Nacionales
El limón más «agrio» que nunca; unidad se vende hasta a RD$20
Para obtener un limón para los distintos usos que tiene, el consumidor debe pagar ahora mucho más que meses atrás .
El precio del limón está en un momento definido por muchos en el país como “agrio”. Y no es para menos, una unidad de ese cítrico se cotiza entre 15 y 20 pesos y si usted tiene más suerte quizás logre comprarlo en 12, en algunos casos.Los vendedores de limón, sobre todo los informales, no tienen una explicación sobre el comportamiento de los precios de la fruta en un país de vocación agrícola como República Dominicana. Sin embargo, conocedores de la materia, productores de cítricos, como Ricardo Barceló y especialistas del Gobierno, lo atribuyen básicamente a dos fenómenos. El primero tiene que ver con que las plantaciones de cítricos, no solo de limón sino también de naranja, han sido diezmadas por la enfermedad Huanglongbing de los Cítricos (HLB) y su vector Diaphorina Citri. El segundo elemento adverso para el consumidor obedece a que la producción de limón es cíclica, lo que indica que es fija en un tiempo y que hay etapas de ausencia. Y justamente el país está ahora fuera de la principal época productiva.
Se espera que en los días que restan de este mes de mayo comience a darse una mayor presencia de limón en el mercado y que por una cuestión de “oferta y demanda” los precios vayan cediendo. Entre mayo, junio y julio se produce el pico máximo de producción del cítrico. Eso no quiere decir que en los meses siguientes el país quedará sin limón. La presencia continúa hasta la llegada del invierno en cantidades más reducidas.
¿Qué es la enfermedad HLB?
La enfermedad Huanglongbing es provocada por la bacteria Candidatus liberibacter, originada en Asia, que ataca naranjas, toronjas y todas las especies del género citrus. Cuando las hojas son infectadas se tornan amarillas, los frutos se deforman y se secan por dentro y aunque la planta no muera la producción es inservible. Los síntomas visibles y sus efectos pueden manifestarse en un período de tres meses hasta cinco años después de estar afectadas. Hasta ahora no se ha encontrado cura a la enfermedad que existe, no solo en este país sino en gran parte del mundo. La enfermedad de los cítricos no afecta a los humanos, de acuerdo a estudios científicos.
Considerada una de las plagas más dañinas de los cítricos en todo el mundo, el Candidatus Liberobacter está distribuida en el suroeste de Asia (allí comenzó), en Honduras, Argentina, Cuba, EE.UU., y Guadalupe. En Brasil, por años ha habido que hacer esfuerzos extraordinarios para mantenerse produciendo cítricos. Lo mismo ha ocurrido en La Florida, donde el costo para el control de insectos ha encarecido considerablemente.
En diciembre de 2008 la Secretaría de Agricultura (hoy Ministerio) declaró bajo cuarentena las áreas agrícolas de los municipios de Luperón e Imbert, en Puerto Plata, y estableció barreras de control de los puntos de acceso y salida en las áreas afectadas por Huanglongbing. Pero el mal atacó y ha seguido afectando áreas agrícolas del país. En República Dominicana, según el Comité Integrado de Manejo de HLB, hay 12 mil hectáreas cultivadas de limón (unas 192 mil tareas). Sin embargo, a diferencia de otros rubros agrícolas al parecer la producción está un tanto dispersa en el territorio nacional y ha faltado “cuajar” proyectos de gran envergadura. “Con el limón, a diferencia de la naranja, no se ha logrado sintetizar una industria sólida como se requiere”, dijo un productor privado bajo reserva del nombre.
El impacto del HLB es de 40% en la producción RD
La producción de limón se concentra principalmente en el Este, Norte, Noroeste y Norcentral y dentro de estas partes algunos puntos son: Nagua y Puerto Plata.
En San Juan también hay. Ayer, en el Mercado Modelo de la avenida Mella, de la capital, algunos de los vendedores ofertaban un limón en 15 pesos y otros lo vendían a tres por 25. “Pero eso de tres unidades por 25 no creo que muchos días. Eso fue para iniciar la semana, el limón está caro”, dijo Ernesto Ramírez, un comerciante. En 2013 con el fin de mitigar los daños causados por la HLB, la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Cooperativa Esmeralda acordaron una estrategia para prolongar la edad productiva de las plantaciones de limas persas en Monte Plata. Como un plan piloto, diseñaron un paquete de aplicaciones y prácticas, usando los técnicos del Laboratorio de Control Biológico de la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias de la UASD, conjuntamente con el equipo técnico de la Cooperativa la Esmeralda. Los especialistas prepararon un plan de reproducción masiva de enemigos naturales (insectos no dañinos) para liberarlos en los diferentes campos de limas persas.
EL CARIBE.
Santo Domingo.- Raymundo Mejía, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá el próximo 15 si envía o no a juicio a los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de 236 personas fallecidas durante el derrumbe del techo del centro de diversión, ocurrido el 8 de abril del 2025.
El magistrado dará el fallo a las 10:00 de la mañana de esa fecha, con el objetivo de ponderar los argumentos del Ministerio Público, de los representantes legales de las víctimas y de la defensa de los imputados.
Esto tras más de un año de ocurrir la tragedia que dejo más de 200 personas fallecidas y más de cien heridos y decena de huérfanos.
Durante la audiencia, familiares de los fallecidos y personas afectadas expusieron ante el juez cómo han cambiado sus vidas tras el trágico suceso. Asimismo, los imputados y su defensa presentaron sus argumentos ante el tribunal.
El Ministerio Público solicitó formalmente el envío a juicio de los propietarios de la discoteca Jet Set Club, al considerar que existen suficientes elementos de prueba que demuestran la responsabilidad de los hermanos Espaillat en los hechos que se les imputan.
A la salida del tribunal, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresó que espera que el juez adopte una decisión acorde a la ley y ordene el envío a juicio de los acusados.
El 18 de junio, le dictan medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, propietario y gerente de la discoteca Jet Set, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de más de 230 personas fallecidas y 189 heridas tras el desplome del techo del centro de diversión. Ellos fueron apresados el 12 de junio por miembros del Ministerio Público tras ser interrogado por el hecho.
Santo Domingo.- Mientras en el pais se pregona que se ha avanzado en el estado de derecho, ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con mayor numero de presos preventivos y ocupación penitenciaria más alta, superada solo por Haití, según la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
El dato, que es reseñado este domingo por periódico Listín Diario refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en su capacidad de investigación y procesamiento.
Señala que en República Dominicana hay aproximadamente 25,000 personas privadas de libertad, de las cuales cerca de 16,000, equivalente a mas del 60% son preventivos.
El documento advierte que la elevada proporción de personas privadas de libertad sin sentencia firme en América Latina y el Caribe evidencia esa misma debilidad estructural. Cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan sobrecarga de casos, la prisión preventiva termina usándose como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.
Agrega que la dinámica se refuerza por la presión política y social de “mostrar resultados” en materia de seguridad. Esa presión incentiva respuestas punitivas inmediatas, incluso cuando los procesos judiciales no están plenamente desarrollados.
“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario. Esto contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, señala Democracias Bajo Presión.
El PNUD explica que desde inicios del siglo XXI la región ha registrado uno de los aumentos más rápidos de población penitenciaria a nivel mundial. El número de personas privadas de libertad pasó de unos 700,000 a comienzos de los años 2000 a cerca de 1.8 millones en 2024. Es un incremento cercano al 150%.
“Este crecimiento contrasta con la relativa estabilidad o el aumento moderado observado en otras regiones y refleja, entre otros factores, la expansión de políticas penales más punitivas y el uso extensivo de la prisión preventiva”, apunta el informe.
Asimismo, establece que la población privada de libertad en América Latina y el Caribe presenta un marcado sesgo socioeconómico. Los estudios revelan que las personas bajo prisión tienen un nivel educativo inferior al promedio de la población general.
“Esta desigualdad se acentúa en la fase de la prisión preventiva, donde el acceso limitado a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo —como domicilio estable, empleo formal o fianzas— incrementan la probabilidad de permanecer detenido durante el proceso judicial”, destaca el estudio.
Ante ese panorama, el PNUD advierte que cuando las cárceles presentan sobrepoblación crónica, déficits de control interno o se convierten en centros de coordinación de actividades ilícitas, la capacidad del Estado para ejecutar sanciones queda comprometida.
Otras causas del problema
El reporte también señala que los cuerpos policiales en América Latina y el Caribe enfrentan fragmentación institucional, bajos niveles de profesionalización, limitaciones en capacidades investigativas y vulnerabilidad a la cooptación local.
Por eso, cuando la probabilidad de sanción es reducida —lo que se refleja en bajas tasas de homicidios esclarecidos— el poder intimidatorio de los actores criminales se amplifica y la autoridad estatal pierde credibilidad.
La medida de coerción efectiva, según el informe, no se mide solo por operativos o despliegues, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar de manera consistente. “En este sentido, la impunidad constituye un indicador central de debilitamiento coercitivo: sin consecuencias previsibles frente al delito, el monopolio legítimo de la violencia se vuelve nominal más que efectivo”.
Santo Domingo, R.D.-Una estructura criminal desarticulada por el Ministerio Público, identificada como Operacion Onco 14, recibió una imputación formal al ser acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.