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reconocen que hay debilidades históricas en la defensa del Estado
Santo Domingo, R.D.-En su acto de juramentación, el nuevo ministro de Justicia, Antoliano Peralta, expresó que una de las principales funciones de la institución será fortalecer las debilidades históricas de la defensa del Estado dominicano en procesos judiciales.
Al citar algunas de las misiones del Ministerio de Justicia, el funcionario señaló que el país ha perdido casos en los tribunales por la falta de organización en la representación pública.
«El Estado dominicano ha sido históricamente desangrado con una serie de demandas, en algunas ocasiones inicuas, en las que los demandantes obtienen ganancia de causa porque el Estado no tiene una defensoría organizada«, dijo.
El ministro aseguró que otra de las funciones principales del Ministerio de Justicia es la administración del sistema penitenciario, «que, hasta la existencia de esta ley (80-25), había estado de manera irregular bajo la regencia del Ministerio Público«.
Destacó también la incidencia del organismo en el sistema de derechos humanos y los compromisos que tiene la República Dominicana a nivel local e internacional.
En su juramentación, Peralta destacó la importancia de la creación del Ministerio de Justicia para la institucionalidad y la separación de los poderes públicos.
También expresó su satisfacción por los trabajos que ha realizado como consultor jurídico de la presidencia desde 2020 y valoró la designación de su sucesor, Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia.
Con el nombramiento de Antoliano Peralta Romero como ministro de Justicia, el Gobierno dominicano activó el plazo legal de 12 meses para poner en funcionamiento el Ministerio de Justicia, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 80-25, promulgada en agosto de 2025.
La designación de Peralta se produjo el 5 de enero de 2026, mediante el Decreto 1-26, emitido por el presidente Luis Abinader. A partir de esa fecha comenzó a correr el período de aplicación diferida previsto en la ley para la implementación completa de la nueva institución.
El artículo 66 de la Ley 80-25 establece que el Ministerio de Justicia debe entrar en funcionamiento definitivo en un plazo máximo de 12 meses contados desde la designación del ministro. Esto implica que, a más tardar en enero de 2027, deberán estar operativos el despacho del ministro, los viceministerios y las dependencias administrativas previstas en la normativa.
SANTO DOMINGO.- El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) calificó el 2025 como “el año del retroceso judicial” de este país, con “una justicia cara, lenta y mala, además de negadora de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
A propósito del Día del Poder Judicial, el CARD realizó una marcha nacional cívica y pacífica “por la dignidad del abogado y el acceso a la justicia”, que concluyó frente a la sede de la Suprema Corte.
Exigió mayor presupuesto para el Poder Judicial, defendió la dignidad del ejercicio profesional del letrado y denunció deficiencias estructurales, como la falta de presupuesto y condiciones reales de acceso a mecanismos oportunos, independientes y eficientes, tanto para los profesionales del sector como para los ciudadanos.
El presidente del CARD, Trajano Potentini, explicó que esta movilización respondió a una profunda preocupación del gremio ante situaciones que afectan el Estado social y democrático de derecho.
MALES REITERADOS
Dijo que el discurso de rendición de cuentas ofrecido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, fue un ejercicio retórico on cifras y estadísticas que no se corresponden con la realidad.
Citó como males reiterados la mora judicial, la falta de ejecución efectiva de sentencias, la debilidad institucional en la jurisdicción administrativa y la precarización del ejercicio profesional.
RECLAMOS DEL GREMIO
Entre los reclamos del gremio figuran un salario mínimo de 60 mil pesos para los abogados que laboran en el Poder Judicial, y mejores condiciones de vida para los jueces y servidores.
También que sean instaurados los tribunales superiores administrativos de primera instancia.
agl-sp
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Militar condenado a 20 años de prisión por abuso sexual contra niña de siete años en Los Tres Brazos
Santo Domingo, R.D.-El Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó este miércoles a 20 años de prisión a un militar que abusó sexualmente de una niña de siete años de edad, en un hecho ocurrido en el año 2024, en el sector de Los Tres Brazos.
Luis Miguel Cuevas Gómez, miembro del Ejército Nacional, fue declarado culpable por los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada, en un proceso en el que el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal litigante Juan A. Olivares, indica una nota de prensa del organismo persecutor.
Señala que las pruebas aportadas por el Ministerio Público demostraron como el procesado, con sus acciones, faltó a varias disposiciones legales.
Acción penal
El expediente instrumentado por la fiscal investigadora Claudia Valdez, indica que el Ministerio Público inició la acción penal en contra del agresor, luego de que la madre de la víctima denunciara lo ocurrido a la niña, quien le confesó los abusos a los que había sido sometida por Cuevas Gómez.
- Por decisión de los jueces, el procesado cumplirá la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
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Defensa Pública llama a respetar el escalafón en la selección de jueces de la Suprema Corte
Santo Domingo, R.D.-La coordinadora de la Defensa Pública del Departamento Judicial de La Vega, Elizabeth Rodríguez Díaz, hizo un llamado a que los procesos de selección de jueces, especialmente para la Suprema Corte de Justicia, se realicen con transparencia y respetando el escalafón judicial.
Rodríguez Díaz explicó que la Defensa Pública, como órgano constitucional, se unió a las actividades conmemorativas del día del Poder Judicial, que iniciaron con una misa en la Catedral y continuarán con la audiencia solemne que deja oficialmente abiertas las labores judiciales correspondientes al año 2026.
Al referirse al proceso de selección de jueces a la Suprema Corte de Justicia, la funcionaria manifestó su sorpresa por la exclusión de magistrados del Departamento Judicial de La Vega con amplia trayectoria y probada capacidad. Citó los casos de la magistrada Arelys Ricur y el magistrado Amauris Pimentel, quienes, según indicó, cuentan con una hoja de servicio que merecía ser tomada en consideración.
Rodríguez Díaz señaló que la Defensa Pública apuesta a que los procesos venideros sean completamente transparentes y reiteró la necesidad de fortalecer la institucionalidad del sistema de justicia, garantizando que las decisiones se sustenten en méritos, experiencia y trayectoria.
En ese sentido, reafirmó el compromiso de la Defensa Pública con una justicia independiente, eficiente y alineada a los principios constitucionales, en beneficio de la ciudadanía y del fortalecimiento del Estado de derecho.