Opinión
El pecado original del CESI
Por: Hamlet Hermann
El Consejo Económico, Social e Institucional (CESI) fue convocado recientemente por el presidente Danilo Medina para desarrollar una discusión en busca de la reforma fiscal que pudiera atenuar la crisis económica y financiera heredada del anterior gobierno peledeísta.
Sorpresivamente, el proponente solicitó posponer el encuentro. Aprovechando este hiato, es sano rebuscar en los orígenes del CESI para estar precavido sobre su relativa importancia en los manejos de los gobernantes. Ese órgano no gubernamental fue creado mediante decreto del presidente Leonel Fernández el 25 de enero 2005. Tendría como atribución general “conocer y emitir su opinión sobre problemas de cualquier naturaleza que fueran de interés nacional, constituyéndose en un espacio institucional permanente de diálogo y deliberación en procura de la concertación social”.
La primera prueba de la utilidad política del CESI tuvo lugar dos meses después de la creación en el encuentro que convocaron su Presidente, monseñor Agripino Núñez, y el Director Ejecutivo, ex Rector universitario, Rafael Toribio. Propiciaron entonces un debate esclarecedor sobre las factibilidades de un tren subterráneo a lo largo de la avenida Máximo Gómez, considerado por el presidente Fernández como “su sueño de niño”. Se escucharon allí las contradictorias ponencias de los ingenieros Hamlet Hermann, quien proponía ajustes estructurales del transporte, y Diandino Peña, designado por decreto presidencial como Ministro del Metro de Santo Domingo. Otros proponentes de vehículos sobre rieles también participaron. Hermann había sido Director fundador de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET) y organizador del tránsito en Santo Domingo y en Santiago. Peña se había desempeñado como Secretario de Obras Públicas.
Los miembros del CESI aclararon sus dudas y concluyeron que “en estos momentos la construcción de un Metro no es una solución oportuna y adecuada”. Optaron por sugerir la propuesta en base al uso de autobuses, porque podría dar solución a los problemas inmediatos dentro de un corto plazo, a mucho menor precio. El presidente Fernández recibió la misiva en el Palacio Nacional de manos de Núñez y Toribio. Este último publicó: “A pesar de que no estaba en la línea de las expectativas que se habían creado sobre la inmediata construcción del Metro, la recomendación fue aceptada por el Presidente”.
Sin embargo, apenas dos meses después, ignorando el compromiso contraído con el CESI, el presidente Fernández sorprendió a la ciudadanía al crear la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) en la ominosa fecha 11 de septiembre de 2005. Evidentemente, aquella sería la nueva plataforma desde la cual se relanzaría indetenible el Metro de Santo Domingo. Sintiéndose defraudado por la falta de transparencia y la injustificable doblez presidencial, el Director Ejecutivo, Rafael Toribio, renunció al cargo. Agripino Núñez se mantiene todavía en su cargo.
Luego de consumada la tarea de crear un nuevo organismo para que se ocupara exclusivamente del Metro, se inició un confuso proceso administrativo en el que OPRET se dirigía desde la empresa particular del ingeniero Peña. Desde aquel momento hasta hoy han transcurrido exactamente siete años y OPRET ha gastado, con cuestionable transparencia, cerca de tres mil millones de dólares. El gobierno de Fernández restó esa enorme suma de la educación, la salud y la agricultura, al tiempo que endeudaba al país hasta lo impagable.
La eficiencia de estas obras resultaron mucho menores que lo prometido por el presidente Fernández cuando trataba de convencer a la opinión pública de las bondades de “su sueño de niño”. Luego, no se conformaron con el ineficiente Metro propuesto inicialmente, sino que iniciaron la construcción de una segunda línea subterránea. Ningún funcionario está en condiciones de probar que el tránsito de Santo Domingo ha mejorado en relación con 2005 a pesar de las megaobras realizadas.
El CESI tuvo razón en aquella recomendación al presidente Fernández, pero pudo más el interés particular que las necesidades sociales. Vaya esta experiencia a los actuales miembros de ese organismo para que sepan a qué atenerse cuando discutan la cacareada reforma fiscal. Si por las experiencias anteriores nos guiamos, el empresariado estaría obligado a coincidir con las propuestas del gobierno. O prepararse para servir de coartada de aquellos que se niegan a reducir los gastos gubernamentales y sólo ven solución en desnudar a quien ya no le queda ropa.
Artículo de opinión publicado originalmente en el periódico HOY
Por. Isaías Ramos
Estos politiqueros se han especializado en una materia que, hasta ahora, les ha dado un resultado fenomenal, pues han sembrado ignorancia, miseria y perversión en todos los rincones del país y han logrado envilecer a través del «BAM» (bulto, allante y movimiento) para continuar engañando vez tras vez.
Distraer a la población mientras se roban y saquean el presente y futuro de la nación pareciera que para ellos ya es un juego de niños y es conociendo esa sed de justicia que padece este pueblo, que cada vez que requieren distraerlo o ganar popularidad, se inventan sometimientos, apresamientos a algunos de los corruptos de los tantos que abundan, creando falsas expectativas de que se hará justicia y los corruptos, ladrones y saqueadores pagarán por sus actos y así llevan décadas de «amagar para no dar». Es la novela que le presentan a la población con el final que ya todos conocemos: «impunidad» para los corruptos y «frustración e indignación» en la población.
¿Qué consiguen con estos circos? Múltiples objetivos. Primero, apaciguar los ánimos del pueblo, segundo, conseguir aceptación de los ingenuos, tercero, a los que someten al final, el sistema los premia con la absolución y los declaran inocentes con la conveniencia de que no podrán volver a ser acusados o sometidos, bajo la premisa de que una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo delito; y cuarto, debido a la distracción de la población en esta «novela», aprovechan y le clavan el cuchillo por la espalda al pueblo para lograr lo que hace décadas vienen cocinando, y es terminar de adueñarse de todos los bienes públicos.
Con ese fin, acaban de promulgar la ley de fideicomiso público, una ley que no es más que un instrumento de atraco legalizado a los recursos naturales y económicos de la nación, y ya libres de consecuencias penales, podrán terminar de despedazar los bienes públicos. Esa ley, que de por sí está obviando el artículo 146 de la constitución y sí garantizando su impunidad bajo el numeral 38 de la ley 107-13, convierte a esta ley en una verdadera aberración, solo posible en un sistema podrido de pies a cabeza.
Del mismo modo, continúan endeudando de manera inmisericorde, injusta e irresponsable a la presente y futura generación, condenándola a la miseria, hambre y opresión eterna. Mientras continúa la novela, también pretenden aprobar la ley del agua y así adueñarse de los recursos hídricos, líquido indispensable para la supervivencia humana, y por último, han reintroducido la ley de trata de personas que, a todas luces, resulta violatoria a la soberanía, donde sólo traidores a la patria serían capaces de aprobarla.
Todas estas intenciones chocan contra la constitución y la soberanía nacional, pero a ellos eso tampoco les importa. Quebrar esa columna vertebral que sostiene a la Nación con tal de que ellos cumplan con sus amos no les hace cosquillas. Hace tiempo que la irrespetan, seguros de que por ahora no tendrán consecuencias, pues la justicia está secuestrada y todos los poderes fácticos se han alineado en contra del pueblo para garantizar ese saqueo.
En el Frente Cívico y Social hacemos un llamado vehemente a la población dominicana para defender la patria y la constitución, ya que ambas están en peligro de perecer si continúan siendo guiadas por una clase política que está ciega y nos conduce al precipicio sin punto de retorno. Es urgente liberar esa justicia que sigue en manos de los corruptos. Llevan más de dos décadas gobernando la nación y lo único que han hecho es robar, saquear, endeudar y, lo más grave hasta ahora, sin ninguna consecuencia.
Hoy aún tenemos la oportunidad de comenzar a construir un destino diferente. Es necesario dejar el letargo y sumarse a un proyecto de nación compuesto por verdaderos patriotas dispuestos a luchar para refundar la patria bajo los principios y valores que heredamos de nuestros libertadores.
¡Despierta RD!
Por José Cabral
Mucha gente apuesta que los temas comprometedores desaparezcan del escenario nacional, que pasen a un segundo plano en los medios de comunicación social.
Ello así, porque hasta los que tienen grandes compromisos públicos como el presidente de la República recurren al silencio para no dejar claro algún tema de trascendencia nacional.
A propósito de la llamada Operación Calamar ha salido a la superficie una supuesta donación de 400 millones de pesos a la campaña de Luis Abinader que desnuda en el país como se mueven los que están al hecho para sustraer dinero del patrimonio público.
Angel Lockuard, un abogado habilidoso, se ha asociado con otros para conformar una asociación de malhechores que se dedica hasta a la falsificación de documentos.
Lo grave del asunto no es sólo que se haya sustraído del erario la suma de 19 mil millones de pesos, sino que el protagonista de las falsificaciones legales y que recibió miles de millones de pesos por ese concepto, haya donado al ahora presidente Abinader 400 millones de pesos.
Lo extraño de esto es que el presidente no haya hablado del asunto, ya sea para afirmar o desmentir semejante anormalidad, sobre todo cuando todo el mundo en el país conoce las andanzas de Angel Lockuard.
Pero, además, el propio presidente de la República sabe muy bien que este individuo no es heredero de una gran fortuna económica y que se trata sólo de un abogado habilidoso para engañar al Estado, que es lo mismo que decir a toda la sociedad.
De manera, que no hay forma de que el presidente de la República pueda justificar esa donación, porque además de ser cierto el mandatario ha sido receptor de fondos que provienen de un robo en contra del Estado.
Es una situación todavía más compleja porque se trata de un presidente que su discurso se fundamenta en adecentar la vida publica nacional.
El presidente Luis Abinader debe darle una explicación al pueblo dominicano de una donación que se supone que de antemano el ahora jefe de Estado sabia de donde venía.
Se impone una explicación a la mayor brevedad posible y sino que el Ministerio Público realice una minuciosa investigación al respecto para que preserve su credibilidad, sobre todo frente a las acciones que lleva a cabo muy sacrificadamente para imponer en el país la decencia nacional.
Por Rommel Santos Díaz
El artículo 5 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional desglosa los crímenes que estarán dentro de la competencia de la Corte, genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión.
El artículo 6 determina que el crimen de genocidio será definido, para efectos del Estatuto, de la misma manera en que actualmente se define en el artículo 2 de la Convención sobre Genocidio de 1948.
Tanto los crímenes de lesa humanidad , como ¨los crímenes de guerra , han sido cuidadosamente definidos en el Estatuto para que se puedan incorporar los distintos conceptos de diversos tratados y fuentes consuetudinarias, acordados por 120 Estados en la Conferencia de Roma como ¨los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto¨ , articulo 5 del Estatuto de Roma.
La Corte Penal Internacional será competente sobre todos los crímenes una vez que el Estatuto entre vigor, excepto sobre el crimen de agresión. Los artículos 5, 121 y 123 integralmente prevén que la Corte ejercerá competencia sobre el crimen de agresión una vez que se apruebe una definición conforme, aceptada por dos tercios de los Estados Partes de la CPI , en una Conferencia de Revisión que se llevara a cabo siete años después de la entrada en vigor del Estatuto. La disposición sobre el crimen de agresión también deberá regular las condiciones bajo las cuales la Corte ejercerá su competencia sobre este crimen de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.
Respecto al crimen de agresión de referencia anteriormente debemos señalar que en la Conferencia de Revisión de Kampala celebrada en el año 2010 se adoptaron disposiciones que permitirán a la Corte ejercer su competencia sobre el crimen de agresión, comprometiéndose expresamente a activar dicha competencia ¨lo antes posible¨.
Ese logro ha sido aclamado como un hito histórico, tanto en el derecho internacional como en la búsqueda de la paz y la seguridad mundiales. Por primera vez en la historia, una corte internacional permanente e independiente tendrá la competencia para declarar a dirigentes nacionales como responsables de las formas más graves de uso ilegal de la fuerza contra otros Estados.
Los preceptos procesales del Estatuto de Roma han sido redactados creando un balance óptimo entre las siguientes prioridades: La necesidad de una corte internacional, independiente apolítica y representativa, que pueda funcionar eficiente y efectivamente para enjuiciar a aquellos responsables por los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto.
Otras prioridades interesantes del Estatuto de Roma es el derecho de los Estados de enjuiciar de manera prioritaria estos crímenes, si pueden y están dispuestos. También pueden brindar adecuada compensación y reparación a las víctimas de estos crímenes.
Otras prioridades a destacar es la que tiene que ver con la necesidad de proteger los derechos de las personas acusadas; y el papel del Consejo de Seguridad en el mantenimiento de la paz y seguridad internacional , de acuerdo a sus potestades según el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. Estas consideraciones están todas reflejadas en las funciones y potestades de la Corte Penal Internacional y su relación con otras unidades, de acuerdo al Estatuto de Roma.
Rommelsantosdiaz@gmail.com