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El país va rumbo a fase cuatro de la pandemia del coronavirus
Santo Domingo, RD.-A 24 días de haberse dado a conocer el primer caso de Covid-19, República Dominicana está alcanzando el cuarto escenario de riesgo frente a esta pandemia, al colocarse en la frontera de la transmisión comunitaria, lo que implica que no sólo debe arreciar la vigilancia e identificación de casos, sino extremar las acciones que permitan frenar la transmisión.
Ayer el ministro de Salud Pública, doctor Rafael Sánchez Cárdenas, aseguró que todavía el país se encuentra dentro de la transmisión por conglomerados, que cae dentro del tercer escenario de la clasificación de riesgo hecha por la Organización Mundial de la Salud (OMS), pero advirtió que se está en la frontera de la transmisión comunitaria.
Explicó que los casos que tiene el país hasta el momento responden a patrones de conglomerados, entre los que destacó cuatro fiestas que se celebraron y los viajeros del Crucero Costa Fabulosa en el que estuvieron 110 médicos, algunos de ellos confirmados como positivos al virus y otros en seguimiento. Negó además que haya registros de médicos infectados dentro de los hospitales.
E ntre las acciones que recomienda el organismo internacional para este escenario es extender la vigilancia más allá de los focos localizados y probar o descartar cada una de las sospechas, la preparación del personal de salud, empeñarse en a reducir la transmisión y el número de casos, además de frenar el surgimiento de nuevos brotes. Así como el autoaislamiento de todos los sintomáticos y descartar cada uno de los casos sospechosos.
D e acuerdo con la clasificación, el escenario uno corresponde a los países sin casos confirmados, el dos para los que tienen casos importados, el tres casos de transmisión local y conglomerados y el cuarto para los que registran transmisión comunitaria.
Prueba gratis
En tanto el Colegio Médico Dominicano (CMD) propuso a las autoridades nacionales disponer la ampliación e implementación de nuevas medidas para evitar el avance y la diseminación del virus, entre ellas adquirir la Prueba Rápida Molecular ( PCR). Esta prueba nos daría el diagnóstico en apenas 45 minutos y ampliar las plataformas para el procesamiento de las muestras.
Continuar con la descentralización de las pruebas, que la prueba diagnóstica sea gratis, ya que se está en una Emergencia Nacional y el gobierno debe asumir estos gastos a través de los fondos liberados para esta crisis sanitaria.
Además pidió que se implemente la cuarentena obligatoria, buscarle una solución para aislar y supervisar de manera estricta los casos diagnosticados y mejorar, fortalecer, ampliar la Protección de personal de salud a nivel nacional.
SNS distribuye equipos
El Servicio Nacional de Salud (SNS) informó que distribuyó este fin de semana Equipos de Protección Personal (EPPP), materiales, medicamentos e insumos para fortalecer la respuesta a los casos sospechosos de COVID-19 que llegan a las Emergencias de los centros públicos de salud. Se entregaron mascarillas desechables N95, guantes de látex y de goma nitrilo, kits de cirugías, trajes overol de cuerpo completo, botas de goma, batas para cirugías y gorros desechables.
RECOMENDACIÓN
Rafael Yunén.
Para el doctor José Rafael Yunén, especialista en cuidados críticos, evitar la propagación y tratar a tiempo los pacientes positivos del coronavirus para que no caigan en complicaciones es una tarea urgente que se debe hacer en el país. Esto, dijo, para que cuando el pico de la epidemia suba no entren muchas personas a ventilación mecánica, porque el país no cuenta con suficientes camas, ni personal especializado.
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.