Opinión
El mundo “patas arriba”: a lo Galeano, no a lo FMI- Georgieva
Por Narciso Isa Conde
Kristalina Georgieva, Directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), declaró al mundo con especial grandilocuencia que “la pandemia del coronavirus ha puesto al mundo PATAS ARRIBA con la pérdida de un millón de vidas y un impacto económico profundo en los países de bajos ingresos que nos enfrentamos a riesgos de una generación perdida” (Primera Plana y primer titular del diario Hoy de la República Dominicana /07-10-2020)
Es claro que el propósito del FMI, en su condición de gendarme del capitalismo imperialista occidental, es presentar la crisis sistémica, en marcha desde hace varias décadas, como el producto reciente de una crisis de salud.
- EL PROPIO GALEANO TRITURA ESA MANIOBRA PUBLICITARIA.
La Georgieva, para su desgracia, no solo no tuvo en cuenta la historia del capitalismo y de su fase imperialista; no solo omitió el impacto desgarrador sus últimas tres décadas de neoliberalismo, sino que despreció el sentido que el gran escritor latinoamericano le da el titulo de su obra.
Obvió de paso, que el inocultable contenido de esa obra, expresa de múltiples maneras una valoración de la crisis y sus nefastos impactos sobre la humanidad y sobre el planeta Tierra, radicalmente contrarias a toda opinión propagandística que pretenda presentarla como algo fortuito, provocado por un virus fuera de control.
Vale, por tanto, contrastar la esencia de lo plateado desde la cúpula del FMI, con lo expresado por Galeano en la referida obra escrita antes de finalizar el siglo pasado, cuando el nuevo corona virus no pensaba nacer o cuando el impacto del capitalismo sobre la naturaleza o sus laboratorios especializados en guerra biológica, no lo habían podido engendrar.
“Las posibilidades de que un banquero que vacía un banco pueda disfrutar, en paz, del fruto de sus afanes son directamente proporcionales a las posibilidades de que un ladrón que roba un banco vaya a parar a la cárcel o al cementerio. “
“Cuando un delincuente mata por alguna deuda impaga, la ejecución se llama ajuste de cuentas; y se llama plan de ajuste la ejecución de un país endeudado, cuando la tecnocracia internacional decide liquidarlo. El malevaje financiero secuestra países y los cocina si no pagan el rescate: si se compara, cualquier hampón resulta más inofensivo que Drácula bajo el sol. La economía mundial es la más eficiente expresión del crimen organizado. Los organismos internacionales que controlan la moneda, el comercio y el crédito practican el terrorismo contra los países pobres, y contra los pobres de todos los países, con una frialdad profesional y una impunidad que humillan al mejor de los tira bombas.“
“El arte de engañar al prójimo, que los estafadores practican cazando incautos por las calles, llega a lo sublime cuando algunos políticos de éxito ejercitan su talento. En los suburbios del mundo, los jefes de estado venden los saldos y retazos de sus países a precio de liquidación por fin de temporada, como en los suburbios de las ciudades los delincuentes venden, a precio vil, el botín de sus asaltos.” (Eduardo Galeano Patas Arriba Página 10 de 204)
No era necesario mencionar al FMI o al Banco Mundial por sus nombres, para que algunas referencias contenidas en estos párrafos indicaran su destino.
- ¿QUIENES HAN PUESTO AL MUNDO PATAS ARRIBA?
El mundo está patas arribas desde hace siglos y el capitalismo imperialista -más aun en su fase neoliberal o neoconservadora- tiene mucho más responsabilidad en la tragedia que sufrimos, que los virus que ha engendrado, creado o manipulado; incluida toda la familia de los coronas y particularmente el nuevo corona virus y su COVID 19; pandemia portadora de una impronta maltusiana, tan maltusiana como el concepto de “población sobrante” o “superflua”, referido a los/as mayores adultos/as, población enferma, sectores híper-empobrecidos y niños de la calle.
De esa enorme responsabilidad no pueden escapar sus “tanques pensantes” capaces de formular teorías genocidas; sus FMI, BM, carteles, bancos globales y corporaciones transnacionales, encargados de convertir la economía mundial en una “expresión del crimen organizado”; su Pentágono OTAN, CÍA, Mossad y paramilitares… a cargo de su guerra global infinita; sus negociantes de la salud y las enfermedades, sus farma-corporaciones, sus manipuladores de pandemias, epidemias y vacunas; sus traficantes de órganos, drogas y personas.
No olvidemos que una directora del FMI, que precedió a la actual, propugnó abiertamente por la eliminación de la población envejeciente.
Súmense los muertos de hambre, hacinamiento, sed, desnutrición, comida basura, contaminación ambiental, frío, enfermedades curables…; la población infantil que no llega a los 5 años, los enfermos que fallecen por falta de atención y medicación apropiada, los que mueren por ingestión de fármacos basura, las mujeres fallecidas a causa de la penalización del aborto terapéutico…
Agreguen las muertes provocadas por las guerras desplegadas por las grandes potencias de Norteamérica y Europa Occidental, y resalta la entronización de una política de exterminio por vía diversas, frente a la cual el teatro fondomonetarista de Kristalina resulta pálido y mentiroso a la vez. Solo en Irak el Pentágono y la OTAN han provocado más muertes que la COVID 19.
Esta tragedia social y humana no llegó ahora con esta pandemia, sino que es el producto de una multi-crisis acumulada, que estaba a punto de tener un estallido mayor que los escenificados en el 2008 y 2012.
Estamos ante un nuevo nivel de una crisis en espiral del sistema capitalista, manejado hasta ahora a favor de las facciones más poderosas de sus cúpulas; provocando a la vez mayores empobrecimientos de los seres humanos y de la naturaleza no humana, deteriorando cada vez más el derecho a la vida.
Lo que ha hecho la COVID 19 es desnudar el capitalismo, encuerar el neoliberalismo y el lumpen-imperialismo actual, precipitar y agravar la crisis que han provocado.
Tiene toda la razón Michael Chossudovsky, profesor de economía de la Universidad de Otawa, Canada, cuando afirma que:
“El Nuevo Orden Mundial se nutre de la pobreza y de la destrucción del medioambiente. Genera el apartheid social, alienta al racismo y las luchas étnicas, socava los derechos de las mujeres y con frecuencia lanza a los países a confrontaciones destructivas entre nacionalidades. A partir de 1990 ha extendido su dominio a las principales regiones del mundo: Norteamérica, Europa occidental, los países del antiguo bloque soviético y los países recién industrializados del sureste de Asia y del Lejano Oriente” (GLOBALIZACIÓN DE LA POBREZA Y NUEVO ORDEN MUNDIAL).
El 40% de la población rural del planeta vive en condiciones de pobreza y pobreza extrema.
Solo en África, Asia y América Latina la pobreza afecta a más de mil millones de personas.
La tasa de mortalidad infantil a escala global es de 65 por cada mil nacidos.
En EEUU hay 12 millones de emigrantes empobrecidos y 5.5 millones de personas con severas carencias de viviendas, entre ellas 600 mil que viven debajo de los puentes.
La aridización de las tierras se ha convertido en una tragedia mundial, mientras la crisis de agua, el calentamiento global, la depredación de bosques y ríos, y la contaminación industrial, amenazan la existencia de la vida planetaria.
Culpables de esta tragedia a contener y revertir los hay, y no son precisamente los pueblos empobrecidos, sino sus explotadores y opresores, millones de veces más asesinos que su COVID 19.
Ellos son los que se empecinan, en su loca rapacidad, por mantener al mundo patas arriba y en imponernos un mundo sin alma.
Así es:
«En el mundo sin alma que se nos obliga a aceptar
como único posible –nos enfatiza Eduardo Galeano-, no hay
pueblos, sino mercados; no hay ciudadanos, sino consumidores;
no hay naciones, sino empresas; no hay ciudades,
sino aglomeraciones; no hay relaciones humanas, sino competencias
mercantiles.
Nuestro deber es ponerle fin a esta inversión de valores, en una lucha tenaz y persistente por construir lo nuevo, basado fundamentalmente en la solidaridad humana y en su armonía con la Madre Tierra.
Por Narciso Isa Conde
Vivimos una sociedad de grandes injusticias, discriminaciones y opresiones, las que son mayores si se examinan en la relación hombre-mujer; lacerantes y crueles en temas como el acceso al empleo y los ingresos, derecho a la salud, relación de poder en la familia y la sociedad, forma de participar en la política y cruel despliegue de la violencia masculina.
La violencia no se detiene ni se revierte con Estados y Gobiernos que se niegan a combatir la ideología patriarcal-machista, a educar en torno a la teoría de género, a defender los derechos de la población femenina, a superar los fundamentalismos religiosos, a impartir educación sexual y promover la enseñanza basada en los permanentes adelanto de la ciencia.
La matriz de las modalidades de violencia de género es ideológica-cultural, constantemente reproducida por la clase dominante y el Estado bajo su tutela, incluido su poderoso sistema de comunicación, sus instancias educativas públicas y privadas, sus poderes eclesiales y sus diversos.
No es solo cuestión de reconocer y condenar verbalmente los feminicidios.
No es asunto que se solucione con establecer, como simple formalidad, un Ministerio de la Mujer.
No es tema para limitarse expresar pesares o allantar con medidas superficiales y con leyes que no se cumplen.
A eso se limita la clase dominante-gobernante dominicana, su Estado, su Gobierno, las cúpulas de sus iglesias y el propio presidente Abinader con su equipo de gobierno.
Aquí el sistema educativo, los aparatos de comunicación y cultura han sido asaltados por la ideología machista.
El Estado ha pisoteado el laicismo y el valor de las humanidades y las ciencias sociales, con la anuencia y participación de Luis Abinader,
Importa mucho por eso destacar esa realidad y detenernos siempre en dos características relevantes de la sociedad dominicana: la opresión y la explotación de las mujeres:
La opresión tiene sus raíces en un sistema capitalista plagado de desigualdades, que le da continuidad a una cultura dominante machista que coloca a las mujeres en posición subordinada frente a los hombres; quienes abusivamente se asumen como propietarios de sus vidas y de sus cuerpos.
En ese contexto toda independencia femenina, toda resistencia a ser propiedad masculina, todo desamor provocado por el maltrato y el menosprecio, se paga con agresiones y hasta con la vida, pasando por sufrimientos inenarrables.
Así opera la sociedad patriarcal-machista dirigida por un Estado generador y complaciente frente a distintas formas de violencia y exclusión machista (física, psicológica, económica) contra mujeres y niñas. Todo un poder dominante que opera como una fábrica de feminicidios
La explotación se sustenta en una cultura dominante clasista que empobrece hombres y mujeres trabajadoras -y que mezclada con la división sexual del trabajo y basada en el interés exclusivo del capital por la ganancia- genera y se apropia de más riquezas en base al trabajo desvalorizado de las mujeres en múltiples labores y también en el trabajo absolutamente no remunerado, asignándoles unilateralmente a las mujeres las tareas del cuidado de la familia y del hogar.
La paternidad irresponsable, del abandono total de la familia por los hombres, que determina que la mitad de los hogares estén a cargo de mujeres, se suma a ese despliegue de calamidades.
Aquí y en gran parte del planeta. las mujeres viven múltiples formas de maltrato y discriminación que son tanto más graves y dolorosas cuando ellas son más pobres, negras y con menos oportunidades.
La lucha de las mujeres por la igualdad es cuestión de poder y contra ese poder es necesario que juntos encaucemos la lucha para alcanzar la liberación de todos/as los/as oprimidos/as y explotados/as.
Se ha dicho con razón, que lo personal, en este y muchos casos es también político, y lo político implica valorar que la base de esta gran trampa opresora es el sistema y que hay que cambiarlo por otro que desplace y reemplace la alianza criminal del patriarcado con el capital.
Por Rommel Santos Diaz
Las solicitudes de asistencia se cumplirán de conformidad con el procedimiento aplicable en el derecho interno del Estado requerido y, salvo si ese derecho lo prohíbe, en la forma especificada en la solicitud, incluidos los procedimientos indicados en ella y la autorización a las personas especificadas en ella para estar presentes y prestar asistencia en el trámite.
En el caso de una solicitud urgente y cuando la Corte Penal Internacional lo pida, los documentos o pruebas incluidos en la respuesta serán transmitidos con urgencia.
El Estatuto de Roma establece que las respuestas del Estado Parte requerido serán transmitidas en su idioma y forma original.
Cuando resulte necesario en el caso de una solicitud que pueda ejecutarse sin necesidad de medidas coercitivas, en particular la entrevista a una persona o la recepción de pruebas de una persona voluntariamente, aun cuando sea sin la presencia de las autoridades del Estado Parte requerido si ello fuere esencial para la ejecución de la solicitud, y el reconocimiento de un lugar u otro recinto que no entrañe un cambio en el , el Fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud en el territorio de un Estado.
Cuando el Estado Parte requerido fuere un Estado en cuyo territorio se hubiera cometido presuntamente el crimen, y hubiere habido una de admisibilidad de conformidad con los artículos 18 o 19, el Fiscal podra ejecutar directamente la solicitud tras celebrar todas las consultas posibles con el Estado Parte requerido.
En los demás casos, el Fiscal podra ejecutar la solicitud tras celebrar consultas con el Estado Parte requerido y con sujeción a cualquier condición u observación razonable que imponga o haga ese Estado Parte.
Cuando el Estado Parte requerido considere que hay problemas para la ejecución de una solicitud de conformidad con las solicitudes a que se hace referencia en los artículos 933 y 96 del Estatuto de Roma, celebrará consultas sin demora con la Corte Penal Internacional para resolver la cuestión.
Finalmente, las disposiciones en virtud de las cuales una persona que sea oída o interrogada por la Corte Penal Internacional con arreglo al artículo 72 podrá hacer valer las restricciones previstas para impedir la divulgación de información confidencial relacionada con la seguridad nacional serán igualmente aplicables al cumplimiento de las solicitudes de asistencia a que se hace referencia en el presente artículo.
Opinión
La dignidad humana y los procesos político-electorales en la República Dominicana (2006–2026).
Por Robinson Lebrón
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El presente artículo analiza de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos político-electorales de la República Dominicana durante el periodo 2006–2026. A partir de la reforma constitucional de 2010, la dignidad humana se consagró como el principio fundante del Estado Social y Democrático de Derecho, transformando la dimensión procedimental del voto en un derecho fundamental sustantivo. Mediante un enfoque cualitativo y dogmático, la investigación examina el balance entre la expansión formal de los derechos ciudadanos evidenciada en políticas de inclusión como el Voto Accesible, el Voto Penitenciario y la tutela judicial efectiva del debido proceso partidario por parte del Tribunal Superior Electoral (TSE) y la realidad fáctica de los procesos electorales dominicanos.
El análisis revela que, a pesar del blindaje institucional y jurisprudencial, subsisten patologías estructurales arraigadas como el clientelismo sistémico, la mercantilización del voto y la instrumentalización político-electoral del gasto social del Estado. Asimismo, se constata que la transición del debate hacia el entorno digital ha generado nuevas amenazas a la integridad moral a través de campañas de desinformación automatizada mediante robots y violencia política de género en redes sociales. Se concluye que la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas sigue supeditada a una profunda transformación cultural del sistema de partidos y a la aplicación efectiva de regímenes sancionatorios que erradiquen la coerción basada en la vulnerabilidad económica de la población.
El sistema democrático contemporáneo ha superado la concepción procedimental del voto para orientarse hacia un modelo sustantivo, donde el ciudadano es el eje central de las decisiones públicas. En el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, esta visión adquirió un carácter vinculante a partir de la reforma constitucional del 26 de enero de 2010. Dicha reforma refundó el Estado dominicano bajo el modelo de un Estado Social y Democrático de Derecho, consagrando explícitamente en su artículo 5 que la Constitución se fundamenta en el respeto irrestricto a la dignidad humana. De este modo, la dignidad dejó de ser un enunciado meramente filosófico para convertirse en un principio jurídico superior, una norma transversal y un derecho fundamental absoluto e inviolable (artículo 38) que debe guiar la actuación de todos los poderes públicos, incluidos los órganos electorales.
Bajo este marco constitucional, los procesos político-electorales celebrados en el país durante las últimas dos décadas (2006–2026) han experimentado una profunda transformación normativa e institucional. El ejercicio de los derechos de ciudadanía —concebidos como el derecho a elegir y ser elegido en condiciones de equidad— se vincula directamente con la autonomía moral y la libertad del individuo. Durante este periodo, la promulgación de normativas clave como la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, la Ley No. 15-19 (y su posterior evolución hacia la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral), así como las jurisprudencias del Tribunal Superior Electoral (TSE) y del Tribunal Constitucional (TC), han buscado estructurar un ecosistema político que garantice la inclusión social, el debido proceso partidario, la paridad de género y el acceso al sufragio de poblaciones históricamente vulnerabilidades, tales como los internos preventivos y las personas con discapacidad.
Sin embargo, el análisis del periodo 2006–2026 revela una persistente desigualdad entre el marco garantista del derecho positivo y la realidad fáctica de las campañas electorales dominicanas. A pesar de los significativos avances tecnológicos y logísticos implementados por la Junta Central Electoral (JCE), la dignidad de los electores continúa enfrentando serios desafíos culturales y estructurales. Fenómenos sistémicos como el clientelismo arraigado, la compra abierta de voluntades en los recintos electorales, la desproporción en el financiamiento de los candidatos y el uso instrumentalizado de los recursos asistenciales del Estado tienden a cosificar al ciudadano, reduciendo su condición de agente político soberano a la de una mercancía económica.
Asimismo, el auge de los entornos digitales en la última década ha introducido nuevas amenazas a la integridad personal a través de campañas de difamación automatizada y la vulneración del derecho al honor. Frente a este escenario, el presente artículo tiene como objetivo analizar de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos políticos electorales de la República Dominicana durante los últimos veinte años. A través de un enfoque cualitativo y dogmático, se examina el balance entre la expansión formal de los derechos políticos y la persistencia de prácticas tradicionales que erosionan la autonomía del votante. Se sostiene como tesis central que, si bien el Estado dominicano ha blindado institucional y jurisprudencialmente las garantías del sufragio, la pervivencia de una cultura política de subordinación económica y el desborde ético en las campañas digitales constituyen los principales reductos que limitan la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
rlebroncespedes@gmail.com
El autor es abogado y Docente Universitario.