Editorial
El limbo jurídico y la democracia dominicana.
Jurídicamente hablando hay que afirmar de manera muy categórica que el país no tiene una salida constitucional al limbo jurídico que nos amenaza.
Si se prevé que el 5 de julio no es posible celebrar las elecciones para escoger al presidente, al vicepresidente y a los senadores y diputados, entonces no quedaría otra opción que una convocatoria de todo el liderazgo nacional para darle una salida al problema en primera instancia político y en un segundo plano constitucional.
De preverse la frustración de los comicios extraordinarios ya programados para el 5 de julio, lo cual se podrá determinar muchos días antes, entonces de inmediato habría que iniciar la convocatoria del liderazgo nacional para dar el primer paso para salir del limbo jurídico que se aproxima.
Lo segundo sería que sobre la base de ese acuerdo político se convoque al Congreso Nacional para proceder con una modificación constitucional que cree un transitorio que incluya la creación de una junta gobernativa de la que formen parte algunos poderes fácticos, como la iglesia, el empresariado y figuras de limpia trayectoria de los medios de comunicación.
Esa salida daría un respiro a la crisis que se avecina, porque hay una expresión muy popular que dice que guerra avisada no mata soldados.
Las posibilidades de que la crisis cree una situación prácticamente incontrolable va a depender de que con que tanta madurez se maneje el asunto, pero naturalmente sin precipitación y con la prudencia que reclaman las circunstancias.
La pandemia todavía es incierta en lo que respecta a su nivel de contagio y de la provocación de muertes, máxime cuando en el último boletín se observa un aumento de los confirmados que padecen la enfermedad, aunque no tiene la misma proyección en lo que respecta a los fallecidos.
Sin embargo, es de esperarse que una cosa trae la otra, porque en la medida en que hayan más portadores de la enfermedad, mayores son las amenazas de que se vuelva más deficiente el sistema sanitario nacional y que en consecuencia hayan más muertes, lo cual también crearía un pánico generalizado en la población, incluida la votante, y sería prácticamente imposible que esas elecciones sean una auténtica representación de la voluntad nacional.
Son dos problemas que demandan de una gran madurez del liderazgo nacional y sólo falta una pequeña dosis de planificación y de visión en el futuro inmediato para que el golpe no sea doblemente demoledor.
La falta de visión y de planificación en torno al problema que se avecina pone a prueba a la clase política nacional que generalmente sólo se mueve en función de sus intereses partidarios, grupales o particulares.
La situación es para que ese liderazgo nacional se despoje de mezquindades y que piense sólo en el bienestar del país, porque hacer lo contrario es propiciar la hundida trágica de la nave nacional, cuya víctima sería todo el país, sin ninguna excepción.
El plato está servido y ojalá se tome en cuenta lo planteado para que después no se recurra a las excusas pendejas para justificar lo injusticable como siempre pasa en el país.
Que nadie crea que con la pretendida reforma fiscal sólo ha quedado desenmascarado Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno, sino toda la clase política nacional.
Porque los que ahora simulan que la rechazan han intentado lo mismo en ocasiones anteriores.
En torno a la propuesta fiscal hay que meter en el mismo saco a todos los actores de la política partidista nacional.
En realidad, no hay diferencias entre unos y otros, porque peledeístas, perremeístas y los que conforman la Fuerza del Pueblo de Leonel Fernández no tienen ningún tipo de remordimiento cuando se trata de castigar al pueblo dominicano.
Que nadie se llame a engaños de que la flexibilización de los abusos contra la clase media y los más pobres va a cesar en el país.
El dispendio continuará a través de las llamadas «botellas», las cuales, para decir verdad, son difíciles de erradicar.
Pero lo que sí ha quedado demostrado es que si la gente reacciona puede detener los abusos en su contra.
Ahora falta ver cuál será el camino que escogerá el gobierno, pero ojalá que no sea la continuación del desbocado endeudamiento externo para cubrir el déficit y continuar con un gasto público de muy poca calidad
La carga impositiva, sobre todo la informal, sigue ahí vigente, principalmente con la intensificación de los apagones, lo que conlleva dotarse de inversores y plantas eléctricas.
El Poder Ejecutivo acaba de someter al Congreso Nacional la tan esperada reforma fiscal, la cual parece tener algunas bondades, pero que no queda claro qué se persigue con la misma, porque no alcanza ni para cubrir el déficit fiscal que tiene el país desde hace varias décadas que lo sumerge en un endeudamiento peligroso.
Es como buscarle una solución a media al problema, porque a pesar de que sólo se busca recaudar 122 mil millones de pesos con la misma, nadie sabe cuál es la respuesta ante un déficit fiscal que representa más del doble de esa suma.
El meta-mensaje de la reforma fiscal es que el Gobierno de Luis Abinader parece estar enamorado del endeudamiento externo, porque esa reforma tributaria no conduce a otro camino que a buscar más dinero prestado.
Pero eso no es todo, porque el Gobierno habla de una mayor inversión social con un déficit fiscal que duplica la suma que se busca recaudar.
Lo otro es que no se han eliminado todas las exenciones que atrofia la economía nacional, cuyos principales beneficiarios son sectores que sólo buscan alimentarse personal y empresarialmente de los recursos públicos.
Son preguntas que el presidente Luis Abinader debe responderles a los amplios sectores de la vida nacional que se niegan a someterse a mayores sacrificios con resultados insatisfactorios.
A las actuales autoridades nacionales y también a las pasadas se les enrostra que adolecen de lo que se podría definir como una cultura nacional, que no es otra cosa que la carencia de planificación estratégica.
Todo es al azar, cuya debilidad ha exhibido el actual Gobierno hasta más no poder y la reforma fiscal, aunque tenga sus bondades o consideraciones hacia el ciudadano, adolece de debilidades que tienen que ser explicadas.
Es importante que esta reforma fiscal se rija por los principios tributarios de legalidad, equidad y transparencia, porque de lo contrario los resultados podrían ser muy dolorosos para la sociedad dominicana.
La suerte está echada y sólo se espera que por lo menos en este caso haya un manejo idóneo y sensato para que no ocurra lo que se produjo en otras ocasiones, que la reforma fiscal ha significado un profundo dolor de cabeza para todos y cada uno de los dominicanos.
La incapacidad del Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) deja huellas en la administración pública, lo cual ahora queda claro con el hecho de que un hijo de un cuadro de ese partido haya penetrado la seguridad nacional de una forma que debe preocupar a cualquiera.
Ello así, porque el señor Jochy Gómez, con una fama reconocida en estas andanzas, no sólo estafa al Estado a través de su contrato con el Intrant, sino que también firma otro con el Ministerio de Defensa, mediante el cual obtenía información sensible y se la vendía a particulares y al propio presidente de la República.
Esta realidad indica que los dominicanos en términos de seguridad nacional estamos prácticamente en pañales, sin ninguna garantía de nada, porque es probable que ahí esté la explicación de que muchos narcotraficantes nunca pueden ser apresados a la hora de que sus residencias o negocios son allanados.
Evidentemente que grupos como éste del crimen organizado sólo buscan dinero, les vendían información a personas del bajo mundo para que abandonaran la zona donde iban a ser perseguidos y apresados.
Pero, además, si este grupo maneja la información sensible del Ministerio de Defensa, entonces que se podía esperar de otras instancias inferiores que responden a sus mandatos.
De manera, que esta irregularidad indica hasta dónde institucionalmente el país está mal.
Porque la verdad es que cualquier “carajo a la vela”, para usar una expresión popular, que tenga el control de las informaciones que generan los organismos que manejan la seguridad nacional, habla de lo mal que está el país.
En este caso no sólo deben investigarse los que han sido imputados hasta el momento, sino que el asunto debe llegar hasta las altas instancias del Gobierno.
E incluso el propio presidente de la República debe ser llamado para que dé una explicación de semejante irregularidad.
En cualquier país que se respete, el presidente tiene que dar una explicación a la sociedad.
Pero no cualquier explicación.