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Cuatro pilares básicos plantea proyecto de nación para enfrentar situación con Haití
Santo Domingo, R.D-Cuatro pilares básicos contiene el Pacto Nacional firmado este jueves ante la crisis en Haití, los cuales consisten en mantener la presión internacional, colocar más vigilancia en la frontera, regular los trabajadores temporales haitianos, crear una base biométrica con sus datos, ser más estricto en la aplicación de diversas legislaciones y mejorar la actividad económica entre ambas naciones.
El pacto se basa en cuatro pilares fundamentales: Política de Relaciones Exteriores, Política Migratoria, Política Fronteriza y Política Económica.
El pacto está basado en cuatro pilares fundamentales que son, Política de Relaciones Exteriores, Política Migratoria, Política Fronteriza y Política Económica.
Relaciones exteriores
En ese sentido, resalta promover el envío de misiones especiales al exterior para lograr un “mayor compromiso” de la comunidad internacional; fomentar la cooperación por medio de canales institucionales; instituir un grupo de trabajo experimentado para las relaciones dominico-haitianas y ofertar la construcción de tres hospitales en territorio haitianos, incluyendo la formación del personal médico.
Sumado a eso, busca mantener la insistencia en que el peso principal de la solución de la crisis en cuestión está en las instituciones de la sociedad haitiana “con el legítimo soporte de la comunidad internacional”.
En el aspecto migratorio, el pacto comprende la actualidad y el “problema” que enfrenta actualmente el país por la crisis haitiana y como esto se ha convertido en un “reto impostergable” para salvaguardar la soberanía y seguridad nacional.
Ante esto, plantea el principio de la debida regulación del ingreso y tránsito a través de la frontera, así como la permanencia y el libre desempeño del ejercicio laboral de nacionales extranjeros “debidamente autorizados” para habitar e interactuar en suelo dominicano.
Aparece también en el renglón aspectos como elaborar o revisar los protocolos de control fronterizo y del ingreso de trabajadores urbanos y agrícolas; identificar las empresas contratistas; investigar el otorgamiento de visados a “trabajadores temporeros y desarrollar un “programa de control biométricos” de nacionales extranjeros para recoger todas las informaciones necesarios que permitan tener un “mayor control”.
En ese aspecto aparece también el fijar requerimientos de mano de obra del mercado laboral dominicano y definir los criterios que sectores productivos requieren por el momento para establecer “cuotas de admisión por sectores de actividad”, en referencia al número de trabajadores temporeros que necesitarían. No obstante, dispone también el fomento a qué sectores empresariales dispongan la incorporación progresiva de mano de obra dominicana.
Sobre los trabajadores haitianos en condición de legalidad, el pacto establece que “gozarán de los mismos derechos laborales establecidos en las regulaciones para los dominicanos”.
Sobre la valla fronteriza, incluye el supervisar tecnológicamente desde la distancia, con cámaras, la labor del personal que se encuentra situado en la frontera, así como la vigilancia del posible paso ilegal de personas y, a partir de estas acciones, administrar un régimen de consecuencia en detrimento de aquellos que violenten las leyes.
En el caso de las deportaciones, mantiene la proceso de salida de extranjeros en situación migratoria contraria a la ley, que estén desempleados o contratados, pero no provistos de cuota de permanencia para extranjeros temporeros.
No obstante, establece la excepción de que el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) a través de sus oficinas en todos los puntos fronterizos, constatará que los procesos de deportación no estén incluidos menores de edad no acompañados.
Política fronteriza
Sobre este particular, el acuerdo reitera el compromiso patrio de salvaguardar la integridad de sus fronteras “sin ceder ni retroceder en el dominio y gestión responsable de su territorio”.
Agrega que se debe finalizar “en el más breve plazo” la construcción de la verja perimetral fronteriza inteligente” así como facilitar el transporte seguro de mercancía por vía terrestre y marítima, y cuando procesa aérea, hacia ciudades haitianas, que reúnan las condiciones de seguridad.
“Si las circunstancias de inseguridad extrema lo llegan a requerir, respaldamos tomar las disposiciones extraordinarias previstas en el ámbito de la Constitución de la República y de las leyes que permitan a las autoridades enfrentar los eventos excepcionales de inseguridad”, deja contemplado el pacto como una medida de última instancia.
Sobre las actividades ilícitas, el acuerdo busca instaurar la vigilancia satelital en tiempo real y de alta resolución sobre la región fronteriza dominicana, al igual que espacios marítimos, todo conectado y bajo la jurisdicción al C5I y los centro de mandos fronterizos.
Asimismo, dispone una serie de acciones para reforzar la revisión, retención e indagación de todo lo que ingresa a la República Dominicana proveniente de Haití, a los fines de evitar la llegada de armas, sustancias ilícitas y otras cuestiones relacionadas con hechos punibles.
Política económica
Dentro del renglón económico, las autoridades gubernamentales, en conjunto con el sector privado y la comunidad internaciones, dispone incentivar y expandir el financiamiento competitivo, tanto para las exportaciones hacia Haití, así como el desarrollo de proyectos en ese país.
Propone, en ese sentido, la promoción de intentar reproducir el modelo vigente de Codevi, para la instalación de industrias en el interior de territorio haitiano que contribuyan a la generación de riquezas y de retención de la población en sus lugares de origen.
De igual manera, dispone constituir y crear fondos especiales para la mecanización y tecnificación agropecuaria y de la industria de la construcción, cuestión de promover estas áreas.
También apoyar, promover e iniciar una serie de acciones que puedan “reequilibrar” el balance comercial dominico-haitiano y, a su vez, crear bases para la concertación de un acuerdo de facilitación de comercio con Haití.
Llamado a partidos ausentes
Durante el acto de firma, el presidente Abinader felicitó a cada uno de los partidos políticos y los líderes de la sociedad civil, académicos que dijeron presente en esta firma porque dijo, esta es una respuesta al país, una respuesta patriótica, no partidista.
“Y todavía espero que los partidos políticos que no estén aquí presentes, tener siempre la puerta y la silla preparada para cada uno de ellos, para que participen en esta toma de decisiones que, como dije, no debe de tener ningún cerco partidista, sino un sentido nacional y patriótico. Y eso es lo que esperamos”, expresó Abinader.
Partidos presentes en la firma
Trabajaron y firmaron el pacto 28 partidos políticos, incluyendo algunos de la oposición: Partido Revolucionario Moderno (PRM), Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Dominicanos por el Cambio (DxC), Partido de Unidad Nacional (PUN), Bloque Institucional Social Demócrata (BIS), Partido Cívico Renovador (PCR), Partido Humanista Dominicano (PHD), Partido Movimiento Demócrata Alternativo (MODA), Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD), Frente Amplio por la Dignidad Nacional (Frente Amplio), Alianza por la Democracia (APD), País Posible (PP), Partido Primero la Gente (PPG) y Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC).
Además, Partido de Acción Liberal (PAL), Partido Unión Demócrata Cristiana (UDC), Partido Liberal Reformista (PLR), Fuerza Nacional Progresista (FNP), Partido Revolucionario Independiente (PRI), Partido Demócrata Popular (PDP), Partido Nacional Voluntad Ciudadana (PNVC), Partido Alianza País (ALPAÍS), Justicia Social (JS), Partido Demócrata Institucional (PDI), Movimiento Nacional Balaguerista (MNB), Partido Verde Dominicano (VERDE), Partido Popular Progresista (PPP) y Movimiento Izquierda Unida (MIU).
Académicos e intelecturales
También, una veintena de académicos e intelectuales, incluyendo siete rectores de universidades: Juan Daniel Balcácer, Fernando Ferrán, Eduardo García Michel, Roberto Cassá, Bernardo Vega, Manuel Núñez, Wilfredo Lozano, Manuel Robles, Julio Ortega Tous, Iván Gatón, Raúl de Moya Español, Miguel Reyes Sánchez, José Miguel Vásquez, Luis Humberto Vargas, Humberto Pérez, Manuel Bergés, junto con los rectores de la UNPHU, Miguel Fiallo; el de la UASD, Editrudis Beltrán; el de la PUCMM, Secilio Espinal; de UNIBE, Odile Camilo Vincent; de UNAPEC, Franklin Holguín Haché; de la UCSD, monseñor Benito Ángeles, y de INTEC, Julio Sánchez Maríñez.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.