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El mismo médico que certificó el cáncer también dictaminó supuesta muerte de “Quirinito”

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La certificación del legista, así como un informe del deterioro de salud del condenado fueron depositados ante jueza de ejecución San Francisco

SANTO DOMINGO. El médico legista Orlando Herrera Robles, quien certificó la muerte de Pedro Alejandro Castillo Paniagua, “Quirinito”, es el mismo galeno que validó que el condenado a 20 años de prisión padecía un cáncer terminal en la base de la lengua mientras estaba en la cárcel.

De acuerdo con el expediente mostrado por la suspendida jueza de Ejecución de la Pena de San Francisco, Aleyda Jiménez Acosta, durante una rueda de prensa, el certificado médico legal de fecha 18-04-2017, que consta en el auto que ordena variar el régimen de cumplimiento de la condena de “Quirinito”, fue expedido por dicho profesional del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

El galeno de la provincia Duarte, exequátur 716-10, actuando en requerimiento del procurador de la Corte de apelación de dicha demarcación, Felipe Restituyo Santos, luego de haber examinado al privado de libertad el 18 de abril del 2017, homologó el certificado médico expedido el 31 de marzo de este año por el oncólogo César Núñez Roja, execuátur 116-2000, en el cual se plantea la gravedad de la enfermedad y la necesidad de tratamiento de quimioterapia.

Otro de los certificados presentados por el Ministerio Público responsable del Centro de Corrección y Rehabilitación Vista del Valle, de San Francisco de Macorís, señala que dentro del seguimiento dado a Pedro Castillo han podido confirmar que “debido al carcinoma epidermoide bien diferenciado infiltrante y ulcerado de base de lengua, etapa clínica IIIB, de una neoplasia localmente avanzada, grave y terminal, ha sufrido una estrepitosa y alarmante pérdida de peso de más de 50 libras ya que se le imposibilita ingerir alimentos sólidos y desde el 21 de abril de 2017 está en una dieta líquida”.

El documento dice, asimismo, que se recomienda con urgencia un seguimiento estricto, cambio de modalidad del régimen de cumplimiento de la pena por prisión domiciliaria, a los fines de tratar de mejorar la evolución clínica, además de tratamiento, aplicación de quimioterapia de manera intensiva con el correspondiente régimen intensivo de medicamentos para así “retardar muerte por insuficiencia respiratoria”.

La Procuraduría General de la República, al informar que tiene evidencias suficientes que demuestran que Castillo Paniagua no está muerto, también anunció la suspensión del doctor Herrera Robles, a quien dijo no descarta someter a la justicia una vez concluyan las investigaciones.

Por este caso también ha sido suspendido de sus funciones el juez de Ejecución de San Cristóbal, Willy Núñez Mejía, quien en el auto de traslado del condenado por el asesinato del español Adolfo Justo Cervantes Arellano (Waikiki), de CCR de Najayo a Vista del Valle, registró el certificado médico hecho a nombre de la madre de “Quirinito” como si fuera del reo.

Advertencias

Tanto el procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, como el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, han afirmado que las autoridades del sistema de justicia que han colaborado para que el recluso no cumpliera la pena aplicada por los tribunales, serán sancionados y puestos a disposición de la justicia.

“Si una irregularidad aparece, el que la haya cometido que prepare su pescuezo, que se lo prepare, que se lo prepare”, enfatizó Germán Mejía, al decir que investiga el caso.

Mientras que Rodríguez afirmó que “si durante la continuación de la investigación se determina que servidores públicos o personal del sector privado tienen comprometida su responsabilidad penal, serán sometidos a la acción de la justicia, sin importar de quién se trate”.

La esposa de Castillo Paniagua dijo que murió el 5 de julio, como certificó el legista, pero que no le va a decir al Ministerio Público dónde está o qué hizo con el cadáver. En tanto que el padre del condenado, Rafael Castillo Ramírez, aseguró a los investigadores que su hijo no ha muerto

Procuraduría General de la República entrevista a periodistas

El Ministerio Público entrevistó ayer a dos comunicadores de San Francisco de Macorís, que presuntamente recibieron amenazas de muerte luego de presentar en su programa “Crónicas” un reportaje sobre el caso “Quirinito”. Kirsy Mena y su esposo, Washington Espino, productores del programa de investigación, que se transmite en un canal de televisión de San Francisco de Macorís fueron entrevistados por el procurador adjunto Bolívar Sánchez, como parte de las investigaciones que se realizan para determinar dónde está Pedro Castillo Paniagua. Mena aseguró que luego del reportaje y el comunicado que emitió la Procuraduría afirmando que “Quirinito” no estaba muerto, su esposo recibió una llamada en su celular donde lo amenazaban de muerte.

Histórico del caso “Quirinito”

10 Septiembre 2008

Asesinato del supuesto narcotraficante Adolfo Cervantes Arellano, “Walkiki”, quien era investigado por el asesinato del agente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, Guillermo Tejada Krawinkel en marzo de ese año.

14 enero 2009

Fueron apresados Pedro Alejandro Castillo Paniagua y Jovanny Antonio Padilla Santiago, y/o Margaro Morel Otaño y/o Rumaldo Fernández por el asesinato del español. Días después el Juzgado de Atención Permanente de San Cristóbal les dictó tres meses de prisión preventiva.

13 marzo 2009

La jueza de la Instrucción de San Cristóbal, Regina Carvajal Vizcaíno, le varió la prisión a Castillo Paniagua por una fianza de RD$3 millones.

19 marzo 2009

“Quirinito”, quien en ese momento tenía el apodo de “Raffy” fue apresado por el asesinato, secuestro y homicidio de Víctor Mella Terrero, ocurrido el 12 de diciembre del 2007. Ese mismo dí,a la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional le dictó tres meses de prisión. El 30 marzo 2009, a Corte de Apelación ratificó la prisión preventiva.

04 junio 2009

La Corte de apelación le varió la prisión por garantía económica. Familiares de Mella Terrero retiraron la querella.

16 junio 2009

El Procurador General anunció que dispuso seguridad especial al procurador adjunto Bolívar Sánchez y el coronel Alejandro Dipré Sierra, porque recibieron amenazas de muerte de parte de “Quirinito”. El imputado se desligó de la acusación y pidió reunirse con el Procurador General.

16 junio 2009

El Ministerio Público dijo que están desaparecidos los testigos del asesinato de Waikiki, Mario Piñeyro Florentino y Polanco Bautista, los cuales habían confesado que ayudaron a los imputados a ubicar al español.

23 junio 2009

El testigo Polanco Bautista fue presentado ante la jueza que conocía un anticipo de pruebas en el caso.

29 agosto 2009

El caso “Quirinito” fue enviado a juicio de fondo por la jueza de instrucción de San Cristóbal, Berenice Aquino.

1ro diciembre 2009

Inició audiencia de juicio de fondo en el Tribunal colegiado de San Cristóbal.

12 enero 2010

El Tribunal Colegiado dictó prisión preventiva a Pedro Castillo, variando la presentación periódica que tenía por el caso.

17 enero 2010

El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, acogió un habeas corpus de “Quirinito”, y ordenó su puesta en libertad.

4 febrero 2010

Fue reapresado luego de que la corte declaró inadmisible un recurso en contra del habeas corpus por considerar que la decisión es nula, porque el juez actuó fuera de su jurisdicción.

13 abril 2010

El tribunal Colegiado condenó a Pedro Castillo Paniagua a 30 años de prisión.

20 de junio 2011

La Corte de Apelación de San Cristóbal anuló la condena, y ordenó la celebración de un nuevo juicio, porque el tribunal de primera instancia no valoró correctamente las pruebas.

10 Octubre 2013

Fue condenado a 20 años de prisión por el Tribunal de San Cristóbal.

23 julio 2014

La Corte de Apelación ratifica la condena de 20 años.

05 mayo 2015

La Segunda Sala Penal de la SCJ rechaza el recurso de casación contra la sentencia, adquiriendo autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.

29 agosto 2016

El abogado Dawerkys Medrano Martínez solicita traslado del condenado.

29 septiembre 2016

El juez de Ejecución de la Pena de San Cristóbal ordena su traslado de la cárcel Najayo a Vista del Valle en San Francisco.

21 abril 2017

El abogado Dawerkys Medrano Martínez solicita variar cumplimiento de la pena.

26 mayo 2017

La jueza de Ejecución de San Francisco varía la reclusión por prisión domiciliaria por enfermedad terminal.

5 julio 2017

Médico legista certificó que Pedro Castillo Paniagua murió.

diariolibre.com

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Nacionales

Cientos de agentes y socorristas trabajan sin descanso para salvar vidas, mientras la gente celebra en familia

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Santo Domingo.– Mientras miles de dominicanos se trasladan para compartir las festividades con sus seres queridos, cientos de hombres y mujeres de distintas instituciones del Estado permanecen apostados en carreteras, autopistas y puntos estratégicos del país, con una sola misión: proteger vidas. Durante un recorrido desde Santo Domingo hasta Bayaguana, fue notable la presencia de agentes de tránsito, miembros de la Defensa Civil, militares y personal de emergencia, quienes, lejos del calor de sus hogares, cumplen turnos extendidos para garantizar la seguridad vial y la asistencia ciudadana.

De acuerdo con el más reciente boletín del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) inspeccionó 209 intersecciones semaforizadas y optimizó los tiempos de tráfico en 30 cruces, además de corregir 79 averías en el sistema, asegurando una circulación más fluida en zonas de alta movilidad como el Gran Santo Domingo, Punta Cana y San Cristóbal. Asimismo, se emitieron 23,900 permisos especiales para el transporte de combustible y alimentos perecederos, garantizando el abastecimiento durante el asueto.

En tanto, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) intensificó su labor preventiva con 8,297 fiscalizaciones por violaciones a la Ley 63-17, además de ofrecer 10,085 asistencias viales a conductores y peatones. Paralelamente, la Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas realizó más de 500 asistencias, incluyendo rescates, atención médica, remolques y apoyo mecánico en carreteras y autopistas.

Balance de incidentes y atención médica durante el asueto

El sector salud también se mantiene activo. El Servicio Nacional de Salud reportó más de 600 atenciones en hospitales públicos, mientras que la DAEH, la Defensa Civil y la Cruz Roja Dominicana brindaron decenas de asistencias médicas y de emergencia, además de instalar hospitales de campaña y señalizaciones preventivas en puntos críticos.

Estas acciones cobran mayor relevancia ante el panorama registrado en las últimas 24 horas, donde se produjeron 63 accidentes de tránsito, con seis personas fallecidas y decenas de afectados, en su mayoría por incidentes relacionados con motocicletas y consumo de alcohol.

Mientras muchos disfrutan de la Navidad o el feriado en casa, en playas o montañas, estos servidores públicos permanecen en las calles, atentos a cualquier eventualidad. Su labor silenciosa, muchas veces invisible, se convierte en un escudo que permite que otros regresen sanos y salvos a sus hogares. Son ellos quienes, incluso en días festivos, eligen el deber por encima del descanso para salvar vidas.

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Desde el miércoles 24 la mayoría de tribunales suspendieron sus labores

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Desde el miércoles 24 de diciembre la mayoría de los tribunales de República Dominicana suspendieron sus labores por la época navideña, informó el Poder Judicial.

Sin embargo, las Oficinas de Atención Permanente de todo el país mantendrán sus puertas abiertas para conocer los casos de personas detenidas y que deben ser presentadas ante el juez antes de las 48 horas.

En ese sentido, los diferentes tribunales, a excepción de las Oficinas de Atención Permanente, estarán cerrados el miércoles 24, Día de Nochebuena; el jueves 25, Día de Navidad, y el viernes 26.

El lunes 29 se retoman las labores, las cuales continuarán el día 30 de manera normal en todos los tribunales, sin excepción, pero cerrarán nuevamente el 31, de Fin de Año; el jueves 1 de enero, Día de Año Nuevo, y el 2 de enero.

En esos días, la únicamente la Oficina de Atención Permanente laborará de manera normal.

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Abogado de principal imputado en caso Senasa respalda resolución que reprime juez.

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Santo Domingo, R.D.- Miguel Valerio, representante legal del exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, calificó como «correcta» la resolución emitida por el Comité de Ética del Poder Judicial, que reprimió al juez Rigoberto Sena, por sus «reflexiones» al imponer media de coerción en contra de los implicados en el sonado caso.

El jurista dijo que el proceso que llegó a cabo el juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, estuvo inicialmente viciado por factores externos que intentaron comprometer la imparcialidad del tribunal.

Valerio fue enfático al señalar que, durante el conocimiento de la medida de coerción, se sintió una influencia desproporcionada de la opinión pública sobre el proceso legal.

«Como había mencionado el día de la audiencia, la presión entró por la puerta y la justicia salió por la ventana«, afirmó Valerio, sugiriendo que el clamor popular no debe dictar las decisiones de los jueces.

El abogado defensor arremetió contra los argumentos utilizados en las vistas anteriores, donde, según su criterio, se emitieron juicios de valor que se alejaron de la objetividad jurídica.

Valerio sostuvo que en las audiencias previas se habló de su cliente como si fuera «prácticamente una persona culpable», ignorando la presunción de inocencia.

Criticó el uso de pasajes bíblicos y calificativos como «avaricia» para sustentar la acusación.

«Aun siendo yo cristiano, es una forma muy errada de impartir justicia«, subrayó.

El jurista insistió en que la labor de los tribunales no es «darle gracias al pueblo», sino aplicar la ley con justicia y equidad.

Tras conocerse la resolución del Poder Judicial, la defensa de Hazim manifestó su total apoyo al fallo, considerando que finalmente se logró blindarse ante las presiones y respetar los derechos fundamentales del imputado.

Destacó que la referida resolución del Comité de Ética restablece el equilibrio procesal que, a su juicio, se había perdido bajo el peso de la presión mediática.

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