Editorial
El Nuevo Código Penal: Avance o retroceso?
Nadie puede poner en duda que los principales intereses de los partidos políticos están asociados a la corrupción administrativa, el lavado de activos, el contrabando, entre otros flagelos que golpean peligrosamente a la sociedad dominicana.
A partir de esa realidad nadie puede pedir que el PLD y la Fuerza del Pueblo, por sólo mencionar dos, puedan promover sanciones para los corruptos, porque están comprometidos hasta los tuétanos con esos intereses.
Son pocos en el país los que se imaginan la enorme cantidad de dinero del Estado que está en poder de dirigentes de esos partidos.
Naturalmente, las razones del por qué el PRM también se identifica con ese Código Penal, que es un bochorno para el dominicano decente, están explicadas en el hecho de que esa organización hoy en el poder no tiene un comportamiento diferente a sus iguales y si bien no tiene tanta responsabilidad con el fenómeno es por el poco tiempo que lleva en el poder.
Pero nadie puede poner en duda que los legisladores y los dirigentes del PRM son tan responsables como los demás de la debilidad institucional de la nación, es decir, que es muy poco lo que se puede esperar de ellos, sobre todo porque ni siquiera tienen claro cuáles son sus propósitos.
De manera, que el que crea que los perremeístas honrarán sus promesas de campaña pierde su tiempo y sin dudas que se apoya en bases muy falsas.
Sea este lunes 16 de agosto o cuando sea que se reintroduce ese Código Penal, la gente tiene que estar segura que la Fuerza del Pueblo de Leonel Fernández, los reformistas, los perredeístas y los perremeístas defenderán hasta con la vida promover impunidad a través de el mismo.
Porque el problema está en que los principales beneficiarios de la corrupción, por lo menos de las últimas décadas, están anidados en esas organizaciones, amén de que también se identifican con grupos fácticos que son de los principales promotores de lo mal hecho.
No se puede negar que algunas de esas posiciones atrasadas y negativas para la democracia provienen de sectores que están profundamente convencidos de lo que defienden, como por ejemplo la Iglesia Católica, la cual busca que la vida se respete desde la concepción hasta la muerte.
Pero hay otros sectores que se suman a esas posiciones de las iglesias, pero que también buscan meter de contrabando una peligrosa tolerancia en favor de la corrupción y de otros delitos y crímenes, porque en realidad no les interesa que el país mejore sus niveles de institucionalidad y de sanción de lo mal hecho.
El nuevo Código Penal tendrá que ser asumido por el pueblo dominicano con protestas pacíficas en las calles, las avenidas y las plazas para evitar que los malos dominicanos se salgan con las suyas.
Nadie en la República Dominicana se atrevería a negar que los partidos políticos lo han contaminado todo, absolutamente todo.
Es un mal general que contrarrestarlo costará mucho esfuerzo y un periodo largo en el tiempo, pero que su impacto lo destruye todo en su camino.
Cada día surge una nueva prueba del daño que causan los partidos políticos a la democracia nacional y en consecuencia su descredito alcanza niveles insospechados en la sociedad.
Hace pocos días que hasta el otorgamiento y anulación de una visa hacia los Estados Unidos estaba determinada muchas veces por la contaminación proveniente de la partidocracia, ya que esa es una vía de desacreditar al contrario, cuya revelación vino de la actual embajadora de esa nación en el país.
Pero las cosas son peores de ahí, porque los partidos políticos aparte de ser responsables de la tragedia nacional que conlleva la corrupción administrativa que propician y promueven, también tienen una influencia decisiva en la escogencia de los jueces del sistema de justicia nacional.
Ahí está la explicación de tantas demandas que son declaradas inadmisibles por los tribunales nacionales, porque en realidad se trata de la vía más fácil para quitarse de encima un proceso que podría comprometer el empleo de los jueces.
De manera, que se impone despolitizar el Consejo Nacional de la Magistratura, el cual está dominado por la partidocracia, cuyos postulantes a jueces y aquellos que deben ser evaluados tienen que someterse al tráfica de influencia y el modo operandi de los partidos políticos para ser elegibles.
Por qué no cambiar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para que sus miembros provengan de las universidades pública y privadas, el Colegio Dominicano de Abogados, la Suprema Corte de Justicia y de jueces de carrera con largos años de ejercicio.
De no ser así, muy difícilmente podremos mejorar el Estado Social Democrático de Derecho como lo consigna la constitución de la República, porque la manipulación de la designación de los jueces, sobre todo para buscar impunidad, contamina y daña todo el sistema público del país y destruye la democracia.
Los dominicanos somos los mejores testigos del deterioro que sufre la confianza pública por las graves violaciones a la seguridad jurídica y el criterio con que se maneja la partidocracia.
Decir que el país tiene una buena imagen en el combate de la corrupción administrativa, es pretender tapar el sol con un dedo, porque los casos de este tipo generalmente quedan en la impunidad.
El problema tiene una envergadura que asusta, porque no hace muchos días que se repitió la historia de que primero cualquier aspirante presidencial tiene que verse involucrado en escandalosos actos de corrupción para que la misma tenga alguna legitimidad.
Esa historia lamentable acaba de repetirse con Gonzalo Castillo, quien fue absuelto de los cargos que pesaban en su contra por la comisión de no cualquier sustracción de dinero del patrimonio nacional.
Pero lo propio se repite constantemente, dado que el Ministerio Público sólo pretende buscar sanciones penales para los casos que tienen importancia mediática, ya que este órgano del Estado en la práctica no tiene ningún nivel de eficiencia, cuyo rol es fundamentalmente politiquero.
Es decir, que hablar de transparencia en la sociedad dominicana es una aspiración que todavía falta un largo camino por recorrer, dado que desde la propia Presidencia de la Republica se producen fuertes y preocupantes atentados a la seguridad jurídica, pese a que se quiere pregonar lo contrario.
Basta con revisar los desacatos que se producen al sistema de justicia constitucional, los cuales tienen como protagonistas a los órganos del Estado, pero preocupantemente al propio presidente de la República que viola la Constitución de la República cuando le viene en gana.
Transparencia Internacional antes de emitir su informe debió consultar los archivos del Tribunal Constitucional para que entonces emitiera una valoración más acorde con la realidad, lo cual conoce muy bien su dependencia nacional como lo es Participación Ciudadana.
Es una insensatez y una desproporción afirmar que el país está bien en transparencia pública y en el combate a la corrupción cuando todo el mundo sabe que la impunidad es un elemento con raíces culturales y que es promovida por los que tienen el control del Estado.
La falta de transparencia, la poca confianza pública y carencia del respeto a la poca seguridad jurídica que prevalece en el país son de las falencias a combatir para el logro de una mejor democracia.
Por qué nos meten gatos por liebres, aunque no hay que escudriñar mucho para encontrar la respuesta.
La República Dominicana atraviesa por un trance muy peligroso que tiene ver con que quien tiene que velar por el respeto del orden jurídico nacional es el primero que lo viola.
Son numerosos las veces que Luis Abinader incurre en el mismo problema, lo cual implica que o no tiene claras sus funciones y responsabilidades o sencillamente de que se está frente a un gobierno irresponsable.
El país lleva años montado en el mismo caballo, ya que los niveles de ignorancia y de improvisación del presidente Abinader dejan la sensación de que el orden legal es lo que menos importa.
La gravedad de este problema tiene un impacto en la comunidad internacional en razón de que las normas del derecho interno tienen una conexión determinante con aquellas provienen del derecho externo.
Este comportamiento del presidente Abinader no sólo compromete la responsabilidad civil y penal del Estado, sino que la imagen del país se deteriora que deja mucha incertidumbre y amenaza la seguridad jurídica y en consecuencia renglones de la economía nacional como el turismo.
De manera, que la conducta del presidente no sólo representa una amenaza en contra de la imagen del país, sino también atenta en contra del progreso económico y social.
El presidente debe detener en lo inmediato la violación de la jerarquía jurídica, cuyo lugar cimero ocupa la Constitución de la República, la cual es permanentemente violada por decretos emitidos por el jefe del Poder Ejecutivo.
Lo planteado en este editorial puede parecer una irreverencia en contra del presidente Luis Abinader, pero es que su comportamiento no es para menos.
En lo que respecta a este caso no queda otra expresión que se ajuste más al comportamiento indicado que aquel que dice que el presidente tiene más miedo que vergüenza, porque su proceder indica que le importa poco lo que la gente pueda pensar de él.
Es un caso tras otro.