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El Ministerio Público debe cuidarse de no incurrir en la violación del derecho de igualdad en el caso Medusa.
En los últimas días se ha desatado una polémica pública en cuanto a la implicación del ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, en la construcción de la nueva cárcel que sustituirá a la penitenciaría nacional de La Victoria, quien, de acuerdo a lo divulgado, ha tenido una relación histórica con el ex-procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y que en tal virtud una de sus compañías aparece como beneficiaria de la adjudicación de uno de los pabellones del centro carcelario Las Parras.
El asunto comenzó con un pedido del expresidente del Senado, Ramón Alburquerque, quien ha mostrado su disgusto por no habérsele nombrado en el cargo que se le prometió en el Gobierno de Luis Abinader, para que Milagros Ortiz Bosch, encargada de Transparencia, Ética y Prevención de la Corrupción del Poder Ejecutivo, investigara a Macarrulla sobre la adjudicación de la obra.
Esa cárcel, cuyo costo se ha estimado en 450 millones de pesos, tiene una serie de vicios de construcción y los contratos para su edificación fueron adjudicados de forma ilegal, por lo que el asunto forma parte del proceso de investigación de la Operación Medusa.
La denuncia de Alburquerque, que incluía un pedido a Ortiz Bosch para que participara de las indagatorias sobre el contrato otorgado a una empresa del señor Macarrulla, no ha recibido la atención debida, pero ella ripostó con que había visto al funcionario palaciego y que habló sobre el particular con él hace cuatro meses atrás.
Luego el tema siguió con una denuncia de que alguien había falsificado el sello de la institución que dirige la ex-vicepresidenta de la República para enviar una nota de prensa que no había salido de la dependencia que ella dirige, pero de inmediato se agregó una denuncia de Macarrulla de que en el país se desarrolla una campaña de difamación en su contra.
La cuestión es que esta polémica trae a la palestra pública un tema del principio de igualdad que establece la Constitución de la República, porque no se entiende que, si Ortiz Bosch se reunió con este funcionario sobre el escándalo, por qué no se le ha dado seguimiento a la denuncia y cómo se explica que el Gobierno de Luis Abinader no haya tomado cartas en el asunto, pese a que ya hay otros imputados de las irregularidades
Porque el problema en lo que respecta a la adjudicación de esa obra pública a Macarrulla durante la gestión de Jean Alain en la Procuraduría General de la República parece obedecer a los vínculos que se han dicho que existen entre la empresa beneficiaria y el hoy imputado., pero que además todo el mundo se pregunta por qué no ha habido interés en interrogar a Macarrulla sobre las irregularidades denunciadas y que forman parte ya de un expediente elaborado por el órgano persecutor o será por su papel en el Gobierno y por los intereses que representa?
La adjudicación en si misma no significa nada, sino el hecho de que el órgano persecutor hable de que hay graves vicios de construcción y abultamiento del presupuesto para la construcción de los pabellones de la referida cárcel, entre otros asuntos que constituyen una estafa en contra del Estado.
La pregunta que todo el mundo se hace por qué un funcionario tan importante del Gobierno de Luis Abinader no ha sido investigado sobre el particular, aunque se podría alegar que lo mismo no ha ocurrido con otras empresas que también fueron beneficiadas con la adjudicación de los demás pabellones de la nueva cárcel.
Sin embargo, el asunto toma mayor relevancia en virtud de que el ministro de la Presidencia no ha hablado claro sobre el particular y ni ha sido tocado sobre una cuestión que preocupa a muchos sectores de la vida nacional, ya que si este detalle no se maneja con cuidado podría darle legitimidad a lo dicho por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) de que las persecuciones tienen un perfil político, lo cual dañaría lo bueno que se ha hecho hasta ahora.
Lo de Macarrulla constituye una papa caliente para el Gobierno de Luis Abinader, porque es un funcionario con vínculos muy estrechos con un grupo económico que tiene una fuerte incidencia en la actual administración.
Por ahora se impone que Macarrulla dé más detalles de la adjudicación de la referida obra, cuyo presupuesto alcanza los mil 298 millones de pesos, para tranquilidad de la población dominicana, porque hay muchas cosas que no están lo suficientemente claras.
Por su parte, el Ministerio Público también está en la obligación de explicar por qué no ha investigado la empresa de este alto funcionario y todas las demás beneficiadas con la construcción de los pabellones de la nueva cárcel, aunque se podría alegar que todavía es una investigación en desarrollo.
Hay que decir que este caso ya está en la fase de solicitud de medidas de coerción, lo cual quiere decir que va muy avanzado y en el expediente del Ministerio Público la parte de la cárcel ocupa un lugar preponderante por el presupuesto invertido en ella.
Sólo falta que se hable claro sobre este tema que preocupa a la sociedad dominicana, ya que en el caso está envuelto el dinero del erario nacional y sobre todo el hecho de que los escándalos de corrupción no deben tener fronteras para ser investigados y las garras de la justicia tienen que alcanzar a cualquier sector involucrado en ellos..
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Un episodio que sirve de espejo para medir la profundad de la crisis ético-moral de la sociedad dominicana.
Por Elba García
La República Dominicana y Haití, atrapadas en la isla la Hispaniola, donde predominan las ilegalidades y una corrupción administrativa que somete a sus pueblos a la peor de las miserias, la violencia y la violación sexual de niñas y mujeres, aunque de forma y circunstancias que difieren unas de otras, hoy proyectadas a nivel internacional como naciones con un precario estado de derecho.
Un ejemplo que saca a la superficie esta triste realidad ha sido la violación sexual de una adolescente en un pueblo del este del país durante un operativo para apresar y deportar indocumentados, principalmente haitianos, el cual fue aprovechado por miembros de la Dirección General de Migración para cometer algunas de sus fechorías, que sólo tienen ligeras diferencias con la actuación de las bandas haitianas que se apoyan en las mismas prácticas y en la muerte en la vecina nación.
La denuncia al respecto ha dejado estupefacta a mucha gente ante el hecho de que agentes de la Dirección de Migración violaron y luego amenazaron de muerte a una adolescente de catorce años en el sector Bulevar de Verón, provincia La Altagracia, para que no hablara de lo ocurrido, quien vive con su familia en una casita construida de madera y zinc, pero que en el momento de la agresión se encontraba sola.
Situaciones como esta resultan bochornosa para una sociedad que en la actualidad mantiene una disputa con Haití por la migración ilegal y por asuntos de agua, la cual tiene una trascendencia internacional, sobre todo porque en la información se dice que estos agentes cobran entre 15 y 17 mil pesos a los nativos de la hermana nación para dejarlos en libertad.
Sólo el que no conoce el país puede poner en duda la información sobre estos hechos, porque este periódico mantiene la tesis que las diferencias entre el Estado dominicano y el haitiano no son tantas, a pesar de tener cultura desiguales en cada territorio, ya que, aunque el primero existe de hecho y de derecho y el segundo sólo en el papel, por lo que la violencia y los atropellos se expresan no de igual forma, pero sí de manera muy parecida.
Qué diferencia se verifica entre la forma de actuar de las bandas de delincuentes haitianas y la de los miembros de la Dirección General de Migración, bueno en que una lo hace al margen de los instrumentos que crea la ley y la otra que se apoya en las herramientas jurídicas para cometer la misma fechoría e incurrir en el demonio de la violación sexual de niñas y mujeres adultas, entre otras ilegalidades.
Es importante dejar claro que el segundo elemento citado en los ilícitos en que incurren los miembros de la Dirección de Migración está el hecho de que dejan en libertad a los apresados por su condición de indocumentado luego de un pago económico, lo cual también es vandálico.
Esta es una práctica del día a día en la zona fronteriza y en los lugares donde son recluidos los haitianos y otros extranjeros apresados por carecer de documentos, lo cual deja claro que se trata de un negocio que trasciende el límite de lo legal, lo moral y de lo ético.
Lo grave de lo ocurrido es de que no se trata de una simple denuncia, sino de un hecho comprobado por el médico logística que ha examinado a la adolescente.
Esta violación supera los límites de lo tolerable en cualquier nación civilizada y en consecuencia las autoridades de cualquier país no pueden manejar con paños tibios semejante aberración.
Lo peligroso del asunto es que se observa un manejo muy tímido del acto delincuencial y bochornoso cometido en contra de la adolescente haitiana por parte de los medios de comunicación del país, cuyos periodistas han sido más impactados por un ultranacionalismo enfermizo y destructivo que el daño causado a quien literalmente se puede definir como una niña, lo cual representa una violación de una serie de convenciones internacionales de derecho público y sobre derechos humanos de las que la República Dominicana es signataria.
Este caso tiene otro agravante y el mismo tiene que ver con que los violadores de la adolescente, quienes la ponen en libertad tras haberla recluido en un recinto para indocumentados con la condición de que no hablara de lo ocurrido, cuya conducta deja claro que se trata de una banda que se refugia en la legalidad que otorga la Ley 285-04 y bajo la cual opera la Dirección General de Migración, actúan con acechanza y con complicidad entre unos y otros.
Este hecho debe tener las consecuencias que manda la ley penal porque de lo contrario se constituiría en un grave revés para la República Dominicana, donde se vive más de la percepción que de la realidad, máxime si se toma en cuenta que el país tiene el turismo como renglón principal de su economía.
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La partidocracia tiene mil vías como depredar el Estado con la complicidad de los que deben velar por la transparencia.
Por Elba García
La Junta Central Electoral (JCE) entregó luego de que el Gobierno accediera a beneficiar a los partidos políticos con otra partida de dinero que alcanza a la suma de 2,520.8 pesos, pero sin especificar de dónde provendrían esos recursos.
La realidad es que el pedido de los partidos políticos fue satisfecho, cuyo dinero será usado en la presente campaña electoral que habrá de culminar el próximo 19 de mayo con la escogencia del presidente y vicepresidente de la República, así como de los diputados y senadores para el próximo cuatrienio, sin que se tenga claro de dónde saldrán esos fondos.
Lo preocupante de la alta inversión en campaña electoral es que para soportar esos recursos el país tiene que recurrir a un endeudamiento que encamina la nación hacia una amenaza que representa un peligro para la estabilidad nacional.
La intención del Gobierno, y así lo ven expertos en la materia, es modificar la Ley de Presupuesto, lo que conlleva crear nuevas fuentes para buscar ese dinero que manejan los partidos con muy poca o ninguna transparencia en violación de la Constitución de la República.
Pero el asunto toma un perfil todavía más preocupante por el hecho de que en la sociedad dominicana existe una total complicidad con este proceder de la partidocracia nacional, incluidas en la misma las llamadas altas cortes.
Tanto el Tribunal Superior Electoral (TSE) como el Tribunal Constitucional (TC) se reniegan a imponer sanciones judiciales a la partidocracia por la poca transparencia con que maneja los fondos públicos, ya que la mayor parte del presupuesto entregado a estas organizaciones se va a los bolsillos de algunos de sus dirigentes.
Sin embargo, cuando han surgido demandas que cuestionan ese manejo del patrimonio público, tanto el TSE como el TC se hacen de la vista gorda, mientras reclaman el cumplimiento con sentencias que no tratan precisamente esta problemática que va camino a acabar con el país.
Los partidos políticos son el mejor negocio que existe en la República Dominicana, cuyos dirigentes tienen la garantía de que todos los órganos y entes del Estado dominicano no los tocarán ni con el pétalo de una rosa.
De acuerdo a economistas nacionales, el Gobierno está obligado a determinar el origen de esos recursos mediante un aumento de las recaudaciones de impuestos o a través del aumento de la deuda pública, dos escenarios tenebrosos para los dominicanos.
La realidad es que las autoridades para solucionar el problema planteado necesitan identificar la fuente de la generación de esos recursos o sencillamente modificar la Ley de Presupuesto.
Con ese propósito el presidente tendría que ordenarle al Banco de Reservas que otorgue un préstamo a los partidos políticos con la garantía de contingencia de que estaría consignado en el presupuesto complementario que se preparará a partir de julio.
No obstante, los especialistas en la materia entienden que los presupuestos complementarios sólo tienen el fin de corregir entuertos después de haberse producido no antes de que ello ocurra, cuya decisión para entregar ese dinero a los partidos políticos representa un procedimiento incorrecto que daña institucionalmente al país.
Se ha podido establecer que en los últimos 26 años los partidos han recibido contribuciones estatales que superan los 25,303 millones de pesos, los cuales en el papel han estado destinados a financiar las operaciones corrientes de estas agrupaciones y los gastos de campaña.
De la suma en cuestión alrededor de 19,545,600,000 pesos, es decir el 77%, han sido distribuidos entre cinco organizaciones políticas, las llamadas tradicionales, y que tienen una participación destacadas en la corrupción organizada y jerarquizada que se produce en el Estado dominicano en el contexto de toda la sociedad, ya que se trata de un problema integral y transversal a todos los estamentos de la nación.
El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) es la organización que más fondos ha recibido en este período, con una asignación presupuestaria de aproximadamente 6,007,525,440 pesos.
El segundo lugar lo tiene en esta materia el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el cual ha recibido 5,874,033,695 pesos.
El tercero en la lista lo es el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) con 3,934,257,128 pesos, el cual fue desplazada como mayoritario.
Estos partidos, que controlan toda la administración pública, desde el Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo y el sistema de justicia, cuyos jueces son escogidos a través del Consejo Nacional de la Magistratura, el cual está compuesto por los mismos actores de la politiquería nacional, son el principal responsable de las grandes falencias de la democracia nacional.
Otro grandemente beneficiado con estos fondos que provienen de los contribuyentes lo es el Partido Revolucionario Moderno (PRM), el cual ha recibido hasta la fecha cerca de 2,577,856,129 pesos, mientras que Fuerza del Pueblo (FP) ha percibido 1,260,400,000.00 desde 2021.
De manera, que si a los fondos recibidos por los partidos se le suman los más de 400 mil millones de pesos que han administrado durante los diferentes gobiernos que ha tenido el país, podría decirse que es poco lo que falta para arruinar definitivamente la sociedad dominicana.
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La televisión pública herramienta útil para promover dominicanidad y renglones más importantes de la economía nacional.
Por Elba García
Desde hace muchos años, pero sin los esfuerzos que este tipo de propuesta requiere, Blue National Group Foundation (Bluenagroup), la cual tiene su sede en Santiago, segundad ciudad en importancia de la República Dominicana, ha planteado la necesidad de que en el país se desarrolle la televisión pública.
El proyecto en este sentido ha sido presentado a algunos niveles de la sociedad dominicana, pero, realmente, el mismo requiere de una mayor creación de conciencia al respecto.
En una gran cantidad de países del mundo, sobre todo en aquellos con un gran desarrollo de sus economías, se invierte mucho para promover y crear este tipo de televisión, que a diferencia de los que mucha gente cree no se trata, porque no es lo mismo, aunque se parezca, que hablar de aquella definida como gubernamental.
Hay muchos ejemplos de lo que es una buena televisión pública, como por ejemplo los canales PBS de los Estados Unidos, entre los que se encuentran el 13, el 16 y el 25, entre otros, los cuales están dotados de una programación envidiable, pero además se encuentran muy buenos ejemplos en Inglaterra, Francia y Alemania.
BBC de Londres
Quizás la mejor muestra de la televisión pública puede ser considerada la BBC de Londres, la cual es, sin lugar a dudas, un prototipo de cualquier proyecto en esta materia que se quiera desarrollar en el mundo.
En el caso de la República Dominicana nunca ha existido la televisión pública a partir del concepto que mejor la define y proyecta, el cual deja claro que no es lo mismo que la gubernamental, en cuyo contexto, por ejemplo, se encuentra Radio Televisión Dominicana (RVTD).
Uno de los grandes obstáculos para que un país disfrute de una verdadera televisión pública es el impacto que tiene la política partidista en este tipo de proyecto, ya que una serie de vicios son llevados a las estaciones que son manejadas por el sector oficial o el Poder Ejecutivo.
La televisión pública tiene que ser una gran aliada del respeto del derecho a disentir y no convertirse en un instrumento para promover, principalmente, la obra que desarrolla el gobierno de turno, lo cual se inscribe en el contexto de la gubernamental.
En lo que respecta a Radio Televisión Dominicana (RTVD) nadie puede negar y caer en la mezquindad de no reconocer que luego de la designación de Iván Ruiz al frente de la misma las cosas han cambiado en por lo menos su línea gráfica, lo cual representa un gran crecimiento, pero se puede asegurar que resulta casi imposible encausar este canal en lo que sería una auténtica televisión pública por los escollos que aparecen en el camino.
Podría decirse que es prácticamente imposible erradicar la politiquería de una estación como RTVD, porque mientras los partidos tengan la incidencia que siempre conservan en este tipo de instancia, muy difícilmente se pueda alcanzar el propósito de que el país pueda disfrutar de una verdadera televisión pública.
La televisión pública significa promover y vender de la mejor manera los valores nacionales y los renglones de la economía como el turismo y las remesas que provienen de los dominicanos que viven en el exterior.
Lo que habría que preguntarse si ello es posible lograrse a mediano o largo plazo cuando hasta para la escogencia de quienes dirigirán ese proceso interviene generalmente la politiquería, lo cual quiere decir que un buen técnico puede durar en la dirección de Radio Televisión Dominicana lo que dura una cucaracha en un gallinero.
No obstante, nadie puede negar que en los actuales momentos RTVD es lo que más se puede parecer a la televisión pública por lo menos en la calidad de su línea gráfica, aunque ese es un elemento que no determina que el país esté frente a una verdadera televisión pública en función del concepto con que se maneja este tipo de televisión donde existen los mejores ejemplos al respecto.
En esa virtud, se impone que en el país se continúe el trabajo para tener una verdadera televisión pública que sirva para promover las artes, el espectáculo y la cultura en general y de igual modo la democracia y los valores que la caracterizan.