Opinión
El mundo “patas arriba”: a lo Galeano, no a lo FMI- Georgieva
Por Narciso Isa Conde
Kristalina Georgieva, Directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), declaró al mundo con especial grandilocuencia que “la pandemia del coronavirus ha puesto al mundo PATAS ARRIBA con la pérdida de un millón de vidas y un impacto económico profundo en los países de bajos ingresos que nos enfrentamos a riesgos de una generación perdida” (Primera Plana y primer titular del diario Hoy de la República Dominicana /07-10-2020)
Es claro que el propósito del FMI, en su condición de gendarme del capitalismo imperialista occidental, es presentar la crisis sistémica, en marcha desde hace varias décadas, como el producto reciente de una crisis de salud.
- EL PROPIO GALEANO TRITURA ESA MANIOBRA PUBLICITARIA.
La Georgieva, para su desgracia, no solo no tuvo en cuenta la historia del capitalismo y de su fase imperialista; no solo omitió el impacto desgarrador sus últimas tres décadas de neoliberalismo, sino que despreció el sentido que el gran escritor latinoamericano le da el titulo de su obra.
Obvió de paso, que el inocultable contenido de esa obra, expresa de múltiples maneras una valoración de la crisis y sus nefastos impactos sobre la humanidad y sobre el planeta Tierra, radicalmente contrarias a toda opinión propagandística que pretenda presentarla como algo fortuito, provocado por un virus fuera de control.
Vale, por tanto, contrastar la esencia de lo plateado desde la cúpula del FMI, con lo expresado por Galeano en la referida obra escrita antes de finalizar el siglo pasado, cuando el nuevo corona virus no pensaba nacer o cuando el impacto del capitalismo sobre la naturaleza o sus laboratorios especializados en guerra biológica, no lo habían podido engendrar.
“Las posibilidades de que un banquero que vacía un banco pueda disfrutar, en paz, del fruto de sus afanes son directamente proporcionales a las posibilidades de que un ladrón que roba un banco vaya a parar a la cárcel o al cementerio. “
“Cuando un delincuente mata por alguna deuda impaga, la ejecución se llama ajuste de cuentas; y se llama plan de ajuste la ejecución de un país endeudado, cuando la tecnocracia internacional decide liquidarlo. El malevaje financiero secuestra países y los cocina si no pagan el rescate: si se compara, cualquier hampón resulta más inofensivo que Drácula bajo el sol. La economía mundial es la más eficiente expresión del crimen organizado. Los organismos internacionales que controlan la moneda, el comercio y el crédito practican el terrorismo contra los países pobres, y contra los pobres de todos los países, con una frialdad profesional y una impunidad que humillan al mejor de los tira bombas.“
“El arte de engañar al prójimo, que los estafadores practican cazando incautos por las calles, llega a lo sublime cuando algunos políticos de éxito ejercitan su talento. En los suburbios del mundo, los jefes de estado venden los saldos y retazos de sus países a precio de liquidación por fin de temporada, como en los suburbios de las ciudades los delincuentes venden, a precio vil, el botín de sus asaltos.” (Eduardo Galeano Patas Arriba Página 10 de 204)
No era necesario mencionar al FMI o al Banco Mundial por sus nombres, para que algunas referencias contenidas en estos párrafos indicaran su destino.
- ¿QUIENES HAN PUESTO AL MUNDO PATAS ARRIBA?
El mundo está patas arribas desde hace siglos y el capitalismo imperialista -más aun en su fase neoliberal o neoconservadora- tiene mucho más responsabilidad en la tragedia que sufrimos, que los virus que ha engendrado, creado o manipulado; incluida toda la familia de los coronas y particularmente el nuevo corona virus y su COVID 19; pandemia portadora de una impronta maltusiana, tan maltusiana como el concepto de “población sobrante” o “superflua”, referido a los/as mayores adultos/as, población enferma, sectores híper-empobrecidos y niños de la calle.
De esa enorme responsabilidad no pueden escapar sus “tanques pensantes” capaces de formular teorías genocidas; sus FMI, BM, carteles, bancos globales y corporaciones transnacionales, encargados de convertir la economía mundial en una “expresión del crimen organizado”; su Pentágono OTAN, CÍA, Mossad y paramilitares… a cargo de su guerra global infinita; sus negociantes de la salud y las enfermedades, sus farma-corporaciones, sus manipuladores de pandemias, epidemias y vacunas; sus traficantes de órganos, drogas y personas.
No olvidemos que una directora del FMI, que precedió a la actual, propugnó abiertamente por la eliminación de la población envejeciente.
Súmense los muertos de hambre, hacinamiento, sed, desnutrición, comida basura, contaminación ambiental, frío, enfermedades curables…; la población infantil que no llega a los 5 años, los enfermos que fallecen por falta de atención y medicación apropiada, los que mueren por ingestión de fármacos basura, las mujeres fallecidas a causa de la penalización del aborto terapéutico…
Agreguen las muertes provocadas por las guerras desplegadas por las grandes potencias de Norteamérica y Europa Occidental, y resalta la entronización de una política de exterminio por vía diversas, frente a la cual el teatro fondomonetarista de Kristalina resulta pálido y mentiroso a la vez. Solo en Irak el Pentágono y la OTAN han provocado más muertes que la COVID 19.
Esta tragedia social y humana no llegó ahora con esta pandemia, sino que es el producto de una multi-crisis acumulada, que estaba a punto de tener un estallido mayor que los escenificados en el 2008 y 2012.
Estamos ante un nuevo nivel de una crisis en espiral del sistema capitalista, manejado hasta ahora a favor de las facciones más poderosas de sus cúpulas; provocando a la vez mayores empobrecimientos de los seres humanos y de la naturaleza no humana, deteriorando cada vez más el derecho a la vida.
Lo que ha hecho la COVID 19 es desnudar el capitalismo, encuerar el neoliberalismo y el lumpen-imperialismo actual, precipitar y agravar la crisis que han provocado.
Tiene toda la razón Michael Chossudovsky, profesor de economía de la Universidad de Otawa, Canada, cuando afirma que:
“El Nuevo Orden Mundial se nutre de la pobreza y de la destrucción del medioambiente. Genera el apartheid social, alienta al racismo y las luchas étnicas, socava los derechos de las mujeres y con frecuencia lanza a los países a confrontaciones destructivas entre nacionalidades. A partir de 1990 ha extendido su dominio a las principales regiones del mundo: Norteamérica, Europa occidental, los países del antiguo bloque soviético y los países recién industrializados del sureste de Asia y del Lejano Oriente” (GLOBALIZACIÓN DE LA POBREZA Y NUEVO ORDEN MUNDIAL).
El 40% de la población rural del planeta vive en condiciones de pobreza y pobreza extrema.
Solo en África, Asia y América Latina la pobreza afecta a más de mil millones de personas.
La tasa de mortalidad infantil a escala global es de 65 por cada mil nacidos.
En EEUU hay 12 millones de emigrantes empobrecidos y 5.5 millones de personas con severas carencias de viviendas, entre ellas 600 mil que viven debajo de los puentes.
La aridización de las tierras se ha convertido en una tragedia mundial, mientras la crisis de agua, el calentamiento global, la depredación de bosques y ríos, y la contaminación industrial, amenazan la existencia de la vida planetaria.
Culpables de esta tragedia a contener y revertir los hay, y no son precisamente los pueblos empobrecidos, sino sus explotadores y opresores, millones de veces más asesinos que su COVID 19.
Ellos son los que se empecinan, en su loca rapacidad, por mantener al mundo patas arriba y en imponernos un mundo sin alma.
Así es:
«En el mundo sin alma que se nos obliga a aceptar
como único posible –nos enfatiza Eduardo Galeano-, no hay
pueblos, sino mercados; no hay ciudadanos, sino consumidores;
no hay naciones, sino empresas; no hay ciudades,
sino aglomeraciones; no hay relaciones humanas, sino competencias
mercantiles.
Nuestro deber es ponerle fin a esta inversión de valores, en una lucha tenaz y persistente por construir lo nuevo, basado fundamentalmente en la solidaridad humana y en su armonía con la Madre Tierra.
Por ROMMEL SANTOS DIAZ
Cuando se haya remitido a la CPI una situación en virtud del artículo 13 y el Fiscal haya determinado que existen fundamentos razonables para comenzar una investigación, o el Fiscal inicie una investigación en virtud de los artículos 13 y 15, éste lo notificará a todos los Estados Partes y a aquellos Estados que, teniendo en cuenta la información disponible, ejercerán normalmente la jurisdicción sobre los crímenes de que se trate. El Fiscal podrá hacer la notificación a esos Estados con carácter confidencial y, cuando lo considere necesario a fin de proteger personas , impedir la destrucción de pruebas o impedir la fuga de personas,, podrá limitar el alcance de la información proporcionada a los Estados.
Dentro del mes siguiente a la recepción de dicha notificación, el Estado podrá informar a la CPI que esta llevando a cabo o ha llevado a cabo una investigación en relación con sus nacionales u otras personas bajo su jurisdicción respecto de actos criminales que puedan constituir crímenes contemplados en el artículo 5 del Estatuto de Roma y a los que se refiera la información proporcionada en la notificación a los Estados.
A petición de dicho Estado, el Fiscal se inhibirá de su competencia a favor del Estado en relación con la investigación sobre las personas antes mencionadas, a menos que la Sala de Cuestiones Preliminares decida, a petición del Fiscal, autorizar la investigación.
El Fiscal podrá volver a examinar la cuestión de la inhibición de su competencia al cabo de seis meses a partir de la fecha de la inhibición o cuando se haya producido un cambio significativo de circunstancias en vista de que el Estado no está dispuesto a llevar a cabo la investigación o no puede realmente hacerlo.
El Estado de que se trate o el Fiscal podrán apelar ante la Sala de Apelaciones de la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares, de conformidad con el artículo 82. La apelación podrá sustanciarse en forma sumaria.
Cuando el Fiscal se haya inhibido de su competencia en relación con la investigación con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2, podrá pedir al Estado de que se trate que le informe periódicamente de la marcha de sus investigaciones y del juicio ulterior. Los Estados Partes responderán a esas peticiones sin dilaciones indebidas.
El Fiscal podrá, hasta que la Sala de Cuestiones Preliminares haya emitido su decisión, o en cualquier momento si se hubiere inhibido de su competencia en virtud de este artículo, pedir a la Sala de Cuestiones Preliminares, con carácter excepcional, que le autorice a llevar adelante las indagaciones que estime necesarias cuando exista una oportunidad única de obtener pruebas importantes o exista un riesgo significativo de que esas pruebas no estén disponibles ulteriormente.
Finalmente, el Estado que haya apelado una decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares en virtud del artículo 18 podrá impugnar la admisibilidad de un asunto en virtud del artículo 19, haciendo valer hechos nuevos importantes o un cambio significativo de las circunstancias.
Por Isaías Ramos
Un país no fracasa porque le falten recursos. Fracasa cuando sus instituciones dejan de servir al ciudadano y comienzan a servir a los privilegios. Fracasa cuando la Constitución promete dignidad, bienestar y justicia social, pero la práctica política reparte exenciones, contratos, subsidios mal diseñados, deuda y cargas tributarias sobre los mismos hombros de siempre.
La República Dominicana no necesita escoger entre Estado y mercado. Nuestra Constitución consagra un Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación de poderes. También garantiza la libre empresa y la propiedad privada; pero ordena proteger la competencia libre y leal, evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio y del abuso de posición dominante, y reconoce que la propiedad tiene una función social. Mercado, sí; empresa, sí; propiedad, sí; pero nunca por encima de la dignidad del ciudadano.
Los países que se desarrollan no subsidian la ineficiencia: financian productividad. Usan crédito, incentivos y subsidios para crear empleo formal, innovación, exportaciones, infraestructura, energía eficiente y salarios dignos. Los países capturados hacen lo contrario: convierten el subsidio en dependencia, la exención en renta privada, el contrato en premio político y la deuda en hipoteca contra el pueblo.
La deuda pública consolidada ya no permite eufemismos. A abril de 2026, alcanzó US$82,790.8 millones, equivalente al 61.4 % del PIB: US$66,408.5 millones del Sector Público No Financiero y US$16,382.2 millones del Banco Central. Esa cifra compromete ingresos futuros y estrecha el margen para salud, educación, seguridad, vivienda, agua, transporte y energía.
Y aun así, el problema puede ser mayor. RDVial muestra la zona gris. En 2024, el fideicomiso registró recaudación de peajes por RD$9,065.7 millones, pagó intereses por RD$5,332.6 millones y cerró con RD$67,076.5 millones en deuda a largo plazo y bonos por pagar. Dicho sin maquillaje: un monto equivalente a casi el 59 % de lo recaudado en peajes terminó destinado al pago de intereses. Cuando los peajes del ciudadano financian principalmente el costo financiero de la deuda, ya no hablamos solo de infraestructura: hablamos de ingresos públicos futuros comprometidos para pagar obligaciones presentes.
La discusión constitucional es inevitable: si un fideicomiso administra patrimonio público, derechos de cobro públicos o flujos pagados por ciudadanos, su deuda y sus riesgos fiscales deben transparentarse. No basta decir que no está en el presupuesto ordinario. Si el pueblo paga, el pueblo tiene derecho a saber. En RDVial, los estados financieros identifican como activos intangibles los derechos recibidos del Estado dominicano sobre ingresos por cobro y recaudación de peajes.
Ahora se presenta la Ley 30-26 bajo el discurso de crecimiento, sostenibilidad fiscal y protección social. El Gobierno afirma que busca captar entre RD$40,000 y RD$50,000 millones adicionales, sin modificar la tasa ni la base del ITBIS. Pero incluye el aumento del impuesto a cheques y transferencias electrónicas de 0.15 % a 0.2 % y diez dólares adicionales al impuesto sobre pasajes aéreos.
La pregunta no es solo quién firma el impuesto; es quién termina pagándolo. En mayo de 2026, la inflación interanual fue 5.35 %, con alimentos y bebidas no alcohólicas en 6.56 % y transporte en 7.47 %. En ese contexto, elevar costos financieros, operativos y de transporte puede trasladarse a precios, servicios y consumo. Tal vez no se llame impuesto a la canasta básica, pero cuando sube el costo de mover dinero, transportar personas y operar negocios, el consumidor termina pagando.
La contradicción se agrava al mirar las exenciones. Para 2026, el gasto tributario estimado asciende a RD$393,541.54 millones, equivalente al 4.54 % del PIB: casi ocho veces la meta máxima de la reforma. No todo gasto tributario es privilegio; algunas exenciones protegen bienes y servicios esenciales. Pero cuando una exención no demuestra retorno social, empleo digno, productividad, innovación, competencia o reducción de precios, deja de ser incentivo y se convierte en privilegio. Y cuando ese privilegio se financia con deuda e impuestos al pueblo, se vuelve ilegítimo, injusto e inmoral.
También se castiga a la diáspora. El aumento de diez dólares al pasaje aéreo golpea al dominicano ausente que viene a ver a su madre, invertir sus ahorros, enterrar a un familiar o traer a sus hijos para que no pierdan la patria. Esa misma diáspora envió US$5,170.1 millones en remesas entre enero y mayo de 2026. No es una caja registradora: es parte viva de la nación. No se puede celebrarla cuando envía remesas y castigarla cuando regresa.
En el Frente Cívico y Social entendemos que la República Dominicana necesita una reforma, sí; pero una reforma que empiece por el poder, no por el bolsillo del pueblo. Una reforma que audite exenciones, condicione incentivos, transparente fideicomisos, revise subsidios, reduzca deuda improductiva, transparente gastos e inversiones públicas y proteja a quienes sostienen la economía real: la clase media, los trabajadores, los productores, los emprendedores y la diáspora dominicana. Una reforma para que el crecimiento deje de ser estadística y se convierta en dignidad cotidiana. No estamos contra la empresa. Estamos contra el abuso. No estamos contra la riqueza. Estamos contra un Estado corporativo, clientelar y de privilegios.
Ya basta. Es tiempo de gobernar. Es tiempo de activar el orden constitucional.
Por Rosario Espinal
La eventual candidatura de Santiago Matías representa, en gran medida, una expresión del desencanto ciudadano con las estructuras políticas existentes. No es casual que su discurso encuentre receptividad entre sectores que consideran que los partidos tradicionales han dejado de escuchar a la población.
La reciente posibilidad de una candidatura presidencial de Santiago Matías (Alofoke) ha generado debates, entusiasmo y preocupación en diversos sectores de la sociedad dominicana. Más allá de las simpatías o rechazos que pueda despertar su figura, el fenómeno merece un análisis más profundo, pues no se trata únicamente de una persona, sino de un síntoma de una transformación política que se viene gestando desde hace años.
El historiador británico Eric Hobsbawm, en el capítulo «La caída del liberalismo» de su obra Historia del siglo XX (1998), explicó cómo los períodos de crisis de representación y pérdida de confianza en las instituciones tradicionales crean espacios para el surgimiento de nuevos liderazgos capaces de canalizar el descontento social. Aunque la República Dominicana actual está muy lejos de las dramáticas circunstancias de la Europa de entreguerras, existen elementos que invitan a la reflexión.
Los partidos políticos dominicanos continúan siendo las principales estructuras de acceso al poder, pero enfrentan un progresivo deterioro de su capacidad para representar las aspiraciones de la ciudadanía. Como señala el sociólogo Bernardo Matías, la principal característica de la crisis política dominicana es la creciente desconexión entre los partidos y la sociedad. La militancia ideológica ha sido sustituida por el pragmatismo electoral, el clientelismo y la búsqueda de beneficios individuales.
Esta realidad ha provocado que amplios sectores de la población, especialmente los jóvenes, perciban a los partidos tradicionales como organizaciones alejadas de sus preocupaciones cotidianas. El aumento de la abstención electoral y la disminución de la identificación partidaria son señales evidentes de este fenómeno.
Es precisamente en ese escenario donde emerge la figura de Alofoke. Su fortaleza no proviene de una estructura política tradicional ni de una larga trayectoria partidaria. Su principal capital es una comunidad digital construida durante años a través de las redes sociales y los medios de comunicación alternativos. En una época en que la comunicación política se desarrolla cada vez más en plataformas digitales, su capacidad de influencia constituye una ventaja que pocos actores políticos poseen.
La eventual candidatura de Santiago Matías representa, en gran medida, una expresión del desencanto ciudadano con las estructuras políticas existentes. No es casual que su discurso encuentre receptividad entre sectores que consideran que los partidos tradicionales han dejado de escuchar a la población. Tampoco es casual que su propuesta surja en un contexto donde más de la mitad de los ciudadanos no manifiestan simpatía por ninguna organización política.
Sin embargo, la historia demuestra que la popularidad mediática por sí sola no garantiza el éxito político. Gobernar un país requiere mucho más que influencia comunicacional. Exige propuestas concretas, equipos técnicos, capacidad institucional y una visión clara sobre los desafíos nacionales. La verdadera prueba para cualquier outsider político consiste en transformar el apoyo emocional de sus seguidores en un proyecto de gobierno viable.
De cara a las elecciones de 2028, la República Dominicana podría enfrentar uno de los procesos electorales más interesantes de las últimas décadas. Si los partidos tradicionales no logran renovar sus liderazgos, fortalecer sus vínculos con la sociedad y ofrecer respuestas efectivas a las demandas ciudadanas, es probable que continúen surgiendo figuras ajenas al sistema político convencional.
La lección que ofrece Hobsbawm es clara: cuando las instituciones dejan de representar eficazmente a la sociedad, aparecen nuevos actores dispuestos a ocupar ese espacio. La pregunta no es si Alofoke puede convertirse en presidente, sino qué condiciones sociales y políticas han hecho posible que una candidatura como la suya sea considerada seriamente por una parte importante de la población.
El desafío para la democracia dominicana no consiste en impedir la aparición de nuevos liderazgos, sino en fortalecer las instituciones para que la competencia política se base en propuestas, programas y soluciones reales a los problemas nacionales. De lo contrario, la crisis de representación seguirá profundizándose y los ciudadanos continuarán buscando alternativas fuera de los canales tradicionales de la política.
Bibliografía
Hobsbawm, E. J. (1998). Historia del siglo XX (J. Faci, J. Ainaud y C. Castells, trads.). Buenos Aires, Argentina: Crítica.
Matías, B. (2020, 23 de junio). La crisis de los partidos en República Dominicana. Acento. La crisis de los partidos en República Dominicana
Jovine Rijo, F. A. (2026, 22 de junio). ¿Alofoke, presidente? Listín Diario. ¿Alofoke, presidente?