Opinión
El Ominoso pacto de los doce
Por Narciso Isa Conde
No son apóstoles los que han pactado, sino doce facciones de la partidocracia, gran parte de ellas muy corrompidas y responsables de la aplicación de las políticas neoliberales.
En verdad son muy pocas la excepciones, mientras los que está libres de pecados mortales, se han comprometido a respaldar candidaturas de la franja neo-conservadora de partidos inmersos en el ejercicio de la política como negocio y en la corrupción como medio de enriquecimiento; dependientes todos del poder estadounidense e incluso una parte con un corte ideológico neo-fascista. Léase leonelismo, balaguerismo, vinchismo, perremeismo, pecudeismo, punismo, peñaguabismo… muchos participando en el coro imperialista contra Evo y contra los procesos soberanos de Nuestra América.
Su lema es: “tú me apoya y yo te apoyo”, aun que tú seas parte de la corruptela neoliberal y neo-trujillista imperante a lo largo de casi seis décadas. Y viceversa.
Así van las cosas en esa llamada oposición, muy parecida por cierto a su contrincante gubernamental, solo que ahora no ejerce el poder central del Estado, llegando al colmo de que el PRM, con la anuencia del Frente Amplio, le cedió 11 candidaturas senatoriales en 11 provincias del país a Leonel Fernández
Así van las cosas, optando por un pacto impúdico y ominoso a lo largo y ancho de 24 provincias, correspondiente a una tres cuarta parte del territorio nacional; de cara también a una comprometedora alianza en segunda vuelta.
Pero lo peor no es eso, sino que pretendan presentar esa afrenta como parte de una decisión para “salvar” una democracia inexistente y una institucionalidad esencialmente pervertida; y principalmente, para disque “renovar instituciones estatales” promoviendo partidos y personas de vieja data en el negocio de la política y el mercado electoral, expertos por demás en todo tipo de fechorías.
Ahora resulta que Leonel Fernández, Quique Antún, Peña Guagua y los Vinchos, entre otros, son baluartes de la “democracia y de la honestidad”, algo que no debe extrañarnos en boca de quienes ayer aceptaron se proclamara a Balaguer “padre de la democracia dominicana” y ahora apoyan a los que solicitan que EEUU audite la JCE. Si en esa claque no está Danilo, es porque está obligado a seguir en el gobierno, aunque sin poder reelegirse por una orden de Pompeo.
Ese té de tachuelas, a todas luces innecesario (hay sumas que restan y que simulaciones anticorrupción) para su propio fines, va ser muy difícil de tragar en una parte de las bases del PRM y del Frente Amplio, pero lo más grave es la responsabilidad histórica que ese paso implica en dirección a aupar de nuevo lo más perverso y conservador de la oposición; tan perverso y derechista como la propia facción danilista.
Sus jefes están haciéndole daño a su propias fuerzas y contribuyendo a crear un engendro político neofascista, plagado de racismo anti-haitiano y alineado con toda la ultraderecha continental, con un desenfado oportunista de alto calibre.
De paso, esa aventura reactiva las pugnas en el PRM, en tanto la facción de Hipólito Mejía odia a Leonel y concilia con Danilo. La primera señal de ese malestar es la declaración de su Secretaria General, Carolina Mejía, objetando el referido pacto con argumentos políticos válidos, pero sin la moral necesaria para sustentarlos como facción.
Esto, sin dudas, puede tener consecuencias peores que las del “frente patriótico” del PLD con el PRSC, concretadas ya en los gobiernos de Leonel y Danilo.
De entrada implica garantizarle impunidad a Leonel y a toda esa cáfila política. Adiós PEME, Sun Land, Súper-Tucanos, Odebrecht, CEA, OISOE… por cuanto implica borrar esas cuentecitas.
Implica, además, compartir eventualmente un gobierno subordinado a poderosos e inescrupulosos grupos económicos locales y a EEUU en su agresiva decadencia ¡Más de lo mismo y malo sobre malo sumando peor!
Los gobiernos de ultraderecha podrán expulsar inmigrantes, quitar derechos y mandar las mujeres a cocinar y fregar, pero no ofrecerán solución a lo que realmente está causando malestar a muchas personas: la discrepancia entre el bienestar prometido y deseado, y las precariedades económicas existentes.
Por Rosario Espinal
A pesar del triunfo de Lula en Brasil, es evidente el avance de la ultraderecha en el mundo. Las causas son diversas, pero hay elementos en común: el hartazgo de muchas personas con lo existente y la búsqueda de chivos expiatorios para distraer la atención de los problemas de fondo.
Los chivos expiatorios permiten culpar a alguien (usualmente a un grupo vulnerable) de los males sentidos; males que muchos no comprenden y que unos pocos explican a su conveniencia para consumo masivo. De ahí que la ultraderecha se sustente en culpar a los inmigrantes, los gais, los trans, las mujeres, los ambientalistas, etc.
Ellos, según la agitación constante de la ultraderecha, son culpables del desempleo, del gasto en servicios públicos, de la delincuencia, de la pérdida de valores, del colapso de la familia tradicional, etc.
¿Qué hay realmente en el trasfondo? Sociedades que no han podido ofrecer el bienestar prometido a amplios segmentos de la ciudadanía.
En regímenes autoritarios no hay que inventar muchos cuentos porque las fuerzas represivas impiden o sofocan los brotes de insatisfacción. En sociedades con ciertas libertades públicas hay que identificar culpables para el desquite. De ahí que el auge de la ultraderecha se exprese actualmente en democracias longevas.
En el caso específico de las sociedades capitalistas hay un mal de fondo: la promesa de prosperidad que cundió por el mundo desde la década de 1980, bajo las premisas del neoliberalismo y la globalización, desencadenaron expectativas de bienestar para una gran parte de la población mundial que no se han concretado.
Tres factores claves lo han impedido:
Primero, el neoliberalismo con sus políticas de bajos impuestos al capital y la desregulación empresarial ha producido una gran desigualdad en la distribución de la riqueza: los que más tienen, tienen muchísimo más que los demás.
Segundo, la dificultad para desmontar servicios públicos establecidos después de la Gran Depresión. Si eliminan servicios hay más desigualdad y descontento. Si los mantienen, los gobiernos enfrentan mayores déficits fiscales porque han bajado los impuestos a los ricos o les perdonan la evasión.
Tercero, la inflación pospandémica, agravada por la guerra contra Ucrania y contra Irán aumenta los costos de la energía, devastador en el mundo.
Las protestas que proliferan actualmente, sea por la vivienda, el deterioro de la educación, el costo de la vida, o la corrupción reflejan el descontento. Ahí prolifera la ultraderecha con su recetario de chivos expiatorios (simples y claros) que mucha gente asume como explicación de sus males. El sistema en su último cuplé.
Los gobiernos de ultraderecha podrán expulsar inmigrantes, quitar derechos y mandar las mujeres a cocinar y fregar, pero no ofrecerán solución a lo que realmente está causando malestar a muchas personas: la discrepancia entre el bienestar prometido y deseado, y las precariedades económicas existentes. Esta discrepancia se presenta a través del mundo.
Cuando los gobiernos de ultraderecha arrasen con muchas de las conquistas de los últimos 70 años, dejarán detrás sociedades más desiguales y convulsas, sobre las que habrá que forjar valores de solidaridad y justicia, si es que la humanidad no ha sido vencida por los humanoides de la inteligencia artificial.
Por Miguel Guerrero
El problema eléctrico sólo se resuelve tomando al toro por los cuernos. Lo primero es reconocer que la presencia del Estado en el negocio es el principal escollo en la búsqueda de una solución a la crisis energética y su grave impacto en la economía nacional, el sosiego familiar, la estabilidad de los negocios, grandes, medianos y pequeños, y todo cuanto anhelamos con proyección al futuro.
Sin ánimo de enjuiciar la labor del actual gobierno, lo cierto es que la CDEEE es parte del problema. Para esta fecha se suponía que su papel habría dejado de ser determinante y que el Gobierno aceptaría su rol de regulador, fortaleciendo las instituciones públicas llamadas por ley a pautar las reglas del negocio. En lugar de afianzar esta irrenunciable y fundamental responsabilidad, la corporación estatal ha continuado asumiendo funciones propias de una rectoría del sector que no le corresponde.
En la medida en que ese papel se incrementa desciende el de la superintendencia y de la Comisión de Energía, supuesta esta última a pautar las políticas del sector. En un sistema bien estructurado, la CDEEE sería apenas otro agente del sector, no el ostentador de un liderazgo que no es suyo. Por esa distorsión, el sistema no funciona adecuadamente y la mejor demostración de ello son los apagones y el alza de las tarifas, que tienen al garete a la población y estrangulado a los sectores productivos.
Los gobiernos han evidenciado, además, su incapacidad para liderar el sector, se vieron obligados a recurrir a organismos internacionales en la búsqueda de una salida, después de interminables promesas de solución con plantas que nadie ha visto. Admito que es una decisión difícil para un Gobierno, pero a menos que no se delimiten claramente los roles, el sector eléctrico seguirá dando tumbos.
Por Rommel Santos Diaz
El Estatuto de Roma establece que la Secretaría de la Corte Penal Internacional , sin perjuicio de las funciones y atribuciones del Fiscal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del estatuto de referencia, estará encargada de los aspectos no judiciales de la administración de la Corte Penal Internacional y de prestarle servicios.
De conformidad con el Estatuto de la Corte Penal Internacional la Secretaría será dirigida por el Secretario, que será el principal funcionario administrativo de la Corte. El Secretario ejercerá sus funciones bajo la autoridad del Presidente de la CPI.
El Estatuto de la Corte Penal Internacional señala, además, que el Secretario y el Secretario Adjunto deberán ser personas que gocen de consideración moral y tener un alto nivel de competencia y un excelente conocimiento y dominio de al menos uno de los idiomas de trabajo de la Corte.
El Estatuto de Roma también establece que los magistrados elegirán al Secretario de la Corte Penal Internacional en votación secreta por mayoría absoluta y teniendo en cuenta las recomendaciones de la Asamblea de los Estados Partes. De ser necesario elegirán por recomendación del Secretario y con arreglo al mismo procedimiento, un Secretario Adjunto.
En cuanto al procedimiento de elección del Secretario de la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma establece que el mismo será elegido por un periodo de cinco años en régimen de de dejación exclusiva y podrá ser reelegido una sola vez. El Secretario Adjunto será elegido por un periodo de cinco años, o por uno más breve, si así lo deciden los magistrados por mayoría absoluta en el entendimiento de que prestara sus servicios según será necesario.
Finalmente, el Secretario establecerá una Dependencia de Víctimas y Testigos dentro de la Secretaria. Esta Dependencia, en consulta con la Fiscalía, adoptará medidas de protección y dispositivos de seguridad y prestará asesoramiento y otro tipo de asistencia a testigos y víctimas que comparezcan ante la CPI, y a otras personas que estén peligro en razón del testimonio prestado . La Dependencia contara con personal especializado para atender a las víctimas de traumas, incluidos los relacionados con delitos de violencia sexual.
Rommelsantosdiaz@gmailcom