LAS JUGADAS. SE REALIZAN EN 1,822 PUNTOS REGISTRADOS POR EL MINISTERIO DE HACIENDA
Santo Domingo.-Dicen que los dominicanos juegan hasta “la picá de ojo”. A juzgar por la cantidad y la variedad de jugadas que se hacen en las bancas de apuestas deportivas, ese dicho no está lejos de la realidad. En República Dominicana hay 1,822 bancas, todas registradas en el Ministerio de Hacienda, según Ricardo Nadal, presidente de la Asociación Nacional de Bancas Deportivas.
Se estima que en el país se apuestan cerca de diez mil millones de pesos por año en este tipo de negocio, aunque Nadal considera que esa suma es incuantificable.
Lo que sí sabe es que durante los siete meses que dura la temporada de béisbol de las Grandes Ligas se registra el 80% de las apuestas. Las bancas deportivas también son generadoras de empleos y se estima que tienen 7,528 empleados, a razón de cuatro por cada negocio. Otros viven indirectamente de esta actividad.
Un estudio hecho hace algunos años por las Grandes Ligas sobre el impacto económico que tiene en República Dominicana, y donde no tomó en cuenta las apuestas del juego debido a que están prohibidas a nivel deportivo, reveló que esa actividad generó US$84 millones, 1,175 empleos directos y otros 881 empleos indirectos, además de 1,556 jugadores firmados en ese año. Eso significa que las apuestas alrededor del deporte tienen mayor impacto económico que los deportes en sí.
((Qué se apuesta
Siendo el béisbol el deporte rey del país es lo más natural que sea el preferido para las apuestas, debido a que además de que se mantiene todo el año, cuando termina la temporada de Grandes Ligas, entonces comienza el campeonato invernal, con los equipos locales. El baloncesto sigue en la preferencia de las apuestas y aunque parece paradójico, los dominicanos conocen y apuestan al hockey sobre hielo. No solo a este sino al fútbol colegial, baloncesto universitario y el rey de los Estados Unidos, el llamado fútbol americano.
((Cómo se apuesta
Por la general se juega una “setexta”, donde el apostador debe adivinar esa misma cantidad de equipo ganadores. Puede ser también a que los equipos que se enfrentan obtengan más o menos de carreras que establecen las bancas, o puntos en el caso de que el juego sea de baloncesto u otros deportes. Pero también está la opción de un directo (un solo equipo), palé, tripleta, hasta doce equipos si así lo desea. También a ponches, a hit, y a todo un mundo de jugadas que se han creado. El dinero apostado siempre será “el rey”. Las líneas (carrerajes o puntos) vienen establecidas desde Las Vegas, en Estados Unidos, considerada la capital mundial del juego.
((La banca pierde y se ríe
En viejo dicho dominicano de que “la banca pierde y se ríe”, es de práctica aplicación en este tipo de actividad. Mientras los jugadores se empobrecen, y muchos de ellos caen en la adicción, a tal punto que destruyen sus vidas, mientras las bancas se mantienen en auge.
Las licencias para este tipo de negocios, que nacieron de manera ilegal a finales de los ochenta y principios de los noventa, fueron congeladas en el 2011 por el Ministerio de Hacienda, que es la institución que regula su operación.
En sus inicios pertenecían a la entonces Secretaría de Estados de Deportes (Sedefir). Este tipo de negocio prospera, a pesar de que para abrir una banca, cuando estaba permitido, había que invertir cerca de RD$1 millón en el pago de la licencia y compra de mobiliario o alquiler del local.
Esto sin incluir el pago de la nómina de los empleados, rentas telefónicas, electricidad, cable y parábola. Además de las operadoras, las bancas cuentan con ingenieros de sistemas que realizan los cambios a las líneas de pronósticos.
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FENABANCA ACEPTA SEAN INCLUIDAS EN LEY
La Federación Nacional de Bancas de Lotería de la República Dominicana (Fenabanca) dijo ayer que a esa entidad no le afecta si se incluye o excluye del proyecto de ley contra el lavado de activos y financiamiento de terrorismo porque sus miembros operan de manera legal.
“Nosotros hemos dicho que no tenemos ningún interés de que se nos excluya o incluya en la ley de lavado de activos, porque nosotros operamos legalmente”, declaró Wilson de los Santos, presidente de Fenabanca.
De los Santos expresó que en el sector que representa no existe la posibilidad de que se lave dinero, porque las apuestas de los usuarios de esa entidad son mínimas y para poder ser regulados por el estándar del Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI) deben ser operaciones superiores a los tres mil dólares.
En cuanto a los legisladores vinculados al negocio de bancas de lotería, De los Santos expresó que ellos no se opondrán a la regularización porque están ahí para responder por las operaciones.
Mientras que el vocero de Fenabanca, Michel Dicent, dijo que ese organismo siempre ha sido abanderado de las fiscalizaciones y regulaciones de las bancas de lotería.
Asimismo, se quejó de que en el país existen al menos seis mil bancas que operan de manera ilegal y que deben ser sometidas a revisión ya que solo hay 3,750 bancas registradas legalmente.
Dicent manifestó que esa federación respeta las decisiones que adopten los legisladores en cuanto a las modificaciones del proyecto de ley de modificación de la ley de lavado de activos.
LA DISCUSIÓN
Con la decisión del Senado de sacar las bancas de apuestas del proyecto de Ley de Lavados de Activos “han hecho un cumpleaños sin tener el conocimiento”, dijo Ricardo Nadal. Refirió que esta iniciativa existe desde el 2006.
“Existe además un préstamo de 17 millones de dólares. Aprobado en presencia (como es evidente) de los mismos legisladores que tienen bancas y que hoy los acusan de la exclusión”, explicó el dirigente de la asociación entrevistado por teléfono.
Explicó que ese dinero sería la base para desarrollar el software que permitirá interconectar a todas las bancas con el Ministerio de Hacienda.
“Se ha explicado que todo el mundo está incluido en la ley, solo que no como sujeto obligado. Es decir que no tenemos que hacer la “debida diligencia de informar operaciones sobre los 3,000 dólares”, agregó.
Aseguró que no existen operaciones sobre ese monto en 99 % de las bancas del país.
“Sabías que los bancos comerciales le han cerrado sus cuentas a todas las personas relacionadas con bancas (salvo excepciones como la mía). Desde hace más de seis años Entonces cómo va el gobierno a detectar una operación bancaria que los mismos bancos han excluido”, dijo.
Tiene razón el senador Marriotti en decir que si la aplicación de estas medidas serán verificadas por organismos internacionales periódicamente, el país haría el ridículo en legislar para lo que no puede cumplir, insistió.
Nadal recordó que hace cuatro años solicitó la urgencia de la interconexión, ya que el mismo Estado vería incrementar sus ingresos fiscales.
listindiario.com
Por redacción
Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader exhortó este lunes a las personas que tienen órdenes de arresto pendientes a entregarse ante las autoridades y aseguró que los organismos de seguridad continuarán su búsqueda para evitar la comisión de nuevos hechos delictivos.
El mandatario hizo el planteamiento durante LA Agenda Semanal, encuentro encabezado por el Gobierno y dedicado en esta ocasión a las acciones implementadas frente a la criminalidad y la seguridad ciudadana.
“A esos que tienen órdenes de arresto, que se entreguen, porque si no, se van a ir a buscar antes de que cometan otro crimen”, declaró Abinader durante su intervención.
El jefe de Estado manifestó que las autoridades no pretenden esperar a que una persona requerida judicialmente vuelva a involucrarse en un hecho violento para ejecutar una orden de captura.
Abinader explicó que las autoridades cuentan con registros de personas sobre las cuales pesan una o varias órdenes de arresto y sostuvo que la Policía Nacional mantendrá activa su localización.
Según señaló, algunos de los individuos requeridos acumulan varias órdenes pendientes y continúan circulando libremente.
El mandatario afirmó que el objetivo de las autoridades es actuar de forma preventiva y reducir la posibilidad de que personas vinculadas previamente a hechos delictivos vuelvan a afectar a ciudadanos.
La Presidencia informó por separado que Abinader reafirmó que quienes cometan actos criminales serán perseguidos y capturados mediante el fortalecimiento de la capacidad tecnológica y operativa de las instituciones de seguridad.
Durante su exposición, Abinader también manifestó preocupación por personas requeridas por las autoridades que aparecen en plataformas digitales exhibiendo armas de fuego o realizando disparos.
El gobernante sostuvo que este tipo de comportamiento constituye, desde su perspectiva, un desafío a la autoridad que no debe ser tolerado.
Mientras realizaba esas declaraciones, golpeó la mesa con la mano para enfatizar su posición.
Según el mandatario, las propias publicaciones en redes sociales pueden convertirse en un elemento utilizado por las autoridades para localizar a personas buscadas.
Las declaraciones presidenciales se producen el mismo día en que el director de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rodríguez García, exhortó a quienes tengan asuntos pendientes con la justicia a entregarse voluntariamente.
Rodríguez García afirmó que las personas que no lo hagan continuarán siendo perseguidas por los agentes y aseguró que existe una lista de individuos requeridos desde hace años por diferentes hechos.
La Policía informó además que 85 personas se entregaron voluntariamente durante septiembre, según declaraciones de su director.
El pronunciamiento de las autoridades coincide con un período de cuestionamientos sobre las muertes ocurridas durante actuaciones policiales reportadas oficialmente como intercambios de disparos.
Un recuento publicado este 28 de septiembre registra 37 personas fallecidas durante septiembre en hechos de ese tipo. La Policía ha informado en diferentes casos que los fallecidos eran buscados por órdenes judiciales, denuncias o presunta vinculación con delitos.
El tema también ha provocado llamados de distintos sectores para que las actuaciones policiales se mantengan dentro del debido proceso y del respeto a los derechos fundamentales.
Abinader, por su parte, sostuvo durante LA Agenda Semanal que la seguridad ciudadana continúa siendo una preocupación del Gobierno y aseguró que las autoridades seguirán adoptando acciones destinadas a enfrentar la criminalidad.
Por redacción
Santo Domingo.– El director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, hizo este lunes un llamado a los médicos a no facilitar sus códigos profesionales para la facturación o tramitación de servicios de salud, al señalar que esa práctica puede comprometerlos penalmente.
La advertencia fue formulada tras conocerse las medidas de coerción impuestas por el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, contra los imputados en el denominado caso SeNaSa 2.0, investigación vinculada a presuntas irregularidades en perjuicio del Seguro Nacional de Salud y de sus afiliados.
Camacho sostuvo que el proceso debe servir de experiencia para el sector médico y consideró necesario promover una campaña preventiva que oriente a los profesionales sobre las consecuencias de ceder sus credenciales a terceros.
“Prestar los códigos puede arrastrarlos a un proceso penal”, manifestó el funcionario, quien afirmó que 22 médicos fueron procesados dentro de esta etapa de la investigación.
Según explicó, el Ministerio Público entiende que el uso de códigos profesionales cedidos a terceros constituye uno de los elementos que deben ser tomados en cuenta para evitar que otros médicos puedan verse involucrados en investigaciones similares.
Camacho también dejó establecido que las medidas de coerción conocidas por el tribunal no significan el cierre de las pesquisas relacionadas con SeNaSa.
El titular de Persecución consideró razonable la decisión adoptada por el juez y afirmó que, desde la perspectiva del Ministerio Público, el fallo reconoce la investigación presentada ante el tribunal.
No obstante, señaló que las indagatorias seguirán abiertas.
“La investigación sobre lo sucedido en SeNaSa no se cierra, no concluye con esta investigación, y vamos a ir por más”, declaró Camacho.
El juez Rigoberto Sena impuso 18 meses de prisión preventiva a ocho de los procesados.
Los imputados Angeury Guzmán Vásquez, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Juan Henry Poueriet y Wander Manuel Díaz Encarnación fueron enviados al Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras.
Mientras, Ysabel Heredia Vallejo, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez y Laura Altagracia Santana Evangelista deberán cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, en San Cristóbal.
El tribunal dispuso arresto domiciliario para las exempleadas de SeNaSa Heidy Coronado Paulino y Lucreisy Polanco Núñez, así como para los médicos Einstein Rafael Borromé Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Engels Federico Díaz Mendoza, Rafael Mauricio Cabral González, Marcelino Eusebio Figuereo y Víctor Felipe Rodríguez García.
A otro grupo de imputados se les impuso, además del arresto domiciliario, impedimento de salida del país y garantías económicas.
Para Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo y Keila Beatriz Acosta Leonardo, la garantía económica fue fijada en RD$2 millones, a través de una compañía aseguradora.
En el caso de Martha María Saldaña, el tribunal estableció una garantía económica de RD$3 millones, además de arresto domiciliario e impedimento de salida del territorio nacional.
El juez también impuso garantía económica de RD$1 millón a los médicos José Luis Díaz Hernández, Guillermo Enrique Diclo Garabito y Yocairis Antonia Méndez Beltré.
Estos imputados deberán, además, cumplir con presentación periódica e impedimento de salida del país.
El tribunal concedió un plazo de siete días para hacer efectivas las garantías económicas. De no cumplir con ese requisito, los afectados podrían ser trasladados a los centros penitenciarios correspondientes, conforme a la decisión judicial.
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público vincula a los procesados de la denominada Operación Cobra 2.0-A con presuntos delitos de asociación de malhechores, falsificación y uso de documentos falsos, delitos de alta tecnología, acceso ilícito, utilización indebida de códigos y lavado de activos, en perjuicio del Estado dominicano.
El órgano acusador sostiene que la investigación guarda relación con supuestas maniobras fraudulentas vinculadas a servicios y autorizaciones médicas en el Seguro Nacional de Salud.
El Ministerio Público había solicitado 18 meses de prisión preventiva para los 26 imputados y pidió, además, que el expediente fuera declarado de tramitación compleja.
Durante la audiencia, los fiscales presentaron numerosos elementos de prueba para sustentar sus imputaciones.
Los arrestos fueron realizados durante allanamientos ejecutados por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Además de decidir sobre las medidas de coerción, el juez Rigoberto Sena declaró el proceso de tramitación compleja, lo que permitirá que la investigación continúe bajo las reglas procesales previstas para expedientes que involucran múltiples imputados, hechos y elementos probatorios.
El Ministerio Público ha señalado que esta investigación forma parte de una nueva etapa de las pesquisas relacionadas con las presuntas irregularidades cometidas en el Seguro Nacional de Salud.
El director policial afirma que busca cambiar la percepción de inseguridad y sostiene que quienes tienen cuentas pendientes con la justicia deben entregarse; insiste en que la actuación policial debe respetar los derechos ciudadanos
Por Alberto Rodríguez
SANTO DOMINGO.– El director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, colocó la persecución de personas prófugas entre las prioridades de su gestión y aseguró que la institución intensificará las acciones para localizar a quienes tienen órdenes de arresto pendientes por homicidios, robos, agresiones y otros hechos delictivos.
Rodríguez García sostuvo este lunes que procura revertir una realidad que, a su juicio, afecta la tranquilidad de la población: que sean los ciudadanos quienes sientan temor frente a la delincuencia. Su planteamiento es que la autoridad debe garantizar condiciones para que las personas puedan desarrollar sus actividades cotidianas con mayor seguridad. El Día
El mayor general asumió la Dirección General de la Policía Nacional en agosto pasado y durante sus primeras semanas ha desarrollado recorridos, cambios operativos y encuentros con diferentes estructuras de la institución. La Policía ha presentado esa agenda como parte de un esfuerzo dirigido a fortalecer su presencia territorial, supervisión y capacidad de respuesta. Policía Nacional Dominicana
Durante sus declaraciones, Rodríguez García reveló que mantiene en su despacho una relación de personas que llevan años prófugas de la justicia y aseguró que el personal policial tiene instrucciones de trabajar en su localización.
Según explicó, entre los buscados figuran personas señaladas por homicidios, robos y agresiones, incluyendo hechos cometidos contra menores y otras personas vulnerables.
La propia Policía Nacional mantiene públicamente un listado de prófugos buscados por las autoridades, que incluye personas requeridas por distintos procesos. Policía Nacional Dominicana
El director policial exhortó a quienes tengan órdenes de arresto pendientes a entregarse voluntariamente y aseguró que serán recibidos y posteriormente puestos a disposición del Ministerio Público para los procedimientos correspondientes.
Las declaraciones se producen en momentos en que las actuaciones de agentes durante determinados operativos han provocado cuestionamientos, particularmente en casos reportados como intercambios de disparos.
Interrogado sobre esas críticas, Rodríguez García defendió el derecho de los policías a proteger sus vidas cuando sean atacados, pero afirmó al mismo tiempo que la institución debe actuar respetando los derechos humanos. El Día
Esa posición coincide con orientaciones ofrecidas recientemente por el propio director a miembros de la Dirección Regional Noreste, donde pidió a los agentes preservar vidas, actuar con prudencia y mantener un trato digno hacia la ciudadanía, sin renunciar a la firmeza frente al delito. También insistió en que el uso de la fuerza debe ajustarse a la Constitución, las leyes y los protocolos establecidos. Policía Nacional Dominicana
Rodríguez García se refirió además a un video divulgado sobre una intervención policial en Villa Vásquez, en el que se observa a un hombre detenerse y levantar las manos durante una actuación de agentes.
El director informó que los policías involucrados fueron suspendidos y que el caso quedó bajo investigación del Ministerio Público, órgano al que corresponde establecer las circunstancias y eventuales responsabilidades relacionadas con el hecho. El Día
El jefe policial señaló que cualquier ciudadano que considere haber sido víctima de una actuación irregular de agentes puede recurrir al Ministerio Público para presentar la denuncia correspondiente.
El discurso de Rodríguez García plantea dos líneas que deberán coexistir durante su gestión: incrementar la capacidad de persecución contra personas requeridas por la justicia y, simultáneamente, procurar que las intervenciones policiales se mantengan dentro de los límites legales.
La institución atraviesa además un proceso de reforma que incluye cambios en formación, tecnología y despliegue territorial. El Comisionado Ejecutivo para la Reforma Policial informó el 24 de septiembre que se han incorporado 11,001 nuevos agentes, instalado más de 8,000 cámaras corporales y ampliado de tres meses a un año el período de formación de los nuevos policías. Policía Nacional Dominicana
El desafío será que el fortalecimiento operativo produzca mayor seguridad ciudadana sin debilitar las garantías que corresponden a toda persona sometida a una investigación o persecución penal.
La persecución del delito y el respeto al debido proceso no constituyen objetivos incompatibles: forman parte de las responsabilidades que debe asumir una institución policial en un Estado de derecho.
Rodríguez García reiteró que la función de la Policía es proteger a la sociedad, preservar la paz y llevar ante las autoridades competentes a quienes tengan cuentas pendientes con la justicia.
