Editorial
El Negocio por Encima de la Ley
La instalación de parquímetros en el centro histórico de Santiago se constituyó en su momento en una grave violación a la ley, ya que la alcaldía de la segunda ciudad en importancia de Santiago transfirió la administración y aplicación de la Ley 241 en su jurisdicción en detrimento de los derechos de los ciudadanos cuando facultó a una empresa privada con fines de lucro imponer multas por parqueos.
El cabildo de Santiago ha decidido estudiar de nuevo la posibilidad de reinstalar los parquímetros en el municipio para supuestamente regular el tránsito en la segunda ciudad en importancia del país.
Sin embargo, lo primero es que ya existe una sentencia de la Suprema Corte de Justicia sobre la inconstitucionalidad de la transferencia del poder público con que cuenta el ayuntamiento para imponer contravenciones económicas por violación de la ley de tránsito.
Lo grave del asunto es que los propietarios de la compañía Blue Parking Caribbean se valía de un ejército de hombres y mujeres que en la práctica sustituyeron la función del órgano que maneja las violaciones de la Ley 241, que es la Policía Nacional.
El asunto era tan grave que los empleados de la companía en cuestión ponían multas, no sólo a los que se les vencía el parquímetro, sino también a los que estaban parqueados en el frente de donde operaban los mismos, que aunque violaban la ley de tránsito, pero quien debía multarlos no son empleados de una empresa privada con fines de lucro, ya que el órgano encargado, como establecimos más arriba, es la Policía Nacional.
De igual modo, los que colocan las multas por la infracción están al margen de la ley por pertenecer a una empresa privada que su principal propósito es buscar lucrarse, lo cual se constituye en una razón muy peligrosa en lo que respecta a los derechos fundamentales.
Además, las multas que imponía esta companía nisiquiera eran conocidas por un juez, sino que la única opción que tenía el ciudadano o ciudadana era pagarlas y si no lo hacia corría el riesgo de que su vehículo fuera remolcado por una grúa que también pertenecía a la misma empresa privada.
Violaciones tan graves como éstas sólo pueden producirse en un país sub-desarrollado donde el empresariado puede borrar de golpe y porrazo los derechos ciudadanos y sustituir la función del Estado.
Es probable que el contrato firmado entre la empresa privada y el Gobierno municipal fuera el resultado de una copia muy mal interpretada de lo que pasa en muchas ciudades de los Estados Unidos, donde una serie de empresas privadas son las que remolcan los vehículos cuando tienen multas no pagadas por parqueo.
Recuérdese que estas empresas privadas aplican las compulsivas metodologías de cobro de las multas sin pagar, pero luego de que primero un empleado del municipio le ha colocado la multa al infractor y un juez ha conocido el caso si el conductor se ha declarado no culpable.
Es decir que el cobro pasa a una empresa privada luego de que el Estado ha cumplido con su parte y se trata de una infracción de tránsito irrevocablemente juzgada, pero nunca se permite que una empresa coloque las multas de tránsito de una manera arbitraria para de esa forma ilegal aumentar sus ganancias.
De manera, que la colocación de los parquímetros nuevamente en Santiago sobre la base de la misma modalidad se constituye en una grave violación de los derechos de los ciudadanos en virtud de que la alcaldía no puede transferir el poder público con que cuenta para beneficiar a particulares en detrimento de los derechos del ciudadano.
El año 2026 ha entrado con el surgimiento de grandes desafíos y amenazas que sólo el tiempo puede indicar con certeza su curso.
Lo ocurrido en Venezuela, si bien muchos lo ven como positiva la sacada del poder de Nicolás Maduro, lo cierto es que ha sido una especie de antesala que ha cambiado la regla del juego de los imperios con las naciones sometidas a su dominio o neocoloniales.
Es un cuadro que pone al mundo a caminar sin reglas claras fundamentadas en derechos, lo que explica que la administración Trump vaya en contra de lo poco o de lo mucho logrado a través del derecho público internacional.
Pero ese panorama sólo puede ser detenido con la movilización del propio concierto de naciones de la comunidad internacional para evitar que en el mundo prevalezca el caos en el se impone el más grande sobre el más pequeño.
De cualquier modo la lección que deja la conducta avasallante del imperio en el mundo es de que el mundo multipolar parece ser una historia de ciencia ficción, ya que ante el proceder incontrolable de la administración Trump nadie dice esta boca es mía, ni siquiera Rusia y China que son las más llamadas a hacerlo para preservar un equilibrio que garantice las paz en el mundo.
Por ahora EE.UU actúa a sus anchas mediante amenazas y creación de tensiones universales sin que aparezca algún mecanismo que lo detenga.
La estrategia de la administración Trump es acabar con la credibilidad de todos los organismos internacionales que podrían servir para la contención de acciones ilegales y de ese modo evitar que nadie que cuestione su proceder a los fines de evitar la preservación del derecho internacional y de ese modo trastornar la convivencia pacífica entre los pueblos.
Sin embargo, no parece tan fácil que la administración Trump logre su fin, aunque naturalmente el desenlace va depender de cómo lo interpreten los demás Estados, sobre todo aquellos que no negocian ni con la muerte su soberanía, autodeterminación e independencia nacionales.
Estos desafíos y retos representan el aspecto más peligroso y preocupante del año que apenas se inicia.
El problema está planteado y en consecuencia si el miedo se sobreponerse a la vergüenza, la razón y la dignidad de los pueblos del mundo, entonces se podrán producir resultados muy lamentables.
El año que recién se ha iniciado tiene serias implicaciones para el sistema democrático por la vocación dictatorial de Donald Trump.
En la medida de que el mandatario de los Estados Unidos toma impulso mayores son los peligros para las democracias más liberales de Latinoamérica y el mundo.
Estos bríos antidemocráticos han salido más a la superficie a propósito del cerco marítimo y finalmente con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Este acontecimiento ha dejado claro la pretensión con todo el que él considere que no tolera las travesuras de su administración.
Trump ha advertido a los países latinoamericanos que se vean en el espejo de Venezuela, cuyo mensaje lo envió de forma directa al presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Pero igual lo ha hecho contra Brasil y Honduras, donde auspició un candidato presidencial que resultó triunfador en las recién pasadas elecciones.
Es decir que se trata de una política de dominación sin disimulo, sino avasalladora y atropellante.
Tras el apresamiento de Maduro Tromp no ha escondido sus pretensiones de convertir a Venezuela en Colonia como en los pasados siglos.
Dice Trump que quiere controlar la riqueza petrolera de Venezuela, lo que plantea un serio reto para las democracias, no sólo latinoamericanas, sino de todo el mundo.
Resulta preocupante la tolerancia de los países del hemisferio e incluso del continente europeo con la vocación dictatorial de Donal Trump.
La advertencia está hecha y si no se ofrece una respuesta contundente al respecto el mundo podría estar ante otro Adolfo Hitler.
El discurrir nacional constituye una repetición de los problemas que arrastra el país desde antes de su nacimiento como república.
Nos asaltan las mismas deficiencias de hace por lo menos medio siglo, falta de un servicio de agua potable eficiente y lo propio hay que decir de la energía eléctrica, pese a que van y vienen préstamos que comprometen la capacidad crediticia per cápita de los dominicanos.
Este fenómeno tiene el agravante de que hace entrada un año que es la antesala de un proceso electoral que, si bien es para escoger a las autoridades nacionales, es una vía también para medir el desempeño de la democracia, la cual luce muy resquebrajada y débil.
El comportamiento ciudadano deja más preguntas que respuestas frente a un panorama tétrica, porque se observan muchos problemas tanto en el gobernante como en el gobernado.
De lo que si se puede estar seguro es que queda muy poco margen para evitar que la democracia entre en una crisis de proporciones insospechadas, dado que no es mucha la posibilidad para contrarrestarla, la cual se podría profundizar en un sistema sin ninguna credibilidad.
El soporte de la democracia nacional cada día sufre un mayor deterioro como consecuencia de que su herramienta principal, que no es otra que los partidos políticos, se mueve sobre la base de repetir una conducta desde el poder de lo mismo que se han pasado criticando a su contrincante cuando están en el gobierno.
Un buen ejemplo al respecto es PRM que fue un crítico en contra del PLD y ahora tras su llegada al control de la cosa publica repite la misma conducta de los morados.
Ello es así, por ejemplo, en política exterior y endeudamiento público, así como en corrupción, no hay forma de saber cuál es peor, pero lo propio hay que decir de Leonel Fernández y su llamada Fuerza del Pueblo.
Sin embargo, se advierte que a pesar del descredito de todos los partidos políticos, todavía no ha surgido en el escenario nacional ninguna propuesta que garantice una mejora del deterioro de la credibilidad de la llamada democracia representativa.
En lo que respecta al año que prácticamente hace su entrada, hay que decir, que si en los primeros seis meses del 2026 en el país no surge una propuesta innovadora, entraríamos en una curva de un retroceso peligroso para la democracia, porque se trata de un enfermo que podría resultar difícil, sino imposible, su sanación.