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El Movimiento Verde desplaza del escenario opositor a los partidos
Al segundo gobierno del presidente Danilo Medina le ha tocado enfrentar una oposición social que tiene pocos precedentes en la historia reciente, el auge e impacto creciente del Movimiento Verde. La movilización social con su bandera “fin de la corrupción y la impunidad” tiene más impacto, protagonismo y efecto que la oposición que hacen los partidos políticos, especialmente de la organización que la encabeza, el Partido Revolucionario Moderno (PRM).
El Movimiento Verde, en casi seis meses que lleva de acción, ha logrado cinco marchas multitudinarias y movilizar ciudadanos de todos los estamentos sociales, en especial de la clase media, así como concitar el apoyo de las organizaciones políticas de la oposición, entidades de la sociedad civil organizada, como las iglesias, básicamente de figuras claves de la Iglesia católica como el obispo de Baní, monseñor Víctor Masalles.
¿Ese fenómeno es bueno o es malo para los partidos de oposición? De entrada es bueno, porque en primera instancia el descontento de la población lo cosecha el partido oficial, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Mientras que la oposición, en especial el PRM, podría capitalizar ese rechazo al PLD.
Sin embargo, a largo plazo si el PRM no traza una estrategia que vaya más allá del tema de la corrupción y la impunidad, podría quedarse corto ante las demandas de la población.
A esa realidad hay que agregar que el escándalo de corrupción de Odebrecht que sirvió de combustible al Movimiento Verde, no solo salpica al PLD, sino a otros partidos, como el Moderno y el Partido Revolucionario Dominicano.
De hecho, el presidente del PRM, Andrés Bautista; el secretario general de la organización, Jesús Vásquez Martínez, y el vocero de la bancada de diputados del PRM, Alfredo Pacheco, fueron citados por el procurador Jean Alain Rodríguez, como parte de las investigaciones que hace del caso.
¿Hasta dónde los partidos de oposición podrían capitalizar el impacto del Movimiento Verde? Los politólogos Freddy Ángel Castro y Marcos Villamán coinciden en el impacto del movimiento, pero difieren en si efectivamente la oposición partidista terminará beneficiada de las movilizaciones.
“La oposición tiene carencia de discurso y por consiguiente con incapacidad de hacer oposición consistente y eso genera un vacío y el Movimiento Verde lo que ha hecho es ocuparlo con temas sensibles de la agenda pública como es la corrupción y la impunidad y por eso se han hecho un canal para demandar atención”, explicó Villamán.
Sostuvo que la oposición ha intentado montarse en ese carro. “Estamos ante una oposición que ha encontrado un escenario para hacer oposición, sobre todo con la población de capa media que está reivindicando una modificación importante de la cultura política dominicana, pero va a depender de que los partidos de oposición sean capaces de superar la coyuntura y articular un discurso que vaya mucho más allá de la impunidad, pero si no tiene la capacidad de ofertar a la población una propuesta integral de transformación del país se quedará exactamente como está ahora, sin discurso”, dijo el catedrático.
Villamán agregó que la oposición política intenta sacar ventaja de esa coyuntura. “Pero la oposición no puede hacer oposición en reivindicar solo la impunidad y la corrupción, tiene que proponer un proyecto político que tenga que ver con la pobreza y la desigualdad, tiene que ser una agenda más amplia, y si no lo hace la población se dará cuenta que no tiene discurso y que por eso lo que han hecho es anclarse en la fuerza de un movimiento que no son ellos”, subrayó.
Freddy Ángel Castro sostuvo que una cosas es el movimiento social y otra los partidos políticos. “Al final del camino todas son luchas y demandas políticas, pero lo que tiene más impacto es el movimiento verde porque es una bandera política alrededor del debate en la corrupción y afecta al liderazgo político nacional y tiene consecuencias para el liderazgo político, pero principalmente para el gobierno”, expresó el catedrático.
Dijo que en este momento, el movimiento social tiene más fuerza que el movimiento de los partidos políticos. “No será negativo para el PRM. Lo que puede pasar es que una cantidad de funcionarios sean sometidos a la justicia y esa es una victoria política y quien va a recoger los frutos son los partidos de oposición que van a capitalizar el éxito de la lucha contra la corrupción”, dijo.
El especialista ilustró un escenario distinto y dijo que en caso de que no haya presión social el beneficiario sería el gobierno. “Si todo estuviera tranquilo, el que recoge los frutos de la tranquilidad política y de la gobernabilidad es el gobierno”, expresó. l
La oposición partidista pelea espacios de poder
Mientras el Movimiento Verde presiona al gobierno por el tema de la corrupción, los partidos de la oposición presionan en temas como la elección de los jueces del Tribunal Superior Electoral y la Suprema Corte de Justicia que inició el Consejo Nacional de la Magistratura. Igualmente, presionan por la ley de partidos y agrupaciones políticas que se discute en el Congreso Nacional y han advertido que el PLD supuestamente pretende hacerse un traje a la medida. La oposición partidista presionó al Congreso para la elección de los miembros de la Junta Central Electoral y en cierto modo logró su propósito. Los partidos de oposición, diez en total, demandaron del CNM que haga la elección de los jueces en un proceso público por televisión.
elcaribe.com.do
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Cerca de dos meses después de concluido el periodo del presidente de la SCJ Abinader aún no ha convocado CNM
Santo Domingo, R.D.-El pasado 5 de abril concluyó el periodo de siete años para el cual fue escogido el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina en el 2019, quien al momento de su designacion por el presidente de entonces Danilo Medina fungia como miembro del Comite Central del Partido de la Liberacion Dominicana, pero casi dos meses después el presidente Abinader no ha convocado el Consejo Nacional de la Magistratura para su reevaluacion.
Tras asumir la silla presidencial en 2020, el gobernante Luis Abinader pasó a ser el encargado de instruir las labores del CNM en la selección de los jueces que conforman las altas cortes del país, dentro de las que se encuentran el Tribunal Superior Electoral (TSE), Tribunal Constitucional (TC), la Procuraduría General de la República (PGR) y la SCJ.
También forman parte de la lista de vencidos los jueces Fran Euclides Soto Sánchez, Manuel Herrera Carbuccia y Francisco Antonio Jerez, Molina Peña, los jueces Vanessa E. Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello, María G. Garabito, Justiniano Montero Montero, Nancy Salcedo Fernández y Rafael Vásquez Goico, quienes componen el pleno de la SCJ.
El artículo 26 de la Ley Orgánica 138-11 es el que delimita el tiempo de funciones que tendrán los presidentes de las principales instancias judiciales.
En caso de que la intención de Molina sea permanecer en la posición por un segundo periodo consecutivo, los integrantes del CNM deberán utilizar el siguiente criterio para decidir sobre su confirmación durante la evaluación de desempeño: “Su integridad, imagen pública, reputación intelectual, destrezas profesionales, capacidad de análisis, laboriosidad, competencias académicas, atención y eficiencia a casos asignados, y tendrá como base de sustentación de informes”.
“Permanencia de jueces. Los jueces del Tribunal Constitucional, de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Electoral, vencido el período para el que fueron designados, permanecerán en sus cargos hasta la toma de posesión de quienes les sustituyan”, artículo 38.
La prima en hacerlo fue La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) luego de que el pasado 28 de abril le pidiera al presidente Abinader reunir “de manera inmediata” al CNM para concluir con la selección o confirmación de 11 jueces que terminaron su periodo.
En tanto, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) comunicó el pasado 6 de mayo que el proceso debe realizarse “sin más dilaciones, debido a la importancia que reviste la renovación y evaluación de los jueces para la estabilidad democrática y la confianza ciudadana en el Poder Judicial”.
El Instituto Dominicano de Derecho Penal (IDDP) coincidió el pasado 12 de mayo con la ROI y Adocco, advirtiendo que esta situación coloca a la matrícula de la Suprema en una fase de “rezago”.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, es uno de los ocho miembros que tiene el CNM. El pasado 7 de abril, Pacheco aseguró al ser entrevistado en el Congreso Nacional que “dentro de muy poco tiempo” se reuniría el Consejo.
47 días después de esas declaraciones, el presidente Abinader ni ninguno de los integrantes han adelantado la fecha en que sostendrían el encuentro.
Mientras tanto, el Poder Judicial ha registrado durante los últimos días un episodio de inestabilidad, luego de que el pasado jueves aproximadamente 500 jueces decidieran realizar un paro laboral de 24 horas en alrededor de 36 distritos judiciales del territorio nacional para visibilizar sus exigencias: mejoras en las “precarias” condiciones de trabajo, la necesidad de que se implemente una reforma estructural en el sistema, entre otras.
Esta situación ha provocado señalamientos en contra de Henry Molina. Según el director del IDDP, Carlos Balcácer, entiende que el magistrado no ha sido capaz de exigirle al presidente Luis Abinader el cumplimiento de la entrega del dinero que debe recibir el Poder Judicial para solucionar la insatisfacción de los servidores.
“Lamentablemente, el presidente de la Suprema no ha sido capaz, como sí lo hicieron presidentes anteriores con autonomía económica propia, de exigirle al presidente de la nación que aporte las partidas económicas que merece el Poder Judicial. Eso es lo que explica esa situación”, expresó Balcácer el pasado miércoles durante una actividad realizada en el Palacio Nacional.
¿Continuarán los paros laborales en la Justicia?
La Asociación Dominicana de Jueces y Juezas de Paz (Adojupa), Jueces y Juezas por la Democracia (Judemo) aclaró ayer a los medios de comunicación que hasta el momento no ha sostenido un diálogo con el Consejo del Poder Judicial (CPJ) para alcanzar un acuerdo.
A pesar de que prevén continuar con las manifestaciones en caso de que sus exigencias no sean atendidas, las asociaciones reiteraron su disposición de participar en un diálogo institucional.
Santo Domingo, R.D.-José Ignacio Paliza, presidente del PRM, reaccionó este domingo a las críticas del expresidente Danilo Medina sobre la prohibición de publicar encuestas fuera de los plazos establecidos, recordándole que el PLD participó en la discusión del reglamento elaborado por la Junta Central Electoral (JCE) que tomó la medida.
Paliza respondió a declaraciones de Medina, quien consideró «sospechosa» la decisión de suspender las encuestas fuera de tiempo, señalando que el reglamento fue socializado previamente con todos los partidos políticos y firmas encuestadoras.
«La JCE publicó en abril de 2025, a través de diversos medios, el borrador de reglamento para encuestas conforme lo establece la Ley 107-13″, expresó el dirigente oficialista en una publicación en redes sociales.
Asimismo, recordó que el pasado 5 de junio la Junta celebró una audiencia pública con representantes de las organizaciones políticas, incluyendo al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), para escuchar observaciones y sugerencias sobre el documento.
«El PLD participó en ella. Inclusive, fue otorgado un plazo adicional para observaciones», sostuvo Paliza en una nota de prensa.
Con estas declaraciones, el presidente del PRM defendió el proceso llevado a cabo por la JCE y rechazó los cuestionamientos hechos por Medina en torno a la regulación de las encuestas electorales.
Medina, presidente del PLD y expresidente de la República, dijo este domingo que se le hacía «sumamente sospechosa» la prohibición de la JCE en torno a las encuestas y planteó que la medida buscaba tapar lo mal que está el gobernante Partido Revolucionario Moderno. También expresó que estaba consciente que la Junta podía tomar la medida.
«La ley la autoriza a hacer eso, pero es sumamente sospechoso que sea en este momento que se eliminen las encuestas. Eso no se hizo en el 2024, cuando las utilizaron para crear la percepción de invencibilidad del Gobierno», indicó a periodistas en Sánchez Ramírez, donde encabezó un acto de juramentación.
Santo Domingo.- Sesenta y dos mujeres fueron rescatadas de la explotacion sexual comercial en Puerta Plata con el desmantelamiento por parte de miembros de la Unidad Especializada de Investigación Conjunta Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (UITIMC), adscrita a la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT).
La acción contra el grupo criminal, integrado por dominicanos y extranjeros, se llevó a cabo durante un amplio operativo ejecutado en distintas zonas del distrito municipal de Cabarete, municipio de Sosúa, Puerto Plata, en una labor conjunta con el Departamento II, Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet), bajo la coordinación de la Procuraduría Fiscal de Puerto Plata.
Las autoridades ejecutaron en total siete órdenes judiciales de allanamientos y arrestaron a seis personas en el marco de una investigación contra la red dedicada a la trata de personas, bajo la modalidad de explotación sexual y proxenetismo.
La teniente coronel de la Policía, Lidavel Pérez Beltré, coordinadora de la UITIMC, dijo que los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía de Puerto Plata para los fines judiciales correspondientes.
Durante el operativo fueron rescatadas 51 mujeres de nacionalidad dominicana y 11 haitianas, que fueron entregadas al personal de Asistencia y Protección a Víctimas y Testigos de la Procuraduría General de la República para los procedimientos de lugar.
También, un total de veinticinco (25) hombres indocumentados, aproximadamente, en su mayoría de nacionalidad haitiana, los cuales fueron entregados al personal de interdicción de la Dirección General de Migración de la provincia.
Las autoridades también ocuparon armas de fuego, vehículos, varios equipos electrónicos, incluyendo teléfonos celulares, computadoras portátiles, CPU, tabletas y DVR, así como cuadernos, libros de registros, sumas importantes de dinero en efectivo y una gran cantidad de preservativos, así como varios objetos relacionados a esa actividad delictiva.