Editorial
El patrimonio público no tiene dueño particular
El patrimonio público no pertenece al Gobierno de turno, al funcionario que administra una institución ni al partido político que circunstancialmente ejerce el poder.
Pertenece a la sociedad.
Esta afirmación, aparentemente elemental, constituye uno de los principios fundamentales sobre los cuales debe descansar una democracia auténticamente institucional.
Sin embargo, nuestra historia política obliga a reconocer que durante demasiado tiempo ha sobrevivido una concepción patrimonialista del Estado: la idea de que alcanzar una posición de poder puede proporcionar derecho a disponer de los recursos públicos como si fueran patrimonio particular.
Esa cultura debe terminar.
La corrupción no puede continuar analizándose exclusivamente por la cantidad de dinero presuntamente sustraído. Su verdadero costo alcanza dimensiones mucho mayores.
Cuando se desvían recursos públicos, pierde el hospital que necesita medicamentos, la escuela que requiere mejores condiciones, la comunidad que espera una carretera, el ciudadano que necesita seguridad y la familia que depende de servicios estatales eficientes.
Pero pierde también la democracia.
Cada escándalo de corrupción que queda sin esclarecer, cada irregularidad que no recibe respuesta institucional y cada manifestación de impunidad —real o percibida— erosiona la confianza de los ciudadanos.
Y ninguna democracia puede sostenerse indefinidamente sin confianza.
La República Dominicana necesita consolidar una cultura en la cual administrar recursos públicos sea entendido como una responsabilidad temporal y rigurosamente fiscalizada, nunca como una oportunidad de enriquecimiento.
Eso requiere instituciones fuertes, transparencia, controles efectivos, rendición de cuentas y una justicia capaz de investigar y juzgar con independencia.
Pero también exige prudencia.
Combatir la corrupción no significa condenar anticipadamente a quien es investigado. El debido proceso y la presunción de inocencia deben respetarse siempre.
La democracia debe ser suficientemente fuerte para combatir simultáneamente la corrupción y la arbitrariedad.
No necesitamos persecuciones políticas disfrazadas de justicia, pero tampoco necesitamos impunidad disfrazada de garantías.
Necesitamos instituciones.
También corresponde a la sociedad abandonar aquella tolerancia cultural que relativiza la apropiación de recursos públicos dependiendo de quién la cometa.
La corrupción no puede parecernos grave cuando involucra al adversario y justificable cuando beneficia al aliado.
El patrimonio público no tiene colores partidarios.
Cada peso administrado por el Estado procede directa o indirectamente del esfuerzo colectivo y debe regresar a la sociedad convertido en servicios, infraestructura, seguridad, educación, salud y oportunidades.
Por eso, proteger el patrimonio público significa mucho más que proteger dinero.
Significa proteger la democracia.
La República Dominicana debe aspirar a una institucionalidad donde quien llegue al Estado comprenda desde el primer día una verdad que nunca debió ponerse en discusión:
el poder es temporal, pero el patrimonio público pertenece permanentemente al pueblo dominicano.
La existencia humana es transitoria. El poder termina, las riquezas cambian de manos y las generaciones se suceden. Sin embargo, nuestras acciones pueden dejar huellas que trascienden el tiempo.
En una sociedad donde frecuentemente se confunde el éxito con la acumulación de bienes y el reconocimiento público, resulta necesario reflexionar sobre el verdadero sentido de nuestra existencia.
El valor de una vida no debería medirse por lo que acumulamos, sino por el bien que hacemos, los valores que transmitimos y las oportunidades que creamos para los demás.
La República Dominicana necesita comprender que construir un legado también significa fortalecer la educación, defender la justicia, actuar con honestidad y asumir responsabilidades frente a las futuras generaciones.
Porque, cuando llegue el momento de partir, lo verdaderamente importante no será cuánto tuvimos, sino cuánto contribuimos a mejorar el mundo que dejamos.
La vida pasa, pero el bien que sembramos puede permanecer.
La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil constituye un acontecimiento de extraordinaria trascendencia política para América Latina, no solamente porque garantiza la continuidad de un gobierno progresista en la principal economía de la región, sino porque representa un significativo revés para el bolsonarismo y las aspiraciones de influencia regional del presidente estadounidense Donald Trump.
La derrota de Flávio Bolsonaro, heredero político del expresidente Jair Bolsonaro, estrechamente vinculado al mandatario norteamericano, demuestra que el respaldo de una potencia extranjera y las afinidades ideológicas no garantizan el triunfo electoral ni sustituyen la voluntad soberana de los pueblos.
Este resultado adquiere mayor relevancia en momentos en que varios gobiernos latinoamericanos cercanos a Washington enfrentan crecientes cuestionamientos ciudadanos. En Argentina, Javier Milei registra importantes niveles de rechazo, mientras que en Chile, José Antonio Kast, y en Ecuador, Daniel Noboa, afrontan dificultades para mantener la confianza de amplios sectores de sus respectivas poblaciones.
Aunque cada nación presenta circunstancias económicas, sociales y políticas particulares, existe una lección común: los ciudadanos no pueden alimentarse de discursos ideológicos ni resolver sus necesidades mediante alianzas internacionales que no se traducen en beneficios concretos.
La inflación, la inseguridad, el desempleo, la desigualdad y el deterioro de las condiciones de vida terminan imponiéndose sobre cualquier estrategia de propaganda o confrontación política.
Sin embargo, sería prematuro interpretar la victoria de Lula como el inicio inevitable de una derrota generalizada de la derecha latinoamericana. Tampoco significa que la izquierda tenga asegurado el respaldo popular. El propio resultado brasileño evidencia una sociedad profundamente dividida y un electorado que exige respuestas a sus problemas cotidianos.
Lo verdaderamente significativo es que Brasil ha reafirmado su capacidad para decidir su destino político, manteniendo un importante contrapeso frente a los intentos de ampliar la influencia ideológica de Washington en la región.
Donald Trump conserva un considerable poder internacional, pero su influencia tiene límites cuando se enfrenta a la voluntad democrática de sociedades que defienden sus propios intereses.
América Latina necesita gobiernos comprometidos con el desarrollo económico, la justicia social, la institucionalidad democrática y la independencia de sus decisiones. No requiere dirigentes cuya principal fortaleza política sea la cercanía con una potencia extranjera.
El triunfo de Lula deja una enseñanza que debería resonar en todo el continente: la soberanía no se negocia, la confianza ciudadana no se hereda y ningún liderazgo extranjero puede sustituir el derecho de los pueblos a decidir su propio futuro.
La verdadera legitimidad de un gobierno no depende de quién lo respalde desde el exterior, sino de su capacidad para responder a las necesidades y aspiraciones de la sociedad que lo eligió.
La tragedia de la discoteca Jet Set, que dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos, debe convertirse en un punto de partida para revisar la seguridad de las edificaciones en República Dominicana. La protección de la vida humana no puede depender de la improvisación ni de que ocurra una desgracia para que las autoridades actúen.
La decisión judicial de modificar la calificación jurídica del caso hacia el homicidio voluntario sustentado en el dolo eventual abre un importante debate sobre la responsabilidad penal de quienes, conociendo riesgos estructurales graves, permiten que sus establecimientos continúen funcionando sin adoptar las medidas necesarias.
Aunque corresponde a los tribunales determinar la responsabilidad de los imputados, respetando la presunción de inocencia, el caso plantea una interrogante nacional: ¿cuántas edificaciones presentan deterioro, sobrecargas o modificaciones estructurales que podrían poner en peligro a sus ocupantes?
El Estado tiene la obligación de fortalecer la supervisión de los inmuebles, especialmente aquellos donde se concentran grandes cantidades de personas. Pero esta responsabilidad también corresponde a propietarios, administradores y comunidades de condominios, conforme a sus obligaciones legales.
No basta con aprobar planos y otorgar permisos de construcción. Se necesitan inspecciones periódicas basadas en criterios de riesgo, mantenimiento preventivo y medidas correctivas oportunas.
La seguridad estructural no debe considerarse un gasto opcional, sino una inversión indispensable para proteger vidas.
La República Dominicana no puede permitir que las advertencias técnicas sean ignoradas hasta que se produzca una tragedia. El caso Jet Set debe impulsar una verdadera cultura de prevención, fiscalización y cumplimiento de las normas.
Porque la responsabilidad de proteger vidas comienza mucho antes de que un edificio se desplome.