Editorial
El Narcotráfico, el Fraude y la Corrupción, Fuentes Primarias en el País del Crecimiento Económico.
La República Dominicana siempre ha exhibido un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) que nos ha proyectado muy bien frente a los organismos multilaterales que manejan los asuntos económicos, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), pese a que su principal fuente han sido el narcotráfico, el fraude y la corrupción generalizada.
Sin embargo, los elogios a este respecto siempre han estado acompañado de cuestionamientos a ese crecimiento, el cual nunca se refleja en desarrollo humano y en las condiciones de vida de la población.
La percepción de los expertos es que el crecimiento del PIB se puede ver en agentes muy concretos, sobre todo en aquellos insertados en la macroeconomía, como por ejemplo el sistema bancario nacional, el cual en muchas ocasiones sirve de instrumento para el lavado de activos a pesar de todas las medidas tomadas luego de las quiebras bancarias del año 2002 que creó una deuda cuasi fiscal en el Banco Central que todavía pesa mucho en la débil economía nacional.
Nunca han existido dudas de que el crecimiento del PIB se produce a través de algunos renglones de la economía dominicana que son motorizados precisamente por transacciones fraudulentas como el de las telecomunicaciones, en el que hay niveles muy altos del fenómeno en contra de la población.
Pero peor aún, se observa que en el país se mueve una economía subterránea que es el producto del narcotráfico y por esa razón hay una serie de inversiones que sólo buscan el lavado de activos porque no tienen otra forma de hacer fluir esos recursos.
Y al ser así, los que promueven el narcotráfico y otros negocios del bajo mundo también buscan insertarse en los órganos del Estado en los que se toman decisiones para evitar que esos recursos producto de actividades ilegales sean decomisados por las autoridades.
En el contexto de esa realidad, también se produce una generalización de la corrupción administrativa, la cual no tiene órganos del Estado preferidos, en la que hacen fiestas muchos diputados, senadores y otros funcionarios gubernamentales, quienes por su afán de acumular fortunas son presas fáciles de los promotores del bajo mundo que hacen grandes inversiones económicas en las campañas electorales y en la actividad política en general, así como en otras alianzas que concretan con los dirigentes del sistema de partidos del país.
Todo ello es el resultado de un fenómeno que impacta a los países del llamado tercer mundo, como por ejemplo la República Dominicana, que no es otra cosa que la falta de institucionalidad y que como vía de consecuencia produce un alto nivel de impunidad.
En el país en los últimos años se observa una tendencia muy fuerte a buscar el dinero fácil, porque incluso en la República Dominicana hay lo que se conoce como la cultura de la apariencia, la cual provoca que la gente vaya a aquellas actividades ilegales que le permita acumular grandes fortunas en un tiempo muy rápido.
Por esta razón los operativos del Ministerio Público ayudan un poco a contrarrestar el mal, pero no es la panacea, porque ese proceder del órgano persecutor del crimen y el delito debía estar acompañado de todo un plan nacional para aumentar los niveles de institucionalidad del Estado, lo cual traerá consigo mayor fiscalización y regulación oficial de todas las actividades nacionales.
El dominicano debe estar preparado para ver muchos más casos como el Falcón, ya que en virtud de que las causas que los generan aún están intactas, invariables, y en consecuencia los ilícitos como el que nos ocupa lloverán en el curso del tiempo.
Lo otro es que de las acciones del Ministerio Público debe erradicarse la politiquería que proviene, principalmente, del propio presidente de la República cuando quiere atribuirse la eficiencia de un órgano que ya se ha dicho hasta la sociedad de que es independiente y que sus méritos son propios, no de un partido o de un mandatario que no tiene ninguna coherencia en su accionar, lo cual además debe dejar claro que ello no justifica las criticas de otros sectores que son parte del problema.
Con la operación Falcón, las autoridades del Ministerio Público asestaron un nuevo golpe al narcotráfico y al lavado de activos, ilícitos que vuelven a salpicar a figuras políticas con posiciones en el Gobierno y en el poder legislativo y judicial.
En esta ocasión sale a relucir el arresto del actual titular de la Dirección General de Comunidad Digna, Juan Maldonado Castro, quien fuera diputado perredeísta y que luego pasó a formar parte del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Los hechos vinculados al bajo mundo es un motivo de gran preocupación en una sociedad como la dominicana, la cual está más que saturada de distorsiones, donde lo mal hecho predomina en todos sus escenarios
El reportaje histórico-interpretativo de esta semana parte del legado ético moral de los tres grandes líderes de las últimas décadas, naturalmente guardando las diferencias entre ellos, lo que lleva a este periódico a sostener que su legado parece que ha servido de poco.
Los tres, Balaguer, Pena Gómez y Bosch, representan una época que luce que no volverá, porque la sociedad dominicana ha entrado en un marcado deterioro en los detalles que constituyeron las principales fortalezas de estos prohombres.
Estamos hablando de la visión ética de los tres, uno más que otro, pero que actuaron durante toda su trayectoria no apegados a lo que es el comportamiento de la figura del depredador del patrimonio público, el cual acompaña la historia nacional desde los tiempos de la colonia.
La muerte de los tres líderes ha traído consigo una profundización del problema ético en la política, ya que se ha visto que el asunto es tan serio que nadie entra a esta actividad para servir, sino para servirse, cuyas aspiraciones no es llevarse del Estado 1,50 o cien millones de pesos, sino miles.
Los casos de corrupción que no paran son el mejor ejemplo de la realidad por la que atraviesa la sociedad dominicana, ya que se puede afirmar que con el dinero público sustraído se pueden construir varias republicas dominicanas y más grande que la que tenemos.
El panorama nacional luce bastante feo, dado que los déficits fiscales de la nación están asociados a un gasto público definitivamente poco racional y explicado por los niveles tan altos de corrupción administrativa, cuya deuda externa también impactada por ese deseo de acumulación de bienes materiales de los actores de la vida política nacional.
Es muy común escuchar que si se quiere acumular riquezas hay que incursionar en la actividad política partidista o vender drogas o ascender al control del patrimonio público y cuando esto no ocurra perseguir una contrata del Estado para de entrada llevarse a sus bolsillos no menos de un 80 por ciento del presupuesto de la misma, la cual tiene la opción de aumentar el monto originalmente aprobado mediante adendas que cuadruplican el valor de la obra.
Todo ello deja claro que el problema del país es ético-moral, pero que este discurso no encaja con ninguno de los partidos que tienen reales posibilidades de ascender al poder, porque ya han sido probados y los mismos continuarán pregonando lo que no practican.
Es decir, que el legado de los líderes políticos ya fallecidos, no le sirve de mucho al país, ya que la formación de los actores de la vida política nacional consiste más en llenar sus bolsillos que apegarse al legado de prohombres que pregonaron durante toda su vida política la ética y la moral en el manejo de la administración pública.
No hay un solo escenario en el que la administración estadounidense no busque sustituir la fuerza por la razón.
El primer lugar escogido fue Venezuela, donde fue apresado dentro de su territorio el presidente de ese país, quien independientemente de su legitimidad o no, debe ser enjuiciado por los tribunales de su país, no de los Estados Unidos.
La ofensiva a través del uso o de la amenaza de la fuerza fue seguido en contra de Groenlandia, isla autónoma de Dinamarca, e igual amenaza sufre el pueblo haitiano con buques de guerra en sus costas.
Pero la imposición de la fuerza, aunque en una versión política, no militar, también ha sido vista en Honduras, Costa Rica, Chile, Argentina, entre otras naciones del continente, por parte de la nueva versión de gobernar del presidente Donald Trump.
Aunque todo luce como una locura que no cabe en pleno siglo 21, cuando el derecho internacional está lo suficientemente empoderado, es como una versión del régimen nazi, cuyo principal protagonista actúa sin miramientos y sin importarle las consecuencias de su conducta.
La realidad es que se sienta un precedente de tensión y violencia que cambia una serie de patrones culturales que se han impuesto en las sociedades civilizadas y modernas de estos tiempos.
Este periódico lo había advertido de que Donald Trump era un peligro para la paz mundial, quien, incluso, ha logrado doblegar la institucionalidad que ha exhibido históricamente los Estados Unidos, ejemplo de aplicación de un buen derecho y cuyo sistema de justicia es admirado en todo el planeta.
Sin embargo, inexplicablemente Trump se ha puesto por encima del orden y la ley, lo que distorsiona el espíritu que tradicionalmente ha caracterizado a la nación más poderosa del mundo, fruto de que allí prevaleció un Estado netamente capitalista sin influencias federales, como resultado de un alto desarrollo de las fuerzas productivas y de la conciencia social.
En el contexto de los embates de una visión autoritaria y vulneradora de derechos, Trump ahora mete sus manos en Haití mediante la amenaza de la fuerza a través de las armas e impone a un gobernante que no garantiza el logro del objetivo perseguido por la comunidad internacional de construir un Estado que haga duradera una democracia que promueva el estado de derecho y la paz anhelada por el pueblo más débil y pobre de todo el hemisferio.
El desgraciado precedente que persigue hacer sucumbir el derecho internacional, el respeto a los derechos humanos y a la auto determinación de los pueblos toma cuerpo ante la mirada complaciente de gente que antepone el miedo frente la vergüenza y la dignidad humana.
La educación superior es cuestionada permanentemente por aquellos que conocen del asunto, porque en el país las universidades se han convertido en un negocio vulgar.
Formar a troche y moche es la filosofía que prevalece en la mayoría de las universidades nacionales, donde un buen nivel académico y mucho más preocuparse por la investigación científica es un asunto del pasado y que parece que nunca volverá.
Lo peligroso de este concepto de comercializar con la educación es que genera la salida hacia las calles, que entran al mercado laboral, profesionales como médicos, abogados e ingenieros que poco les importa los resultados de su trabajo.
Porque su poca formación no es solo académico, sino tambien ético, ya que son educados en un entorno en el que no tiene ningún valor una buena conducta, sólo el componente dinero.
Hace algún tiempo que luego de la celebración de una feria de la salud se vio a un joven profesional de la Medicina muy preocupado mientras estaba en la oficina de la empresa organizadora de la misma y cuando se le preguntó por qué lucia así, dijo que tenía una paciente que había venido de los Estados Unidos para hacerse una cirugía plástica, pero que mostraba las plaquetas muy bajas y que si se concreta la operación podía morir.
Agregó que su dilema era si hacía o no la cirugía porque entendía que frente a la situación ella podía morir, pero que el dueño de la clínica le decía que le pusiera sangre y la interviniera, lo que dejó evidente su poco amor por la vida de sus pacientes y que sólo le interesaba el dinero.
Ese cuadro es el pan nuestro de cada día, a lo que se agrega el hecho de que en muchos casos no sólo se produce un problema ético, sino también de poca preparación o formación profesional y cuando ambos se juntan los resultados jamás pueden ser buenos.
La cuestión es que el aspecto ético generalmente es imperceptible y el Estado no cuenta con mecanismos para detectarlo o vigilarlo, ya que incluso los colegios profesionales que deben jugar ese papel están también desnaturalizados como parte del problema integral que padece la sociedad.
Se impone que las universidades dominicanas sean vigiladas para que mejoren académicamente y que fortalezcan la ética en la enseñanza para que el país esté en manos de médicos más preparados, pero lo propio hay que decir de los abogados e ingenieros, así como de los demás profesionales académicos que también son parte del festival de graduaciones universitarias sobre la base del dinero, de las ganancias económicas, sin importar suplir la necesidad nacional de formar los científicos y técnicos que contribuyan con el desarrollo nacional.