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El matrimonio infantil, dolor de cabeza permanente y de difícil superación para el país.
Por Elba García
Uno de los temas más sensibles que están sobre el tapete en el país es el matrimonio infantil, donde el mismo es tan normal que hasta aspirantes a dirigir el órgano que se encarga del registro civil y de las elecciones generales lo ha planteado como si se tratara de un asunto que sólo impacta la unión como parejas de un menor de edad y un adulto con muchos o pocos años de diferencia entre ambos.
El fenómeno, que tiene connotaciones profundamente históricas y culturales y que para abordarlo hay que adentrarse en las propias entrañas de la dominicanidad, hoy es tema obligado de amplios sectores de la vida nacional como resultado de los hechos trágicos que involucran a mujeres en edad tan temprana, que la mejor definición sobre ella es simplemente llamarla niña sin racionalidad para tomar tan seria decisión.
Hace décadas y todavía ocurre en muchos lugares del territorio nacional, que la relación pasional entre un anciano o un hombre adulto y una niña, que todavía no ha llegado ni a la adolescencia, constituía, primero, un motivo de orgullo para el hombre y de instrumento de sustentación para la infante involucrada en semejante relación amorosa, tolerada además por el sistema de justicia nacional, ya que se trata de una convivencia sentimental por conveniencia como consecuencia de sus niveles de pobreza.
La comisión de justicia de la Cámara de Diputados, que estudia un proyecto de ley para modificar el Código Civil Dominicano decidió, después de escuchar la opinión de diferentes sectores de la vida nacional, rendir un informe favorable para que sea eliminado de la ley el matrimonio infantil.
El principal obstáculo para que el proyecto de ley pasara era una contrapropuesta que buscaba que se permitiera la aberración en cuestión mediante la imposición de una serie de condiciones.
La gravedad del tema radica en que una gran cantidad de diputados apoyan el matrimonio infantil, pese que se contrapone con la voluntad de la comunidad internacional, lo cual coloca a la República Dominicana como una nación fuera de contexto y como promotora de lo que podría llamarse violación de los derechos del niño, niña y adolescente.
La contrapropuesta para que se eliminara del Código Civil Dominicano el matrimonio infantil planteaba que éste se permitiera a partir de los 16 años bajo tres condicionantes, como son tener la aprobación de los padres, que el conyugue no le lleva más de ocho años y ser aprobado por el tribunal de niños, niñas y adolescentes.
Pesó mucho la opinión del Consejo Nacional para Niñez y la Adolescencia y del Fondo de la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), cuyas posiciones han servido de mucho para cambiar las pretensiones de algunos sectores de aprobar en el Código Civil Dominicano la monstruosidad del matrimonio infantil.
El debate del tema por las redes sociales ha surtido un efecto decisivo para que los sectores que proponen semejante aberración hayan salido derrotado en sus posiciones en favor del matrimonio infantil.
La Junta Central Electoral y la Oficina Nacional de Estadísticas informaron al periódico Diario Libre que entre 2001 y 2018 en el país se produjeron en las oficialías del estado civil unos 8 mil 9 matrimonios infantiles, de los cuales 7 mil cuatrocientos involucraron a niñas y adolescentes entre 14 y 17 años de edad y 529 con personas del mismo sector poblacional.
El desenlace que involucró hasta al propio presidente de la República fue la aprobación por parte de la comisión que estudia el tema de rechazar unánimamente el matrimonio infantil en el país, aunque falta el voto de los miembros del pleno de la Cámara de Diputados.
Otro órgano del Estado que ha tenido una posición en contra del matrimonio infantil y las uniones tempranas, que en su opinión constituye una de las peores formas de violencia contra las niñas y una grave violación a sus derechos garantizados en las leyes de la República Dominicana, es el Ministerio de la Mujer.
El matrimonio infantil también viola la Ley 136-03 y una serie de acuerdos internacionales de los que el país es signatario y que en tal virtud la nación está comprometida con la eliminación de las uniones tempranas, las cuales son parte de la agenda 2030 en el marco de la reducción de las desigualdades, la igualdad de género y el fin de la pobreza.
El matrimonio infantil producto de los planes de los adultos provoca que las niñas y adolescentes desertan de la escuela, tengan embarazos tempranos, sean victimas de la violencia y de la explotación y cuya situación perpetúa el ciclo de transmisión intergeneracional de la pobreza y de las normas de género que impiden su pleno desarrollo, según el órgano oficial.
En las naciones latinoamericanas y del Caribe más de 23 millones de niñas y adolescentes son victimas del matrimonio infantil y de uniones tempranas y la República Dominicana encabeza el porcentaje promedio de niñas y adolescentes casadas o unidas antes de los 18 años con un 36 por ciento y antes de los 15 con un 12 por ciento, lo que constituye un escándalo internacional.
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Posición de R.D. sobre Venezuela es acomodamiento a su condición de sometida a nuevos requerimientos de Trump.
Lo planteado por el Gobierno de Luis Abinader de que no comparte la elección de Delcy Rodríguez como presidenta transitoria de Venezuela tras el apresamiento de Nicolás Maduro, revela que República Dominicana quiere incluso superar lo impuesto por Estados Unidos, pero siempre ajustada a los intereses de la potencia del norte.
La realidad es que la pregunta que se impone es y hasta dónde y quién ha dicho que el país tiene la facultad de objetar a una mandataria provisional escogida por el órgano competente y supuestamente sugerida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas conlleve algunos requerimientos democráticos.
Sin embargo, la posición dominicana implica la violación del derecho internacional, entre los que se encuentran el de soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como la Carta de la ONU.
Evidentemente que el ingrediente introducido por el Gobierno dominicano resulta gracioso para los intereses foráneos que convergen en Venezuela, máxime los que están asociados a los Estados Unidos.
La contradicción dominicana con lo planteado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y su práctica en política exterior, ya que el presente Gobierno siempre se inclina por la intromisión en los asuntos internos de otros países, no deja la naci0n buen parada en la comunidad internacional.
Resulta poco entendible que la República Dominicana no haya apoyado abiertamente la incursión ilegal de Estados Unidos en Venezuela, pero que preste su territorio para el apoyo logístico de la acción.
Es una especie de doble moral, pese a que en su lugar debió mantener una posición aparentemente neutral, aunque de cualquiera manera ya estaba involucrada en una intervención armada que viola los principios fundamentales del derecho internacional
De lo que no queda ninguna duda es que el crédito internacional en política exterior del país ha quedado seriamente comprometido con una causa de la que ha sido una víctima en una diversidad de ocasiones como en el 1916 y el 1965.
La verdad que pretender una conducta diferente de la nación frente a la irracionalidad de Trump sería mucho pedir, sobre todo cuando otros países pertenecientes a la Unión Europea y otras superpotencias como Rusia y China también son tolerantes con la agresividad e intromisión del principal imperio del mundo.
No obstante, desde cualquier perspectiva que sea vea el asunto la conclusión no puede ser otra que en la situación pesa más el miedo que la vergüenza y la dignidad del pueblo dominicano.
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La República Dominicana inhabilitada en política exterior en el nuevo escenario imperial de Trump
La República Dominicana con una ocupación militar parcial de Estados Unidos, se proyecta como una presa sin libertad para expresarse libremente en política exterior.
La ocupación militar, aunque sólo se observa en el Aeropuerto Internacional de las Américas, abarca otros entornos que no son necesariamente visibles.
Pero la agresividad o poco disimulada intervención, deja el país y de igual modo a prácticamente toda Latinoamérica, a merced del capricho y la voluntad de los intereses de la nueva cara del imperio.
La República Dominicana ni por asomo se atreve a pronunciarse libremente sobre política exterior sin que esté a tono con la linea trazada o impuesto por la administración Trump.
La pregunta que subyace es si ese nuevo cuadro no implica también un trastorno del régimen legal, porque se podría estar en un escenario en el que los derechos fundamentales pasen a un segundo plano en el que el Estado Social Democrático de Derecho sea una expresión vacía y sin sentido.
Por razones geopolíticas y factores muy particulares, el país se asoma a un resquebrajamiento del proceso de constitucionalización del derecho a nivel interno y retroceder la nación a épocas ya superadas.
La pregunta que se impone es si prevalecerá en el mundo el pregonado derecho internacional cuando las instituciones que lo enarbolan pierden autoridad moral frente a las violaciones provenientes de potencias como los Estados Unidos que ya ni siquiera guarda las apariencias
El problema, que tiene una dimensión mundial, pero impacta más severamente a los países del tercer mundo y que propicia la posibilidad del surgimiento de regímenes de fuerza, aunque con simulaciones democráticas.
La preocupación tiene que ver con el hecho de graves violaciones del derecho internacional en una época en que éste forma parte consustancial del derecho interno y entonces qué se puede esperar como resultado.
El retroceso de la línea trazada por Donald Trump representa una amenaza mundial contra los logros del derecho contemporáneo, no sólo en favor de las personas físicas, sino también de los Estados más pequeños y débiles.
Hay precedentes en esta materia cuando predominaba en el mundo el llamado constitucionalismo clásico, que dio paso a dictaduras como las Adolfo Hitler en Alemania y la de Benito Mussoline en Italia, cuyos resultados fueron realmente catastróficos para la humanidad.
La interrogante que permanece en el nuevo panorama mundial es si va a pesar más el miedo que la vergüenza y la dignidad de los pueblos del mundo.
Por Elba García
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su sueño de ser dictador hemisférico, aunque sea por un día.
La vocación dictatorial de Trump se ha expresado con mayor contundencia tras la entrada ilegal en territorio venezolano y apresar al jefe de Estado de ese país Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Tras este acontecimiento en momentos que se habla de la época del derecho constitucional, el cual incluye el derecho internacional, Trump ha anunciado su pretensión de convertir a Venezuela en una nueva colonia del imperio norteamericano.
El gobernante de los Estados Unidos ha adelantado que busca manejar la riqueza petrolera de Venezuela, una de las principales del mundo.
Pero la violación de Trump llega todavía más lejos al advertir a los demás países latinoamericanos a verse en el espejo de Venezuela.
Tromp hizo una alusión directa contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien dice podría correr la misma suerte de Maduro.
Anteriormente lo hizo con Brasil a propósito de la condena por conspiración del expresidente Bolsonoro.
Pero de igual modo se ha comportado con Honduras, donde en sus recientes elecciones presidenciales auspició uno de los candidatos y presionó con advertencias de actuar duramente contra los que estén en contra de sus designios.
Al fin impuso su voluntad, sin que haya reacción fuerte de rechazo a la vocación imperial del presidente de Estados Unidos.
No sé entiende por qué los países latinoamericanos no se unen en un bloque para rechazar la política de dominación y dictatorial de Donald Trump.
Incluso en el rechazo a la violación del derecho internacional por parte de los Estados Unidos pueden incluirse los países de la Unión Europea, que son permanentemente asediados y amenazados de imponerles aranceles y otros castigos como parte de la vocación dictatorial del mandatario norteamericano.
El chantaje de los Estados Unidos incluye también el otorgamiento de visados para ingresar al territorio de la potencia del norte.
La conducta de Trump es como si su administración haya borrado del mapa la supuesta clase gobernante que existe allí.
El problema se torna tan grave que la violación de derechos no solo se produce en Estados Unidos, sino en todo el mundo que parece haber retornado el derecho constitucional clásico, que fue sustituido por el derecho constitucional moderno en que los Estados grandes aplastan a los pequeños.
La época Trump prácticamente ha borrado el legado establecido por Estados Unidos a través del derecho constitucional difuso y sobre el equilibrio de los poderes.
Lo sorprendente de la era Tromp es que hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos luce sometida a una cierta tolerancia del jefe de Estado de la potencia del norte.
Si la mayoría de los países no reaccionan a la política represiva y de dominación de Trump difícilmente pueda sobrevivir el sistema democrático, lo que puede crear serias tensiones y confrontaciones sociales y políticas en todo el planeta.