El presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, afirmó que esa situación le crea una gran presión al país, por lo que se hace necesario resolverla.
Santo Domingo.- República Dominicana tiene que decidirse a no seguir siendo un “paritorio” de Haití, porque son miles las mujeres que están cruzando la frontera para venir a dar a luz al país, y luego buscar que esos niños sean nacionalizados.
Así lo expresó el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, quien dijo que definitivamente esa frontera tiene que tomar en cuenta que al país hay que preservarlo de la avalancha de niños de madres extranjeras.
Al participar en el Desayuno de LISTÍN DIARIO junto a otros miembros del Pleno, el presidente de la JCE precisó que esa situación le crea una gran presión al país, además de que en determinado momento pudiera ser vista como una política invasiva.
“Vamos a llamarlo por su nombre, entonces nosotros tenemos que tener la suficiente responsabilidad, el Estado dominicano, de detener eso, y eso hay que detenerlo allá en la frontera”, advirtió refiriéndose a todas las haitianas que cruzan la línea divisoria para dar a luz en el territorio nacional.
Castaños Guzmán explicó que después que la madre no residente viene al país y da a luz, hay que inscribir el niño en el Libro de Extranjería, porque es un derecho universal.
El presidente de la JCE prometió publicar las estadísticas de la cantidad de niños que nacen en esa condición en el país.
También reveló que hay muchas madres que vienen, dan a luz y dejan abandonados a sus niños, mientras que otras se marchan con sus vástagos una vez concluyen el proceso.
“Hay un problema y ese problema la Junta Central Electoral lo está viendo con mucha atención y está tomando las medidas de lugar”, apuntó.
En ese orden, el presidente de la JCE dijo que el pleno del organismo no es ingenuo, saben lo que eso implica, además de que están claros hacia dónde deben ir respecto al tema.
Dudas infundadas
En otro orden, Castaños Guzmán calificó de infundadas las dudas expresadas por algunos sectores respecto al acuerdo firmado entre el gobierno, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y ese organismo, mediante el cual serán registrados en las Oficialías Civiles de los hospitales los infantes que nazcan allí.
“Esas dudas son infundas, porque esas dudas solamente se les pudiera dar crédito si las mismas estuvieran fundadas en la permisividad de la Junta Central Electoral”, sostuvo Castaños Guzmán.
Aclaró que la JCE no es permisiva con la regla establecida, en el sentido de que madres extranjeras no residentes registran a los niños en los libros de extranjería.
El presidente de la JCE precisó que existe un protocolo que cumple con los inscritos en los libros de extranjería, mediante el cual se le comunica al Ministerio de Relaciones Exteriores para que lo ponga en conocimiento de las embajadas y consulados del país de origen de la madre.
Explicó que ese protocolo se cumple con todas las embajadas de países con los cuales República Dominicana mantiene relaciones diplomáticas.
Según las explicaciones de Castaños Guzmán, cuando una madre da a luz en el país hace una declaración, y en base a ella se le rinde el informe a la embajada de su país.
Explicó que es un derecho fundamental que al nacer cada persona sea inscrita en un libro de registro civil, y en caso de los nacidos aquí les corresponde asentarlos en el Libro de Extranjería.
JCE pide presupuesto de RD$7,800 millones
El Control. Para el control de los recursos que reciben los partidos, la JCE creó una unidad de análisis.
La Junta Central Electoral (JCE) solicitó al gobierno la asignación de un presupuesto ascendente a 7,871 millones de pesos para ejecutar en el 2018, a fin de cubrir sus necesidades.
El organismo aspira a que en esta ocasión el Poder Ejecutivo ponga atención a la solicitud del organismo, para poder cumplir con deudas heredadas de las pasadas elecciones ascendentes a casi dos mil millones de pesos.
El miembro titular de la JCE, Roberto Saladín, sostuvo que ha habido una tendencia histórica por parte del Estado de no acoger el presupuesto solicitado por ese órgano.
Puntualizó que del 2006 a la fecha entre los presupuestos solicitados y los aprobados hay un déficit de 14,000 millones de pesos, al tiempo que recordó que este año la JCE ejecuta una partida presupuestaria de 2,400 millones de pesos.
Al respecto, el presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, indicó que al aprobarle el presupuesto, el Congreso Nacional debe entender que el compromiso se asume, no con la JCE, sino con los votantes del país y del exterior.
Precisó que cerca de 300 personas acuden diariamente a las oficinas de la entidad en Nueva York a solicitar servicios.
El presidente de la JCE enfatizó que ese organismo no saldrá a pedir limosna, porque desde ese momento lo desconsideran.
Castaños Guzmán dijo que estarán sujetos a la ley y expuso que todo lo que sea la administración del proceso electoral tiene que ser ejecutado en base al presupuesto asignado.
Al día de hoy la JCE tiene deudas por un monto de 1,984 millones de pesos, pero cuando inició la actual gestión ascendía a 2,500 millones de pesos.
Castaños Guzmán dijo que esas deudas constituyen estrecheces y limitaciones para nuevos proyectos. Sostuvo que una institución como la JCE, que vende credibilidad, no debe ser mala paga, por lo cual debe cumplir con sus compromisos financieros.
Consideró muy probable que no se hayan resuelto los diferendos de los comicios municipales, programados para febrero del 2020, cuando la JCE estará inmersa en la organización de las elecciones presidenciales, y congresuales.
Castaños Guzmán fue entrevistado en el Desayuno de LISTÍN DIARIO junto a los demás titulares Rosario Graciano, Henry Mejía, Carmen Imbert Brugal y Roberto Saladín.
La actual gestión de la JCE cumplió ayer nueve meses de gestión. El deber más importante de la JCE es aministrar el sistema electoral.
listindiario.com
Las inspecciones realizadas por la Dirección General de Migración identificaron cerca de 700 extranjeros en situación irregular, con la mayor concentración en una explotación tomatera de San Juan. Las autoridades también investigarán posibles incumplimientos laborales.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– La Dirección General de Migración (DGM) extendió sus labores de fiscalización a diferentes zonas de producción agrícola del país, donde identificó cerca de 700 ciudadanos extranjeros que presuntamente no contaban con la documentación requerida para permanecer legalmente en territorio dominicano.
Las inspecciones fueron realizadas los días 15 y 16 de octubre de 2026 y forman parte de las acciones desarrolladas por el organismo para verificar el cumplimiento de las disposiciones migratorias en actividades económicas que utilizan mano de obra extranjera.
Los equipos de inspección intervinieron en establecimientos agrícolas de Hato Mayor, El Seibo, Montecristi, Dajabón, Barahona y San Juan de la Maguana.
Durante las jornadas, las autoridades verificaron la situación documental de trabajadores y recopilaron información sobre las condiciones existentes en las explotaciones agrícolas visitadas.
Uno de los hallazgos más significativos se produjo en una explotación dedicada al cultivo de tomates, ubicada en San Juan de la Maguana.
En ese establecimiento, los inspectores identificaron aproximadamente 520 extranjeros que, según las informaciones ofrecidas por Migración, se encontraban en condición migratoria irregular.
La cantidad representa una proporción considerable de los casos detectados durante las jornadas realizadas en las distintas provincias.
En otros cinco centros de trabajo inspeccionados, los equipos oficiales contabilizaron 114 empleados, distribuidos entre 86 ciudadanos haitianos y 28 dominicanos.
De los trabajadores haitianos identificados en esos establecimientos, 80 carecían de una condición migratoria regular, de acuerdo con los registros levantados por las autoridades.
Estas cifras reflejan la presencia de trabajadores extranjeros en determinadas actividades agrícolas y plantean interrogantes sobre los mecanismos de contratación y verificación documental utilizados por los empleadores.
Además de comprobar la situación migratoria de los trabajadores, los inspectores recopilaron información relacionada con las condiciones encontradas en los lugares intervenidos.
La Dirección General de Migración informó que dará seguimiento a los resultados y remitirá a las instituciones competentes aquellos casos que requieran investigaciones adicionales.
Entre los aspectos que podrían ser examinados figuran posibles incumplimientos de las disposiciones laborales y situaciones que involucren la protección de niños, debido a que durante algunas inspecciones se constató la presencia de menores de edad.
La presencia de niños en un establecimiento agrícola no constituye por sí sola una prueba de explotación infantil, por lo que corresponderá a las autoridades determinar las circunstancias particulares de cada caso.
De igual manera, las eventuales responsabilidades de empleadores o administradores deberán establecerse mediante las investigaciones correspondientes y conforme a la legislación aplicable.
El director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, de la Armada de República Dominicana, reiteró que las inspecciones continuarán en las áreas donde se registra una elevada concentración de trabajadores extranjeros.
El funcionario señaló que las acciones forman parte de los mecanismos de control dirigidos a garantizar el cumplimiento de la Ley General de Migración número 285-04.
Las intervenciones también buscan determinar las responsabilidades que pudieran derivarse de infracciones identificadas durante las verificaciones.
El reforzamiento de las fiscalizaciones en actividades productivas coloca nuevamente en discusión la necesidad de establecer mecanismos eficaces para la contratación regular de trabajadores extranjeros, especialmente en sectores que requieren cantidades significativas de mano de obra.
La producción agropecuaria dominicana utiliza trabajadores nacionales y extranjeros en labores de siembra, mantenimiento y recolección de productos.
En ese contexto, las inspecciones migratorias pueden tener repercusiones sobre la organización de las actividades productivas y las prácticas de contratación en determinadas explotaciones agrícolas.
La aplicación de las normas migratorias debe desarrollarse conjuntamente con el respeto a los derechos laborales y las garantías legales de las personas sometidas a verificación.
Asimismo, el seguimiento a los empleadores resulta fundamental para determinar si existen prácticas de contratación contrarias a las disposiciones migratorias o laborales vigentes.
Las autoridades deberán establecer, de manera individual, la condición jurídica de las personas identificadas y las medidas que correspondan conforme al ordenamiento dominicano.
El fortalecimiento de los controles migratorios forma parte de las acciones oficiales dirigidas a fiscalizar la presencia de trabajadores extranjeros en distintos sectores de la economía.
Aunque las inspecciones cuyos resultados fueron divulgados se concentraron en explotaciones agrícolas, la estrategia de fiscalización también contempla espacios laborales como las obras de construcción.
La DGM mantiene su propósito de ampliar la supervisión en zonas de alta concentración de mano de obra extranjera, mientras las instituciones competentes deberán evaluar las posibles infracciones detectadas.
Los resultados de estas jornadas vuelven a colocar sobre la mesa el desafío de conciliar el cumplimiento de la legislación migratoria, las necesidades de los sectores productivos y la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores.
El organismo electoral amplía las facilidades para que los ciudadanos obtengan el nuevo documento de identidad antes de abril de 2027. Cerca de tres millones de dominicanos residentes en el país todavía tienen pendiente completar el trámite, según los datos divulgados.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– La Junta Central Electoral (JCE) intensificó las jornadas de renovación de la cédula de identidad y electoral mediante el desplazamiento de unidades móviles a diferentes comunidades del territorio nacional, acompañadas de un servicio de transporte gratuito para facilitar el acceso de la población a los centros de atención.
La iniciativa procura reducir las dificultades de desplazamiento que enfrentan algunos ciudadanos y acelerar la entrega del nuevo documento, cuyo proceso de sustitución deberá completarse antes de abril de 2027, de acuerdo con el calendario anunciado por las autoridades electorales.
Según las cifras divulgadas, aproximadamente cuatro millones de dominicanos han renovado su documento de identidad, mientras que cerca de tres millones de residentes en el país todavía tienen pendiente realizar el procedimiento.
El presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, ha destacado la necesidad de acercar los servicios de identificación a las comunidades, particularmente aquellas donde los ciudadanos enfrentan mayores dificultades para trasladarse a las oficinas tradicionales.
Como parte de las medidas implementadas, el organismo dispone de vehículos que ofrecen transporte de ida y vuelta sin costo para las personas interesadas en completar el proceso.
Asimismo, unidades equipadas con sistemas de amplificación recorren diferentes sectores para informar a los residentes sobre las fechas de las jornadas, los lugares de atención y los puntos habilitados para abordar el transporte gratuito.
Esta modalidad permite ampliar el alcance del programa y facilitar la participación de ciudadanos que, por razones económicas, laborales o de movilidad, encuentran obstáculos para acudir a los centros permanentes de cedulación.
Entre los lugares incluidos en el calendario divulgado por la institución figura la comunidad El Torito, en Santo Domingo Norte, donde se programó una jornada del 16 al 18 de octubre, en horario de 8:00 de la mañana a 7:00 de la noche.
El servicio fue ubicado en la parroquia San Pablo de la Cruz, situada en la calle principal número uno, esquina Proyecto, urbanización Santa Cruz.
Durante esas mismas fechas y horarios se estableció otro punto de atención en Las Cubayas, específicamente en el Liceo Secundario Don Juan Rodríguez, próximo al cruce del Abanico.
En La Gina, distrito municipal perteneciente a Miches, el operativo está previsto del 18 al 22 de octubre, entre las 8:00 de la mañana y las 8:00 de la noche.
Los servicios se ofrecerán en la Junta Distrital, ubicada en la carretera Miches-Sabana de la Mar.
En Santiago de los Caballeros, la JCE habilitó un operativo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), recinto Santiago, cuya duración está prevista hasta el jueves 22 de octubre.
La jornada contempla atención de lunes a viernes, desde las 8:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche.
Para los sábados y domingos, el horario establecido es de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.
La ampliación de horarios busca ofrecer alternativas a quienes deben cumplir compromisos laborales o académicos durante las jornadas ordinarias.
El proceso de sustitución de la cédula constituye una de las principales iniciativas administrativas de la Junta Central Electoral, debido a la importancia del documento para la identificación de las personas y la realización de múltiples gestiones públicas y privadas.
Además de su utilización en los procesos electorales, la cédula es necesaria para operaciones bancarias, trámites institucionales, servicios comerciales y otras actividades que requieren acreditar la identidad de los ciudadanos.
La renovación también está vinculada con la actualización de los registros de identificación y del padrón electoral, instrumentos esenciales para el funcionamiento del sistema democrático dominicano.
El organismo ha establecido abril de 2027 como fecha límite para la sustitución del documento anterior, conforme al calendario divulgado.
Las autoridades electorales procuran que la mayor cantidad posible de ciudadanos obtenga su nueva cédula dentro del plazo establecido, evitando acumulaciones de solicitudes durante las últimas etapas del proceso.
Con los operativos móviles y las facilidades de transporte, la JCE busca reducir las barreras de acceso y ampliar la cobertura territorial de los servicios de identificación.
Se recomienda a los interesados consultar los canales oficiales del organismo antes de desplazarse, debido a que los puntos móviles y sus horarios pueden experimentar modificaciones.
La institución continúa así con el despliegue de su programa de cedulación, con el propósito de facilitar que los dominicanos dispongan del nuevo documento de identidad dentro del calendario establecido.
El Consejo Nacional de la Magistratura deberá escoger seis integrantes de la Suprema Corte de Justicia, incluida su presidencia, mientras continúa pendiente la publicación del acta que contiene las votaciones de la evaluación anterior.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) se encamina hacia la conclusión del proceso de escogencia de seis jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), en medio de interrogantes sobre la publicidad de las decisiones adoptadas durante la evaluación de los magistrados que aspiraban a permanecer en sus funciones.
El organismo, encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader, tiene previsto completar el procedimiento el próximo viernes 23 de octubre, fecha establecida provisionalmente para la juramentación de los nuevos integrantes del alto tribunal.
Sin embargo, el calendario llega a su fase final sin que, según una revisión del portal oficial reseñada este domingo, se haya publicado el acta correspondiente a la sesión del 8 de septiembre, cuando fueron ratificados cinco magistrados y otros dos quedaron fuera de la Suprema Corte.
El CNM agotó las jornadas de vistas públicas celebradas los días 5, 6, 8 y 9 de octubre, durante las cuales fueron entrevistados 83 de los 88 candidatos preseleccionados para las posiciones disponibles.
Con la conclusión de esta etapa, corresponde a los integrantes del Consejo ponderar la trayectoria profesional, experiencia, conocimientos jurídicos y demás condiciones de los postulantes antes de adoptar las decisiones definitivas.
Entre las seis posiciones pendientes figura la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, una de las responsabilidades institucionales de mayor relevancia dentro del Poder Judicial dominicano.
El cronograma contempla que los nuevos jueces sean juramentados el 23 de octubre, aunque la fecha podría experimentar modificaciones.
Uno de los principales aspectos que genera interrogantes es la ausencia del documento que permitiría conocer el sentido de los votos emitidos por cada integrante del Consejo durante la sesión del pasado 8 de septiembre.
En aquella reunión fueron ratificados para un nuevo período de siete años los magistrados Justiniano Montero Montero, Fran Euclides Soto Sánchez, Samuel Amaury Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello Ferreras y Rafael Vásquez Goico.
Por el contrario, Francisco Antonio Jerez Mena y Vanessa Elizabeth Acosta Peralta no obtuvieron la confirmación necesaria para continuar en sus funciones.
Las decisiones contribuyeron a elevar a seis el número de vacantes que deben ser cubiertas mediante el procedimiento actualmente en curso.
Tras aquella sesión, el ministro de Justicia, Antoliano Peralta, indicó que el registro de las votaciones quedaría incorporado en el acta correspondiente.
No obstante, según la información publicada este 18 de octubre, dicho documento todavía no estaba disponible para consulta en el portal institucional.
La falta de divulgación del acta adquiere especial relevancia por tratarse de decisiones relacionadas con la integración del máximo tribunal del Poder Judicial.
De acuerdo con la revisión periodística divulgada, el portal del CNM únicamente mostraba las actas 001-2026 y 002-2026, correspondientes a las sesiones del 3 y 28 de agosto.
Ambos documentos recogen actuaciones vinculadas con la organización del proceso, el calendario de evaluación y las objeciones formuladas contra postulantes, pero no contienen las votaciones individuales de la sesión de septiembre.
La publicación de las actas constituye un mecanismo importante para fortalecer la rendición de cuentas y permitir que la ciudadanía conozca cómo se desarrollan las decisiones de los órganos encargados de seleccionar a los integrantes de las altas cortes.
No obstante, la ausencia de publicación de un documento no demuestra por sí sola la existencia de irregularidades en las votaciones ni invalida automáticamente las decisiones adoptadas.
La composición de la Suprema Corte de Justicia tiene repercusiones directas sobre el funcionamiento del sistema judicial dominicano, debido a las competencias constitucionales y legales asignadas a este tribunal.
En ese sentido, la selección de seis nuevos magistrados representa una oportunidad para fortalecer la confianza ciudadana en la administración de justicia mediante un procedimiento fundamentado en criterios objetivos, capacidad profesional e independencia judicial.
La transparencia sobre las evaluaciones y decisiones adoptadas adquiere una importancia particular cuando se trata de garantizar que la integración del tribunal responda a las exigencias institucionales y al principio de separación de poderes.
Con las entrevistas concluidas y la decisión final pendiente, la atención se concentra ahora en las deliberaciones del Consejo y en la eventual divulgación de la documentación correspondiente a las evaluaciones anteriores.
El CNM afronta así una etapa determinante, en la que no solo deberá completar la renovación parcial de la Suprema Corte de Justicia, sino también ofrecer garantías de transparencia que permitan fortalecer la credibilidad del proceso ante la sociedad dominicana.
