El presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, afirmó que esa situación le crea una gran presión al país, por lo que se hace necesario resolverla.
Santo Domingo.- República Dominicana tiene que decidirse a no seguir siendo un “paritorio” de Haití, porque son miles las mujeres que están cruzando la frontera para venir a dar a luz al país, y luego buscar que esos niños sean nacionalizados.
Así lo expresó el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, quien dijo que definitivamente esa frontera tiene que tomar en cuenta que al país hay que preservarlo de la avalancha de niños de madres extranjeras.
Al participar en el Desayuno de LISTÍN DIARIO junto a otros miembros del Pleno, el presidente de la JCE precisó que esa situación le crea una gran presión al país, además de que en determinado momento pudiera ser vista como una política invasiva.
“Vamos a llamarlo por su nombre, entonces nosotros tenemos que tener la suficiente responsabilidad, el Estado dominicano, de detener eso, y eso hay que detenerlo allá en la frontera”, advirtió refiriéndose a todas las haitianas que cruzan la línea divisoria para dar a luz en el territorio nacional.
Castaños Guzmán explicó que después que la madre no residente viene al país y da a luz, hay que inscribir el niño en el Libro de Extranjería, porque es un derecho universal.
El presidente de la JCE prometió publicar las estadísticas de la cantidad de niños que nacen en esa condición en el país.
También reveló que hay muchas madres que vienen, dan a luz y dejan abandonados a sus niños, mientras que otras se marchan con sus vástagos una vez concluyen el proceso.
“Hay un problema y ese problema la Junta Central Electoral lo está viendo con mucha atención y está tomando las medidas de lugar”, apuntó.
En ese orden, el presidente de la JCE dijo que el pleno del organismo no es ingenuo, saben lo que eso implica, además de que están claros hacia dónde deben ir respecto al tema.
Dudas infundadas
En otro orden, Castaños Guzmán calificó de infundadas las dudas expresadas por algunos sectores respecto al acuerdo firmado entre el gobierno, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y ese organismo, mediante el cual serán registrados en las Oficialías Civiles de los hospitales los infantes que nazcan allí.
“Esas dudas son infundas, porque esas dudas solamente se les pudiera dar crédito si las mismas estuvieran fundadas en la permisividad de la Junta Central Electoral”, sostuvo Castaños Guzmán.
Aclaró que la JCE no es permisiva con la regla establecida, en el sentido de que madres extranjeras no residentes registran a los niños en los libros de extranjería.
El presidente de la JCE precisó que existe un protocolo que cumple con los inscritos en los libros de extranjería, mediante el cual se le comunica al Ministerio de Relaciones Exteriores para que lo ponga en conocimiento de las embajadas y consulados del país de origen de la madre.
Explicó que ese protocolo se cumple con todas las embajadas de países con los cuales República Dominicana mantiene relaciones diplomáticas.
Según las explicaciones de Castaños Guzmán, cuando una madre da a luz en el país hace una declaración, y en base a ella se le rinde el informe a la embajada de su país.
Explicó que es un derecho fundamental que al nacer cada persona sea inscrita en un libro de registro civil, y en caso de los nacidos aquí les corresponde asentarlos en el Libro de Extranjería.
JCE pide presupuesto de RD$7,800 millones
El Control. Para el control de los recursos que reciben los partidos, la JCE creó una unidad de análisis.
La Junta Central Electoral (JCE) solicitó al gobierno la asignación de un presupuesto ascendente a 7,871 millones de pesos para ejecutar en el 2018, a fin de cubrir sus necesidades.
El organismo aspira a que en esta ocasión el Poder Ejecutivo ponga atención a la solicitud del organismo, para poder cumplir con deudas heredadas de las pasadas elecciones ascendentes a casi dos mil millones de pesos.
El miembro titular de la JCE, Roberto Saladín, sostuvo que ha habido una tendencia histórica por parte del Estado de no acoger el presupuesto solicitado por ese órgano.
Puntualizó que del 2006 a la fecha entre los presupuestos solicitados y los aprobados hay un déficit de 14,000 millones de pesos, al tiempo que recordó que este año la JCE ejecuta una partida presupuestaria de 2,400 millones de pesos.
Al respecto, el presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, indicó que al aprobarle el presupuesto, el Congreso Nacional debe entender que el compromiso se asume, no con la JCE, sino con los votantes del país y del exterior.
Precisó que cerca de 300 personas acuden diariamente a las oficinas de la entidad en Nueva York a solicitar servicios.
El presidente de la JCE enfatizó que ese organismo no saldrá a pedir limosna, porque desde ese momento lo desconsideran.
Castaños Guzmán dijo que estarán sujetos a la ley y expuso que todo lo que sea la administración del proceso electoral tiene que ser ejecutado en base al presupuesto asignado.
Al día de hoy la JCE tiene deudas por un monto de 1,984 millones de pesos, pero cuando inició la actual gestión ascendía a 2,500 millones de pesos.
Castaños Guzmán dijo que esas deudas constituyen estrecheces y limitaciones para nuevos proyectos. Sostuvo que una institución como la JCE, que vende credibilidad, no debe ser mala paga, por lo cual debe cumplir con sus compromisos financieros.
Consideró muy probable que no se hayan resuelto los diferendos de los comicios municipales, programados para febrero del 2020, cuando la JCE estará inmersa en la organización de las elecciones presidenciales, y congresuales.
Castaños Guzmán fue entrevistado en el Desayuno de LISTÍN DIARIO junto a los demás titulares Rosario Graciano, Henry Mejía, Carmen Imbert Brugal y Roberto Saladín.
La actual gestión de la JCE cumplió ayer nueve meses de gestión. El deber más importante de la JCE es aministrar el sistema electoral.
listindiario.com
Santo Domingo, R.D.-El Gobierno depositó este jueves ante el Senado de la República el proyecto de ley que modifica la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) del 15 de enero de 2024, según lo informó la Presidencia la República en un comunicado.
La pieza fue depositada por el consultor jurídico Antoliano Peralta, luego de que los integrantes de la mesa de trabajo conformada por representantes del Gobierno y sectores de la sociedad civil organizada llegaran a un consenso respecto a las modificaciones.
El objeto de la iniciativa legislativa ahora propuesta es modificar las disposiciones contenidas en los artículos 1, 2, 9, 10, 11, 26 y 32 de la Ley núm. 1-24, con el propósito de lograr la mayor claridad y especificidad posible en cuanto a la sujeción constitucional de cada una de estas disposiciones de la citada ley.
«Dentro de los aspectos más relevantes que este proyecto busca modificar se encuentra la propuesta de fusión de los artículos 1 y 2 de la Ley núm. 1-24 para definir en el nuevo artículo 2 términos clave como inteligencia, inteligencia estratégica, militar y delictiva, fuentes abiertas y fuentes cerradas, entre otros. Además, se pretende modificar el numeral 16 del artículo 9 para asegurar la coordinación entre la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) en la protección de la privacidad de los usuarios», dice el referido comunicado.
También señalaron que se propone una adecuación al artículo 11 de la Ley núm. 1-24, «con el fin de reforzar las garantías relativas a la obtención del contenido de información de fuentes cerradas. En este sentido, la modificación legal busca exigir la autorización de un juez para todo procedimiento que limite derechos constitucionales».
De modo que el presente proyecto de ley recoge las principales inquietudes que existían en torno a la Ley número 1-24, con la finalidad de que la regulación del sistema de inteligencia nacional esté lo más apegada posible a las disposiciones constitucionales.
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Administración Pública (MAP) llamó a los servidores públicos de las instituciones que están dentro del proceso de la reforma a la administración pública (fusión y eliminación) a continuar con normalidad el desarrollo de sus labores habituales.
“Las propuestas de fusión o eliminación no serán oficializadas hasta tanto sean emitidas las disposiciones legales correspondientes, por lo que las decisiones que se tomen en ese sentido serán debidamente comunicadas, de manera clara y oportuna, a todas las partes involucradas, asegurando que cualquier cambio sea llevado a cabo con total transparencia y respeto”, indicó el documento.
El MAP apuntó que, para el desarrollo de esta iniciativa, que ayudará a la administración y gestión pública, “es importante contar con el compromiso y apoyo de todas las partes involucradas en este proceso que será realizado en varias etapas, de manera personalizada y estructurada, de acuerdo con las realidades de cada institución”.
“Pueden tener la tranquilidad de que cada etapa del proceso será realizada de manera cuidadosa, planificada y organizada, y que, desde nuestro ministerio estaremos ofreciendo informaciones oportunas y claras en todas las etapas”, agregó.
Santo Domingo, R.D.-Raquel Peña, vicepresidenta de la República, fue designada como presidenta del Gabinete de Educación en sustitución del presidente Luis Abinader, quien de acuerdo al decreto 117-21, lo presidía.
El decreto 117-21 tiene como objeto integrar y procurar la articulación el Gabinete de Educación y Cultura creado mediante el Decreto núm. 498-20.
En julio del año 2020, bajo el auge de la pandemia del Covid-1, el presidente la designó como coordinadora del Gabinete de Salud. Asimismo, en julio de 2021, con la creación del “Gabinete de Inversión e Innovación”, Raquel Peña fue designada como presidenta y coordinadora.
En octubre de 2022, a través del decreto 594-22, Luis Abinader la designó como presidenta del Gabinete Eléctrico en sustitución de Lisandro Macarrulla.
Joel Santos
En el decreto 540-24, el presidente designó a Joel Santos, actual ministro de Energía y Minas, como presidente del Gabinete del Sector Eléctrico.
