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El Movimiento Verde desplaza del escenario opositor a los partidos
Al segundo gobierno del presidente Danilo Medina le ha tocado enfrentar una oposición social que tiene pocos precedentes en la historia reciente, el auge e impacto creciente del Movimiento Verde. La movilización social con su bandera “fin de la corrupción y la impunidad” tiene más impacto, protagonismo y efecto que la oposición que hacen los partidos políticos, especialmente de la organización que la encabeza, el Partido Revolucionario Moderno (PRM).
El Movimiento Verde, en casi seis meses que lleva de acción, ha logrado cinco marchas multitudinarias y movilizar ciudadanos de todos los estamentos sociales, en especial de la clase media, así como concitar el apoyo de las organizaciones políticas de la oposición, entidades de la sociedad civil organizada, como las iglesias, básicamente de figuras claves de la Iglesia católica como el obispo de Baní, monseñor Víctor Masalles.
¿Ese fenómeno es bueno o es malo para los partidos de oposición? De entrada es bueno, porque en primera instancia el descontento de la población lo cosecha el partido oficial, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Mientras que la oposición, en especial el PRM, podría capitalizar ese rechazo al PLD.
Sin embargo, a largo plazo si el PRM no traza una estrategia que vaya más allá del tema de la corrupción y la impunidad, podría quedarse corto ante las demandas de la población.
A esa realidad hay que agregar que el escándalo de corrupción de Odebrecht que sirvió de combustible al Movimiento Verde, no solo salpica al PLD, sino a otros partidos, como el Moderno y el Partido Revolucionario Dominicano.
De hecho, el presidente del PRM, Andrés Bautista; el secretario general de la organización, Jesús Vásquez Martínez, y el vocero de la bancada de diputados del PRM, Alfredo Pacheco, fueron citados por el procurador Jean Alain Rodríguez, como parte de las investigaciones que hace del caso.
¿Hasta dónde los partidos de oposición podrían capitalizar el impacto del Movimiento Verde? Los politólogos Freddy Ángel Castro y Marcos Villamán coinciden en el impacto del movimiento, pero difieren en si efectivamente la oposición partidista terminará beneficiada de las movilizaciones.
“La oposición tiene carencia de discurso y por consiguiente con incapacidad de hacer oposición consistente y eso genera un vacío y el Movimiento Verde lo que ha hecho es ocuparlo con temas sensibles de la agenda pública como es la corrupción y la impunidad y por eso se han hecho un canal para demandar atención”, explicó Villamán.
Sostuvo que la oposición ha intentado montarse en ese carro. “Estamos ante una oposición que ha encontrado un escenario para hacer oposición, sobre todo con la población de capa media que está reivindicando una modificación importante de la cultura política dominicana, pero va a depender de que los partidos de oposición sean capaces de superar la coyuntura y articular un discurso que vaya mucho más allá de la impunidad, pero si no tiene la capacidad de ofertar a la población una propuesta integral de transformación del país se quedará exactamente como está ahora, sin discurso”, dijo el catedrático.
Villamán agregó que la oposición política intenta sacar ventaja de esa coyuntura. “Pero la oposición no puede hacer oposición en reivindicar solo la impunidad y la corrupción, tiene que proponer un proyecto político que tenga que ver con la pobreza y la desigualdad, tiene que ser una agenda más amplia, y si no lo hace la población se dará cuenta que no tiene discurso y que por eso lo que han hecho es anclarse en la fuerza de un movimiento que no son ellos”, subrayó.
Freddy Ángel Castro sostuvo que una cosas es el movimiento social y otra los partidos políticos. “Al final del camino todas son luchas y demandas políticas, pero lo que tiene más impacto es el movimiento verde porque es una bandera política alrededor del debate en la corrupción y afecta al liderazgo político nacional y tiene consecuencias para el liderazgo político, pero principalmente para el gobierno”, expresó el catedrático.
Dijo que en este momento, el movimiento social tiene más fuerza que el movimiento de los partidos políticos. “No será negativo para el PRM. Lo que puede pasar es que una cantidad de funcionarios sean sometidos a la justicia y esa es una victoria política y quien va a recoger los frutos son los partidos de oposición que van a capitalizar el éxito de la lucha contra la corrupción”, dijo.
El especialista ilustró un escenario distinto y dijo que en caso de que no haya presión social el beneficiario sería el gobierno. “Si todo estuviera tranquilo, el que recoge los frutos de la tranquilidad política y de la gobernabilidad es el gobierno”, expresó. l
La oposición partidista pelea espacios de poder
Mientras el Movimiento Verde presiona al gobierno por el tema de la corrupción, los partidos de la oposición presionan en temas como la elección de los jueces del Tribunal Superior Electoral y la Suprema Corte de Justicia que inició el Consejo Nacional de la Magistratura. Igualmente, presionan por la ley de partidos y agrupaciones políticas que se discute en el Congreso Nacional y han advertido que el PLD supuestamente pretende hacerse un traje a la medida. La oposición partidista presionó al Congreso para la elección de los miembros de la Junta Central Electoral y en cierto modo logró su propósito. Los partidos de oposición, diez en total, demandaron del CNM que haga la elección de los jueces en un proceso público por televisión.
elcaribe.com.do
Santo Domingo, R.D.-Un decomiso maritimo de drogas, uno de los mayores que se producen en el pais, logró la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) la madrugada del pasado contra el narcotráfico en la República Dominicana, producido al sur de Baní en colaboración con Estados Unidos.
El cargamento, que se estima podría superar las dos toneladas, era transportado en una lancha rápida procedente de zona de la Guajira, Colombia. Tras la interdicción, la droga fue trasladada a la base militar de Caldera, en Baní, donde quedó bajo custodia de los organismos de seguridad para los análisis y el proceso judicial correspondiente.
En la operación fueron detenidos seis tripulantes, todos de nacionalidad dominicana.
Su geografía (costas extensas, escasa presencia estatal en amplias áreas y cercanía relativa a rutas marítimas internacionales) ha sido aprovechada por organizaciones criminales para enviar cargamentos hacia Centroamérica y el Caribe, desde donde posteriormente se dirigen al mercado norteamericano.
Autoridades antinarcóticos sostienen que el uso de lanchas rápidas es una modalidad frecuente: embarcaciones livianas, de gran potencia y difícil detección que intentan atravesar el Caribe en pocas horas, para evadir los sistemas de vigilancia.
Según informes la detención fue posible gracias al intercambio de información entre agencias, especialmente datos suministrados por Estados Unidos a los organismos dominicanos, lo que permitió ubicar la embarcación antes de su llegada a nuestro territorio.
Destacan que la cooperación bilateral continúa activa, pese a la suspensión temporal anunciada la semana pasada por la embajada estadounidense respecto a la oficina local de la DEA. Esa medida, según se explicó, no implicó el cese de operaciones conjuntas, sino la separación provisional de agentes bajo investigación por un presunto fraude vinculado al programa de visas.
O sea, los mecanismos de asistencia técnica, intercambio de datos e interdicción marítima permanecen en funcionamiento.
El pasado sábado las autoridades del Ministerio Público y de la DNCD también informaron que persiguen a tres hombres, incluyendo a dos haitianos, en relación a un gran cultivo de marihuana desmantelado en un amplio operativo de seguimiento y vigilancia en un área montañosa de Baní, provincia Peravia.
El operativo se desarrolló con un equipo de fiscales y agentes de la DNCD que contaron con el apoyo de agencias de inteligencia del Estado y helicópteros de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD).
Las labores de inteligencia llevaron a determinar que varios individuos se dedicaban al cultivo y venta del vegetal, lo cual llevó a poner en marcha un amplio operativo aéreo y terrestre en la zona montañosa de la sección Montería, Baní.
Santo Domingo, R.D.-Un nuevo reglamento emitió la Junta Central Electoral (JCE) mediante el cual busca regular las afiliaciones y desafiliaciones de los partidos.
Las disposiciones generales señalan que el plazo anual establecido para la entrega de duplicados de los registros de afiliados actualizados de los miembros de los partidos, agrupaciones o movimientos políticos será cada día uno de agosto o el siguiente día hábil, a partir del año 2026.
El reglamento señala que los partidos tendrán la potestad de decidir el procedimiento de registro de sus afiliados, a través de una plataforma digital desarrollada por estos (la cual deberá ser compatible con la JCE y cuya utilización deberá ser notificada por escrito) o de utilizar la plataforma digital desarrollada por el órgano electoral.
El mismo, aprobado por el pleno encabezado por su presidente Román Jáquez Liranzo, la JCE, de común acuerdo con las organizaciones políticas, podrá incorporar las medidas que considere oportunas o necesarias para implementar las iniciativas que faciliten el proceso de afiliación y la comprobación del mismo, incluyendo pruebas de vida técnicamente disponibles en la institución.
La Junta Central Electoral, una vez reciba los registros de afiliados, realizará los cruces pertinentes, para determinar que los mismos cumplen con lo establecido en este artículo y comunicarlo a las respectivas organizaciones.
“La JCE entregará a más tardar cinco días laborables las observaciones detalladas de los casos con los/las ciudadanos/as que no reunieron los requisitos para pertenecer a una organización política”, reseña el documento.
La JCE establece que para afiliarse a un partido, agrupación o movimiento político se requiere ser ciudadano inscrito y habilitado en el Padrón Electoral.
Mientras que no podrán afiliarse a partidos, agrupaciones o movimientos políticos los militares o miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como los jueces del Poder Judicial, Tribunal Superior Electoral (TSE) y Tribunal Constitucional. Tampoco podrán afiliarse los representantes del Ministerio Público, miembros, funcionarios y colaboradores de JCE, juntas electorales, miembros de la Cámara de Cuentas, el Defensor del Pueblo y adjuntos.
Cuando los aspirantes ingresen a esos órganos previamente señalados, deberán presentar una declaración jurada sobre el hecho de estar o no afiliados a un partido, agrupación o movimiento político, con cuya declaración, la institución o el organismo correspondiente, comunicará por escrito tal circunstancia a la JCE y esta al partido, agrupación o movimiento político que corresponda, el cual procederá a cancelar la afiliación de la persona a la organización política.
La afiliación a otro partido, agrupación o movimiento político, el apoyo a otra candidatura contraria, la participación en actividades o la aceptación de candidaturas por otras organizaciones implicarán la renuncia automática a toda afiliación anterior.
“Hacer pronunciamientos en contra de candidaturas de elección popular postuladas por su partido, no producirán la renuncia automática de los militantes que procedieren y que, en caso de que la entidad política en que militan pretendiere sancionarlos, la sanción impuesta solo será válida si fuere dictada con ocasión de un juicio disciplinario llevado a cabo con observancia de las garantías del debido proceso”, indica el documento.
El documento señala que todo afiliado a un partido, agrupación o movimiento político podrá renunciar a él, en cualquier momento, sin expresión de causa.
“La renuncia producirá la desafiliación por el solo hecho de ser presentada al presidente del partido, agrupación o movimiento político, de la cual remitirá copia a través de la Plataforma Digital dispuesta por la Junta Central Electoral dentro de los 30 días calendarios a la fecha de su recepción”, dice la propuesta.
Por igual se indica los afiliados podrá renunciar, en cualquier momento, sin expresión de causa.
La renuncia producirá la desafiliación por el solo hecho de ser presentada al presidente del partido, agrupación o movimiento político, de la cual remitirá copia a través de la Plataforma Digital dispuesta por JCE dentro de los 30 días calendarios a la fecha de su recepción o ante el órgano electoral, quien remitirá copia y el debido reporte con los datos personales de los renunciantes cada 30 días calendario a los partidos, agrupaciones o movimientos políticos correspondientes.
El reglamento realizado por el órgano electoral indica que los partidos, agrupaciones o movimientos políticos realizarán el procedimiento de registro a través de la Plataforma Digital habilitada en la página web de la JCE.
La Dirección de Partidos Políticos otorgará un acceso a cada organización política que haya decidido utilizar la plataforma de la JCE, la cual operará a través y bajo la responsabilidad de un/a Administrador/a, quien tendrá a su cargo crear el/los usuarios/s necesarios para sus registros.
“Los partidos, agrupaciones o movimientos políticos usuarios de la referida plataforma, mediante instancia firmada por su presidente o secretario general, designarán un Administrador/a que será la persona autorizada y responsable de crear el/los usuario/s necesarios para realizar sus registros a través de la Plataforma Digital. El/La Delegado/a Político/a será el/la encargado/a de tramitar dicha designación ante la Junta Central Electoral”, señala el nuevo reglamento.
La plataforma de la JCE operará de forma permanente. En el caso de que la Junta Central Electoral requiera suspender temporalmente dicha Plataforma, se informará por los medios correspondientes a los partidos.
El formato establecido para la entrega del Registro de Afiliaciones, en cumplimiento con lo indicado en la Ley núm. 33-18, contendrá el logo y nombre del Partido, Agrupación o Movimiento Político; el Nombre del/ de la afiliado/a o desafiliado/a; la Cédula de Identidad y Electoral; el municipio /Distrito Municipal que corresponda; el código de circunscripción; la fecha de afiliación y la documentación soporte de las afiliaciones o desafiliaciones.
Santo Domingo, R.D.-Este lunes la Fuerza de Tarea Conjunta descartó hablar sobre el caso del exsupervisor dominicano de la Administración de Control de Drogas (DEA) en Santo Domingo durante la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana que encabezó el presidente Luis Abinader.
Raful respondió a una pregunta de uno de los periodistas durante la conferencia de prensa celebrada después de la reunión en el Palacio de la Policía Nacional. La funcionaria no amplió sus comentarios sobre este caso.
También asesoraba a las personas en la preparación de su entrevista de visa con funcionarios consulares estadounidenses.
“Cordero se reunió con un ciudadano extranjero y le proporcionó un pasaporte y una visa que le permitían viajar a Estados Unidos a cambio de dinero”, reveló la fiscalía.
Cordero “presuntamente recibió miles de dólares a cambio de ayudar a ciudadanos extranjeros a obtener un visado de no inmigrante que les permitiría visitar Estados Unidos por un período temporal”, indicó la fiscalía federal.
Cordero, de 47 años, estuvo asignado durante seis años a la embajada estadounidense en el país.
“Es una violación repugnante y deshonrada de la confianza pública usar el cargo oficial para beneficio propio. No toleraré ni siquiera la percepción de corrupción en ningún lugar de la Embajada que dirijo”, añadió.
En 2024, el presidente Abinader otorgó la condecoración de la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella en el Grado de Caballero a Cordero, según el decreto 520-24 archivado en la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.