El presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, afirmó que esa situación le crea una gran presión al país, por lo que se hace necesario resolverla.
Santo Domingo.- República Dominicana tiene que decidirse a no seguir siendo un “paritorio” de Haití, porque son miles las mujeres que están cruzando la frontera para venir a dar a luz al país, y luego buscar que esos niños sean nacionalizados.
Así lo expresó el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, quien dijo que definitivamente esa frontera tiene que tomar en cuenta que al país hay que preservarlo de la avalancha de niños de madres extranjeras.
Al participar en el Desayuno de LISTÍN DIARIO junto a otros miembros del Pleno, el presidente de la JCE precisó que esa situación le crea una gran presión al país, además de que en determinado momento pudiera ser vista como una política invasiva.
“Vamos a llamarlo por su nombre, entonces nosotros tenemos que tener la suficiente responsabilidad, el Estado dominicano, de detener eso, y eso hay que detenerlo allá en la frontera”, advirtió refiriéndose a todas las haitianas que cruzan la línea divisoria para dar a luz en el territorio nacional.
Castaños Guzmán explicó que después que la madre no residente viene al país y da a luz, hay que inscribir el niño en el Libro de Extranjería, porque es un derecho universal.
El presidente de la JCE prometió publicar las estadísticas de la cantidad de niños que nacen en esa condición en el país.
También reveló que hay muchas madres que vienen, dan a luz y dejan abandonados a sus niños, mientras que otras se marchan con sus vástagos una vez concluyen el proceso.
“Hay un problema y ese problema la Junta Central Electoral lo está viendo con mucha atención y está tomando las medidas de lugar”, apuntó.
En ese orden, el presidente de la JCE dijo que el pleno del organismo no es ingenuo, saben lo que eso implica, además de que están claros hacia dónde deben ir respecto al tema.
Dudas infundadas
En otro orden, Castaños Guzmán calificó de infundadas las dudas expresadas por algunos sectores respecto al acuerdo firmado entre el gobierno, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y ese organismo, mediante el cual serán registrados en las Oficialías Civiles de los hospitales los infantes que nazcan allí.
“Esas dudas son infundas, porque esas dudas solamente se les pudiera dar crédito si las mismas estuvieran fundadas en la permisividad de la Junta Central Electoral”, sostuvo Castaños Guzmán.
Aclaró que la JCE no es permisiva con la regla establecida, en el sentido de que madres extranjeras no residentes registran a los niños en los libros de extranjería.
El presidente de la JCE precisó que existe un protocolo que cumple con los inscritos en los libros de extranjería, mediante el cual se le comunica al Ministerio de Relaciones Exteriores para que lo ponga en conocimiento de las embajadas y consulados del país de origen de la madre.
Explicó que ese protocolo se cumple con todas las embajadas de países con los cuales República Dominicana mantiene relaciones diplomáticas.
Según las explicaciones de Castaños Guzmán, cuando una madre da a luz en el país hace una declaración, y en base a ella se le rinde el informe a la embajada de su país.
Explicó que es un derecho fundamental que al nacer cada persona sea inscrita en un libro de registro civil, y en caso de los nacidos aquí les corresponde asentarlos en el Libro de Extranjería.
JCE pide presupuesto de RD$7,800 millones
El Control. Para el control de los recursos que reciben los partidos, la JCE creó una unidad de análisis.
La Junta Central Electoral (JCE) solicitó al gobierno la asignación de un presupuesto ascendente a 7,871 millones de pesos para ejecutar en el 2018, a fin de cubrir sus necesidades.
El organismo aspira a que en esta ocasión el Poder Ejecutivo ponga atención a la solicitud del organismo, para poder cumplir con deudas heredadas de las pasadas elecciones ascendentes a casi dos mil millones de pesos.
El miembro titular de la JCE, Roberto Saladín, sostuvo que ha habido una tendencia histórica por parte del Estado de no acoger el presupuesto solicitado por ese órgano.
Puntualizó que del 2006 a la fecha entre los presupuestos solicitados y los aprobados hay un déficit de 14,000 millones de pesos, al tiempo que recordó que este año la JCE ejecuta una partida presupuestaria de 2,400 millones de pesos.
Al respecto, el presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, indicó que al aprobarle el presupuesto, el Congreso Nacional debe entender que el compromiso se asume, no con la JCE, sino con los votantes del país y del exterior.
Precisó que cerca de 300 personas acuden diariamente a las oficinas de la entidad en Nueva York a solicitar servicios.
El presidente de la JCE enfatizó que ese organismo no saldrá a pedir limosna, porque desde ese momento lo desconsideran.
Castaños Guzmán dijo que estarán sujetos a la ley y expuso que todo lo que sea la administración del proceso electoral tiene que ser ejecutado en base al presupuesto asignado.
Al día de hoy la JCE tiene deudas por un monto de 1,984 millones de pesos, pero cuando inició la actual gestión ascendía a 2,500 millones de pesos.
Castaños Guzmán dijo que esas deudas constituyen estrecheces y limitaciones para nuevos proyectos. Sostuvo que una institución como la JCE, que vende credibilidad, no debe ser mala paga, por lo cual debe cumplir con sus compromisos financieros.
Consideró muy probable que no se hayan resuelto los diferendos de los comicios municipales, programados para febrero del 2020, cuando la JCE estará inmersa en la organización de las elecciones presidenciales, y congresuales.
Castaños Guzmán fue entrevistado en el Desayuno de LISTÍN DIARIO junto a los demás titulares Rosario Graciano, Henry Mejía, Carmen Imbert Brugal y Roberto Saladín.
La actual gestión de la JCE cumplió ayer nueve meses de gestión. El deber más importante de la JCE es aministrar el sistema electoral.
listindiario.com
Santo Domingo.– Mientras miles de dominicanos se trasladan para compartir las festividades con sus seres queridos, cientos de hombres y mujeres de distintas instituciones del Estado permanecen apostados en carreteras, autopistas y puntos estratégicos del país, con una sola misión: proteger vidas. Durante un recorrido desde Santo Domingo hasta Bayaguana, fue notable la presencia de agentes de tránsito, miembros de la Defensa Civil, militares y personal de emergencia, quienes, lejos del calor de sus hogares, cumplen turnos extendidos para garantizar la seguridad vial y la asistencia ciudadana.
De acuerdo con el más reciente boletín del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) inspeccionó 209 intersecciones semaforizadas y optimizó los tiempos de tráfico en 30 cruces, además de corregir 79 averías en el sistema, asegurando una circulación más fluida en zonas de alta movilidad como el Gran Santo Domingo, Punta Cana y San Cristóbal. Asimismo, se emitieron 23,900 permisos especiales para el transporte de combustible y alimentos perecederos, garantizando el abastecimiento durante el asueto.
En tanto, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) intensificó su labor preventiva con 8,297 fiscalizaciones por violaciones a la Ley 63-17, además de ofrecer 10,085 asistencias viales a conductores y peatones. Paralelamente, la Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas realizó más de 500 asistencias, incluyendo rescates, atención médica, remolques y apoyo mecánico en carreteras y autopistas.
El sector salud también se mantiene activo. El Servicio Nacional de Salud reportó más de 600 atenciones en hospitales públicos, mientras que la DAEH, la Defensa Civil y la Cruz Roja Dominicana brindaron decenas de asistencias médicas y de emergencia, además de instalar hospitales de campaña y señalizaciones preventivas en puntos críticos.
Estas acciones cobran mayor relevancia ante el panorama registrado en las últimas 24 horas, donde se produjeron 63 accidentes de tránsito, con seis personas fallecidas y decenas de afectados, en su mayoría por incidentes relacionados con motocicletas y consumo de alcohol.
Mientras muchos disfrutan de la Navidad o el feriado en casa, en playas o montañas, estos servidores públicos permanecen en las calles, atentos a cualquier eventualidad. Su labor silenciosa, muchas veces invisible, se convierte en un escudo que permite que otros regresen sanos y salvos a sus hogares. Son ellos quienes, incluso en días festivos, eligen el deber por encima del descanso para salvar vidas.
Desde el miércoles 24 de diciembre la mayoría de los tribunales de República Dominicana suspendieron sus labores por la época navideña, informó el Poder Judicial.
Sin embargo, las Oficinas de Atención Permanente de todo el país mantendrán sus puertas abiertas para conocer los casos de personas detenidas y que deben ser presentadas ante el juez antes de las 48 horas.
En ese sentido, los diferentes tribunales, a excepción de las Oficinas de Atención Permanente, estarán cerrados el miércoles 24, Día de Nochebuena; el jueves 25, Día de Navidad, y el viernes 26.
El lunes 29 se retoman las labores, las cuales continuarán el día 30 de manera normal en todos los tribunales, sin excepción, pero cerrarán nuevamente el 31, de Fin de Año; el jueves 1 de enero, Día de Año Nuevo, y el 2 de enero.
En esos días, la únicamente la Oficina de Atención Permanente laborará de manera normal.
Santo Domingo, R.D.- Miguel Valerio, representante legal del exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, calificó como «correcta» la resolución emitida por el Comité de Ética del Poder Judicial, que reprimió al juez Rigoberto Sena, por sus «reflexiones» al imponer media de coerción en contra de los implicados en el sonado caso.
El jurista dijo que el proceso que llegó a cabo el juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, estuvo inicialmente viciado por factores externos que intentaron comprometer la imparcialidad del tribunal.
Valerio fue enfático al señalar que, durante el conocimiento de la medida de coerción, se sintió una influencia desproporcionada de la opinión pública sobre el proceso legal.
«Como había mencionado el día de la audiencia, la presión entró por la puerta y la justicia salió por la ventana«, afirmó Valerio, sugiriendo que el clamor popular no debe dictar las decisiones de los jueces.
El abogado defensor arremetió contra los argumentos utilizados en las vistas anteriores, donde, según su criterio, se emitieron juicios de valor que se alejaron de la objetividad jurídica.
Valerio sostuvo que en las audiencias previas se habló de su cliente como si fuera «prácticamente una persona culpable», ignorando la presunción de inocencia.
Criticó el uso de pasajes bíblicos y calificativos como «avaricia» para sustentar la acusación.
«Aun siendo yo cristiano, es una forma muy errada de impartir justicia«, subrayó.
El jurista insistió en que la labor de los tribunales no es «darle gracias al pueblo», sino aplicar la ley con justicia y equidad.
Tras conocerse la resolución del Poder Judicial, la defensa de Hazim manifestó su total apoyo al fallo, considerando que finalmente se logró blindarse ante las presiones y respetar los derechos fundamentales del imputado.
Destacó que la referida resolución del Comité de Ética restablece el equilibrio procesal que, a su juicio, se había perdido bajo el peso de la presión mediática.
