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El caso en el Oncológico perjudicó más a pacientes con cáncer.
Santo Domingo. – Las alegadas irregularidades en el Instituto Oncológico de Santiago implicó una trama de corrupcion, nepotismo y secuestro institucional que más alla de los desfalcos financieros y las disputas por el control del patronato, lo peor del entramado recayó sobre una poblacion muy vulnerable que son los pacientes con la enfermedad, cuyas vidas han sido puestas en riesgo por la comercializacion con la salud.
Las denuncias, que han salido a la luz pública, apuntan hacia la directiva encabezada por Héctor Antonio Lora Cruceta, su esposa Luisa Yasiris Guzmán y su ex exposa Dilcia Isabel Vargas Sánchez, revelan cómo la institución de salud fue convertida en un feudo familiar.
Para los pacientes, esto se ha traducido en un grave riesgo médico y las decisiones de la clínica dejaron de tomarse mediante el consenso de un consejo médico calificado y pasaron a ser órdenes unilaterales.
El presunto desplazamiento injustificado de la directora médica Naly Cruz y la colocación de familiares en áreas críticas de atención clínica como la farmacia, la medicina nuclear y la fisioterapia compromete la idoneidad y el rigor científico que requieren los delicados tratamientos contra el cáncer.
Uno de los puntos más críticos que afecta directamente a los enfermos es el manejo de los medicamentos. Una investigación realizada por el programa «Reporte especial» señala la supuesta creación de una organización paralela llamada «Tócate RD«, dirigida por Luisa Yasiris Guzmán.
Aunque la fundación acoge gratuitamente a decenas de pacientes de escasos recursos durante sus tratamientos, operaría como fachada para un lucro mayor.
Este tipo de coacción comercial en el área oncológica pone en peligro el abastecimiento, los precios y la libre disponibilidad de los fármacos vitales para las quimioterapias, afectando el bolsillo y el tiempo de respuesta médica de los enfermos.
Acorde con el cirujano oncólogo Juan Vila, una de las personas denunciantes, mientras los pacientes luchaban por sobrevivir al cáncer, la institución que debería protegerlos mantenía una nómina que supuestamente asciende a los «11 millones de pesos mensuales», distribuida entre familiares de Héctor Lora.
“Ahí hay mucha ganancia jugosa y es la familia, imagínate que tú tengas todos tus hijos, hijastro, sobrinos, en todos los cargos dirigenciales de la institución, estoy hablando de 11 millones de pesos mensuales de nómina que se paga. Yo quiero que la hagan pública, porque eso es una cosa que no debe estar escondida», manifestó energicamente Vila.
Estos fondos, que provienen en gran medida de donaciones y del pago de servicios, deberían estar destinados a la modernización de equipos, subsidio de medicinas y mejora en la atención hospitalaria.
El dolor del padecimiento se agravó con la cruda impotencia de sentirse como rehenes comerciales. «Esta institución todo se lo quieren ganar ellos, sé que es un negocio… y el que tiene cáncer solamente tiene esa opción», lamentó uno de los pacientes afectados, evidenciando el monopolio con el que se presume operaba la clínica.
Para la población enferma, el impacto de este supuesto fraude institucional es desgarrador debido a la falta de alternativas. Una de las fuentes en la investigación alega que los imputados manejaban un monopolio de la salud regional: «Todo se lo quieren ganar ellos, es un negocio… y el que tiene cáncer solamente tiene esa opción«.
Operación Onco 14
El Ministerio Público solicitó este lunes que se impongan 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción, a los tres imputados del proceso por la afectación realizada en contra del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer que se aprovecharon del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), al sustraer, a través de diversas maniobras fraudulentas, fondos millonarios del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), en perjuicio de los pacientes de cáncer del régimen subsidiado y del Estado dominicano.
En la instancia depositada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, el Ministerio Público solicita que el caso sea declarado complejo y que se imponga la medida privativa de libertad contra de Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo de la asociación sin fines de lucro (ASFL) Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC.
También, contra Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta, y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
Igualmente, contra Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa de Lora Cruceta, quien se divorció del imputado en 2014 y ocupó la Vicepresidencia, y, a la vez, fungió como auditora interna y externa del patronato que administra al Instituto Oncológico Regional del Cibao cuando el imputado era presidente de la citada ASFL.
La medida fue presentada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), representada por su titular Mirna Ortiz, conjuntamente con los procuradores generales de Corte de Apelación Héctor Joel García Acevedo y Quirsa Abreu Peña, titular interina de la Fiscalía de Santiago, y los procuradores fiscales Rosa Alba García, Yudelka Holguín Liz, Enmanuel Ramírez Sánchez, Alexis Piña Echavarría y Ernesto Guzmán Alberto.
Los imputados fueron arrestados durante la Operación Onco14, encabezada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de Santiago.
Los imputados y las razones sociales Vargas Lora & Asociados (hoy Vargas Guzmán Accounting Center) y la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida sustrajeron los fondos mediante distintos mecanismos fraudulentos.
La investigación aborda hechos delictivos como el fraude clínico y farmacéutico mediante el cambio de indicaciones médicas, uso de sellos médicos falsos, doble facturación al SeNaSa y la entrega incompleta de medicamentos.
Además, la prohibición de donaciones gratuitas de medicamentos, la venta de medicamentos donados, el contrabando con exoneraciones fiscales y el tráfico con sustancias controladas.
El oncológico era utilizado para cirugías estéticas
Asimismo, la utilización de habitaciones del oncológico para realizar cirugías estéticas, el gasto de representación ilegítimos y reembolsos fraudulentos de gastos en viajes y hoteles, así como sabotaje digital, robo de archivos y lavado de activos.
La Operación Onco14 se ejecutó con la cooperación de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), llevando a la ocupación de dinero en efectivo, un arma de fuego, documentos, vehículos, título de propiedad, computadoras, celulares y DVR, entre otros.
El grupo deberá enfrentar cargos por asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito, código de acceso) y lavado de activos, en perjuicio del Estado dominicano.
El Ministerio Público explicó que Lora Cruceta fue escogido presidente del IORC el 9 de octubre de 2018 y, aunque los estatutos establecen que debía ocupar la posición por dos años, permaneció en la posición hasta el 6 de octubre de 2025.
La estructura fraudulenta contó, además, con la participación de otros empleados y relacionados, quienes actuaron de manera concertada con el propósito de sustraer fondos recaudados por el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, destinados a la atención médica de pacientes oncológicos asistidos en el IORC.
Tales actuaciones se realizaron en perjuicio del Estado dominicano y de los afiliados al SeNaSa, mediante la ejecución de diversas maniobras y modalidades fraudulentas.
El IORC, fundado en octubre de 1964, está bajo la administración del Patronato Cibaeño. La entidad se dedica a la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de pacientes con cáncer y enfermedades afines en toda la región del Cibao.
Mediante el acta de la Asamblea Ordinaria de fecha 09 de octubre de 2018, el imputado Héctor Antonio Lora Cruceta fue designado presidente de la Junta Directiva y del Patronato, mientras que la imputada Dilcia Isabel Vargas Sánchez fue designada vicepresidenta.
Las acciones descritas evidencian el interés del imputado Héctor Antonio Lora Cruceta por el control del IORC, solo con el propósito de disponer de sus recursos económicos y aprovechar las aportaciones estatales destinadas a tratamientos de pacientes afectados por el cáncer.
Santo Domingo, R.D.-Una medida precautoria solicitada por la Direccion General de Informacion y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) fue acogida este lunes por el Tribunal Superior Administrativo (TSA) que ordena a la Asociación Nacional de Clínicas Privadas (Andeclip) a abstenerse de suspender los servicios de salud mientras se conoce el fondo de la acción de amparo colectivo.
La decisión fue adoptada durante una audiencia virtual celebrada la mañana de este lunes, al amparo del artículo 86 de la Ley 137-11, tras considerar que existía un riesgo de vulneración del derecho fundamental a la salud de los afiliados.
- De acuerdo con el dictamen, con esta disposición queda sin efecto, de manera provisional, la suspensión de servicios que Andeclip había anunciado para este 14 de julio.
El tribunal acogió el argumento central de la DIDA de que ningún conflicto económico entre actores del Sistema Dominicano de Seguridad Social puede traducirse en la interrupción de los servicios de salud a los afiliados, quienes no forman parte de esa controversia.
Durante la audiencia, el Ministerio Público respaldó la solicitud presentada por la institución.
La acción judicial fue interpuesta por la DIDA luego de que Andeclip anunciara que suspendería los servicios electivos a los afiliados de Primera ARS y ARS Futuro, en reclamo de una revisión de las tarifas que reciben las clínicas privadas por parte de las administradoras de riesgos de salud.
Tras la decisión del tribunal, la DIDA reiteró su llamado a Andeclip y a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) a permanecer en la mesa de diálogo coordinada por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS).
- La institución reconoció que el reclamo tarifario de las clínicas es legítimo y debe ser atendido, pero insistió en que las diferencias deben resolverse por las vías institucionales, sin afectar la atención de los afiliados.
El director general de la DIDA, Elías Báez, valoró la decisión como una garantía para las familias dominicanas.
«Lo que se ha protegido hoy no es a una institución, sino el derecho de más de un millón de personas a no ver interrumpida su atención en salud. Reiteramos nuestro llamado al diálogo: el camino para resolver las diferencias tarifarias son los mecanismos que la ley establece, no la interrupción de los servicios», expresó.
El Tribunal Superior Administrativo fijó la continuación de la audiencia para el miércoles 15 de julio, cuando continuará el conocimiento de la acción de amparo colectivo presentada por la DIDA.
Santo Domingo, R.D.-Las autoridades del tránsito intentan mover, encajar y redistribuir cada pieza antes de que la pantalla quede completamente ocupada en el Gran Santo Domingo, las cuales son contraflujos, conos, restricciones de giros, agentes y rutas alternas que cambian según el volumen vehicular.
En el juego, la partida terminaba cuando los bloques se acumulaban hasta llenar la pantalla. En las calles, el equivalente es el colapso de la circulación: avenidas saturadas, vehículos detenidos y conductores atrapados durante largos períodos. Para evitar que el tránsito llegue a ese punto, la Digesett aplica al menos 12 tramos de contraflujo y siete canalizaciones con conos, dentro de una estrategia que se reajusta diariamente según los tapones, accidentes y obstáculos que aparecen en las vías.
Cada día, miles de conductores se enfrentan a largos tapones en las principales avenidas del Gran Santo Domingo, para intentar reducir el congestionamiento vehicular, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) aplica distintas medidas que se modifican de acuerdo con el comportamiento del tránsito y las condiciones que se presentan en las vías.
La principal medida es la habilitación de contraflujos durante las horas pico. Según explicó la institución a Diario Libre, esta estrategia consiste en utilizar uno o dos carriles de la vía opuesta para aumentar temporalmente la cantidad de carriles disponibles en el sentido donde se concentra el mayor flujo de vehículos.
Actualmente existen al menos 12 carriles de contraflujo. Los contraflujos se aplican en la avenida Padre Castellanos (antigua 17), George Washington, Abraham Lincoln, la autopista Duarte —desde el kilómetro 14 hasta el 9 y del kilómetro 32 al 25—, la avenida República de Colombia —desde PriceSmart hasta el Paseo de los Reyes Católicos—, Los Próceres —desde la República de Argentina hasta Erick Leona—, Santo Domingo Norte —desde la estación Hermanas Mirabal hasta la avenida John F. Kennedy por la Máximo Gómez—, el puente Duarte —desde el Farolito hasta la rampa del elevado de la avenida 27 de Febrero—, la avenida 25 de Febrero —desde el puente de la avenida España hasta la José Martí—, el Puente Flotante y la avenida México —desde la calle Altagracia hasta el puente de la avenida España—.
Otra de las estrategias implementadas por la institución es la canalización con conos, utilizada para reorganizar la circulación y mantener la continuidad del flujo vehicular en corredores de alta demanda. Mediante esta medida se redistribuyen los carriles durante las horas de mayor congestión para facilitar el desplazamiento de los vehículos.
La canalización con conos se aplica en al menos siete tramos. En la avenida John F. Kennedy —Lincoln-Ortega y Gasset, Tiradentes-Ortega y Gasset y Ortega y Gasset-Máximo Gómez—; en la avenida 27 de Febrero —Leopoldo Navarro-Máximo Gómez, Máximo Gómez-Tiradentes y Defilló-Churchill—, así como en la avenida Ortega y Gasset, entre Gustavo Mejía Ricart y Fantino Falco.
Durante el último año también se introdujeron nuevas medidas mediante el plan «RD Se Mueve», impulsado por el Gabinete de Transporte y el Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre (Intrant), que comenzó a implementarse en julio de 2025 con la primera fase de restricciones de giros a la izquierda en la avenida Lope de Vega.
Posteriormente, el programa fue ampliándose a otras intersecciones del Distrito Nacional.
La Digesett explicó que las medidas no son permanentes, sino que se ajustan de acuerdo con el comportamiento del tránsito y las condiciones que se presenten cada día.
Accidentes, vehículos averiados y otras eventualidades pueden provocar cambios en los contraflujos, las canalizaciones con conos o las rutas alternas para mantener la movilidad.
La institución indicó que mantiene un monitoreo continuo para evaluar la efectividad de estas acciones y realizar los ajustes que sean necesarios cuando las condiciones del tránsito así lo requieran.
Aunque la Digesett sostiene que las medidas implementadas han contribuido a agilizar la circulación, reducir obstrucciones y mejorar la continuidad del flujo vehicular, indicó que uno de los principales desafíos continúa siendo lograr que los conductores respeten las disposiciones establecidas.
La institución informó que continuará evaluando nuevas alternativas y trabajando de manera coordinada con otras entidades para realizar estudios de factibilidad que permitan implementar nuevas acciones orientadas a mejorar la movilidad y la seguridad vial.
Santo Domingo.- La meta es aprobar el Codigo Penal antes de que la ley entre en vigor, cuya declaración fue ofrecida por el Presidente Luis Abinader, quien agregó que el Gobierno impulsa correcciones al nuevo Código Penal.
“Se van a aprobar estos cambios antes del 3 de agosto, que es cuando entra la ley en vigencia”, declaró en una entrevista con José Monegro y Edith Febles, del Grupo de Medios Corripio.
Definió el proyecto aprobado como un “punto de partida”. Recordó que el Código fue sancionado tras quince años en el Congreso Nacional y, al promulgarse, se le fijó una «vacatio legis» de un año precisamente para hacer ajustes. “Ese plazo es el que ahora corre”, dijo y sobre esa base el Poder Ejecutivo depositó en las càmaras legislativas un texto consensuado y los legisladores dieron plazo hasta el miércoles para recibir sugerencias de otros sectores.
Entre los puntos a modificar, Abinader destacó los artículos sobre expresión y difusión del pensamiento, los que más ruido generaron. Aclaró que no son los únicos: hay cambios “de forma y algunas también de fondo” que la consultoría jurídica ya había advertido hace meses.
El presidente hizo autocrítica por los tiempos. “En eso hacemos mea culpa”, admitió, y repartió la responsabilidad entre Gobierno y sociedad civil por no revisar la norma apenas fue aprobada. Aun así, defendió que el proceso no fue improvisado: los contactos con sectores llevan dos meses, las discusiones sobre modificaciones unas cinco semanas, y hace dos semanas conversa directo con comunicadores. “En esas modificaciones todos estamos de acuerdo”, aseguró.
Sobre la llamada “ley mordaza”, Abinader rechazó que el Ejecutivo busque limitar la libertad de expresión. Recordó que un proyecto anterior sobre difusión del pensamiento fue entregado a la Sociedad Dominicana de Diarios y a especialistas, y el consenso salió de ellos “sin que yo le pusiera ni una coma”.
“Si hay algo que yo estoy preocupado es por la democracia de mi país”, sostuvo, y citó como prueba la reforma constitucional para impedir reelecciones indefinidas.
Reveló que él y su familia reciben calumnias a diario en redes, pero prefiere “poner una piel de cocodrilo” antes que prohibir. “Lo que más a mí me ayuda son las críticas”, dijo, sobre todo las que exponen problemas o corrupción. La fórmula que se discute busca proteger tanto la libre expresión como el honor de las personas. Afirmó que le interesa poder expresarse libremente cuando salga del gobierno en 2028.
Abinader señaló que la controversia actual no se vio cuando se votó el Código. “Ese código es de hace 15 años, ahí había muchos artículos que nadie los criticó”, recordó. Los “puntos calientes” de entonces eran otros, como las tres causales. Destacó que la pieza aumentó penas contra el crimen organizado y la corrupción, y llenó “muchísimos vacíos” del viejo código, por eso tuvo respaldo amplio.
En lo económico, defendió el plan anticrisis como “progresivo”: elimina el anticipo mensual para pymes desde enero, quitó el impuesto a nuevas empresas, bajó el sucesoral de 27% a 3% y retiró el gravamen a seguros de vida en el exterior. Los aumentos, dijo, recaen en empresas que venden más de mil millones y salarios sobre 400 mil pesos, mientras que los sueldos menores tendrán indexación.
Descartó una reforma fiscal integral: “Aquí no hay condiciones”. Gobernó con pandemia, guerra en Ucrania y la crisis haitiana, y aun así el país crece más de 4%, solo detrás de Guyana.
Sobre combustibles, negó alzas fuertes: se movieron 16% cuando el crudo subió 80%. El subsidio anual “se agotó en mayo” porque el país importa 70% de los líquidos. Anunció que se publicará “la fórmula” para transparentar el cálculo y reiteró que hace dos semanas bajan gasolina, gasoil y GLP.
sp-am