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El Movimiento Verde desplaza del escenario opositor a los partidos
Al segundo gobierno del presidente Danilo Medina le ha tocado enfrentar una oposición social que tiene pocos precedentes en la historia reciente, el auge e impacto creciente del Movimiento Verde. La movilización social con su bandera “fin de la corrupción y la impunidad” tiene más impacto, protagonismo y efecto que la oposición que hacen los partidos políticos, especialmente de la organización que la encabeza, el Partido Revolucionario Moderno (PRM).
El Movimiento Verde, en casi seis meses que lleva de acción, ha logrado cinco marchas multitudinarias y movilizar ciudadanos de todos los estamentos sociales, en especial de la clase media, así como concitar el apoyo de las organizaciones políticas de la oposición, entidades de la sociedad civil organizada, como las iglesias, básicamente de figuras claves de la Iglesia católica como el obispo de Baní, monseñor Víctor Masalles.
¿Ese fenómeno es bueno o es malo para los partidos de oposición? De entrada es bueno, porque en primera instancia el descontento de la población lo cosecha el partido oficial, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Mientras que la oposición, en especial el PRM, podría capitalizar ese rechazo al PLD.
Sin embargo, a largo plazo si el PRM no traza una estrategia que vaya más allá del tema de la corrupción y la impunidad, podría quedarse corto ante las demandas de la población.
A esa realidad hay que agregar que el escándalo de corrupción de Odebrecht que sirvió de combustible al Movimiento Verde, no solo salpica al PLD, sino a otros partidos, como el Moderno y el Partido Revolucionario Dominicano.
De hecho, el presidente del PRM, Andrés Bautista; el secretario general de la organización, Jesús Vásquez Martínez, y el vocero de la bancada de diputados del PRM, Alfredo Pacheco, fueron citados por el procurador Jean Alain Rodríguez, como parte de las investigaciones que hace del caso.
¿Hasta dónde los partidos de oposición podrían capitalizar el impacto del Movimiento Verde? Los politólogos Freddy Ángel Castro y Marcos Villamán coinciden en el impacto del movimiento, pero difieren en si efectivamente la oposición partidista terminará beneficiada de las movilizaciones.
“La oposición tiene carencia de discurso y por consiguiente con incapacidad de hacer oposición consistente y eso genera un vacío y el Movimiento Verde lo que ha hecho es ocuparlo con temas sensibles de la agenda pública como es la corrupción y la impunidad y por eso se han hecho un canal para demandar atención”, explicó Villamán.
Sostuvo que la oposición ha intentado montarse en ese carro. “Estamos ante una oposición que ha encontrado un escenario para hacer oposición, sobre todo con la población de capa media que está reivindicando una modificación importante de la cultura política dominicana, pero va a depender de que los partidos de oposición sean capaces de superar la coyuntura y articular un discurso que vaya mucho más allá de la impunidad, pero si no tiene la capacidad de ofertar a la población una propuesta integral de transformación del país se quedará exactamente como está ahora, sin discurso”, dijo el catedrático.
Villamán agregó que la oposición política intenta sacar ventaja de esa coyuntura. “Pero la oposición no puede hacer oposición en reivindicar solo la impunidad y la corrupción, tiene que proponer un proyecto político que tenga que ver con la pobreza y la desigualdad, tiene que ser una agenda más amplia, y si no lo hace la población se dará cuenta que no tiene discurso y que por eso lo que han hecho es anclarse en la fuerza de un movimiento que no son ellos”, subrayó.
Freddy Ángel Castro sostuvo que una cosas es el movimiento social y otra los partidos políticos. “Al final del camino todas son luchas y demandas políticas, pero lo que tiene más impacto es el movimiento verde porque es una bandera política alrededor del debate en la corrupción y afecta al liderazgo político nacional y tiene consecuencias para el liderazgo político, pero principalmente para el gobierno”, expresó el catedrático.
Dijo que en este momento, el movimiento social tiene más fuerza que el movimiento de los partidos políticos. “No será negativo para el PRM. Lo que puede pasar es que una cantidad de funcionarios sean sometidos a la justicia y esa es una victoria política y quien va a recoger los frutos son los partidos de oposición que van a capitalizar el éxito de la lucha contra la corrupción”, dijo.
El especialista ilustró un escenario distinto y dijo que en caso de que no haya presión social el beneficiario sería el gobierno. “Si todo estuviera tranquilo, el que recoge los frutos de la tranquilidad política y de la gobernabilidad es el gobierno”, expresó. l
La oposición partidista pelea espacios de poder
Mientras el Movimiento Verde presiona al gobierno por el tema de la corrupción, los partidos de la oposición presionan en temas como la elección de los jueces del Tribunal Superior Electoral y la Suprema Corte de Justicia que inició el Consejo Nacional de la Magistratura. Igualmente, presionan por la ley de partidos y agrupaciones políticas que se discute en el Congreso Nacional y han advertido que el PLD supuestamente pretende hacerse un traje a la medida. La oposición partidista presionó al Congreso para la elección de los miembros de la Junta Central Electoral y en cierto modo logró su propósito. Los partidos de oposición, diez en total, demandaron del CNM que haga la elección de los jueces en un proceso público por televisión.
elcaribe.com.do
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.