Editorial
El limbo jurídico y la democracia dominicana.
Jurídicamente hablando hay que afirmar de manera muy categórica que el país no tiene una salida constitucional al limbo jurídico que nos amenaza.
Si se prevé que el 5 de julio no es posible celebrar las elecciones para escoger al presidente, al vicepresidente y a los senadores y diputados, entonces no quedaría otra opción que una convocatoria de todo el liderazgo nacional para darle una salida al problema en primera instancia político y en un segundo plano constitucional.
De preverse la frustración de los comicios extraordinarios ya programados para el 5 de julio, lo cual se podrá determinar muchos días antes, entonces de inmediato habría que iniciar la convocatoria del liderazgo nacional para dar el primer paso para salir del limbo jurídico que se aproxima.
Lo segundo sería que sobre la base de ese acuerdo político se convoque al Congreso Nacional para proceder con una modificación constitucional que cree un transitorio que incluya la creación de una junta gobernativa de la que formen parte algunos poderes fácticos, como la iglesia, el empresariado y figuras de limpia trayectoria de los medios de comunicación.
Esa salida daría un respiro a la crisis que se avecina, porque hay una expresión muy popular que dice que guerra avisada no mata soldados.
Las posibilidades de que la crisis cree una situación prácticamente incontrolable va a depender de que con que tanta madurez se maneje el asunto, pero naturalmente sin precipitación y con la prudencia que reclaman las circunstancias.
La pandemia todavía es incierta en lo que respecta a su nivel de contagio y de la provocación de muertes, máxime cuando en el último boletín se observa un aumento de los confirmados que padecen la enfermedad, aunque no tiene la misma proyección en lo que respecta a los fallecidos.
Sin embargo, es de esperarse que una cosa trae la otra, porque en la medida en que hayan más portadores de la enfermedad, mayores son las amenazas de que se vuelva más deficiente el sistema sanitario nacional y que en consecuencia hayan más muertes, lo cual también crearía un pánico generalizado en la población, incluida la votante, y sería prácticamente imposible que esas elecciones sean una auténtica representación de la voluntad nacional.
Son dos problemas que demandan de una gran madurez del liderazgo nacional y sólo falta una pequeña dosis de planificación y de visión en el futuro inmediato para que el golpe no sea doblemente demoledor.
La falta de visión y de planificación en torno al problema que se avecina pone a prueba a la clase política nacional que generalmente sólo se mueve en función de sus intereses partidarios, grupales o particulares.
La situación es para que ese liderazgo nacional se despoje de mezquindades y que piense sólo en el bienestar del país, porque hacer lo contrario es propiciar la hundida trágica de la nave nacional, cuya víctima sería todo el país, sin ninguna excepción.
El plato está servido y ojalá se tome en cuenta lo planteado para que después no se recurra a las excusas pendejas para justificar lo injusticable como siempre pasa en el país.
Nadie en la República Dominicana se atrevería a negar que los partidos políticos lo han contaminado todo, absolutamente todo.
Es un mal general que contrarrestarlo costará mucho esfuerzo y un periodo largo en el tiempo, pero que su impacto lo destruye todo en su camino.
Cada día surge una nueva prueba del daño que causan los partidos políticos a la democracia nacional y en consecuencia su descredito alcanza niveles insospechados en la sociedad.
Hace pocos días que hasta el otorgamiento y anulación de una visa hacia los Estados Unidos estaba determinada muchas veces por la contaminación proveniente de la partidocracia, ya que esa es una vía de desacreditar al contrario, cuya revelación vino de la actual embajadora de esa nación en el país.
Pero las cosas son peores de ahí, porque los partidos políticos aparte de ser responsables de la tragedia nacional que conlleva la corrupción administrativa que propician y promueven, también tienen una influencia decisiva en la escogencia de los jueces del sistema de justicia nacional.
Ahí está la explicación de tantas demandas que son declaradas inadmisibles por los tribunales nacionales, porque en realidad se trata de la vía más fácil para quitarse de encima un proceso que podría comprometer el empleo de los jueces.
De manera, que se impone despolitizar el Consejo Nacional de la Magistratura, el cual está dominado por la partidocracia, cuyos postulantes a jueces y aquellos que ya los son y que deben ser evaluados tienen que someterse para ser elegibles al tráfico de influencia y al modo operandi de los partidos políticos.
Por qué no cambiar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para que sus miembros provengan de las universidades pública y privadas, el Colegio Dominicano de Abogados, la Suprema Corte de Justicia y de jueces de carrera con largos años de ejercicio.
De no ser así, muy difícilmente podremos mejorar el Estado Social Democrático de Derecho como lo consigna la constitución de la República, porque la manipulación de la designación de los jueces, sobre todo para buscar impunidad, contamina y daña todo el sistema público del país y destruye la democracia.
Los dominicanos somos los mejores testigos del deterioro que sufre la confianza pública por las graves violaciones a la seguridad jurídica y el criterio con que se maneja la partidocracia.
Decir que el país tiene una buena imagen en el combate de la corrupción administrativa, es pretender tapar el sol con un dedo, porque los casos de este tipo generalmente quedan en la impunidad.
El problema tiene una envergadura que asusta, porque no hace muchos días que se repitió la historia de que primero cualquier aspirante presidencial tiene que verse involucrado en escandalosos actos de corrupción para que la misma tenga alguna legitimidad.
Esa historia lamentable acaba de repetirse con Gonzalo Castillo, quien fue absuelto de los cargos que pesaban en su contra por la comisión de no cualquier sustracción de dinero del patrimonio nacional.
Pero lo propio se repite constantemente, dado que el Ministerio Público sólo pretende buscar sanciones penales para los casos que tienen importancia mediática, ya que este órgano del Estado en la práctica no tiene ningún nivel de eficiencia, cuyo rol es fundamentalmente politiquero.
Es decir, que hablar de transparencia en la sociedad dominicana es una aspiración que todavía falta un largo camino por recorrer, dado que desde la propia Presidencia de la Republica se producen fuertes y preocupantes atentados a la seguridad jurídica, pese a que se quiere pregonar lo contrario.
Basta con revisar los desacatos que se producen al sistema de justicia constitucional, los cuales tienen como protagonistas a los órganos del Estado, pero preocupantemente al propio presidente de la República que viola la Constitución de la República cuando le viene en gana.
Transparencia Internacional antes de emitir su informe debió consultar los archivos del Tribunal Constitucional para que entonces emitiera una valoración más acorde con la realidad, lo cual conoce muy bien su dependencia nacional como lo es Participación Ciudadana.
Es una insensatez y una desproporción afirmar que el país está bien en transparencia pública y en el combate a la corrupción cuando todo el mundo sabe que la impunidad es un elemento con raíces culturales y que es promovida por los que tienen el control del Estado.
La falta de transparencia, la poca confianza pública y carencia del respeto a la poca seguridad jurídica que prevalece en el país son de las falencias a combatir para el logro de una mejor democracia.
Por qué nos meten gatos por liebres, aunque no hay que escudriñar mucho para encontrar la respuesta.
La República Dominicana atraviesa por un trance muy peligroso que tiene ver con que quien tiene que velar por el respeto del orden jurídico nacional es el primero que lo viola.
Son numerosos las veces que Luis Abinader incurre en el mismo problema, lo cual implica que o no tiene claras sus funciones y responsabilidades o sencillamente de que se está frente a un gobierno irresponsable.
El país lleva años montado en el mismo caballo, ya que los niveles de ignorancia y de improvisación del presidente Abinader dejan la sensación de que el orden legal es lo que menos importa.
La gravedad de este problema tiene un impacto en la comunidad internacional en razón de que las normas del derecho interno tienen una conexión determinante con aquellas provienen del derecho externo.
Este comportamiento del presidente Abinader no sólo compromete la responsabilidad civil y penal del Estado, sino que la imagen del país se deteriora que deja mucha incertidumbre y amenaza la seguridad jurídica y en consecuencia renglones de la economía nacional como el turismo.
De manera, que la conducta del presidente no sólo representa una amenaza en contra de la imagen del país, sino también atenta en contra del progreso económico y social.
El presidente debe detener en lo inmediato la violación de la jerarquía jurídica, cuyo lugar cimero ocupa la Constitución de la República, la cual es permanentemente violada por decretos emitidos por el jefe del Poder Ejecutivo.
Lo planteado en este editorial puede parecer una irreverencia en contra del presidente Luis Abinader, pero es que su comportamiento no es para menos.
En lo que respecta a este caso no queda otra expresión que se ajuste más al comportamiento indicado que aquel que dice que el presidente tiene más miedo que vergüenza, porque su proceder indica que le importa poco lo que la gente pueda pensar de él.
Es un caso tras otro.