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Opinión

El Paraíso del Fraude

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Siempre he hablado de que la República Dominicana se ha convertido en el paraíso del fraude, cuyo fenómeno hoy constituye una cultura en el seno de nuestra sociedad.

Esta cultura del fraude se expresa en todos los sectores sociales en razón de que el principal promotor de este flagelo es el Estado, el cual más que promover e imponer valores preconiza antivalores.

La denominada cultura del fraude está tan consolidada en la República Dominicana que cuando alguien vende una propiedad el abogado del comprador prepara dos actos de venta, uno de los cuales persigue que su cliente no pague los impuestos que establece la ley.

De igual modo el que compra un vehículo usado en cualquier agencia de ventas de carros con supuestamente 10, 20 ó 50 mil millas en realidad termina con un automóvil que sobrepasa las  200 mil millas, convirtiendo al cliente  en víctima de un fraude.

Lo mismo pasa  cuando una persona adquiere un teléfono celular con tarjetas de llamadas prepagadas, la cual no bien se ha marcado el número de teléfono a llamar y ya prácticamente no queda fondo disponible para continuar con la misma, porque en realidad se trata de otro fraude.

Similar situación se da con la mayoría de los productos nacionales, los cuales tienen bajo nivel de nutrición y no cumplen con los requisitos legales, pero nadie se preocupa por esta alarmante situación.

Prácticamente todo, por no decir todo, está bajo el manto de cultura del fraude que daña a todos  y se constituye en una retranca para el crecimiento sano de la sociedad.

El fraude está presente en cualquier actividad intrascendente, en la propia macroeconomía y en el producto interno bruto del país.

Hay fraudes en la cantidad de años de los jóvenes prospectos que son firmados por los equipos de Grandes Ligas y las cantidades de dinero que realmente reciben; hay fraudes en el manejo de los bancos; hay fraudes en la calidad del café que se le vende al dominicano; hay fraudes en las declaraciones de bienes de los funcionarios; hay fraudes en las operaciones de la microempresa; hay fraudes en las multinacionales; hay fraudes en todos los estamentos de la sociedad.

Hay fraudes hasta en la propia construcción del Estado dominicano, el cual nació con  la denominada democracia representativa, modelo político de las naciones altamente desarrolladas cuando la República Dominicana tenía una composición social que no superaba la baja, mediana y alta pequeña burguesía.

De manera, que la cultura del fraude se confirma una vez mas con el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyos observadores acaban de comprobar que el 81 por ciento de los votantes registrados tienen direcciones inexactas, inexistentes y cerca de un millón de ellos tienen el mismo nombre.

De igual modo pudo  establecerse que más de cinco mil votantes sobrepasan los cien años, lo que, sin lugar a dudas, cuestiona seriamente la democracia, sobre todo en lo que tiene que ver con su aspecto institucional.

La realidad es que la cultura del fraude se ha apropiado de la sociedad dominicana, lo que pone en peligro la seguridad y la tranquilidad ciudadanas.

Sólo el fortalecimiento del sistema de justicia, la policía y las fuerzas armadas del país  garantizarán el mejor funcionamiento del Estado y en consecuencia el logro de una mejor República Dominicana

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Opinión

Otro Proceso Eleccionario Decepcionante.

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Por José Cabral

Este domingo el país se aboca a la escogencia de las autoridades de los gobiernos locales, los cuales son uno de los grandes fracasos de la llamada democracia representativa.

Es muy poca la credibilidad de los ayuntamientos de todos los municipios del país, ya que los mismos se caracterizan por la deficiencia y la malversación de sus presupuestos.

Son muy pocas las candidaturas a este nivel que están fundamentadas en propuestas, sino en aspiraciones muy personales.

Las elecciones municipales son el primer capítulo de los comicios generales para escoger las autoridades nacionales, incluidos presidente y vicepresidente de la República, así como senadores y diputados.

Pero unas y otras están afectadas de una alta falta de credibilidad como resultado del comportamiento de toda la clase política nacional.

E incluso son pocos los candidatos que sustentan sus aspiraciones en un plan programático, a largo plazo.

Sin embargo, hay que esperar que los resultados sean los mejores y que los munícipes de todos y cada uno de los gobiernos locales cumplan con su rol, con la satisfacción de las necesidades de su gente.

De lo contrario, los votantes de los municipios del país continuarán sólo con la esperanza de que llegue algo mejor y que sus expectativas sean satisfechas.

De no ser así, el país seguirá con la gran decepción que hoy caracteriza la actividad política nacional.

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Opinión

Entrega de una persona a la Corte Penal Internacional (2 de 2)

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Por Rommel Santos Díaz

Según el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual enumera los estándares básicos mínimos bajo el derecho internacional, una persona solo tiene derecho a  apelar  contra una condena o sentencia, no una orden de extradición  o entrega. El Estatuto de Roma es omiso respecto de las apelaciones contra órdenes de entrega a escala nacional.

Por lo menos los Estados Partes  deberían  contar con un procedimiento expedito para transportar  a las personas a la CPI, una vez que la orden de entrega se emita por el Estado. En la mayoría de los casos deberían poder remunerar los gastos de transporte de la persona hasta la CPI.

Los Estados deberán tener leyes y procedimientos vigentes que permitan  la entrega  tanto de nacionales como de extranjeros  que se encuentren en su territorio.

Los Estados deberán tomar en cuenta que el Estatuto de Roma no permite que los Fiscales  nacionales  tengan discreción alguna respecto a la inmunidad de entrega de personas debido a la necesidad de su asistencia con otras investigaciones o enjuiciamientos. Esto es comprensible debido a la gravedad de los crímenes de la competencia de la CPI.

El artículo 65 del Estatuto de Roma prevé  las consultas que el Fiscal realice con la defensa  para declarar la culpabilidad  no tienen carácter obligatorio. Solo la Corte puede decidir si se debe tomar en cuenta  la voluntad de una persona  para cooperar. Por ejemplo, podría considerarse como un factor atenuante durante el proceso de condena, según  el artículo 78, ( ́ circunstancias personales del  condenado ́ ́).

El artículo 9 del Estatuto de Roma regula que los Estados determinarán sus propios requisitos para la entrega de una persona en su Estado. Uno de los requisitos a considerar es la prueba suficiente que se requiere  para que el Estado permita la orden  de entrega. Este requisito deberá ser tan mínimo como sea posible, tomando en cuenta  la necesidad de que los Estados eviten  la creación de requisitos tediosos para la CPI.

El artículo 58 del Estatuto de Roma determina  que todas las órdenes de detención de la CPI  consignan  lo siguiente: a) el nombre de la persona y cualquier otro dato  que sirva para su identificación; b) una referencia expresa al crimen de la competencia de la CPI por el que se pide su detención; c)  una descripción concisa de los hechos  que presuntamente constituyan esos crímenes.

Estos componentes deberían prever la prueba suficiente  para ordenar la entrega, tomando en cuenta a las garantías procesales del Estatuto de Roma. Por consiguiente el método  mejor y más fácil para asegurar la prueba suficiente requerida para cumplir con las solicitudes  de la CPI es tomando los contenidos  requeridos por la CPI para una orden de detención como  el requisito mínimo.

Si un Estado decide utilizar sus procedimientos comunes de extradición para la entrega de personas a la Corte Penal Internacional, podrían necesitar enmiendas  de fondo a sus leyes  y procedimientos existentes.

Podría surgir de penalidad dual (doble incriminación) en términos de los requisitos nacionales. La doble penalidad no es un requisito bajo el Estatuto de la CPI. En otras palabras, el Estatuto  no requiere  que los Estados penalicen las ofensas de la CPI dentro de su territorio, para que puedan entregar personas  a la  CPI. Sin embargo, los Estados no podrán alegar que no existe una penalidad dual para  refutar una orden de entrega de una persona ante la CPI.

Si esta cuestión de doble penalidad surge en el ámbito nacional, la manera más sencilla de solucionar tales dilemas es incluyendo  todos los crímenes de la CPI dentro de los crímenes del territorio nacional, anexando o reproduciendo  la sección del Estatuto de la CPI  al Código Penal o su equivalente.

Todos estos crímenes deberán convertirse en ofensas que ameriten  la extradición. Estas dos técnicas permitirán que los Estados cooperen con más facilidad con otros Estados que estén enjuiciando estos crímenes  dentro de la competencia de la CPI, ya que no surgiría el problema de doble criminalidad  u ofensas que ameriten extradición en casos de extradición entre Estados.

Finalmente, si los procedimientos de extradición de un Estado Parte establecen la condicionalidad de la extradición a la existencia de un tratado,  en el caso de que el Estado reciba una solicitud de un Estado Parte con el cual no tiene un tratado de extradición deberá tomarse al Estatuto de Roma como la base legal de extradición en lo que respecta esos crímenes.

Rommelsantosdiaz@gmail.com

 

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Opinión

Nuestra nación perece por falta de conocimiento.

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Por Isaías Ramos

En nuestro país, la clase política dominante ha instaurado un sistema de explotación económica y una alarmante corrupción social. Nos conducen como mansos corderos al matadero, sometiéndonos a través de una ingeniería social que engendra una sociedad de ‘zombies’, caracterizada por la ignorancia y la miseria moral, espiritual y económica. En estas condiciones, resulta fácil para ellos manipularnos, engañarnos y robarnos. Desde 1996, han perpetuado este modelo económico y social, en el cual florece el extractivismo y se desvanecen los valores sociales.

Han privado a la población de la oportunidad de formarse como buenos ciudadanos y de conocer sus derechos y deberes, manteniéndola sumida en la ignorancia e iniquidad.

Nuestro pueblo se encuentra en una profunda crisis. Observamos cómo los valores fundamentales, que alguna vez fueron pilares de nuestra sociedad, se desvanecen. La falta de educación y cultura está causando estragos en el país. El acceso al conocimiento necesario para tomar decisiones informadas y actuar de manera responsable ha sido suprimido, como si estuviéramos viviendo en tiempos de oscurantismo.

Esta falta de conocimiento genera miedo e incertidumbre, haciéndonos vulnerables ante quienes buscan manipularnos con discursos vacíos y promesas engañosas. De manera sutil, nos han introducido vicios y perversiones, cayendo en la trampa de la desinformación y perdiendo nuestra capacidad crítica.

Percibimos cómo esta casta política muestra signos de llevarnos apresuradamente hacia un país sin patria y una nación sin identidad, con planes macabros a través de agendas foráneas para atacar la soberanía y la identidad, sumiéndonos en la absoluta miseria, al igual que naciones vecinas que fueron prósperas y hoy viven en penuria.

Como dice el refrán: «Guerra avisada no mata soldado». Será responsabilidad de cada uno de nosotros promover la concienciación de nuestros conciudadanos.

Es importante, en estos tiempos, resaltar nuestros símbolos patrios y promocionar los principios y valores consignados en lo más puro de nuestra bandera, como cita el Evangelio de San Juan 8:32: «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Es crucial que el pueblo conozca las verdaderas intenciones de esta casta política. Debemos abrir los ojos ante su clara voluntad de perpetuarnos en la miseria, la ignorancia e iniquidad.

El Frente Cívico y Social (FCS) está comprometido con la lucha por una sociedad donde la equidad, la justicia y la libertad no sean solo ideales, sino una realidad tangible para todos. Unámonos en esta causa, no solo por nosotros, sino por las futuras generaciones que aún no han nacido.

Juntos, podemos construir ese país donde la dignidad y los derechos de cada ciudadano sean respetados y defendidos. No dejemos que el desaliento nos venza; la historia nos ha mostrado que los cambios más significativos suelen comenzar con pequeños actos de valentía.

No permitamos que nuestro futuro sea escrito por aquellos que buscan nuestro sometimiento. Es momento de actuar, de levantar nuestra voz y de reclamar el país justo, libre y próspero que merecemos.

En el FCS estamos firmemente convencidos de que la verdad es nuestra arma más poderosa y la educación, nuestro escudo más firme. Nuestro propósito debe ser como una brújula que nos guíe hacia una nación que prospere en la luz de la sabiduría, donde reine el orden, la justicia y la igualdad de oportunidades.

¡Despierta, RD!

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