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El país no puede ser un paritorio de los haitianos

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El presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, afirmó que esa situación le crea una gran presión al país, por lo que se hace necesario resolverla.

Santo Domingo.- República Dominicana tiene que decidirse a no seguir siendo un “paritorio” de Haití, porque son miles las  mujeres que están cruzando la frontera para venir a dar a luz al país, y luego  buscar que esos niños sean nacionalizados.

Así lo expresó el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, quien dijo que definitivamente esa frontera tiene que tomar en cuenta que al país hay que preservarlo de la avalancha de niños de madres extranjeras.

Al participar en el Desayuno de LISTÍN DIARIO junto a otros miembros del  Pleno, el presidente de la JCE precisó que esa situación le crea una gran presión al país, además de que en determinado momento pudiera ser vista como una política invasiva.

“Vamos a llamarlo por su nombre, entonces nosotros tenemos que tener la suficiente responsabilidad, el Estado dominicano, de detener eso,  y eso hay que detenerlo allá en la frontera”, advirtió refiriéndose a todas las haitianas que cruzan la línea divisoria para dar a luz en el territorio nacional.

Castaños Guzmán explicó que después que la madre no residente viene al país y da a luz, hay que inscribir el niño en el Libro de Extranjería, porque es un derecho universal.

El presidente de la JCE prometió publicar las estadísticas de la cantidad de niños que nacen en esa condición en el país.

También reveló que hay muchas madres que vienen, dan a luz y  dejan abandonados a sus niños, mientras que otras se marchan con sus vástagos una vez concluyen el proceso.

“Hay un problema y ese problema la Junta Central Electoral lo está viendo con mucha atención y está tomando las medidas de lugar”, apuntó.

En ese orden, el presidente de la JCE dijo que el pleno del organismo no es ingenuo, saben lo que eso implica, además de que están claros hacia dónde deben ir respecto al tema.

Dudas infundadas
En otro orden, Castaños Guzmán calificó de infundadas las dudas expresadas por algunos sectores respecto al acuerdo firmado entre el gobierno, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y ese organismo, mediante el cual serán registrados en las Oficialías Civiles de los hospitales los infantes que nazcan allí.

“Esas dudas son infundas, porque esas dudas solamente se les pudiera dar crédito si las mismas estuvieran fundadas en la permisividad de la Junta Central  Electoral”, sostuvo Castaños Guzmán.

Aclaró que la JCE no es permisiva con la regla establecida, en el sentido de que madres extranjeras  no residentes registran a los niños en los libros de extranjería.

El presidente de la JCE precisó que existe un protocolo que cumple con los inscritos en los libros de extranjería, mediante el cual se le comunica al Ministerio de Relaciones Exteriores para que lo ponga en conocimiento de las embajadas y consulados del país de origen de la madre.

Explicó que ese protocolo se cumple con todas las embajadas de países con los cuales República Dominicana mantiene relaciones diplomáticas.

Según las explicaciones de Castaños Guzmán, cuando una madre da a luz en el país hace una declaración, y en base a ella se le rinde el informe a la embajada de su país.

Explicó que es un derecho fundamental que al nacer cada persona sea inscrita en un libro de registro civil, y en caso de los nacidos aquí les corresponde asentarlos en el Libro de Extranjería.

JCE pide presupuesto de RD$7,800 millones

El Control. Para el control de los recursos que reciben los partidos, la JCE creó una unidad de análisis.

La Junta Central Electoral (JCE) solicitó al gobierno la asignación de un presupuesto ascendente a 7,871 millones de pesos para ejecutar en el 2018, a fin de cubrir sus necesidades.

El organismo aspira a que en esta ocasión el Poder Ejecutivo ponga atención a la solicitud del organismo, para poder cumplir con deudas heredadas de las pasadas elecciones ascendentes a casi dos mil millones de pesos.

El miembro titular de la JCE, Roberto Saladín, sostuvo que ha habido una tendencia histórica por parte del Estado de no acoger el presupuesto solicitado por ese órgano.

 Puntualizó que del 2006 a la fecha entre los presupuestos solicitados y los aprobados hay un déficit de 14,000 millones de pesos, al tiempo que recordó que este año la JCE ejecuta una partida presupuestaria de 2,400 millones de pesos.

Al respecto, el  presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, indicó que al aprobarle el presupuesto, el Congreso Nacional debe entender que el compromiso se asume, no con la JCE, sino con los votantes del país y del exterior.

Precisó que cerca de 300 personas acuden diariamente a las oficinas de la entidad en Nueva York a solicitar servicios.

El presidente de la JCE enfatizó que ese organismo  no saldrá a pedir limosna, porque desde ese momento lo desconsideran.

Castaños Guzmán dijo que  estarán sujetos a la ley y expuso que todo lo que sea la administración del proceso electoral tiene que ser ejecutado en base al presupuesto asignado.

Al día de hoy la JCE tiene deudas por un monto de 1,984 millones de pesos, pero cuando inició la actual gestión ascendía a 2,500 millones de pesos.

 Castaños Guzmán dijo que esas deudas constituyen estrecheces y limitaciones para nuevos proyectos. Sostuvo que una institución como la JCE, que vende credibilidad, no debe ser mala paga, por lo cual debe cumplir con sus compromisos financieros.

Consideró muy probable que no se hayan resuelto los diferendos de los comicios municipales, programados para febrero del 2020, cuando la JCE estará inmersa en la organización de las elecciones presidenciales, y congresuales.

Castaños Guzmán fue entrevistado en el Desayuno de LISTÍN DIARIO junto a los demás titulares Rosario Graciano, Henry Mejía, Carmen Imbert Brugal y Roberto Saladín.

La actual gestión de la JCE cumplió ayer nueve meses de  gestión. El deber más importante de la JCE es aministrar  el sistema electoral.

listindiario.com

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El Ministerio Público solicita medidas de coerción contra Wander Franco por posesión ilegal de arma

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Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Público informó este martes que ha solicitado medida de coerción contra Wander Franco, campocorto de los Rays de Tampa Bay, por posesión ilegal de arma.

La coerción solicitada por el órgano persecutor contra Franco consiste en presentación periódica ante el fiscal investigador.

El pelotero fue detenido el pasado domingo luego de un incidente con el joven José Jasiel Cohen Sánchez en San Juan de la Maguana, presuntamente derivado de una disputa amorosa.

» A Wander se le está solicitando una medida de coerción por el arma de fuego, que dice él que es de un tío, él no tenía ningún documento que lo acredite para portar esa arma»Adolfo FélixProcurador fiscal de San Juan

Además, se está solicitando coerción en contra de Cohen Sánchez, quien presuntamente agredió a una joven que acompañaba a Franco, la cual, según las autoridades, sería su expareja.

El fiscal Adolfo Augusto Féliz Pérez subrayó que, aunque se alcanzó un acuerdo entre las partes involucradas, el caso fue llevado al tribunal debido a su carácter de orden público.

Detalles del incidente

El fiscal Félix detalló que el altercado comenzó el viernes cuando Cohen Sánchez, al ver a su expareja junto a Franco, tuvo una reacción celosa y, presuntamente, la agredió. Franco intentó mediar en la situación sin involucrarse en una confrontación física.

«El viernes, el joven celoso, la investigación arroja que él la agredió, pero Wander Franco, en ese momento trató de mediar, no hubo una acción agresiva hacia el joven, eso quedó ahí»Adolfo FélixProcurador fiscal de San Juan

El conflicto continuó el domingo, cuando Franco acompañó a la joven hasta su casa, y Cohen Sánchez llegó al lugar, supuestamente provocando al pelotero.

 Según FélizCohen Sánchez intentó llevar a su expareja en su vehículo y ella accedió a subirse.

  • «Al salir del área residencial, llegó el papá de Cohen Sánchez, ante un llamado de su hijo, bloquearon la salida y el padre, creyendo que lo que iban a atracar, sacó su pistola y se produjo una situación confusa», explicó el fiscal.

Finalmente, al llegar la policía al lugar, el propio padre de Cohen Sánchez descubrió el arma de fuego en el vehículo de Franco. A raíz de esta situación, todos los involucrados en el altercado fueron arrestados.

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Cae abatido “Carnaval” implicado en asalto a joyería en San Luis

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Redacción.- La madrugada de este martes cayó abatido «Carnaval» tras enfrentar a miembros del Dicrim, en un hecho ocurrido en el sector La Toronja del Almirante en Santo Domingo Este.

El presunto antisocial identificado como, José Miguel López de 23 años de edad, habría participado en el asalto a la Joyería Argenis Oro en San Luis.

De acuerdo con las informaciones del vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, López era activamente buscado mediante tres órdenes de arresto por muertes, heridas a ciudadanos y el caso de la joyería en San Luis. Asimismo, se le ocupó un arma de fuego con la cual atacó a los agentes.

El pasado lunes 28 de octubre, hombres armados asaltaron la joyería Argenis Oro, los individuos llegaron a bordo de una jeepeta gris, vestidos con uniformes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) e irrumpieron en el establecimiento bajo la apariencia de un operativo policial.

El propietario de la joyería, Argenis Pérez Rodríguez, dijo que los delincuentes sustrajeron 4 mil gramos de oro.

En días pasados el vocero de la policía, Diego Pesqueira, explicó que, tras una ardua labor de investigación, logró capturar a cinco de los integrantes de una banda delictiva. Asimismo, añadió que durante el proceso se incluyó levantamientos de cámaras, entrevistas y fueron identificados siete de los participantes en este hecho quienes se encuentran prófugos.

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Abinader elimina tres instituciones del Estado

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Santo Domingo, R.D.-El presidente Luis Abinader eliminó, a través de varios decretos, la Comisión Internacional Asesora de Ciencia y Tecnología, la Comisión Presidencial para la Modernización y Seguridad Portuaria y el Consejo Nacional de Población y Familia (Conapofa).

El Gobierno dijo que la eliminación de esas instituciones forma parte del plan de racionalización y modernización de la administración pública, «eliminando duplicidades y optimizando el uso de recursos estatales en diferentes sectores».

El decreto 636-24 establece la eliminación de la Comisión Internacional Asesora de Ciencia y Tecnología, creada en 2004 para asesorar en políticas de ciencia y tecnología; la disposición gubernamental señala que el Ministerio de Educación asumirá la responsabilidad de concluir sus programas en curso y continuará con sus compromisos jurídicos y contractuales.

“Este decreto también deroga disposiciones previas relacionadas con la creación y administración de la comisión, asegurando una transición ordenada hacia una estructura de gestión más coherente con la Constitución y las leyes vigentes en la administración pública dominicana”, indica el comunicado de prensa.

Con el decreto 637-24 se dispone la supresión de la Comisión Presidencial para la Modernización y Seguridad Portuaria, cuyas funciones serán asumidas por la Autoridad Portuaria Dominicana, que también se encargará de los compromisos legales y contractuales vigentes.

Los bienes de esta comisión serán administrados por la Dirección General de Bienes Nacionales, quien traspasará los activos necesarios a la Autoridad Portuaria para continuar sus labores en el sector portuario.

“Además, este decreto deroga varias disposiciones previas que apoyaban la existencia de la comisión, consolidando sus funciones bajo una sola entidad administrativa para mejorar la eficiencia y reducir duplicidades en la administración pública”, resalta el documento de prensa.

Mediante el decreto 640-24 se emite la supresión del Consejo Nacional de Población y Familia (Conapofa), cuyas funciones serán asumidas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, que se convierte también en el continuador jurídico de los compromisos contractuales y legales pendientes.

La Dirección General de Bienes Nacionales administrará los activos de Conapofa y transferirá los necesarios al Ministerio de Salud Pública para garantizar la continuidad de sus funciones.

La Dirección General de Presupuesto (Digepress) gestionará las partidas presupuestarias no ejecutadas de esta comisión, y el Ministerio de Administración Pública colaborará en la reubicación, cesación e indemnización del personal.

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