Santo Domingo.-En las mentes de quienes estudiaron debajo de una enramada, no cabe que en el aula de una escuela pública de República Dominicana, los pizarrones, cuadernos, libros, lápices y lapiceros, pudiesen ser sustituidos por una computadora personal y otras tecnologías.Nacionales
El país dejará atrás el lápiz y las pizarras
Santo Domingo.-En las mentes de quienes estudiaron debajo de una enramada, no cabe que en el aula de una escuela pública de República Dominicana, los pizarrones, cuadernos, libros, lápices y lapiceros, pudiesen ser sustituidos por una computadora personal y otras tecnologías.Mucho menos cabe soñar que en la UNAP o policlínica de su comunidad, tenga como mensajero a un dron, que se encargará de transportar las muestras para sus análisis, desde la zona apartada donde se encuentra, hasta el laboratorio que las analizará.
Si embargo, aunque parezca el guión de una historia fantástica, estos son apenas parte de los numerosos proyectos que aplicará el programa República Digital, que implementa la Comisión Presidencial.
Integración. La capacitación de los estudiantes, acorde con los avances de los nuevos tiempos, es el gran compromiso del sector educativo dominicano
Pero desde ya los usuarios disponen de los servicios de recarga en Internet de paso rápido del Ministerio de Obras Públicas y comuicaciones (MOPC) y también tienen disponible la consulta de IMEI de Celulares, para verificar si están en la lista negra.
Entre otras facilidades que tiene el usuario es el pago en línea de solicitud de certificaciones y legalizaciones, la entrega de la certificación de no antecedentes penales (PGR) y la App móvil de reporte de productos no conformes al Ministerio de Salud Pública.
La próxima semana la Plaza España tendrá Internet gratuito y ya se realizaron las pruebas en el hospital Dario Contreras para dejar en funcionamiento Wifi libre de costo. La viceministra de la Presidencial, Zoraima Cuello, explicó que se trata de un programa gubernamental que procura, en los próximos cuatro años, dar oportunidades a todos los ciudadanos de aprovechar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), para elevar la calidad de la educación, cerrar la brecha digital, facilitar la entrega de los servicios públicos y desarrollar los sectores productivos, en especial a las MIPYMES.
Informó que tienen priorizados 45 servicios públicos de mayor impacto al ciudadano, para podérselos facilitar en línea, lo cual va a implicar información permanente, la solicitud de los servicios y su entrega inmediatamente.
“El programa está alineada con la Estrategia Nacional de Desarrollo e impacta directamente varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas. Tiene cuatro ejes o componentes principales que son la educación, el acceso, la Productividad y empleo, así como el gobierno digital, abierto y transparente. Tenemos la seguridad cibernética y la inclusión social como ejes transversales”, agregó.
República Digital es implementado por la Comisión Presidencial de República Digital, que es coordinada por el Ministerio de la Presidencia y conformada por los ministerios de Educación, Educación Superior, así como Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, el Ministerio de Administración Pública (MAP), la Vicepresidencia de la República, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC) y cada una de las instituciones públicas que están comprometidas con ofrecer servicios en línea priorizados por el programa.
En educación
Cuello explicó que en el área educativa el proyecto busca promover en todos los espacios educativos, el uso de las TIC, de forma tal que los estudiantes aprendan mejor con el uso de las tecnologías.
“Esto implica el uso de antifaces digitales en las aulas, proyectores, pantallas inteligentes, y de esa forma se mejora el conocimiento y las tecnologías nos dan esa posibilidad”, explicó Cuello.
Informó que trabajan para que los estudiantes dispongan en sus aulas de realidad virtual.
SERVICIO GRATIS DE WIFI ÁREA PÚBLICA
Como parte del proyecto República Digital, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones ampliará la red de fibra optica, instalará cinco mil 800 puntos Wifi gratuitos en escuelas, hospitales, alcaldías, algunos parques y sedes regionales de la UASD, para garantizar que las personas con pocos recursos para pagar un servicio de data, tengan espacios donde conectar.
“Eso facilita que no se queden atrás”, asegura Zoraima Cuello.
Precisó que con República Digital aumenta la transparencia del gobierno y además conlleva la desaparición de los buscones de las oficinas públicas.
“También evita el desplazamiento, porque los servicios se solicitan y se reciben desde la oficina, lo cual evita costos y pérdida de tiempo”, agregó.
Productividad y empleo
Cuello manifestó que van a beneficiar a las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas con las tecnologías, a las cuales van a enseñar todo sobre dispositivos tecnológicos.
Al día de hoy han donado 355 computadoras a las Mipymes, pero capacitarán a 100,000 de ellas en el uso de las tecnologías y los apoyarán para que 50,000 usen comercio electrónico.
Impacto
El cierre de la brecha digital, desarrollo de competencias científicas y tecnológicas en niños y jóvenes, incrementó en más de un 400% en los nativos digitales y dominio de nuevas técnicas pedagógicas y desarrollo de habilidades tecnológicas en el profesorado.
También facilidad de acceso a los servicios de banda ancha a zonas tanto urbanas como rurales, acceso gratuito a Internet en lugares públicos, creación de nuevas fuentes de empleo, fomento del emprendedurismo nacional, aumento de la competitividad del país y desarrollo de una industria nacional de software capaz de penetrar en el mercado internacional.
De la misma forma mayor transparencia y eficiencia en la gestión de las instituciones públicas, más y mejores servicios públicos ofrecidos en línea, simplificación de los trámites, así como la reducción de costos y tiempos de espera para el ciudadano.
listindiario.com
Nacionales
Después de castigo mediante arancel de Estados Unidos RD no aceptará productos y bienes elaborados mediante “trabajo forzoso”
Santo Domingo, R.D.-El Gobierno dominicano dispuso la prohibición de la importación hacia al territorio nacional de mercancías, productos y bienes producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, incluyendo aquellas mercancías respecto de las cuales exista evidencia razonable de que en alguna fase de su cadena de suministro se ha producido la distorsión, cuya decision se produce tras el pais ser sancionado mediante arancel por la administracion del presidente Donald Trump.
La disposición gubernamental busca establecer las disposiciones administrativas necesarias para la prevención, identificación, verificación y prohibición de la importación de mercancías, productos y bienes producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, con el fin de proteger los derechos humanos, preservar la integridad del comercio internacional y garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por la República Dominicana.
La medida, contenida en el decreto 502-26, será aplicada a toda mercancía, producto o bien destinado a ser importado al territorio aduanero del país sobre el cual existan indicios razonables de que ha sido producido, fabricado, extraído, procesado o elaborado, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, independientemente de su país de origen o procedencia.
El decreto también reafirma que todo importador deberá declarar en el formulario electrónico de Declaración Única Aduanera (DUA), si tiene conocimiento o información razonable de que las mercancías, productos y bienes que importa han sido producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso.
La medida se toma apenas horas después de que la Administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciara nuevos aranceles de entre el 10 % y el 12,5 % a las importaciones procedentes de República Dominicana y otros 59 países y economías, justificándose en una investigación sobre «esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso».
En su artículo siete, el decreto señala que para la identificación de casos productos creados total o parcialmente, mediante trabajo forzoso se tomará en consideración información proveniente de fuentes nacionales o internacionales, tanto públicas como privadas incluyendo importadores, exportadores, operadores económicos, asociaciones empresariales u otros actores del sector privado.
Además, se tomará en cuenta los informes, alertas, investigaciones o evaluaciones emitidos por organismos internacionales competentes, incluyendo la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre otras fuentes de información que arrojen algún indicio.
Cuando existan indicios razonables, la Dirección General de Aduanas solicitará al Ministerio de Trabajo que, dentro del ámbito de sus competencias, elabore el informe técnico correspondiente. Luego se realizará una evaluación técnica correspondiente para determinar si existen elementos suficientes para concluir que la mercancía sí tuvo incidencias, durante su creación del trabajo forzoso.
El Ministerio de Hacienda y Economía, la Dirección General de Aduanas y las demás instituciones competentes podrán adoptar dentro del ámbito de las atribuciones que les confieren las leyes, las normas generales, medidas administrativas, operativas y técnicas necesarias para la ejecución del presente decreto, siempre que dichas medidas no impliquen la creación de nuevas obligaciones, restricciones o prohibiciones distintas de las previstas en el ordenamiento jurídico vigente, ni alteren el contenido esencial de los derechos reconocidos por las leyes.
En caso de que se concluya que sí existió el trabajo forzoso durante el proceso de elaboración del producto importado, se dispondrá la prohibición de importación de las mercancías, productos o bienes comprendidos en la determinación y específicamente vinculadas al productor, fabricante, suplidor o cadena de suministro respecto de los cuales se haya determinado la utilización de trabajo forzoso.
Se define como trabajo forzoso todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente, de conformidad con la definición contenida en el Convenio núm. 29 de la OIT, ratificado por la República Dominicana mediante la Résolución núm. 4505, del 21 de julio de 1956, y de conformidad con los estándares internacionales aplicables en materia de derechos humanos y erradicación del trabajo forzoso.
Santo Domingo, R.D.-Fue pospuesto para el 6 de agosto por la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional la decisión de si envía a juicio de fondo a Jean Andrés Pumarol Fernández, acusado de protagonizar un violento ataque con arma blanca en el ensanche Naco, hecho en el que falleció una mujer y varias personas resultaron heridos.
El tribunal, presidido por la magistrada Isis Muñiz tomó la decisión al considerar que la resolución todavía no está lista. En ese sentido ordenó a la secretaria del tribunal la notificación de la decisión, al Ministerio Público, representado por la procuradora de Corte Dulce Luciano, a la defensa del imputado, doctor Richard Martínez y al abogado Miguel Valerio, quien representa a los familiares de la víctima.
La corte de alzada deberá evaluar los argumentos de las partes tras la polémica decisión emitida el pasado 17 de marzo por el juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. El tribunal tendrá que determinar si ratifica ese dictamen o si, por el contrario, acoge los recursos de la parte acusadora para revocarlo.
Deiby Timoteo Peguero dictó un auto de «no ha lugar» a favor de Pumarol Fernández, tras considerar que el imputado no se encontraba en condiciones de salud mental aptas para enfrentar un juicio de fondo por los hechos que se le imputan.
La decisión fue adoptada tras evaluar los documentos depositados por la defensa, entre ellos un informe médico del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), que establece que el imputado sufrió un brote psicótico al momento de los hechos debido a que padece esquizofrenia paranoide.
Tras la notificación oficial del fallo, tanto el órgano persecutor como el abogado Miguel Valerio quien ostenta la representación legal de los familiares de la señora Ivonne Handal Abugabir, de 70 años, fallecida en el incidente apelaron la decisión. El recurso fue sometido dentro del plazo de 20 días hábiles que establece el artículo 309 del Código Procesal Penal.
Conforme a lo previsto en el artículo 434 de la citada norma procesal, el recurso fue formalizado mediante un escrito motivado, lo que dio lugar a que el expediente fuera remitido a la Cámara Penal de la Corte de Apelación para su debida revisión y ponderación.
La tragedia ocurrió en julio de 2025 en el ensanche Naco, donde Jean Andrés Pumarol Fernández atacó a varias personas con un arma blanca.
El incidente dejó como saldo fatal el deceso de la señora Ivonne Handal Abugabir. Asimismo, resultaron con heridas de gravedad Guillermo Pumarol padre del agresor, la cuidadora Teresa Fabián Heredia y los vecinos Francisco Tezano, Griselda Ozuna y Victoria Heredia.
Santo Domingo, R.D.-La continuación del juicio por presunta corrupcion administrativa en contra del ex procurador general Jean Alain Rodriguez y compartes deberá continuar tras el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazar un recurso de oposicion presentado por la barra de la defensa.
Como solicitó el Ministerio Público, representado por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, el tribunal declaró inadmisible el recurso contra la decisión que rechazó la mayoría de los incidentes planteados por las defensas.
La audiencia estaba convocada para la mañana, pero las juezas la reprogramaron para la tarde.
Camacho recordó que Rodríguez «se ha mantenido buscando la forma de huir al conocimiento del proceso y al conocimiento de las pruebas».
«La razón fundamental por la que Jean Alain huye al conocimiento de este proceso es porque él sabe que será asediado por las pruebas que tiene el Ministerio Público en la medida en que las mismas se produzcan en el tribunal», agregó.
El tribunal, integrado por las juezas Claribel Nivar, Clara Castillo y Yissell Soto, dio a conocer el fallo e inmediatamente dispuso que el Ministerio Público presentara su discurso de apertura.
Sin embargo, una de las barras de la defensa pidió aplazar la audiencia alegando un mal de salud de su defendido, solicitud que fue rechazada por las juezas al acoger el argumento del Ministerio Público de que faltaba un documento que avalara dicha condición.
El tribunal volvió a ordenar la continuación, pero la defensa de Rodríguez Sánchez volvió a presentar la solicitud de extinción de la acción penal.
Posteriormente, las juezas escucharon a Rodríguez Sánchez y dispusieron el aplazamiento de la audiencia para el próximo lunes 27 de julio, a las 9:00 de la mañana, donde será escuchada su defensa.
En respuesta a la solicitud del Ministerio Público, el pasado 6 de julio los jueces declararon inadmisibles la mayoría de los incidentes planteados por las defensas, que procuraban la nulidad del juicio, y ordenaron la continuación del proceso para el 22 de julio.
El expediente acusatorio establece que Rodríguez malversó más de 6,000 millones de pesos mediante procesos fraudulentos entre 2016 y 2020, años en que se desempeñó como procurador general.
Además de Rodríguez, figuran Jhonatan Loander Medina Reyes, Alfredo Alexander Solano Augusto, Jhonatan Joel Rodríguez Imbert, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercedes Marte, Miguel José Moya y Braulio Michael Batista Barias.
También son procesados Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames.
Los imputados enfrentan cargos por presuntos delitos de corrupción, incluyendo soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos.