Nacionales
El limón más «agrio» que nunca; unidad se vende hasta a RD$20
Para obtener un limón para los distintos usos que tiene, el consumidor debe pagar ahora mucho más que meses atrás .
El precio del limón está en un momento definido por muchos en el país como “agrio”. Y no es para menos, una unidad de ese cítrico se cotiza entre 15 y 20 pesos y si usted tiene más suerte quizás logre comprarlo en 12, en algunos casos.Los vendedores de limón, sobre todo los informales, no tienen una explicación sobre el comportamiento de los precios de la fruta en un país de vocación agrícola como República Dominicana. Sin embargo, conocedores de la materia, productores de cítricos, como Ricardo Barceló y especialistas del Gobierno, lo atribuyen básicamente a dos fenómenos. El primero tiene que ver con que las plantaciones de cítricos, no solo de limón sino también de naranja, han sido diezmadas por la enfermedad Huanglongbing de los Cítricos (HLB) y su vector Diaphorina Citri. El segundo elemento adverso para el consumidor obedece a que la producción de limón es cíclica, lo que indica que es fija en un tiempo y que hay etapas de ausencia. Y justamente el país está ahora fuera de la principal época productiva.
Se espera que en los días que restan de este mes de mayo comience a darse una mayor presencia de limón en el mercado y que por una cuestión de “oferta y demanda” los precios vayan cediendo. Entre mayo, junio y julio se produce el pico máximo de producción del cítrico. Eso no quiere decir que en los meses siguientes el país quedará sin limón. La presencia continúa hasta la llegada del invierno en cantidades más reducidas.
¿Qué es la enfermedad HLB?
La enfermedad Huanglongbing es provocada por la bacteria Candidatus liberibacter, originada en Asia, que ataca naranjas, toronjas y todas las especies del género citrus. Cuando las hojas son infectadas se tornan amarillas, los frutos se deforman y se secan por dentro y aunque la planta no muera la producción es inservible. Los síntomas visibles y sus efectos pueden manifestarse en un período de tres meses hasta cinco años después de estar afectadas. Hasta ahora no se ha encontrado cura a la enfermedad que existe, no solo en este país sino en gran parte del mundo. La enfermedad de los cítricos no afecta a los humanos, de acuerdo a estudios científicos.
Considerada una de las plagas más dañinas de los cítricos en todo el mundo, el Candidatus Liberobacter está distribuida en el suroeste de Asia (allí comenzó), en Honduras, Argentina, Cuba, EE.UU., y Guadalupe. En Brasil, por años ha habido que hacer esfuerzos extraordinarios para mantenerse produciendo cítricos. Lo mismo ha ocurrido en La Florida, donde el costo para el control de insectos ha encarecido considerablemente.
En diciembre de 2008 la Secretaría de Agricultura (hoy Ministerio) declaró bajo cuarentena las áreas agrícolas de los municipios de Luperón e Imbert, en Puerto Plata, y estableció barreras de control de los puntos de acceso y salida en las áreas afectadas por Huanglongbing. Pero el mal atacó y ha seguido afectando áreas agrícolas del país. En República Dominicana, según el Comité Integrado de Manejo de HLB, hay 12 mil hectáreas cultivadas de limón (unas 192 mil tareas). Sin embargo, a diferencia de otros rubros agrícolas al parecer la producción está un tanto dispersa en el territorio nacional y ha faltado “cuajar” proyectos de gran envergadura. “Con el limón, a diferencia de la naranja, no se ha logrado sintetizar una industria sólida como se requiere”, dijo un productor privado bajo reserva del nombre.
El impacto del HLB es de 40% en la producción RD
La producción de limón se concentra principalmente en el Este, Norte, Noroeste y Norcentral y dentro de estas partes algunos puntos son: Nagua y Puerto Plata.
En San Juan también hay. Ayer, en el Mercado Modelo de la avenida Mella, de la capital, algunos de los vendedores ofertaban un limón en 15 pesos y otros lo vendían a tres por 25. “Pero eso de tres unidades por 25 no creo que muchos días. Eso fue para iniciar la semana, el limón está caro”, dijo Ernesto Ramírez, un comerciante. En 2013 con el fin de mitigar los daños causados por la HLB, la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Cooperativa Esmeralda acordaron una estrategia para prolongar la edad productiva de las plantaciones de limas persas en Monte Plata. Como un plan piloto, diseñaron un paquete de aplicaciones y prácticas, usando los técnicos del Laboratorio de Control Biológico de la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias de la UASD, conjuntamente con el equipo técnico de la Cooperativa la Esmeralda. Los especialistas prepararon un plan de reproducción masiva de enemigos naturales (insectos no dañinos) para liberarlos en los diferentes campos de limas persas.
EL CARIBE.
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.