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El Movimiento Verde desplaza del escenario opositor a los partidos
Al segundo gobierno del presidente Danilo Medina le ha tocado enfrentar una oposición social que tiene pocos precedentes en la historia reciente, el auge e impacto creciente del Movimiento Verde. La movilización social con su bandera “fin de la corrupción y la impunidad” tiene más impacto, protagonismo y efecto que la oposición que hacen los partidos políticos, especialmente de la organización que la encabeza, el Partido Revolucionario Moderno (PRM).
El Movimiento Verde, en casi seis meses que lleva de acción, ha logrado cinco marchas multitudinarias y movilizar ciudadanos de todos los estamentos sociales, en especial de la clase media, así como concitar el apoyo de las organizaciones políticas de la oposición, entidades de la sociedad civil organizada, como las iglesias, básicamente de figuras claves de la Iglesia católica como el obispo de Baní, monseñor Víctor Masalles.
¿Ese fenómeno es bueno o es malo para los partidos de oposición? De entrada es bueno, porque en primera instancia el descontento de la población lo cosecha el partido oficial, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Mientras que la oposición, en especial el PRM, podría capitalizar ese rechazo al PLD.
Sin embargo, a largo plazo si el PRM no traza una estrategia que vaya más allá del tema de la corrupción y la impunidad, podría quedarse corto ante las demandas de la población.
A esa realidad hay que agregar que el escándalo de corrupción de Odebrecht que sirvió de combustible al Movimiento Verde, no solo salpica al PLD, sino a otros partidos, como el Moderno y el Partido Revolucionario Dominicano.
De hecho, el presidente del PRM, Andrés Bautista; el secretario general de la organización, Jesús Vásquez Martínez, y el vocero de la bancada de diputados del PRM, Alfredo Pacheco, fueron citados por el procurador Jean Alain Rodríguez, como parte de las investigaciones que hace del caso.
¿Hasta dónde los partidos de oposición podrían capitalizar el impacto del Movimiento Verde? Los politólogos Freddy Ángel Castro y Marcos Villamán coinciden en el impacto del movimiento, pero difieren en si efectivamente la oposición partidista terminará beneficiada de las movilizaciones.
“La oposición tiene carencia de discurso y por consiguiente con incapacidad de hacer oposición consistente y eso genera un vacío y el Movimiento Verde lo que ha hecho es ocuparlo con temas sensibles de la agenda pública como es la corrupción y la impunidad y por eso se han hecho un canal para demandar atención”, explicó Villamán.
Sostuvo que la oposición ha intentado montarse en ese carro. “Estamos ante una oposición que ha encontrado un escenario para hacer oposición, sobre todo con la población de capa media que está reivindicando una modificación importante de la cultura política dominicana, pero va a depender de que los partidos de oposición sean capaces de superar la coyuntura y articular un discurso que vaya mucho más allá de la impunidad, pero si no tiene la capacidad de ofertar a la población una propuesta integral de transformación del país se quedará exactamente como está ahora, sin discurso”, dijo el catedrático.
Villamán agregó que la oposición política intenta sacar ventaja de esa coyuntura. “Pero la oposición no puede hacer oposición en reivindicar solo la impunidad y la corrupción, tiene que proponer un proyecto político que tenga que ver con la pobreza y la desigualdad, tiene que ser una agenda más amplia, y si no lo hace la población se dará cuenta que no tiene discurso y que por eso lo que han hecho es anclarse en la fuerza de un movimiento que no son ellos”, subrayó.
Freddy Ángel Castro sostuvo que una cosas es el movimiento social y otra los partidos políticos. “Al final del camino todas son luchas y demandas políticas, pero lo que tiene más impacto es el movimiento verde porque es una bandera política alrededor del debate en la corrupción y afecta al liderazgo político nacional y tiene consecuencias para el liderazgo político, pero principalmente para el gobierno”, expresó el catedrático.
Dijo que en este momento, el movimiento social tiene más fuerza que el movimiento de los partidos políticos. “No será negativo para el PRM. Lo que puede pasar es que una cantidad de funcionarios sean sometidos a la justicia y esa es una victoria política y quien va a recoger los frutos son los partidos de oposición que van a capitalizar el éxito de la lucha contra la corrupción”, dijo.
El especialista ilustró un escenario distinto y dijo que en caso de que no haya presión social el beneficiario sería el gobierno. “Si todo estuviera tranquilo, el que recoge los frutos de la tranquilidad política y de la gobernabilidad es el gobierno”, expresó. l
La oposición partidista pelea espacios de poder
Mientras el Movimiento Verde presiona al gobierno por el tema de la corrupción, los partidos de la oposición presionan en temas como la elección de los jueces del Tribunal Superior Electoral y la Suprema Corte de Justicia que inició el Consejo Nacional de la Magistratura. Igualmente, presionan por la ley de partidos y agrupaciones políticas que se discute en el Congreso Nacional y han advertido que el PLD supuestamente pretende hacerse un traje a la medida. La oposición partidista presionó al Congreso para la elección de los miembros de la Junta Central Electoral y en cierto modo logró su propósito. Los partidos de oposición, diez en total, demandaron del CNM que haga la elección de los jueces en un proceso público por televisión.
elcaribe.com.do
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Juez evaluará este miércoles solicitud de Pepca para extender investigación del caso Senasa.
Santo Domingo, R.D.-Deiby Peguero, juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fijó para este miércoles el conocimiento de la solicitud de prórroga de cuatro meses presentada por el Ministerio Público para concluir la investigación y depositar la acusación contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Marcelo Hazim, y los demás implicados en el caso Cobra.
La solicitud de prórroga fue depositada por fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el propósito de analizar minuciosamente las evidencias recabadas durante allanamiento. Así lo informó recientemente el procurador adjunto, Wilson Camacho.
Camacho indicó que la institución cuenta con un equipo especializado dedicado al estudio del contenido de 16,800 cajas de documentos ocupadas durante los recientes operativos de intervención como parte de la investigación que realiza del caso.
El exdirector de SeNaSa, Santiago Marcelo Hazim, junto a otros imputados, es señalado de conformar una estructura criminal que habría perpetrado un desfalco superior a RD$15 mil millones en perjuicio del Estado dominicano, a través de la entidad pública de salud.
Además de Hazim, figuran como imputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes cumplen distintas medidas de coerción impuestas en diciembre de 2025.
Santo Domingo, R.D.-Jhovanny de Jesus Metz Crus, conocido como «Macho», señalado como el principal sospechoso de la muerte del conductor Deivy Carlos Abreu Quezada, quien falleció luego de ser atacado por una turba de motociclistas durante una persecución, fue apresado en Jamaica.
La información fue confirmada a Diario Libre por una fuente de la Procuraduría General de la República (PGR).
De acuerdo con las investigaciones, «Macho» habría sido quien presuntamente propinó varias estocadas a Abreu Quezada durante el ataque ocurrido el pasado 17 de abril en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, donde la víctima intentó refugiarse tras ser perseguida durante varios kilómetros por un grupo de motociclistas.
En principio, se informó que la persecución se produjo a raíz de un incidente de tránsito.
Posteriormente, trascendió que la agresión habría sido motivada por una presunta deuda económica que el conductor mantenía con sus atacantes.
Visado a JamaicaEn marzo pasado, Jamaica eliminó el requisito de visa para los dominicanos que viajen a ese país por turismo o negocio por un periodo de 180 días.
Mets Cruz también enfrenta un proceso judicial por las heridas de bala ocasionadas en 2023 al sargento de la Policía Nacional Christopher Almánzar García, adscrito a la unidad SWAT.
El imputado no se presentó al juicio de fondo pautado para el miércoles 20 de mayo ante el Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago, por lo que la sala ordenó declararlo en rebeldía y activar las consecuencias legales correspondientes.
En ese expediente, Mets Cruz enfrenta acusaciones por intento de homicidio y asociación de malhechores.
El hecho ocurrió el 7 de mayo de 2023 en el sector El Ejido, de Santiago.
Durante el incidente, el sargento Almánzar García sufrió fracturas en el fémur y la rodilla izquierda, mientras que su sobrino, Jeison Willian Almánzar Núñez, resultó herido en la pierna izquierda cuando intentaba auxiliarlo.
Según las informaciones ofrecidas en el tribunal, Mets Cruz cumplía medidas de coerción consistentes en presentación periódica, impedimento de salida del país y orden de alejamiento de las víctimas.
Tras su incomparecencia al juicio, el tribunal dispuso su declaratoria en rebeldía, mientras las autoridades activaron su búsqueda.
Ahora, con su detención en Jamaica, las autoridades dominicanas deberán realizar las gestiones correspondientes para establecer su eventual retorno al país y que responda ante la justicia por los procesos que tiene pendientes.
Formalmente no hay un tratado de extradición entre República Dominicana y Jamaica. El intercambio judicial y la colaboración policial se apoyan en organismos internacionales como Interpol.
Santo Domingo, R.D.-Declaro inadmisible el Tribunal Constitucional (TC) por notoria improcedencia, la acción de amparo interpuesta por el empresario Alexander Montilla Sierra, con la que pretendía suspender un proceso de embargo inmobiliario en su contra y obtener la reposición de los plazos procesales de dicho caso.
La Alta Corte, mediante la sentencia TC/0784/26, tomó la decisión al rechazar la acción presentada por el cuñado del expresidente Danilo Medina contra la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la señora Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
La decisión fue aprobada por la mayoría de los jueces del pleno. Por su parte, el magistrado José Alejandro Vargas se inhibió de participar en la deliberación y el fallo, debido a que intervino en el proceso en su anterior condición de juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, cuando conoció una medida de coerción vinculada al caso penal.
El caso se remonta a una investigación de la PEPCA dirigida contra Alexander Montilla Sierra y su hermano Maxy Gerardo, junto a otras personas físicas y jurídicas. Las indagatorias se originaron en una de las líneas de investigación de la Operación Antipulpo, por presuntos actos de corrupción y lavado de activos relacionados con contratos públicos y licitaciones irregulares.
En esas pesquisas, la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, autorizó entre diciembre de 2020 y enero de 2021 la inmovilización de fondos y la oposición a transferencias de bienes muebles e inmuebles de los investigados.
Según el expediente, estas medidas dejaron a Alexander Montilla Sierra sin capacidad para disponer de su patrimonio, impidiéndole honrar un pagaré notarial por RD$20,000,000.00 suscrito en 2018 con Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
Ante el incumplimiento de pago, Castillo de los Santos inició en 2021 un proceso de embargo inmobiliario sobre dos propiedades de Montilla Sierra: una unidad en el condominio Terrazas del Mirador II y un apartamento en el condominio Karla I.
Tras un acuerdo de colaboración entre Maxy Montilla y la PEPCA, la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción autorizó, mediante auto del 12 de diciembre de 2025, el levantamiento parcial de las oposiciones e inmovilizaciones. La PEPCA tramitó la ejecución de dicha orden ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Superintendencia de Bancos el 30 de diciembre de 2025.
El 6 de febrero de 2026 antes de tener conocimiento formal del levantamiento, notificado por la DGII el 17 de febrero, Alexander Montilla interpuso una acción de amparo en la que solicitó la publicidad registral de las oposiciones, la suspensión del embargo inmobiliario y la reposición de los plazos procesales.
La Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional declaró inadmisible dicha acción el 3 de marzo de 2026 (Sentencia núm. 037-2026-SSEN-00109), al considerar que había perdido su objeto tras el levantamiento parcial de las medidas.
Montilla Sierra recurrió el fallo ante el Tribunal Constitucional alegando vulneraciones al debido proceso, la tutela judicial efectiva, el derecho de propiedad, la igualdad de armas y el principio de inviolabilidad de las nulidades constitucionales, entre otros.
El TC coincidió en que la sentencia de primera instancia era errónea, pero por una razón distinta a la planteada por el recurrente: consideró que el juez de amparo no debió declarar la inadmisibilidad por «falta de objeto», sino por «notoria improcedencia». Esto se apoya en su jurisprudencia reiterada, la cual establece que el amparo no puede utilizarse para suspender, modificar o dejar sin efecto decisiones dictadas por otro tribunal en un proceso judicial ordinario en curso.
En consecuencia, el TC revocó la sentencia recurrida y, actuando directamente sobre el fondo de la acción original, concluyó que las pretensiones de Montilla Sierra excedían el ámbito del amparo. De concederlas, el juez constitucional estaría sustituyendo a la jurisdicción ordinaria en la conducción de un proceso iniciado desde el año 2021.
El tribunal señaló que cualquier objeción sobre la falta de publicidad de las oposiciones administrativas debió plantearse oportunamente ante el propio juez del embargo, mediante los mecanismos procesales correspondientes.
Cabe destacar que el Ministerio Público obtuvo la homologación de un acuerdo bajo el criterio de oportunidad, mediante el cual Maxy Gerardo Montilla Sierra y un grupo de sus empresas aceptaron su responsabilidad penal y autorizaron el decomiso de RD$2,000 millones en efectivo a favor del Estado dominicano.
El acuerdo, homologado por el juez Raymundo Mejía del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, compromete a Montilla a pagar una indemnización de RD$600 millones a las distribuidoras de electricidad EdeEste, EdeSur y EdeNorte, en resarcimiento por los perjuicios ocasionados.
Asimismo, contempla la disolución en un plazo de dos años de las empresas Transformadores Solomon Dominicana, S.A.S., Electrocable Aluconsa, S.A.S., NSD, Importaciones Diversas, SRL, Distribuidora de Materiales Eléctricos FEE, SRL, Distribuidora Eléctrica Henan Jinshui, SRL, Importadora Eaglerise, SRL, TLC Negocios Globales, SRL, Watmax Lighting, SRL, Herrajes Eléctricos RPC, SRL, y MG Solomon Corporation.
También fija el pago de RD$431,816,307.90 a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y el decomiso de un terreno de 200.18 metros cuadrados ubicado en la avenida Roberto Pastoriza núm. 2, Ensanche Naco, valorado en RD$50,901,692.13.
Por el caso Antipulpo, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, a siete años de prisión en el centro penitenciario de Najayo.
La decisión fue recurrida y está pendiente de revisión para el próximo 8 de septiembre en la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Otros imputados recibieron penas menores y algunos fueron declarados noculpables, entre ellos Magaly Medina.