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El mismo médico que certificó el cáncer también dictaminó supuesta muerte de “Quirinito”
La certificación del legista, así como un informe del deterioro de salud del condenado fueron depositados ante jueza de ejecución San Francisco
SANTO DOMINGO. El médico legista Orlando Herrera Robles, quien certificó la muerte de Pedro Alejandro Castillo Paniagua, “Quirinito”, es el mismo galeno que validó que el condenado a 20 años de prisión padecía un cáncer terminal en la base de la lengua mientras estaba en la cárcel.
De acuerdo con el expediente mostrado por la suspendida jueza de Ejecución de la Pena de San Francisco, Aleyda Jiménez Acosta, durante una rueda de prensa, el certificado médico legal de fecha 18-04-2017, que consta en el auto que ordena variar el régimen de cumplimiento de la condena de “Quirinito”, fue expedido por dicho profesional del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
El galeno de la provincia Duarte, exequátur 716-10, actuando en requerimiento del procurador de la Corte de apelación de dicha demarcación, Felipe Restituyo Santos, luego de haber examinado al privado de libertad el 18 de abril del 2017, homologó el certificado médico expedido el 31 de marzo de este año por el oncólogo César Núñez Roja, execuátur 116-2000, en el cual se plantea la gravedad de la enfermedad y la necesidad de tratamiento de quimioterapia.
Otro de los certificados presentados por el Ministerio Público responsable del Centro de Corrección y Rehabilitación Vista del Valle, de San Francisco de Macorís, señala que dentro del seguimiento dado a Pedro Castillo han podido confirmar que “debido al carcinoma epidermoide bien diferenciado infiltrante y ulcerado de base de lengua, etapa clínica IIIB, de una neoplasia localmente avanzada, grave y terminal, ha sufrido una estrepitosa y alarmante pérdida de peso de más de 50 libras ya que se le imposibilita ingerir alimentos sólidos y desde el 21 de abril de 2017 está en una dieta líquida”.
El documento dice, asimismo, que se recomienda con urgencia un seguimiento estricto, cambio de modalidad del régimen de cumplimiento de la pena por prisión domiciliaria, a los fines de tratar de mejorar la evolución clínica, además de tratamiento, aplicación de quimioterapia de manera intensiva con el correspondiente régimen intensivo de medicamentos para así “retardar muerte por insuficiencia respiratoria”.
La Procuraduría General de la República, al informar que tiene evidencias suficientes que demuestran que Castillo Paniagua no está muerto, también anunció la suspensión del doctor Herrera Robles, a quien dijo no descarta someter a la justicia una vez concluyan las investigaciones.
Por este caso también ha sido suspendido de sus funciones el juez de Ejecución de San Cristóbal, Willy Núñez Mejía, quien en el auto de traslado del condenado por el asesinato del español Adolfo Justo Cervantes Arellano (Waikiki), de CCR de Najayo a Vista del Valle, registró el certificado médico hecho a nombre de la madre de “Quirinito” como si fuera del reo.
Advertencias
Tanto el procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, como el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, han afirmado que las autoridades del sistema de justicia que han colaborado para que el recluso no cumpliera la pena aplicada por los tribunales, serán sancionados y puestos a disposición de la justicia.
“Si una irregularidad aparece, el que la haya cometido que prepare su pescuezo, que se lo prepare, que se lo prepare”, enfatizó Germán Mejía, al decir que investiga el caso.
Mientras que Rodríguez afirmó que “si durante la continuación de la investigación se determina que servidores públicos o personal del sector privado tienen comprometida su responsabilidad penal, serán sometidos a la acción de la justicia, sin importar de quién se trate”.
La esposa de Castillo Paniagua dijo que murió el 5 de julio, como certificó el legista, pero que no le va a decir al Ministerio Público dónde está o qué hizo con el cadáver. En tanto que el padre del condenado, Rafael Castillo Ramírez, aseguró a los investigadores que su hijo no ha muerto
El Ministerio Público entrevistó ayer a dos comunicadores de San Francisco de Macorís, que presuntamente recibieron amenazas de muerte luego de presentar en su programa “Crónicas” un reportaje sobre el caso “Quirinito”. Kirsy Mena y su esposo, Washington Espino, productores del programa de investigación, que se transmite en un canal de televisión de San Francisco de Macorís fueron entrevistados por el procurador adjunto Bolívar Sánchez, como parte de las investigaciones que se realizan para determinar dónde está Pedro Castillo Paniagua. Mena aseguró que luego del reportaje y el comunicado que emitió la Procuraduría afirmando que “Quirinito” no estaba muerto, su esposo recibió una llamada en su celular donde lo amenazaban de muerte.
10 Septiembre 2008
Asesinato del supuesto narcotraficante Adolfo Cervantes Arellano, “Walkiki”, quien era investigado por el asesinato del agente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, Guillermo Tejada Krawinkel en marzo de ese año.
14 enero 2009
Fueron apresados Pedro Alejandro Castillo Paniagua y Jovanny Antonio Padilla Santiago, y/o Margaro Morel Otaño y/o Rumaldo Fernández por el asesinato del español. Días después el Juzgado de Atención Permanente de San Cristóbal les dictó tres meses de prisión preventiva.
13 marzo 2009
La jueza de la Instrucción de San Cristóbal, Regina Carvajal Vizcaíno, le varió la prisión a Castillo Paniagua por una fianza de RD$3 millones.
19 marzo 2009
“Quirinito”, quien en ese momento tenía el apodo de “Raffy” fue apresado por el asesinato, secuestro y homicidio de Víctor Mella Terrero, ocurrido el 12 de diciembre del 2007. Ese mismo dí,a la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional le dictó tres meses de prisión. El 30 marzo 2009, a Corte de Apelación ratificó la prisión preventiva.
04 junio 2009
La Corte de apelación le varió la prisión por garantía económica. Familiares de Mella Terrero retiraron la querella.
16 junio 2009
El Procurador General anunció que dispuso seguridad especial al procurador adjunto Bolívar Sánchez y el coronel Alejandro Dipré Sierra, porque recibieron amenazas de muerte de parte de “Quirinito”. El imputado se desligó de la acusación y pidió reunirse con el Procurador General.
16 junio 2009
El Ministerio Público dijo que están desaparecidos los testigos del asesinato de Waikiki, Mario Piñeyro Florentino y Polanco Bautista, los cuales habían confesado que ayudaron a los imputados a ubicar al español.
23 junio 2009
El testigo Polanco Bautista fue presentado ante la jueza que conocía un anticipo de pruebas en el caso.
29 agosto 2009
El caso “Quirinito” fue enviado a juicio de fondo por la jueza de instrucción de San Cristóbal, Berenice Aquino.
1ro diciembre 2009
Inició audiencia de juicio de fondo en el Tribunal colegiado de San Cristóbal.
12 enero 2010
El Tribunal Colegiado dictó prisión preventiva a Pedro Castillo, variando la presentación periódica que tenía por el caso.
17 enero 2010
El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, acogió un habeas corpus de “Quirinito”, y ordenó su puesta en libertad.
4 febrero 2010
Fue reapresado luego de que la corte declaró inadmisible un recurso en contra del habeas corpus por considerar que la decisión es nula, porque el juez actuó fuera de su jurisdicción.
13 abril 2010
El tribunal Colegiado condenó a Pedro Castillo Paniagua a 30 años de prisión.
20 de junio 2011
La Corte de Apelación de San Cristóbal anuló la condena, y ordenó la celebración de un nuevo juicio, porque el tribunal de primera instancia no valoró correctamente las pruebas.
10 Octubre 2013
Fue condenado a 20 años de prisión por el Tribunal de San Cristóbal.
23 julio 2014
La Corte de Apelación ratifica la condena de 20 años.
05 mayo 2015
La Segunda Sala Penal de la SCJ rechaza el recurso de casación contra la sentencia, adquiriendo autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.
29 agosto 2016
El abogado Dawerkys Medrano Martínez solicita traslado del condenado.
29 septiembre 2016
El juez de Ejecución de la Pena de San Cristóbal ordena su traslado de la cárcel Najayo a Vista del Valle en San Francisco.
21 abril 2017
El abogado Dawerkys Medrano Martínez solicita variar cumplimiento de la pena.
26 mayo 2017
La jueza de Ejecución de San Francisco varía la reclusión por prisión domiciliaria por enfermedad terminal.
5 julio 2017
Médico legista certificó que Pedro Castillo Paniagua murió.
diariolibre.com
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.