Editorial
El Narcotráfico, el Fraude y la Corrupción, Fuentes Primarias en el País del Crecimiento Económico.
La República Dominicana siempre ha exhibido un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) que nos ha proyectado muy bien frente a los organismos multilaterales que manejan los asuntos económicos, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), pese a que su principal fuente han sido el narcotráfico, el fraude y la corrupción generalizada.
Sin embargo, los elogios a este respecto siempre han estado acompañado de cuestionamientos a ese crecimiento, el cual nunca se refleja en desarrollo humano y en las condiciones de vida de la población.
La percepción de los expertos es que el crecimiento del PIB se puede ver en agentes muy concretos, sobre todo en aquellos insertados en la macroeconomía, como por ejemplo el sistema bancario nacional, el cual en muchas ocasiones sirve de instrumento para el lavado de activos a pesar de todas las medidas tomadas luego de las quiebras bancarias del año 2002 que creó una deuda cuasi fiscal en el Banco Central que todavía pesa mucho en la débil economía nacional.
Nunca han existido dudas de que el crecimiento del PIB se produce a través de algunos renglones de la economía dominicana que son motorizados precisamente por transacciones fraudulentas como el de las telecomunicaciones, en el que hay niveles muy altos del fenómeno en contra de la población.
Pero peor aún, se observa que en el país se mueve una economía subterránea que es el producto del narcotráfico y por esa razón hay una serie de inversiones que sólo buscan el lavado de activos porque no tienen otra forma de hacer fluir esos recursos.
Y al ser así, los que promueven el narcotráfico y otros negocios del bajo mundo también buscan insertarse en los órganos del Estado en los que se toman decisiones para evitar que esos recursos producto de actividades ilegales sean decomisados por las autoridades.
En el contexto de esa realidad, también se produce una generalización de la corrupción administrativa, la cual no tiene órganos del Estado preferidos, en la que hacen fiestas muchos diputados, senadores y otros funcionarios gubernamentales, quienes por su afán de acumular fortunas son presas fáciles de los promotores del bajo mundo que hacen grandes inversiones económicas en las campañas electorales y en la actividad política en general, así como en otras alianzas que concretan con los dirigentes del sistema de partidos del país.
Todo ello es el resultado de un fenómeno que impacta a los países del llamado tercer mundo, como por ejemplo la República Dominicana, que no es otra cosa que la falta de institucionalidad y que como vía de consecuencia produce un alto nivel de impunidad.
En el país en los últimos años se observa una tendencia muy fuerte a buscar el dinero fácil, porque incluso en la República Dominicana hay lo que se conoce como la cultura de la apariencia, la cual provoca que la gente vaya a aquellas actividades ilegales que le permita acumular grandes fortunas en un tiempo muy rápido.
Por esta razón los operativos del Ministerio Público ayudan un poco a contrarrestar el mal, pero no es la panacea, porque ese proceder del órgano persecutor del crimen y el delito debía estar acompañado de todo un plan nacional para aumentar los niveles de institucionalidad del Estado, lo cual traerá consigo mayor fiscalización y regulación oficial de todas las actividades nacionales.
El dominicano debe estar preparado para ver muchos más casos como el Falcón, ya que en virtud de que las causas que los generan aún están intactas, invariables, y en consecuencia los ilícitos como el que nos ocupa lloverán en el curso del tiempo.
Lo otro es que de las acciones del Ministerio Público debe erradicarse la politiquería que proviene, principalmente, del propio presidente de la República cuando quiere atribuirse la eficiencia de un órgano que ya se ha dicho hasta la sociedad de que es independiente y que sus méritos son propios, no de un partido o de un mandatario que no tiene ninguna coherencia en su accionar, lo cual además debe dejar claro que ello no justifica las criticas de otros sectores que son parte del problema.
Con la operación Falcón, las autoridades del Ministerio Público asestaron un nuevo golpe al narcotráfico y al lavado de activos, ilícitos que vuelven a salpicar a figuras políticas con posiciones en el Gobierno y en el poder legislativo y judicial.
En esta ocasión sale a relucir el arresto del actual titular de la Dirección General de Comunidad Digna, Juan Maldonado Castro, quien fuera diputado perredeísta y que luego pasó a formar parte del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Los hechos vinculados al bajo mundo es un motivo de gran preocupación en una sociedad como la dominicana, la cual está más que saturada de distorsiones, donde lo mal hecho predomina en todos sus escenarios
Editorial
Abinader se expone a destitución con promulgacion de ley sobre candidaturas independientes.
La promulgación del presidente de la Ley 13-26 que busca eliminar las candidaturas independientes pone en cuestionamiento hasta la propia legalidad del jefe de Estado en razón de que la misma implica una grave violación de la Constitución de la República.
Ello así, porque si no se respeta una parte de la carta magna tampoco puede tener validez el resto de ella y como la elección de la presidencia de la República se sustenta en el artículo 124 de ley sustantiva de la nación, igual ocurre con los demás articulados de la misma, como por ejemplo los 184 y 185 que dota de facultad al Tribunal Constitucional para someter al mandato de la carta magna todas aquellas normas que la violentan.
Y sobre esa base y por la autoridad otorgada por el constituyente es que el TC tiene la facultad de examinar todas las leyes y cualquier otra norma para que se ajuste al espíritu de la ley de leyes e incluso todas aquellas que provienen del derecho externo y que son de obligatorio cumplimiento a nivel interno.
De manera, que si cualquier funcionario público, incluido el presidente de la República, se atribuye la calidad de anular una parte de ella, ello implica que todo el ordenamiento jurídico, además del constitucional, quedaría invalidado, porque una parte del texto no puede ser válido cuando se intenta anular aquella que le afecta a quien toma una medida que se puede calificar de ilegal.
Y exactamente esto ha ocurrido con el presidente Luís Abinader que mediante la promulgación de la Ley 13-26 busca anular las candidaturas independientes sobre la base de una medida ilegal y violatoria de la Constitución y de todo el sistema jurídico e institucional de la nación.
En esa lógica si una cosa no es legal a pesar de que así lo dispone el texto constitucional, pues igual ocurre con aquella disposición que permite que la autoridad que así actúa tampoco la tenga y entonces se entraría en un nivel de cuestionamiento general que arruina la credibilidad de todo el sistema.
Y efectivamente en ese plano se ha colocado Abinader, porque no es verdad de que porque sea el jefe del Estado dominicano tiene la calidad para sólo cumplir con aquellas partes del texto constitucional que le convengan y que beneficie sus intereses políticos.
Luce que Abinader no entiende en el embrollo legal en que ha metido el país, cuya palabra en lo inmediato la tiene el TC, pero en cualquier caso también otorga un nivel de participación y decisión importante al derecho convencional e internacional.
Las consecuencias de la torpeza de Luis Abinader con la promulgación de una norma que despoja de la facultad que tiene el Tribunal Constitucional de interpretar de las leyes a través del artículo 47 de la Ley 137-11 para sumarse a las travesuras de los senadores y diputados, que están llenos de miedo más que de vergüenza, coloca a la democracia dominicana en una posición de total falta de credibilidad y que confirma que la Constitución sólo es válida y cumplible cuando así lo entiende el funcionario público, que en este caso no es nada menos que el presidente de la República, quien se ha atrincherado en la ilegalidad para defender lo indefendible.
Abinader podrá tener algún nivel de ingenuidad, pero parece que en su persona pesa más la ignorancia que cualquier otra virtud, lo que pone en peligro la seguridad jurídica e institucional de la sociedad dominicana.
Razones de tipo profundamente culturales y de inversión de valores representan el principal escollo para que en el país surja la figura del “outsider” en función de la necesidad de la política nacional.
Este tipo de personaje ha sido muy común en los procesos electorales de los países suramericanos, principalmente en Ecuador y Perú.
Igual puede decirse que ha ocurrido en México, donde el escenario político y electoral fue monopolizado durante largos años por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el cual llegó a su fin con el triunfo de Manuel López Obrador, quien en ningún momento intentó modificar la Constitución para perpetuarse en el poder.
Sin embargo, la figura del “outsider” ha sido prácticamente difícil que surge en el escenario dominicano por factores que no son tan fáciles de romper con ellos, como aquellos de inversión de valores que han hecho desaparecer la hermandad, la solidaridad y la reciprocidad sustituyéndolos después de la llegada del neoliberalismo salvaje por el chisme, la envidia, el egoísmo y el amor por los asuntos materiales y monetarios.
Estas desviaciones explican de alguna manera el hecho de que el clientelismo tenga tanta fuerza en la sociedad dominicana, donde cualquier candidato a un cargo electivo debe ingeniársela y buscar cantidades significativas de dinero para lograr el triunfo.
El asunto tiene una complejidad que incluso el problema de la creación de un nuevo liderazgo tiene como dique de contención el criterio que prevalece en el ciudadano de que cualquier aspirante que busque su apoyo debe decirle donde está lo suyo, lo cual además tiene el agravante de que todas las personas se consideran con las condiciones hasta para dirigir el Estado, aunque nunca hayan ido a la escuela.
Sin embargo, nadie puede negar que han surgido las evidencias de que el país podría estar a la puerta del nacimiento de un “outsider”, cuya figura tal vez no sea la ideal por las razones expuestas más arriba, pese a que esto queda en manos de los ciudadanos, ya que los partidos políticos tienen un descredito tal que puede llevar a la ruina total a la democracia.
Ahí precisamente está la explicación de la oposición de senadores y diputados a tolerar la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), la cual abre la vía de que los ciudadanos, si bien tienen la opción de ir a la administración pública a través de los partidos políticos, pero de igual modo pueden hacerlo mediante lo consignado en el artículo 22, numeral 1, de la Constitución de la República.
De manera, que tras la interpretación del TC existen las vías directa e indirecta para buscar participar en la lucha por el control del Estado, pero que esta visión no es compartida por los partidos políticos por sus altos niveles de descréditos en la sociedad dominicana.
No obstante, la figura de las candidaturas independientes, la cual en español no es otra cosa que el “outsider” ha traído consigo grandes retos para la partidocracia, principalmente para el partido de gobierno, el Revolucionario Moderno, que no sale de una torpeza que cuestiona su verdadera vocación democrática.
Lo que nadie puede poner en duda es de que en país están dadas las condiciones jurídicas, políticas y sociales para que surge la figura del “outsider”, pero todo dependerá de cómo el ciudadano asuma la circunstancia surgida y si realmente está en capacidad de que la política salga del clientelismo para entrar a la racionalidad y la conciencia del voto para construir una mejor sociedad, naturalmente siempre en el marco de una democracia más participativa que representativa, lo cual sólo es posible a través de las candidaturas independientes, no de los partidos políticos.
En el país se desarrolla un debate nacional sobre la decisión tomada por el Congreso Nacional, conformada por diputados y senadores provenientes de los partidos políticos tradicionales, que busca eliminar las candidaturas independientes del sistema electoral nacional.
La ilegalidad de los legisladores choca frontalmente con el mandato de la Constitución de la República que dispone en su artículo 2 y 22 que la soberanía del pueblo dominicano descansa en el ciudadano y es el único que disfruta del derecho de elegir y ser elegido.
Pero en una interpretación distorsionada y negadora del espíritu democrático de la carta magna los partidos políticos a través de sus senadores y diputados, principalmente el Revolucionario Moderno, hoy en el poder, se han empañado en anular las candidaturas independientes que son el resultado en su nueva versión de una interpretación del Tribunal Constitucional en virtud de su facultad otorgada por los artículos 184 y 185 de la ley sustantiva de la nación y el 47 de su ley orgánica, la 137-11.
Los diputados y senadores han pretendido atribuirse una facultad que no tienen de abolir una norma que es el resultado de una jurisprudencia sentada por el Tribunal Constitucional, olvidándose que, si bien ellos tienen la autoridad de interpretar la constitución en su labor legislativa, pero que la misma no es definitiva ni vinculante, como son aquellas que provienen del TC.
Sin embargo, el Congreso Nacional sostiene su posición en que para introducir las candidaturas independientes en el sistema electoral nacional debe producirse una modificación constitucional, lo cual choca con lo ya decidido por el alto tribunal en torno a la figura, pero además que esa decisión no está en el contexto de la competencia del legislador, sino de la alta corte.
La cuestión toma otra dimensión porque habrá que ver cuál es la decisión del presidente Luis Abinader, ya que el proyecto aprobado para eliminar las candidaturas independientes ahora pasa a su control y del Poder Ejecutivo debe venir una observación o la promulgación de una ley que sería inconstitucional y que entonces devuelve el asunto hacia el propio TC mediante la interposicion de una acción directa de inconstitucionalidad.
De cualquier modo, el proyecto de ley aprobado por ambas cámaras pone en una situación difícil, no sólo a la democracia, sino también a la vida institucional de la nación, ya que lo aprobado en el Congreso Nacional cuestiona la autoridad de un órgano facultado por la Constitución para interpretar las normas e incluso los tratados y convecciones del derecho internacional.
Ahora falta esperar cuál será el próximo paso de un gobierno que no planifica nada y que carece de un plan estratégico a corto, mediano y largo plazo para que el dominicano cuente con una mejor democracia.
El reto está echado, pero del presidente inclinarse por la promulgación del proyecto dejaría la democracia muy mal parada, incluida su propia legalidad como jefe de Estado y de observarla estaría fortaleciendo la institucionalidad que tanto se cuestiona en el país.
Sólo falta esperar.