LAS JUGADAS. SE REALIZAN EN 1,822 PUNTOS REGISTRADOS POR EL MINISTERIO DE HACIENDA
Santo Domingo.-Dicen que los dominicanos juegan hasta “la picá de ojo”. A juzgar por la cantidad y la variedad de jugadas que se hacen en las bancas de apuestas deportivas, ese dicho no está lejos de la realidad. En República Dominicana hay 1,822 bancas, todas registradas en el Ministerio de Hacienda, según Ricardo Nadal, presidente de la Asociación Nacional de Bancas Deportivas.
Se estima que en el país se apuestan cerca de diez mil millones de pesos por año en este tipo de negocio, aunque Nadal considera que esa suma es incuantificable.
Lo que sí sabe es que durante los siete meses que dura la temporada de béisbol de las Grandes Ligas se registra el 80% de las apuestas. Las bancas deportivas también son generadoras de empleos y se estima que tienen 7,528 empleados, a razón de cuatro por cada negocio. Otros viven indirectamente de esta actividad.
Un estudio hecho hace algunos años por las Grandes Ligas sobre el impacto económico que tiene en República Dominicana, y donde no tomó en cuenta las apuestas del juego debido a que están prohibidas a nivel deportivo, reveló que esa actividad generó US$84 millones, 1,175 empleos directos y otros 881 empleos indirectos, además de 1,556 jugadores firmados en ese año. Eso significa que las apuestas alrededor del deporte tienen mayor impacto económico que los deportes en sí.
((Qué se apuesta
Siendo el béisbol el deporte rey del país es lo más natural que sea el preferido para las apuestas, debido a que además de que se mantiene todo el año, cuando termina la temporada de Grandes Ligas, entonces comienza el campeonato invernal, con los equipos locales. El baloncesto sigue en la preferencia de las apuestas y aunque parece paradójico, los dominicanos conocen y apuestan al hockey sobre hielo. No solo a este sino al fútbol colegial, baloncesto universitario y el rey de los Estados Unidos, el llamado fútbol americano.
((Cómo se apuesta
Por la general se juega una “setexta”, donde el apostador debe adivinar esa misma cantidad de equipo ganadores. Puede ser también a que los equipos que se enfrentan obtengan más o menos de carreras que establecen las bancas, o puntos en el caso de que el juego sea de baloncesto u otros deportes. Pero también está la opción de un directo (un solo equipo), palé, tripleta, hasta doce equipos si así lo desea. También a ponches, a hit, y a todo un mundo de jugadas que se han creado. El dinero apostado siempre será “el rey”. Las líneas (carrerajes o puntos) vienen establecidas desde Las Vegas, en Estados Unidos, considerada la capital mundial del juego.
((La banca pierde y se ríe
En viejo dicho dominicano de que “la banca pierde y se ríe”, es de práctica aplicación en este tipo de actividad. Mientras los jugadores se empobrecen, y muchos de ellos caen en la adicción, a tal punto que destruyen sus vidas, mientras las bancas se mantienen en auge.
Las licencias para este tipo de negocios, que nacieron de manera ilegal a finales de los ochenta y principios de los noventa, fueron congeladas en el 2011 por el Ministerio de Hacienda, que es la institución que regula su operación.
En sus inicios pertenecían a la entonces Secretaría de Estados de Deportes (Sedefir). Este tipo de negocio prospera, a pesar de que para abrir una banca, cuando estaba permitido, había que invertir cerca de RD$1 millón en el pago de la licencia y compra de mobiliario o alquiler del local.
Esto sin incluir el pago de la nómina de los empleados, rentas telefónicas, electricidad, cable y parábola. Además de las operadoras, las bancas cuentan con ingenieros de sistemas que realizan los cambios a las líneas de pronósticos.
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FENABANCA ACEPTA SEAN INCLUIDAS EN LEY
La Federación Nacional de Bancas de Lotería de la República Dominicana (Fenabanca) dijo ayer que a esa entidad no le afecta si se incluye o excluye del proyecto de ley contra el lavado de activos y financiamiento de terrorismo porque sus miembros operan de manera legal.
“Nosotros hemos dicho que no tenemos ningún interés de que se nos excluya o incluya en la ley de lavado de activos, porque nosotros operamos legalmente”, declaró Wilson de los Santos, presidente de Fenabanca.
De los Santos expresó que en el sector que representa no existe la posibilidad de que se lave dinero, porque las apuestas de los usuarios de esa entidad son mínimas y para poder ser regulados por el estándar del Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI) deben ser operaciones superiores a los tres mil dólares.
En cuanto a los legisladores vinculados al negocio de bancas de lotería, De los Santos expresó que ellos no se opondrán a la regularización porque están ahí para responder por las operaciones.
Mientras que el vocero de Fenabanca, Michel Dicent, dijo que ese organismo siempre ha sido abanderado de las fiscalizaciones y regulaciones de las bancas de lotería.
Asimismo, se quejó de que en el país existen al menos seis mil bancas que operan de manera ilegal y que deben ser sometidas a revisión ya que solo hay 3,750 bancas registradas legalmente.
Dicent manifestó que esa federación respeta las decisiones que adopten los legisladores en cuanto a las modificaciones del proyecto de ley de modificación de la ley de lavado de activos.
LA DISCUSIÓN
Con la decisión del Senado de sacar las bancas de apuestas del proyecto de Ley de Lavados de Activos “han hecho un cumpleaños sin tener el conocimiento”, dijo Ricardo Nadal. Refirió que esta iniciativa existe desde el 2006.
“Existe además un préstamo de 17 millones de dólares. Aprobado en presencia (como es evidente) de los mismos legisladores que tienen bancas y que hoy los acusan de la exclusión”, explicó el dirigente de la asociación entrevistado por teléfono.
Explicó que ese dinero sería la base para desarrollar el software que permitirá interconectar a todas las bancas con el Ministerio de Hacienda.
“Se ha explicado que todo el mundo está incluido en la ley, solo que no como sujeto obligado. Es decir que no tenemos que hacer la “debida diligencia de informar operaciones sobre los 3,000 dólares”, agregó.
Aseguró que no existen operaciones sobre ese monto en 99 % de las bancas del país.
“Sabías que los bancos comerciales le han cerrado sus cuentas a todas las personas relacionadas con bancas (salvo excepciones como la mía). Desde hace más de seis años Entonces cómo va el gobierno a detectar una operación bancaria que los mismos bancos han excluido”, dijo.
Tiene razón el senador Marriotti en decir que si la aplicación de estas medidas serán verificadas por organismos internacionales periódicamente, el país haría el ridículo en legislar para lo que no puede cumplir, insistió.
Nadal recordó que hace cuatro años solicitó la urgencia de la interconexión, ya que el mismo Estado vería incrementar sus ingresos fiscales.
listindiario.com
Santo Domingo, R.D.-Un total de 9,412,353 ciudadanos y residentes en República Dominicana recibirán la nueva cédula de identidad y electoral a partir del 26 de enero de 2026. De esa cifra, 942,795 personas alcanzaron la mayoría de edad desde el año pasado y serán incorporadas por primera vez al padrón de cedulación.
La Junta Central Electoral (JCE) informó que el proceso de renovación y emisión del documento tendrá una inversión de RD$ 6,500 millones. De ese monto, RD$ 2,081.6 millones se destinarán a la impresión de las cédulas, mientras que RD$ 3,500 millones cubrirán los gastos operativos y logísticos del proceso, el cual se extenderá hasta marzo de 2027.
Con base en estos datos, si 9.4 millones de personas recibirán la cédula y el costo total asciende a RD$ 6,500 millones, el gasto promedio por persona será de aproximadamente RD$ 690.58, es decir, unos RD$ 691 por cédula. Esta emisión es gratuita,
El 26 de enero de 2026 se realizará el acto formal de impresión de la primera cédula de identidad y electoral, que será entregada al presidente de la República, Luis Abinader.
Durante febrero y marzo de 2026, la JCE ejecutará la captura y entrega focalizada a senadores, diputados, altas cortes, órganos constitucionales y comunicadores.
La apertura general de cedulación en el territorio nacional iniciará el 8 de abril de 2026, organizada por mes de cumpleaños, con captura y entrega física del documento. El proceso de renovación nacional concluirá el 31 de marzo de 2027, fecha en la que la cédula vigente perderá validez legal.
Santo Domingo.– Las denuncias en España de que Julio Iglesia explotó sexual, psicológica y laboralmente a al menos a una de sus empleadas en su casa de Punta Cana reabre el debate sobre la necesidad de formalizar el trabajo doméstico y que se apliquen mecanismos para presentar las quejas ante las autoridades.
Mientras que la fiscalía de La Altagracia asegura que ese caso no fue denunciado en el país.
Para las representantes de gremios que agrupan a las trabajadoras doméstica ese tipo de denuncias son comunes entre sus afiliadas.
«Vivimos a diario contra esos tipos de abusos, violencia, acoso en el mundo del trabajo del sector doméstico. Lo hemos denunciado, pero no hay ningún tipo de ley que nos ampare en ninguno de esos sectores», dijo la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadoras Domésticas, Marubeni Pérez.
Asimismo, aseguran que además de trabajadoras del hogar, empleadas y estudiantes también son víctimas de acoso y abusos sexuales y psicológicos.
Tras relatar lo ocurrido en una investigación periodística de medios internacionales, dos ex empleadas de Julio Iglesias lo demandaron ante la justicia española por supuestas agresiones y vejaciones sexuales en las mansiones del cantante en la República Dominicana y en las Bahamas en el 2021.
Las sindicalistas consultadas instaron a las mujeres víctimas de este tipo de violencia a formalizar sus denuncias.
Santo Domingo, R.D.-En el Congreso Nacional, cada año se repite una escena que ya parece parte del calendario institucional: el apuro de las últimas semanas de legislatura para aprobar proyectos de ley antes de que «venzan». Lo que muchos no saben es que ese apuro no responde necesariamente a una urgencia nacional, sino a una disposición del Reglamento y de la Constitución que establece que si un proyecto de ley no se aprueba en dos legislaturas ordinarias (es decir, aproximadamente un año), debe considerarse no iniciado, como si nunca hubiese existido. Y así, todo lo hecho hasta ese momento, estudios técnicos, audiencias públicas, informes de comisión, debates en el Pleno, se borra por completo.
Esta práctica, conocida como perención legislativa, se ha convertido en uno de los principales factores de ineficiencia del trabajo parlamentario. Cada año, decenas de proyectos, muchos de ellos importantes, mueren por plazos y no por méritos. Y luego, los mismos legisladores deben reintroducirlos, repetir los trámites, rediscutirlos, volver a aprobarlos. Se reinicia el reloj… pero no se avanza.
Los efectos de esta dinámica son graves y múltiples. En primer lugar, se cometen errores legislativos por premura. Cuando un proyecto se acerca a su fecha de caducidad, se acelera su aprobación, muchas veces sin el estudio técnico adecuado. Se aprueban textos con vacíos legales, ambigüedades o sin análisis de impacto presupuestario. Luego vienen las enmiendas, los reclamos y, en algunos casos, las reformas de urgencia para corregir lo que no se debió precipitar.
Además, esta lógica produce un desgaste institucional profundo. Desde fuera, la ciudadanía ve cómo el Congreso aprueba algo… y luego lo deja caducar. El mensaje que se percibe es de inestabilidad, improvisación o lentitud. La confianza en el proceso legislativo se resiente, y con razón. No es fácil explicar por qué una ley ampliamente debatida y respaldada tiene que ser reintroducida cada año como si fuera nueva, solo porque el calendario venció.
Pero quizás el mayor problema sea que se rompe la continuidad entre las dos cámaras del Congreso. Un proyecto aprobado en el Senado, si no es conocido por la Cámara de Diputados antes de terminar el año legislativo, pierde vigencia. Y la próxima vez, debe comenzar desde cero, incluso en la cámara que ya lo había aprobado. Se desvanece todo el trabajo legislativo como si fuese papel mojado.
El Parlamento no debe ser rehén del calendario, ni el país víctima de la burocracia. Es hora de romper con la lógica de la perención automática y construir un procedimiento legislativo que honre el trabajo, respete el tiempo y sirva al bien común. Porque legislar no es correr contra el reloj: es construir soluciones duraderas para una nación que no puede esperar.
