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El Movimiento Verde desplaza del escenario opositor a los partidos
Al segundo gobierno del presidente Danilo Medina le ha tocado enfrentar una oposición social que tiene pocos precedentes en la historia reciente, el auge e impacto creciente del Movimiento Verde. La movilización social con su bandera “fin de la corrupción y la impunidad” tiene más impacto, protagonismo y efecto que la oposición que hacen los partidos políticos, especialmente de la organización que la encabeza, el Partido Revolucionario Moderno (PRM).
El Movimiento Verde, en casi seis meses que lleva de acción, ha logrado cinco marchas multitudinarias y movilizar ciudadanos de todos los estamentos sociales, en especial de la clase media, así como concitar el apoyo de las organizaciones políticas de la oposición, entidades de la sociedad civil organizada, como las iglesias, básicamente de figuras claves de la Iglesia católica como el obispo de Baní, monseñor Víctor Masalles.
¿Ese fenómeno es bueno o es malo para los partidos de oposición? De entrada es bueno, porque en primera instancia el descontento de la población lo cosecha el partido oficial, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Mientras que la oposición, en especial el PRM, podría capitalizar ese rechazo al PLD.
Sin embargo, a largo plazo si el PRM no traza una estrategia que vaya más allá del tema de la corrupción y la impunidad, podría quedarse corto ante las demandas de la población.
A esa realidad hay que agregar que el escándalo de corrupción de Odebrecht que sirvió de combustible al Movimiento Verde, no solo salpica al PLD, sino a otros partidos, como el Moderno y el Partido Revolucionario Dominicano.
De hecho, el presidente del PRM, Andrés Bautista; el secretario general de la organización, Jesús Vásquez Martínez, y el vocero de la bancada de diputados del PRM, Alfredo Pacheco, fueron citados por el procurador Jean Alain Rodríguez, como parte de las investigaciones que hace del caso.
¿Hasta dónde los partidos de oposición podrían capitalizar el impacto del Movimiento Verde? Los politólogos Freddy Ángel Castro y Marcos Villamán coinciden en el impacto del movimiento, pero difieren en si efectivamente la oposición partidista terminará beneficiada de las movilizaciones.
“La oposición tiene carencia de discurso y por consiguiente con incapacidad de hacer oposición consistente y eso genera un vacío y el Movimiento Verde lo que ha hecho es ocuparlo con temas sensibles de la agenda pública como es la corrupción y la impunidad y por eso se han hecho un canal para demandar atención”, explicó Villamán.
Sostuvo que la oposición ha intentado montarse en ese carro. “Estamos ante una oposición que ha encontrado un escenario para hacer oposición, sobre todo con la población de capa media que está reivindicando una modificación importante de la cultura política dominicana, pero va a depender de que los partidos de oposición sean capaces de superar la coyuntura y articular un discurso que vaya mucho más allá de la impunidad, pero si no tiene la capacidad de ofertar a la población una propuesta integral de transformación del país se quedará exactamente como está ahora, sin discurso”, dijo el catedrático.
Villamán agregó que la oposición política intenta sacar ventaja de esa coyuntura. “Pero la oposición no puede hacer oposición en reivindicar solo la impunidad y la corrupción, tiene que proponer un proyecto político que tenga que ver con la pobreza y la desigualdad, tiene que ser una agenda más amplia, y si no lo hace la población se dará cuenta que no tiene discurso y que por eso lo que han hecho es anclarse en la fuerza de un movimiento que no son ellos”, subrayó.
Freddy Ángel Castro sostuvo que una cosas es el movimiento social y otra los partidos políticos. “Al final del camino todas son luchas y demandas políticas, pero lo que tiene más impacto es el movimiento verde porque es una bandera política alrededor del debate en la corrupción y afecta al liderazgo político nacional y tiene consecuencias para el liderazgo político, pero principalmente para el gobierno”, expresó el catedrático.
Dijo que en este momento, el movimiento social tiene más fuerza que el movimiento de los partidos políticos. “No será negativo para el PRM. Lo que puede pasar es que una cantidad de funcionarios sean sometidos a la justicia y esa es una victoria política y quien va a recoger los frutos son los partidos de oposición que van a capitalizar el éxito de la lucha contra la corrupción”, dijo.
El especialista ilustró un escenario distinto y dijo que en caso de que no haya presión social el beneficiario sería el gobierno. “Si todo estuviera tranquilo, el que recoge los frutos de la tranquilidad política y de la gobernabilidad es el gobierno”, expresó. l
La oposición partidista pelea espacios de poder
Mientras el Movimiento Verde presiona al gobierno por el tema de la corrupción, los partidos de la oposición presionan en temas como la elección de los jueces del Tribunal Superior Electoral y la Suprema Corte de Justicia que inició el Consejo Nacional de la Magistratura. Igualmente, presionan por la ley de partidos y agrupaciones políticas que se discute en el Congreso Nacional y han advertido que el PLD supuestamente pretende hacerse un traje a la medida. La oposición partidista presionó al Congreso para la elección de los miembros de la Junta Central Electoral y en cierto modo logró su propósito. Los partidos de oposición, diez en total, demandaron del CNM que haga la elección de los jueces en un proceso público por televisión.
elcaribe.com.do
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Son imprescriptibles actos de corrupcion de exministros de Danilo Medina por tratarse de criminalidad organizada, dice MP.
Santo Domingo, R.D.-La titular de la Procuraduria Especializada de Persecucion de Corrupcion Administrativa (PEPCA), Mirna Ortiz, sostuvo al responderlle a la defensa del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, que la corrupción administrativa, como la que se le imputa al exfuncionario y a otros más de los gobiernos del expresidente Danilo Medina, «son casos de criminalidad organizada«, los cuales la ley establece que son «imprescriptibles».
Durante la continuación de la réplica ante el Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Ortiz sostuvo que la acusación contra Guerrero y los también exministros Gonzalo Peralta y José Ramón Peralta son procesos de criminalidad organizada porque «contienen todas y cada una de las características» de la criminalidad compleja u organizada.
Tiene la particularidad de ser «un grupo de funcionarios públicos que se coalicionan, que se asocian con empresarios, con testaferros, que pagan sobornos, que mueven activos, que falsifican documentos, que crean estrategias para estafar al Estado», aseveró.
Sostuvo que no solamente la Ley 10-05 del Código Procesal Penal, modificada por la 97-25, contempla que el crimen organizado es imprescriptible, también los tratados internacionales, a los cuales está suscrito la República Dominicana y que tienen el mismo imperio de la normativa local.
La procuradora adjunta manifestó también que, en cuanto al plazo razonable, la jurisprudencia y los acuerdos internacionales han concluido que la extinción de la acción penal no puede plantearse con un simple «conteo matemático» en casos de corrupción como los que se conocen actualmente en el país por la complejidad de estos procesos.
Las indagatorias por las que se llevó a los tribunales se hicieron en el 2021 por los hechos que se le cuestionan durante su gestión en el Ministerio de Hacienda, añadió Ortiz.
La titular de al Pepca citó que el Tribunal Constitucional, en su sentencia TC-0770-24 y la Corte Interamericana han establecido que, aunque los plazos están establecidos por ley, «hay condiciones y circunstancias que deben verificarse para establecer la razonabilidad de esos plazos. Dilaciones del proceso propias de la misma dinámica de los procesos», subrayó.
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La defensa del exministro de Hacienda aseguró que en la réplica que ha hecho el Ministerio Público no ha logrado presentar ni una sola prueba que otorgue posibilidad de que el exfuncionario sea condenado por las acusaciones.
María del Pilar Zuleta, del equipo de abogados de Guerrero, sostuvo que debe preocupar que el órgano acusador manifieste que el plazo para investigar en el proceso penal no tiene un límite, cuando no es así.
«El Código Procesal Penal le fija unos límites para investigar, especialmente cuando el ciudadano está sometido a medidas de coerción«, sostuvo Pilar Zuleta fuera del tribunal a periodistas.
Otro de los puntos que, según dice hay que cuestionar, es sobre que en la acusación no se deben depositar las pruebas, solo enunciarlas.
«Y estas dos afirmaciones del Ministerio Público son preocupantes porque demuestran que no están dispuestos a someterse al debido proceso para hacer sus acusaciones«, dijo la abogada.
San Francisco de Macorís.-Un médico general, identificado como Wilber Polanco Sanz, quien trabaja en una policlínica en el municipio de Las Guáranas, provincia Duarte, fue acusado de violar a una joven haitiana, de 20 años de edad, mientras acudió a ese centro a hacerse una sonografía.
La joven indicó que después de que el doctor le introdujo el transductor endovaginal y le informó que no estaba embarazada, le dijo que tenía “una enfermedad, no sé cómo se llama, unos cositos y él me dijo que no es peligroso», que me pondría unos medicamentos y se me iban a quitar. «Después él dijo que me volteara encima de la cama”, y supuestamente abusó de ella diciéndole que “era un procedimiento normal”.
Tras la acción, dijo que el galeno la amenazó con llamar a Migración si informaba lo ocurrido.
De acuerdo a la fiscal de la Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, Sandra Sierra Difó, el galeno tiene tres denuncias por haber violado a otras mujeres, por lo que, al intercambiar información con el cuerpo del orden, fue detenido.
Al ser cuestionado sobre las acusaciones, Polanco Sanz negó los hechos y dijo que la joven que supuestamente es evangélica no sabía que para el estudio había que introducirle un aparato por su vagina.
“Ella parece que es evangélica y sintió vergüenza y se tapó la cara”. “Le introduzco el transductor, le hago el estudio y le entrego su estudio; la secretaria se lo entra en un sobre y la paciente sale muy normal”, dijo.
“Ahora díganme ustedes, ¿una persona a la que uno haya intentado abusar de ella, como ella dice, que yo me desnudé, que la violé, que le introduje los dedos, va a salir caminando normal? Yo tengo todo grabado; ella puede decir que hasta la cabeza le introduje, pero es su palabra contra la mía; yo tengo cámaras, que dicen cómo salió ella de allá”, sostuvo Polanco.
De acuerdo a la fiscal, se están realizando todas las investigaciones necesarias para sustentar el caso. El profesional de la salud será sometido a la justicia en las próximas horas.
SANTO DOMINGO.-Mirna Ortiz, procuradora de corte, sostuvo este miércoles que la defensa del acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez se muestra desordenada y continúa presentando argumentos débiles frente a las pruebas aportadas por el Ministerio Público en el proceso judicial que se lleva en su contra por corrupción administrativa.
“Tenemos tres días escuchando incidentes planteados de forma desorganizada, que no permiten al tribunal concretar ciertamente cuáles son las pretensiones de las partes y el tribunal dio un plazo hasta el miércoles a las 2:00 de la tarde para que organicen su estrategia y se presenten de forma organizada en el tribunal”, dijo la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Mirna Ortiz, quien representó al Ministerio Público en la audiencia junto a los fiscales Emmanuel Ramírez y Aurelio Valdez, ofreció detalles del proceso en respuesta a preguntas de periodistas que cubren el juicio que se ventila en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
En la jornada de este miércoles la defensa del acusado Alfredo Solano Augusto continuó presentando incidentes.
Conforme al expediente, Rodríguez Sánchez malversó más de RD$6,000 millones mediante procesos fraudulentos entre 2016 y 2020, años en que se desempeñó como procurador General de la República.
También, Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames.
Jean Alain Rodríguez Sánchez y los demás procesados enfrentan cargos por corrupción, incluyendo soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos.