Primero encargó al grupo estadounidense Promontory que controlara las cuentas del Banco Vaticano y las actividades de Apsa, la Administración del Patrimonio de la Santa Sede. Y, ahora, el Papa Francisco ha decidido meterle mano al Gobernatorio Vaticano, el organismo encargado de la gestión financiera de la Santa Sede y donde, según revelaban los papeles del Vatileaks, campan a sus anchas la corrupción, las contratas hinchadas y la prevaricación.

El Pontífice encargó ayer a Ernst & Young una auditoría sobre ese organismo que juega un papel fundamental en las finanzas del Vaticano. Se trata de la tercera auditoría externa sobre organismos vaticanos encargada por Francisco desde que hace ocho meses fuera elegido Papa.

«Una verificación y asesoramiento sobre las actividades económicas y sobre los procesos de gestión administrativa» del Gobernatorio Vaticano. Eso es exactamente lo que Francisco le ha solicitado al grupo internacional Ernst and Young, especializado en revisión contable.

El Gobernatorio Vaticano está bajo sospecha desde que el Vatileaks sacó a la luz varios documentos en los que el que hasta noviembre de 2012 fue su número dos, el arzobispo Carlo Maria Viganò, denunciaba «situaciones de corrupción y prevaricación» y «comportamientos perseguibles como delitos» dentro de esta institución.

Viganò se quejaba en una misiva enviada la primavera del año pasado a Benedicto XVI de que «las contratas van a parar siempre a las mismas empresas, a un costo que es al menos el doble del de las que trabajan fuera del Vaticano». Y ponía el ejemplo sangrante del belén navideño montado en la Plaza de San Pedro en 2009 y que costó nada menos que 550.000 euros.

Evitar despilfarros

Las conclusiones de Ernst & Young sobre la situación del Gobernatorio se pondrán a disposición de la comisión de ocho miembros nombrada en julio pasado por Francisco para supervisar la economía vaticana a fin de evitar despilfarros, cohechos y corruptelas. Una comisión de la que forman parte dos españoles (monseñor Lucio Ángel Vallejo Balda, secretario de la Prefectura de Asuntos Económicos, y el economista laico Enrique Llano) y que también cuenta con una mujer: Francesca Immacolata Chaouqui, quien por cierto en el pasado trabajó para la auditora.

La comisión utilizará las conclusiones de Ernst & Young «para proponer eventuales recomendaciones que mejoren la eficiencia y eficacia de los procesos económicos y administrativos del Gobernatorio», según señalaba el comunicado de la oficina de prensa de la Santa Sede.

Pero, además, y siempre profundizando en la tarea de limpieza de la economía de la Santa Sede, Francisco publicó ayer un motu proprio que establece el nuevo estatuto de la Autoridad de Información Financiera Vaticana (Aif), el organismo de la Santa Sede encargado de vigilar las finanzas de la Santa Sede para evitar y prevenir los delitos de lavado de dinero.

El nuevo estatuto, que entrará en vigor el próximo jueves, tratará de adecuar la estructura interna de Aif a las funciones de transparencia financiera y lucha contra el lavado de dinero negro que está llamada a cumplir, reforzando la independencia de sus responsables de posibles interferencias por parte de miembros de la jerarquía vaticana.

Además, el estatuto contempla la creación de una nueva oficina «para la vigilancia preventiva», un organismo que Moneyval (la comisión de la Unión Europea contra el lavado de capitales) considera absolutamente necesario.

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