El Ministerio Público debe cuidarse de no incurrir en la violación del derecho de igualdad en el caso Medusa.

En los últimas días se ha desatado una polémica pública en cuanto a la  implicación del ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, en la  construcción de la nueva cárcel que sustituirá a la penitenciaría nacional de La Victoria, quien, de acuerdo a lo divulgado, ha tenido una relación histórica con el ex-procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y que en tal virtud  una de sus compañías aparece como beneficiaria de la adjudicación de uno de los pabellones del centro carcelario Las Parras.

El asunto comenzó con un pedido del expresidente del Senado, Ramón Alburquerque, quien ha mostrado su disgusto por no habérsele nombrado en  el cargo que se le prometió en el Gobierno de Luis Abinader, para que Milagros Ortiz Bosch, encargada de Transparencia, Ética y Prevención de la Corrupción del Poder Ejecutivo,   investigara a Macarrulla sobre la adjudicación de la obra.

Esa cárcel, cuyo costo se ha estimado en 450 millones de pesos, tiene una serie de vicios de construcción y los contratos para su edificación fueron adjudicados de forma ilegal, por lo que el asunto forma parte del proceso de investigación de la Operación Medusa.

La denuncia de Alburquerque, que incluía un pedido a Ortiz Bosch para que participara de las indagatorias sobre el contrato otorgado a una empresa del señor Macarrulla, no ha recibido la atención debida, pero ella ripostó con que había visto al funcionario palaciego y que habló sobre el particular con él  hace cuatro meses atrás.

Luego el tema siguió con una denuncia de que alguien había falsificado el sello de la institución que dirige la ex-vicepresidenta de la República para enviar una nota de prensa que no había salido de la dependencia que ella dirige, pero de inmediato se agregó una denuncia de Macarrulla de que en el país se desarrolla una campaña de difamación en su contra.

La cuestión es que esta polémica trae a la palestra pública un tema del principio de igualdad que establece la Constitución de la República, porque no se entiende que, si Ortiz Bosch se reunió con este funcionario sobre el escándalo, por qué no se le ha dado seguimiento a la denuncia y cómo se explica que el Gobierno de Luis Abinader no haya tomado cartas en el asunto, pese a que ya hay otros imputados de las irregularidades

Porque el problema en lo que respecta a la adjudicación de esa obra pública a Macarrulla durante la gestión de Jean Alain en la Procuraduría General de la República parece  obedecer a los vínculos que se han dicho que existen entre la empresa beneficiaria y el hoy imputado., pero que además todo el mundo se pregunta por qué no ha habido interés en interrogar a Macarrulla sobre las irregularidades denunciadas y que forman parte ya de un expediente elaborado por el órgano persecutor o será por su papel en el Gobierno y por los intereses que representa?

La adjudicación en si misma no significa nada, sino el hecho de que el órgano persecutor  hable de que hay graves vicios de construcción y abultamiento del presupuesto para la construcción de los pabellones de la referida cárcel, entre otros asuntos que constituyen una estafa en contra del Estado.

La pregunta que todo el mundo se hace por qué un funcionario tan importante del Gobierno de Luis Abinader no ha sido investigado sobre el particular, aunque se podría alegar que lo mismo no ha ocurrido con otras empresas que también fueron beneficiadas con la adjudicación de los demás pabellones de la nueva cárcel.

Sin embargo, el asunto toma mayor relevancia en virtud de que el ministro de la Presidencia no ha   hablado claro sobre el particular y ni ha sido tocado sobre una cuestión que preocupa a muchos sectores de la vida nacional, ya que si este detalle no se maneja con cuidado podría darle legitimidad a lo dicho por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) de que las persecuciones tienen un perfil político, lo cual dañaría lo bueno que se ha hecho hasta ahora.

Lo de Macarrulla constituye una papa caliente para el Gobierno de Luis Abinader, porque es un funcionario con vínculos muy estrechos con un grupo económico que tiene una fuerte incidencia en la actual administración.

Por ahora se impone que Macarrulla dé más detalles de la adjudicación de la referida obra, cuyo presupuesto alcanza los mil 298 millones de pesos, para tranquilidad de la población dominicana, porque hay muchas cosas que no están lo suficientemente claras.

Por su parte, el Ministerio Público también está en la obligación de explicar por qué no ha investigado la empresa de este alto funcionario y todas las demás beneficiadas con la construcción de los pabellones de la nueva cárcel, aunque se podría alegar que todavía es una investigación en desarrollo.

Hay que decir que este caso ya está en la fase de solicitud de medidas de coerción, lo cual quiere decir que va muy avanzado y en el expediente del Ministerio Público la parte de la cárcel  ocupa un lugar preponderante por el presupuesto invertido en ella.

Sólo falta que se hable claro sobre este tema que preocupa a la sociedad dominicana, ya que en el caso está envuelto el dinero del erario nacional y sobre todo el hecho de que los escándalos de corrupción no deben tener fronteras para ser investigados y las garras de la justicia tienen que alcanzar a cualquier sector involucrado en ellos..