que se desarrolla el proceso, que incluye evaluaciones públicas, y ratificó su compromiso con la escogencia de candidatos independientes, con trayectoria y reconocimiento social.
SANTO DOMINGO.– El socio fundador del Grupo Ramos y un referente de la vida empresarial dominicana, Román Ramos Uria, ha fallecido, según lo informaron sus familiares, cuyo deceso se produjo este 5 de agosto del 2026.
Ramos Uría dedicó más de seis décadas al desarrollo de una empresa que se convirtió en una de las principales compañías comerciales de la República Dominicana, país que escogió como hogar, donde formó su familia y consolidó un proyecto empresarial basado en el compromiso, el trabajo y la responsabilidad social.
La familia destacó que su trayectoria estuvo marcada por el respeto a las personas, la valoración del trabajo bien hecho y el cumplimiento de la palabra empeñada, principios que se reflejaron en la relación de la empresa con clientes, colaboradores y las comunidades donde opera.
En 2025, recibió la nacionalidad dominicana mediante naturalización privilegiada, un reconocimiento oficial a sus aportes al país y a una vida de más de seis décadas de integración a la sociedad dominicana.
“Don Román era dominicano de corazón”, expresó la familia al resaltar que su legado permanece en la cultura empresarial de Grupo Ramos y en las generaciones que continúan impulsando la organización.
Román Ramos Uría nació el 18 de octubre de 1941 en Pola de Allande, Asturias, España. Llegó a Santo Domingo el 15 de octubre de 1959, con 17 años, y comenzó a trabajar al día siguiente de su llegada.
En 1963 asumió la administración de La Sirena, una pequeña tienda ubicada en la avenida Mella, y dos años más tarde adquirió el negocio, iniciando el camino que posteriormente daría origen a Grupo Ramos y transformaría el comercio al detalle en la República Dominicana.
Durante su trayectoria recibió importantes reconocimientos. En 2016, España le otorgó la Orden del Mérito Civil, en grado de Encomienda, por sus aportes y vínculos con ese país, mientras que en 2025 la República Dominicana le concedió la nacionalidad privilegiada como reconocimiento a su contribución al desarrollo nacional.
Como socio fundador y presidente emérito del Consejo de Directores de Grupo Ramos, dejó una profunda huella en la empresa, que actualmente cuenta con más de 8,600 colaboradores y opera 94 establecimientos comerciales bajo las marcas Sirena, Sirena Market, Aprezio y Multiplaza.
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