LAS JUGADAS. SE REALIZAN EN 1,822 PUNTOS REGISTRADOS POR EL MINISTERIO DE HACIENDA
Santo Domingo.-Dicen que los dominicanos juegan hasta “la picá de ojo”. A juzgar por la cantidad y la variedad de jugadas que se hacen en las bancas de apuestas deportivas, ese dicho no está lejos de la realidad. En República Dominicana hay 1,822 bancas, todas registradas en el Ministerio de Hacienda, según Ricardo Nadal, presidente de la Asociación Nacional de Bancas Deportivas.
Se estima que en el país se apuestan cerca de diez mil millones de pesos por año en este tipo de negocio, aunque Nadal considera que esa suma es incuantificable.
Lo que sí sabe es que durante los siete meses que dura la temporada de béisbol de las Grandes Ligas se registra el 80% de las apuestas. Las bancas deportivas también son generadoras de empleos y se estima que tienen 7,528 empleados, a razón de cuatro por cada negocio. Otros viven indirectamente de esta actividad.
Un estudio hecho hace algunos años por las Grandes Ligas sobre el impacto económico que tiene en República Dominicana, y donde no tomó en cuenta las apuestas del juego debido a que están prohibidas a nivel deportivo, reveló que esa actividad generó US$84 millones, 1,175 empleos directos y otros 881 empleos indirectos, además de 1,556 jugadores firmados en ese año. Eso significa que las apuestas alrededor del deporte tienen mayor impacto económico que los deportes en sí.
((Qué se apuesta
Siendo el béisbol el deporte rey del país es lo más natural que sea el preferido para las apuestas, debido a que además de que se mantiene todo el año, cuando termina la temporada de Grandes Ligas, entonces comienza el campeonato invernal, con los equipos locales. El baloncesto sigue en la preferencia de las apuestas y aunque parece paradójico, los dominicanos conocen y apuestan al hockey sobre hielo. No solo a este sino al fútbol colegial, baloncesto universitario y el rey de los Estados Unidos, el llamado fútbol americano.
((Cómo se apuesta
Por la general se juega una “setexta”, donde el apostador debe adivinar esa misma cantidad de equipo ganadores. Puede ser también a que los equipos que se enfrentan obtengan más o menos de carreras que establecen las bancas, o puntos en el caso de que el juego sea de baloncesto u otros deportes. Pero también está la opción de un directo (un solo equipo), palé, tripleta, hasta doce equipos si así lo desea. También a ponches, a hit, y a todo un mundo de jugadas que se han creado. El dinero apostado siempre será “el rey”. Las líneas (carrerajes o puntos) vienen establecidas desde Las Vegas, en Estados Unidos, considerada la capital mundial del juego.
((La banca pierde y se ríe
En viejo dicho dominicano de que “la banca pierde y se ríe”, es de práctica aplicación en este tipo de actividad. Mientras los jugadores se empobrecen, y muchos de ellos caen en la adicción, a tal punto que destruyen sus vidas, mientras las bancas se mantienen en auge.
Las licencias para este tipo de negocios, que nacieron de manera ilegal a finales de los ochenta y principios de los noventa, fueron congeladas en el 2011 por el Ministerio de Hacienda, que es la institución que regula su operación.
En sus inicios pertenecían a la entonces Secretaría de Estados de Deportes (Sedefir). Este tipo de negocio prospera, a pesar de que para abrir una banca, cuando estaba permitido, había que invertir cerca de RD$1 millón en el pago de la licencia y compra de mobiliario o alquiler del local.
Esto sin incluir el pago de la nómina de los empleados, rentas telefónicas, electricidad, cable y parábola. Además de las operadoras, las bancas cuentan con ingenieros de sistemas que realizan los cambios a las líneas de pronósticos.
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FENABANCA ACEPTA SEAN INCLUIDAS EN LEY
La Federación Nacional de Bancas de Lotería de la República Dominicana (Fenabanca) dijo ayer que a esa entidad no le afecta si se incluye o excluye del proyecto de ley contra el lavado de activos y financiamiento de terrorismo porque sus miembros operan de manera legal.
“Nosotros hemos dicho que no tenemos ningún interés de que se nos excluya o incluya en la ley de lavado de activos, porque nosotros operamos legalmente”, declaró Wilson de los Santos, presidente de Fenabanca.
De los Santos expresó que en el sector que representa no existe la posibilidad de que se lave dinero, porque las apuestas de los usuarios de esa entidad son mínimas y para poder ser regulados por el estándar del Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI) deben ser operaciones superiores a los tres mil dólares.
En cuanto a los legisladores vinculados al negocio de bancas de lotería, De los Santos expresó que ellos no se opondrán a la regularización porque están ahí para responder por las operaciones.
Mientras que el vocero de Fenabanca, Michel Dicent, dijo que ese organismo siempre ha sido abanderado de las fiscalizaciones y regulaciones de las bancas de lotería.
Asimismo, se quejó de que en el país existen al menos seis mil bancas que operan de manera ilegal y que deben ser sometidas a revisión ya que solo hay 3,750 bancas registradas legalmente.
Dicent manifestó que esa federación respeta las decisiones que adopten los legisladores en cuanto a las modificaciones del proyecto de ley de modificación de la ley de lavado de activos.
LA DISCUSIÓN
Con la decisión del Senado de sacar las bancas de apuestas del proyecto de Ley de Lavados de Activos “han hecho un cumpleaños sin tener el conocimiento”, dijo Ricardo Nadal. Refirió que esta iniciativa existe desde el 2006.
“Existe además un préstamo de 17 millones de dólares. Aprobado en presencia (como es evidente) de los mismos legisladores que tienen bancas y que hoy los acusan de la exclusión”, explicó el dirigente de la asociación entrevistado por teléfono.
Explicó que ese dinero sería la base para desarrollar el software que permitirá interconectar a todas las bancas con el Ministerio de Hacienda.
“Se ha explicado que todo el mundo está incluido en la ley, solo que no como sujeto obligado. Es decir que no tenemos que hacer la “debida diligencia de informar operaciones sobre los 3,000 dólares”, agregó.
Aseguró que no existen operaciones sobre ese monto en 99 % de las bancas del país.
“Sabías que los bancos comerciales le han cerrado sus cuentas a todas las personas relacionadas con bancas (salvo excepciones como la mía). Desde hace más de seis años Entonces cómo va el gobierno a detectar una operación bancaria que los mismos bancos han excluido”, dijo.
Tiene razón el senador Marriotti en decir que si la aplicación de estas medidas serán verificadas por organismos internacionales periódicamente, el país haría el ridículo en legislar para lo que no puede cumplir, insistió.
Nadal recordó que hace cuatro años solicitó la urgencia de la interconexión, ya que el mismo Estado vería incrementar sus ingresos fiscales.
listindiario.com
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Público en la solicitud de medida de coerción contra los 10 imputados del caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa), identifica a José Pablo Ortiz Giráldez como mano derecha de Santiago Hazim, quien, según las autoridades, cobraba sobornos a las empresas contratadas y los transfería al director de la institución, “su amigo de treinta años”.
De acuerdo al expediente de solicitud de medida de coerción, a mediados de octubre Ortiz Giráldez y Eduardo Read Estrella, se reunieron en el Centro Comercial Sirena Multicentro Churchill, en donde le explicó al empresario que por instrucciones del entonces director de Senasa “su empresa Khersum debía realizar una contribución mensual equivalente al 35% de los pagos recibidos, como condición para mantener la continuidad de los contratos”.
Tras una serie de esfuerzos, explican que Eduardo Read logró una reunión con Santiago Hazim quien le indicó que “debía ponerse de acuerdo con «el Gordo», refiriéndose a José Pablo Ortiz Giráldez, confirmando así que el pago de soborno requerido a través de José Pablo Ortiz Giráldez provenían directamente del imputado Santiago Marcelo Hazim Albainy”.
Establecen que a partir de este momento la empresa KHERSUM, S.R.L. empezó a pagar mensualmente un 30% de los pagos que les realizaba el Senasa.
Desde noviembre 2020 hasta agosto 2022, Eduardo Read hizo transferencias a empresas de José Pablo Ortiz Giráldez por un monto de RD$512,326,455.86. Estas compañías son: PDSS Servicios A Tu Salud, S.R.L.; Comercializadora Netofa, S.R.L.; Comercializadora Gabao N, S.R.L., y Comercializadora Harif, S.R.L.
Según el expediente por concepto de sobornos, las empresas KHERSUM, S.R.L., FARMACARD, S.R.L., y DELESTE, S.R.L., estás dos últimas, propiedad de socios de Eduardo Read, se pagó RD$1,621,337,217.15.
Las autoridades establecen que una segunda etapa de los sobornos se realizó desde septiembre del año 2022 tras hacerse pública la investigación penal del denominado «Caso Calamar», en el que figuraba como investigado José Pablo Ortiz Giráldez. Este caso salió a la luz en marzo de 2023 y sus principales imputados son Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo.
Al ver la situación, Eduardo Read le advirtió a Santiago Hazim que no realizaría más pagos a José Pablo Ortiz Giráldez, por lo que el exdirector de Senasa le dijo que “a los amigos no se abandonan y que debía continuar comunicándose con él y realizándoles los pagos, ya fuera facturando a nombre de otras empresas no relacionadas a José Pablo Ortiz Giráldez”.
Para justificar de manera contable la entrega de dinero, el abogado de Read Estrella, Juan Carlos Miura Victoria, constituyó empresas vinculadas a servicios de salud para poder generar facturas con comprobantes fiscales.
De esta forma, en efectivo, desde septiembre de 2022 hasta agosto de 2025, por concepto de sobornos, Eduardo Read Estrella pagó, de acuerdo al Ministerio Público, de RD$1,109,010,761.29.
Santo Domingo, R.D.-Con el rostro cubierto con mascarillas los acusados del robo multimillonario en SeNASA llegaron al tribunal que conoce el caso, la Oficina de Atención Permanente, la cual intentará conocer la solicitud de coerción contra los imputados del fraude contra la ARS del Estado.
Los 10 acusados del fraude al Senasa que causó más de 15 mil millones de déficit a esa única ARS estatal fueron trasladados al tribunal que le conocerá medidas de coerción, aunque la mayoría de los abogados adelantaron que solicitarán se aplace para ellos poder leer bien el expediente depositado ayer por el Ministerio Público.
El órgano acusador pide 18 meses de prisión preventiva y que el caso, bautizado como Operación Cobra, se declare complejo.
El Ministerio Público sostiene que en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) operó, durante varios años, una estructura criminal dirigida a desviar fondos públicos, manipular procesos internos y beneficiar económicamente a un grupo de funcionarios y allegados.
La acusación, contenida en la solicitud de medida de coerción y declaratoria de complejidad, depositada anoche, describe un entramado que combinó fraude administrativo, corrupción, falsificación documental y lavado de activos. Por el momento hay diez acusados.
Según la investigación, la red habría sido encabezada por el entonces director ejecutivo del Senasa, Santiago Marcelo Hazim Albainy, junto a varios gerentes y colaboradores estratégicos. Este grupo, de acuerdo con la imputación, creó un sistema paralelo de toma de decisiones que anulaba los controles institucionales y permitía manipular la contratación y habilitación de prestadores de servicios de salud.
La acusación también detalla un esquema de corrupción interna mediante el cual se negociaba la aprobación, ampliación o habilitación de prestadores a cambio de sobornos. Para ello, se habría utilizado un «comité operativo» integrado por gerentes cercanos al director ejecutivo, encargado de centralizar las decisiones sensibles del seguro.
El Ministerio Público afirma que se trató de un mecanismo diseñado para vulnerar los requisitos regulatorios y facilitar beneficios económicos ilícitos.
Santo Domingo.–Wilson Camacho, director de Persecución del Ministerio Público, sostuvo afirmó que el caso de corrupción y desfalco en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) es “el más grande, siniestro y cruel”, debido a que afecta la salud de más de ocho millones de dominicanos, especialmente personas pobres y vulnerables.
Las declaraciones fueron ofrecidas durante el primer Congreso de Lucha contra la Corrupción, Desafíos y Retos, celebrado en el hotel Catalonia.
Camacho manifestó que espera que todos los participantes en este entramado corrupto “se sienten en el banquillo de los acusados” para responder por los hechos cometidos, desmantelados mediante la Operación Cobra.
El caso continúa abierto y, a medida que avanzan las investigaciones, podrían surgir nuevas personas vinculadas.
Según el Ministerio Público, la operación habría sido liderada por el exdirector de SeNaSa, Santiago Hazim, junto a otros implicados. La medida de coerción contra los imputados será conocida hoy a las 2:00 de la tarde.
“Esperamos que cada una de las personas que participaron en este entramado de corrupción responda por sus hechos”, reiteró Camacho, al tiempo que subrayó que se trata de “uno de los casos de corrupción más grandes” enfrentados por el Ministerio Público, y “el más siniestro y cruel”, por afectar un servicio esencial para la población vulnerable.
Camacho indicó que el monto del desfalco podría seguir aumentando conforme avanza el proceso. Hasta el momento, asciende a más de 15 mil millones de pesos.
El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción para los imputados:
También para los proveedores implicados:
Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera y Heidi Mariel Pineda.
A todos se les acusa de cometer un fraude millonario contra esta ARS pública y de los delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa al Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
El Ministerio Público asegura haber recopilado pruebas que evidencian sobornos a gran escala, alteración de estados financieros, creación de programas ilegales, desvío de fondos y diversas maniobras fraudulentas.
