LAS JUGADAS. SE REALIZAN EN 1,822 PUNTOS REGISTRADOS POR EL MINISTERIO DE HACIENDA
Santo Domingo.-Dicen que los dominicanos juegan hasta “la picá de ojo”. A juzgar por la cantidad y la variedad de jugadas que se hacen en las bancas de apuestas deportivas, ese dicho no está lejos de la realidad. En República Dominicana hay 1,822 bancas, todas registradas en el Ministerio de Hacienda, según Ricardo Nadal, presidente de la Asociación Nacional de Bancas Deportivas.
Se estima que en el país se apuestan cerca de diez mil millones de pesos por año en este tipo de negocio, aunque Nadal considera que esa suma es incuantificable.
Lo que sí sabe es que durante los siete meses que dura la temporada de béisbol de las Grandes Ligas se registra el 80% de las apuestas. Las bancas deportivas también son generadoras de empleos y se estima que tienen 7,528 empleados, a razón de cuatro por cada negocio. Otros viven indirectamente de esta actividad.
Un estudio hecho hace algunos años por las Grandes Ligas sobre el impacto económico que tiene en República Dominicana, y donde no tomó en cuenta las apuestas del juego debido a que están prohibidas a nivel deportivo, reveló que esa actividad generó US$84 millones, 1,175 empleos directos y otros 881 empleos indirectos, además de 1,556 jugadores firmados en ese año. Eso significa que las apuestas alrededor del deporte tienen mayor impacto económico que los deportes en sí.
((Qué se apuesta
Siendo el béisbol el deporte rey del país es lo más natural que sea el preferido para las apuestas, debido a que además de que se mantiene todo el año, cuando termina la temporada de Grandes Ligas, entonces comienza el campeonato invernal, con los equipos locales. El baloncesto sigue en la preferencia de las apuestas y aunque parece paradójico, los dominicanos conocen y apuestan al hockey sobre hielo. No solo a este sino al fútbol colegial, baloncesto universitario y el rey de los Estados Unidos, el llamado fútbol americano.
((Cómo se apuesta
Por la general se juega una “setexta”, donde el apostador debe adivinar esa misma cantidad de equipo ganadores. Puede ser también a que los equipos que se enfrentan obtengan más o menos de carreras que establecen las bancas, o puntos en el caso de que el juego sea de baloncesto u otros deportes. Pero también está la opción de un directo (un solo equipo), palé, tripleta, hasta doce equipos si así lo desea. También a ponches, a hit, y a todo un mundo de jugadas que se han creado. El dinero apostado siempre será “el rey”. Las líneas (carrerajes o puntos) vienen establecidas desde Las Vegas, en Estados Unidos, considerada la capital mundial del juego.
((La banca pierde y se ríe
En viejo dicho dominicano de que “la banca pierde y se ríe”, es de práctica aplicación en este tipo de actividad. Mientras los jugadores se empobrecen, y muchos de ellos caen en la adicción, a tal punto que destruyen sus vidas, mientras las bancas se mantienen en auge.
Las licencias para este tipo de negocios, que nacieron de manera ilegal a finales de los ochenta y principios de los noventa, fueron congeladas en el 2011 por el Ministerio de Hacienda, que es la institución que regula su operación.
En sus inicios pertenecían a la entonces Secretaría de Estados de Deportes (Sedefir). Este tipo de negocio prospera, a pesar de que para abrir una banca, cuando estaba permitido, había que invertir cerca de RD$1 millón en el pago de la licencia y compra de mobiliario o alquiler del local.
Esto sin incluir el pago de la nómina de los empleados, rentas telefónicas, electricidad, cable y parábola. Además de las operadoras, las bancas cuentan con ingenieros de sistemas que realizan los cambios a las líneas de pronósticos.
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FENABANCA ACEPTA SEAN INCLUIDAS EN LEY
La Federación Nacional de Bancas de Lotería de la República Dominicana (Fenabanca) dijo ayer que a esa entidad no le afecta si se incluye o excluye del proyecto de ley contra el lavado de activos y financiamiento de terrorismo porque sus miembros operan de manera legal.
“Nosotros hemos dicho que no tenemos ningún interés de que se nos excluya o incluya en la ley de lavado de activos, porque nosotros operamos legalmente”, declaró Wilson de los Santos, presidente de Fenabanca.
De los Santos expresó que en el sector que representa no existe la posibilidad de que se lave dinero, porque las apuestas de los usuarios de esa entidad son mínimas y para poder ser regulados por el estándar del Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI) deben ser operaciones superiores a los tres mil dólares.
En cuanto a los legisladores vinculados al negocio de bancas de lotería, De los Santos expresó que ellos no se opondrán a la regularización porque están ahí para responder por las operaciones.
Mientras que el vocero de Fenabanca, Michel Dicent, dijo que ese organismo siempre ha sido abanderado de las fiscalizaciones y regulaciones de las bancas de lotería.
Asimismo, se quejó de que en el país existen al menos seis mil bancas que operan de manera ilegal y que deben ser sometidas a revisión ya que solo hay 3,750 bancas registradas legalmente.
Dicent manifestó que esa federación respeta las decisiones que adopten los legisladores en cuanto a las modificaciones del proyecto de ley de modificación de la ley de lavado de activos.
LA DISCUSIÓN
Con la decisión del Senado de sacar las bancas de apuestas del proyecto de Ley de Lavados de Activos “han hecho un cumpleaños sin tener el conocimiento”, dijo Ricardo Nadal. Refirió que esta iniciativa existe desde el 2006.
“Existe además un préstamo de 17 millones de dólares. Aprobado en presencia (como es evidente) de los mismos legisladores que tienen bancas y que hoy los acusan de la exclusión”, explicó el dirigente de la asociación entrevistado por teléfono.
Explicó que ese dinero sería la base para desarrollar el software que permitirá interconectar a todas las bancas con el Ministerio de Hacienda.
“Se ha explicado que todo el mundo está incluido en la ley, solo que no como sujeto obligado. Es decir que no tenemos que hacer la “debida diligencia de informar operaciones sobre los 3,000 dólares”, agregó.
Aseguró que no existen operaciones sobre ese monto en 99 % de las bancas del país.
“Sabías que los bancos comerciales le han cerrado sus cuentas a todas las personas relacionadas con bancas (salvo excepciones como la mía). Desde hace más de seis años Entonces cómo va el gobierno a detectar una operación bancaria que los mismos bancos han excluido”, dijo.
Tiene razón el senador Marriotti en decir que si la aplicación de estas medidas serán verificadas por organismos internacionales periódicamente, el país haría el ridículo en legislar para lo que no puede cumplir, insistió.
Nadal recordó que hace cuatro años solicitó la urgencia de la interconexión, ya que el mismo Estado vería incrementar sus ingresos fiscales.
listindiario.com
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.
