Análisis Noticiosos
El peligroso costo de imponer la reforma
Por Juan Bolívar Díaz
El gobierno aborta el pretendido pacto fiscal, fundamento de le Estrategia Nacional de Desarrollo, y termina su luna de miel con la sociedad al negarse a confrontar a fondo la malversación y el clientelismo
La firme posición de los sectores integrados en el Consejo Económico y Social (CES) de no discutir nuevos impuestos sin que antes se pactara una profunda revisión de la totalidad del gasto y la malversación de los recursos públicos y de la calidad de la inversión no constituyó sorpresa. La sociedad está indignada y exige rectificaciones.Lo que sí sorprendió fue la celeridad con que el Gobierno rompió las conversaciones con los sectores sociales y su disposición a jugársela imponiendo un nuevo parche fiscal, sin transar más allá de una reducción del 14 por ciento en el paquete impositivo enviado al Congreso Nacional.
Una resistencia avisada. Durante los últimos años, con mayor énfasis en la campaña electoral, y tras los comicios de mayo, los más diversos sectores sociales, relevantemente el empresarial y las organizaciones sociales comprometidas en la promoción del desarrollo y la pulcritud democrática, advirtieron sistemáticamente que no aceptarían nuevos parches tributarios en aras del dispendio, la corrupción, el clientelismo.
El reclamo de un pacto fiscal que incluyera una revisión del gasto y la exigencia de prioridades para el desarrollo y la competitividad aparecieron en todos los escenarios de concertación política y social y llegaron a la Constitución del 2010 y a la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) discutida durante años y promulgada en enero pasado.
El Informe de la Comisión Internacional encabezada por Jacques Attalí por encargo del gobierno del doctor Leonel Fernández diagnosticó en noviembre del 2010, la distancia entre los poderes públicos y la sociedad y especificó como primera de siete grandes iniciativas la adopción de disposiciones “para devolver la confianza en las instituciones”, como requisito para lograr un pacto fiscal.
Desde la campaña electoral y en su discurso de juramentación, el presidente Danilo Medina se abanderó con los tres pactos fundamentales proclamados en la END comenzando con el fiscal. De inmediato anunció que convocaba al CES para buscarlo y este organismo, integrado por representantes de los sectores empresarial, sindical y social, no tuvo dificultad en consensuar nueve “Principios Orientadores del Pacto Fiscal, resumidos en este espacio el 2 de septiembre.
Una y otra vez los dirigentes sociales insistieron en que esta vez no se dejarían engañar ni dividir de los políticos, como había ocurrido en seis reformas tributarias de la última década, que no aceptarían mayores gravámenes sin un pacto integral que rectifique la calidad del gasto y de la inversión, en orden al desarrollo humano y productivo, con participación y contraloría social, con sostenibilidad fiscal y que supere la discrecionalidad, el despilfarro y la malversación.
Rechazo a otro parche. Cuando el 3 de octubre el Gobierno presentó al CES su proyecto para recaudar en el 2013 más de 55 mil millones de pesos adicionales, el mismo ministro de Economía advirtió que no encontraron forma de reducir significativamente el gasto “sin echar más leña al fuego”, sellándolo como estrictamente tributario, provocando rechazo general de los sectores sociales, la dispersa oposición y de los medios de comunicación.
En conocimiento de que el abuso inconstitucional e ilegal y la politiquería más descaradas habían llevado el déficit presupuestario de este año a un 8 por ciento del producto bruto, entre 183 mil y 187 mil millones de pesos y en medio de innumerables escándalos de liquidaciones y pensiones desorbitadas de altos funcionarios, los principios consensuados en el CES tomaron más fuerza.
De ahí el rechazo formal al paquete impositivo y la reiteración de la discusión de “un pacto fiscal integral como lo dispone el artículo 36 de la ley 1-12” (END). El CES con la asesoría de un amplio equipo de economistas y expertos fiscales planteó un “presupuesto de transición” para el 2013, pero no a partir del desorbitado de este año, sino del año pasado, que “representa un 23 por ciento de incremento del gasto ejecutado en el 2011 sin la necesidad inmediata de establecer nuevos gravámenes”. Sería de 410 mil millones de pesos sin incluir las aplicaciones financieras. (Comunicado íntegro en HOY, 26 de octubre, página 3-A).
El planteamiento reclamaba al Gobierno identificar y cuantificar la reducción del gasto por vía de la corrupción, de la malversación, de los altos sueldos y pensiones, de la eliminación de organismos inoperantes reductos de clientelas políticas, de la fusión de otros de similares funciones, de revisión de onerosos contratos mineros y eléctricos, del achicamiento de la escandalosa nómina de vicecónsules y diplomáticos, de consejos directivos, de barrilitos y cofrecitos de repartos, no sólo del Congreso sino también de los ayuntamientos e innumerables instituciones estatales. Nada nuevo, lo que se venía reclamando por años, lo que el informe Attalí consignó como condición para el pacto fiscal: restaurar la confianza de la sociedad.
Lo que siempre se ha hecho. Cuando se esperaba una contraoferta del Gobierno, asumiéndose que su propuesta original podría ser objeto de negociación, sus representantes precipitaron el rompimiento, apenas dos semanas después de iniciada la consulta y con más de dos meses para el nuevo año. El ministro de Economía Temístocles Montás había dicho el 14 de octubre que el presupuesto del 2013 estaría entre 430 y 350 mil millones de pesos por lo que la diferencia con la propuesta del CES oscilaba de 20 a 40 mil millones. Se rechazó la transacción que a la mitad hubiese conllevado entre ingresos y reducción de gastos de 10 a 20 mil millones de pesos.
El problema de fondo es que como dijo Montás al presentar el plan original “las finanzas públicas se hacen insostenibles con esos niveles del déficit” y ahora se depende más que nunca de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que reclama un saneamiento radical. La alternativa para el equilibrio sería cortar a fondo el clientelismo y la malversación, pero el sistema político no luce aún en capacidad para emprenderlo.
Contradiciendo el discurso y el compromiso del presidente Medina, su Gobierno optó por lo que siempre se ha hecho: pedirle a la población que siga financiando el dispendio, porque no es posible apretar los cinturones de los políticos. El decreto de austeridad del 22 de agosto fue un buen comienzo, pero no rebasa los de austeridad de Leonel Fernández, incluyendo la ley del 2007, que nunca se cumplieron, por lo que queda todavía en veremos.
Es obvio que la desconfianza de la población es muy grande, y está más que diagnosticada y justificada. El Gobierno perdió la oportunidad de “hacer lo que nunca se ha hecho”, cambió su propósito original y volvió a optar por el parche, desconociendo el mandato constitucional y la ley de END que crean el escenario del CES. Previamente ya habían comenzado a descalificar el organismo y un dirigente oficialista llegó al extremo de definirlo como “mezcla de macos y cacatas”.
Un camino muy costoso. El proyecto sometido al Congreso implica una reducción del paquete tributario original de 7 mil 717 millones de pesos, equivalentes al 14 por ciento, al pasar de 55 mil 14 millones a 47 mil 297. Pero sigue siendo gravoso para todos los sectores sociales, en mayor o menor medida y en vez de promover productividad y competitividad, en lo inmediato implicaría serias dificultades, no sólo para los grandes intereses empresariales como vende la política, sino hasta para pequeñas y micros empresas. Por ejemplo, el cobro de 12 mil pesos anuales, ajustables a la inflación, a los detallistas de mercancías “que no tributen en el régimen ordinario”.
Parece obvio que se impuso la línea política leonelista que niega toda reducción de gasto y se sustenta en un clientelismo exacerbado y compra de conciencia arriba, en el medio y debajo de la sociedad, (se sacan dos pesos de cada galón de combustibles para los transportistas) y apela al pragmatismo político salvaje de simplemente utilizar el poder. Fernández no tuvo empacho en reunirse esta semana con sus senadores para que venzan escrúpulos y aprueben el paquete derivado de su descomunal déficit fiscal. La decisión de imponer la reforma en un Congreso bajo su control y a cualquier precio, es alentada por la división del principal partido de oposición que Fernández ha financiado y sostenido y el gobierno de Danilo Medina será cada vez más dependiente del camino viejo que prometió corregir. Rompe prematuramente su luna de miel con la población y se expone a graves problemas de gobernabilidad y hasta de legitimidad, sobre todo si aprueban la reforma sin las dos terceras partes de los votos, que no los tienen en la Cámara de Diputados. Ya el pragmático secretario general del PLD y presidente del Senado, Reinaldo Pared, ha negado que sea una ley orgánica, aunque el experto constitucionalista Cristóbal Gómez y el diputado Hugo Tolentino han recordado que el artículo 112 de la Constitución incluye en esa categoría “el régimen económico financiero; el presupuesto, planificación e inversión pública”.
Todavía en el Congreso tendrán que hacer concesiones, sobre todo si sirven para dividir a sectores empresariales y sindicales, pero parece que se impuso la decisión de marchar solos contra vientos y mareas sin importar lo que piense el resto de la sociedad, confiados en que vencerán las resistencias. Conlleva el riesgo de generar nuevos protagonismos y liderazgos sociales que sustituyan el desgaste de la oposición política y un estado de insubordinación que anule o reduzca lo que se pretende recaudar y derive en mayores confrontaciones. Los políticos no advierten el estado exacerbado de indignación y disposición a la resistencia que se refleja en todos los ambientes y en los medios de comunicación y las redes sociales.
Artículo original publicado en el periódico HOY.
Por Efe
Davos (Suiza).- Prácticamente todo Latinoamérica ha sido excluida de un acuerdo que permitirá a más de un centenar de países tener acceso a medicamentos genéricos que han demostrado tener hasta un 95 % de eficacia para prevenir infecciones con el VIH (virus causante del sida), en momentos en que varios países de la región están experimentando un fuerte aumento de nuevos casos.
“Están excluyendo a países de ingresos medios que podrían producirlas y venderlas más baratas al resto del mundo, países como Brasil, Perú, México y Argentina.
Estos países han participado incluso en los ensayos y ahora son excluidos, lo cual es equivocado y no ético”, declaró en una entrevista con EFE la directora del Programa de Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (UNAIDS), Winnie Byanyima. Las compañías en cuestión son Gilead y ViiV.
La primera ha desarrollado un producto que con solo dos dosis de inyectables al año puede prevenir la infección, mientras que la segunda tiene un medicamento que se administra cada dos meses con el mismo propósito.
UNAIDS estima que, a pesar de no ser una cura, si 10 millones de personas en el mundo tuvieran acceso a estos medicamentos en 2025 se podría cumplir el objetivo internacional de erradicar el VIH para 2030.
El acuerdo para poder acceder a sus versiones genéricas son cruciales en vista del exorbitante coste de estos tratamientos, que en el caso del producido por Gilead puede alcanzar los 40.000 dólares anuales, mientras que los genéricos podrían costar solo 40 dólares al año por persona.
“Estamos muy preocupados porque al mismo tiempo que sabemos que tenemos un medicamento preventivo poderoso y altamente eficaz, vemos la misma vieja historia, como lo que ocurrió con los antirretrovirales, que tomaron diez años (para la comercialización de genéricos) durante los cuales doce millones de africanos murieron esperando que su precio bajara”, recordó Byanyima, quien participa en el Foro Económico Mundial de Davos.
Únicamente la exclusión de Brasil, Colombia, México y Venezuela deja fuera al 7 % de las nuevas infecciones a nivel mundial.
La jefa de UNAIDS citó los casos alarmantes de Venezuela y Perú, donde el año pasado los nuevos casos de infecciones con VIH aumentaron un 98 % y 80 %, respectivamente con respecto a 2023, lo que hace urgente que puedan acceder a estos nuevos medios de prevención.
Sobre la razones de esta evolución negativa, dijo que en el caso de Venezuela se trata de una combinación de factores, como el desarraigo de parte de la población convertida en desplazados internos o refugiados, y la precariedad del sistema de salud.
“En Perú vemos que mucha gente no está conectada con el sistema de salud y también mucho estigma y discriminación. Hay muchas personas gais que buscan ayuda muy tarde y mueren por falta de diagnóstico, así que hay múltiples factores que estamos tratando de investigar”, explicó.
Frente a situaciones como éstas, “Gilead está utilizando tácticas para retrasar las cosas, pero nosotros exigimos rapidez y que se aumente la producción.
Queremos lo que ya tienen, lo que han puesto en el mercado en Estados Unidos y en los países ricos, para que llegue a todas las personas, la mayoría de las cuales están en el Sur (países en desarrollo)”, concluyó Byanyima.
Análisis Noticiosos
La comunidad de ricos y famosos de Hollywood que los incendios redujeron a ceniza
Agencia EFE
«Podías vivir la vida perfecta americana aquí: casas preciosas con patio, la perfecta ama de casa, tener tus perfectos hijos. Este barrio es muy caro y por eso se vive tan bien aquí».
Pacific Palisades, EE.UU. –Pacific Palisades, la zona cero de la ola de fuegos más devastadores de la historia de Los Ángeles, ha reducido a cenizas calles enteras, vehículos, mansiones millonarias y la vida que atesoraban miles de familias de un barrio acaudalado que ha pasado de representar un idílico estilo de vida americano a una zona de guerra.
Alexei y Tatyana regresan por primera a la que era su casa, en la avenida Sunset de Pacific Palisades, tres días después de que comenzaran las llamas. No ha quedado nada de aquella vivienda de tres pisos en el condominio en el que residían, que fue de los primeros en arder a causa del virulento incendio que desde el pasado martes ha arrasado con más de 8,200 hectáreas.
«Pensamos que nuestra casa estaría segura, viviendo al lado de una estación de bomberos», cuenta a EFE Alexei nada más aparcar el vehículo y comprobar que no queda nada de su vida en el lugar donde decidió construirla hace 5 años.
Todas sus pertenencias, incluso las de más valor, quedaron dentro del apartamento porque en el momento del estallido de la llamas se encontraban de viaje por Europa. «En una noche prácticamente hemos perdido todo», lamenta.
«Esta casa está perfecta -la aledaña- y la nuestra está reducida a escombros. Es increíble lo que ha pasado», dice Alexei.
Un par de calles más arriba los vehículos están completamente calcinados: las marcas delatan el nivel ingresos de estos vecinos: un Mercedes Benz por ahí; un Land Rover por allá, denotan lo acaudalado que era este barrio, ahora convertido en una escombrera de ruinas ennegrecidas.
Pacific Palisades ya no existe
Todavía arden mansiones en lo alto de las colinas que muestran entre los rescoldos cómo era vivir aquí antes de los incendios: un entorno familiar y acomodado, con ventanales frente al océano, unas calles hoy gobernadas por un toque de queda nocturno, pero donde era seguro caminar y los niños podían ir a la escuela andando.
«No había casa que no fuese rica en Palisades», admite Tatyana.
Desde su casa, Tatyana apreciaba todos los días el tranquilo atardecer con vistas al Pacífico, el famoso muelle de Santa Mónica y, a lo lejos, el lujo que derrocha Malibú, también parcialmente consumido por las llamas.
«Podías vivir la vida perfecta americana aquí: casas preciosas con patio, la perfecta ama de casa, tener tus perfectos hijos. Este barrio es muy caro y por eso se vive tan bien aquí», explica.
La Policía ya ha arrestado a varias personas acusadas de ingresar en propiedades consumidas por las llamas para hurtar las pocas posesiones que se habían salvado de las llamas, según informaron a EFE algunos vecinos de la zona.
«Es como si nada hubiese existido», se despide Tatyana mientras recorre la conocida carretera de la costa, una de las más bonitas de la Costa Oeste que hasta la semana pasada exhibía todo el esplendor con el océano Pacífico de fondo.
Y mientras se alejan de un barrio en el que no saben si podrán volver tras lo ocurrido, se preguntan cómo van a vivir los vecinos cuyas casas han sobrevivido a las llamas. «Aquí no ya no queda nada», concluyen.
Análisis Noticiosos
Reciclaje en Nueva York trabajo mal pagado a cargo de inmigrantes indocumentados
El sector lleva 15 años sin recibir un aumento por sus servicios, lo que ha llevado a muchos centros de reciclaje a cerrar. Una propuesta de ley busca duplicar el pago que se les da
New York.-Todos los días, a las 7 de la mañana, Graciela Cieza y Robert Romero, un matrimonio de inmigrantes peruanos, abre las puertas de la bodega donde tienen su centro de reciclaje en Queens, Nueva York. Es un pequeño negocio por el que recolectan latas y botellas para canjearlas por dinero. Allí guardan cientos de bolsas con miles de botellas y latas de agua, soda y cerveza clasificadas por marca, producto y tamaño. Llevan ocho años trabajando en este centro de redención —como también se les llama— y hace cinco meses se convirtieron en dueños del negocio. “El señor que tenía la bodega antes cerró porque se declaró en bancarrota”, cuenta Cieza, de 65 años, quien llegó a Estados Unidos hace 12 con sus dos hijos y su esposo.
El frágil ecosistema de reciclaje de botellas y otros materiales en el Estado de Nueva York es manejado mayormente por trabajadores inmigrantes y adultos mayores, que ganan aproximadamente 30 dólares al día si son recicladores independientes y 40 si son centros de redención, y que no han visto un aumento en el valor de los artículos que recolectan en 15 años.
El reciclaje en el Estado de Nueva York es un proceso en cadena. Primero, el consumidor deja su botella o lata en el bote de basura azul para materiales reciclables. Luego, los recicladores independientes, recolectan el material y lo llevan a un centro de redención, como el de Cieza y Romero, en donde les pagan 5 centavos por unidad. Allí categorizan los materiales recibidos por marca, tipo de contenedor y tamaño para venderlos a los distribuidores, que pueden ser las empresas que fabrican el contenedor de la bebida, las que las venden, o las embotelladoras, que les pagan 8,5 centavos por contenedor y lo mandan a fábricas que los transforman.
En los dos últimos años, 150 de los alrededor de 700 centros de redención del Estado han cerrado sus puertas porque no les sale rentable, de acuerdo con el New York Public Interest Research Group. Y quienes los dirigen han alertado que, sin un aumento en el valor de las latas y plásticos establecido por la ley, habrá más cierres. Mientras tanto, algunos esfuerzos de legisladores estatales para rescatar la industria se topan con las campañas de opositores políticos y grandes embotelladoras, que alegan que aumentar el pago de las tarifas de reciclaje impactaría a los consumidores.
Sure We Can es uno de los centros de reciclaje y espacios comunitarios para recicladores más importantes de la ciudad, ubicado en Brooklyn, Nueva York.CORTESÍA
El debate del proyecto de ley de la Bigger Better Bottle Bill (mejor y más grande, en español, o ley de la botella), que fue propuesto el año pasado por la senadora estatal demócrata Rachel May, quedó aplazado hasta el 28 de enero de 2025. Mientras esperan un pago que consideran más justo, los centros de redención se están quebrando, aseguran las organizaciones que firmaron la solicitud de ayuda inmediata a la gobernadora Kathy Hochul.
Centros de redención obligados a cerrar
La nueva Ley de la Botella propone que la tarifa de depósito suba de 5 a 10 centavos por unidad recolectada y de 3,5 a 6 centavos por unidad por el manejo, lo que hacen Graciela Cieza y Robert Romero. Esto duplicaría los ingresos actuales de los centros de redención y los recicladores independientes. Adicionalmente, se espera que aumenten las tasas de reciclaje de un Estado, que actualmente solo recicla el 17,2% de sus residuos, de acuerdo a cifras del Departamento de Sanidad. Esto está por debajo del promedio nacional, que es 35% y de Estados como Oregón, que ha implementado una ley similar a la que se debate en Nueva York y donde la tasa de reciclaje es de 85,5%.
Jade Eddy, dueña del centro de redención MT Retornables en Queensbury y miembro de la asociación de centros de redención Empire State Redemption Association, está pensando en cerrar su bodega porque no tiene dinero para mantenerse a flote. Eddy ha perdido la esperanza de que esta ley se apruebe antes de que pierda el negocio que le dio de comer a su familia por 20 años. “Actualmente, estoy recibiendo un auxilio por pobreza, gasté todos mis ahorros para la jubilación y perdí mi casa para intentar mantener mi negocio”, dice la mujer de 40 años, en una videollamada. “La posición en la que nos han puesto es criminal porque veo a los legisladores de Albany más preocupados por grandes compañías como Pepsi, que se oponen a la Ley de la Botella, que por los pequeños negocios que sirven a sus comunidades”, asegura.
En Nueva York los materiales cubiertos por la ley de la botella actual son latas y botellas de bebidas carbonatadas, cerveza, bebidas de malta, agua con gas y sin gas.CORTESÍA
Si la nueva ley se aprueba, las embotelladoras tendrán que invertir más en reciclar los contenedores de los productos que comercializan, pues pasarían de pagar 8,5 centavos a 16 a los centros de redención. De acuerdo al Container Recycling Institute, una organización no gubernamental dedicada a investigar el reciclaje y recolección en Estados Unidos, los principales opositores de la Ley de la Botella son embotelladoras como PepsiCo, Coca Cola y Anheuser Busch. Sin embargo, la vocera de PepsiCo, Andrea Foote, le dijo a Político que “PepsiCo está abogando por la Ley de la Botella de Nueva York y proyectos de ley que amplíen la responsabilidad del productor”.
“Si cierran, nos vamos a quedar sin nada”
La amenaza contra los centros de redención impacta a los recicladores independientes, que son en su mayoría inmigrantes, casi la mitad de ellos latinos, con un nivel de ingresos menor a 400 dólares mensuales, según un informe de Sure We Can, un centro de redención y espacio comunitario para recicladores independientes en Bushwick, Brooklyn.
“Antes íbamos a un centro que nos quedaba más cerca a la casa, pero lo cerraron por problemas económicos. Entonces ahora venimos acá, pero nos toca caminar mucho y ya estamos cansados”, cuentan Pedro Romero y Josefa Marín, una pareja de inmigrantes indocumentados mexicanos de 68 años, que llevan el material reciclable que recogen al centro de Sure We Can. Ambos comenzaron a trabajar como recicladores independientes debido a que no tienen una pensión que cubra todos sus gastos. “Nos afectaría mucho que este centro cerrara. Si cierran, creo que es mejor devolvernos a México de una vez”, asegura Marín.
Ángela, una recicladora independiente de 50 años originaria de República Dominicana, se dedica a recoger material reciclable desde hace dos años, cuando perdió su trabajo como cocinera en un restaurante en Manhattan. Trabaja todos los días y lleva el material al centro de redención de Graciela Cieza y Robert Romero en Queens. “Esta labor es la que me está dando dinero para mantener a mis tres hijos y pagar la renta. Si estos centros los cierran, nos vamos a quedar sin nada”, dijo la dominicana, quien prefirió no dar su nombre completo debido a su estatus migratorio irregular.
La Ley de la Botella actual —vigente desde 1982— determina una tarifa de depósito de 5 centavos que los consumidores pagan al comprar bebidas embotelladas o enlatadas, reembolsables si el consumidor devuelve el envase para su reciclaje; y una tarifa de manejo de 1,5 centavos que comprende un pago adicional que los distribuidores y embotelladores deben hacer a los centros de redención.
De acuerdo al reporte de Sure We Can, 45.5% de los recicladores independientes son latinos y el 69% del dinero obtenido por esta labor es utilizado para comprar comida.CORTESÍA
En el 2009, la Asamblea de Nueva York aumentó la tarifa de manejo a 3,5 centavos y redistribuyó los fondos no reclamados. Antes de eso, los 5 centavos de la tarifa de depósito quedaban en manos de las embotelladoras. A partir de la reforma, el 80% de los depósitos no reclamados se comenzaron a destinar al Fondo de Protección Ambiental de Nueva York, y el resto permanece con las embotelladoras.
El dinero recaudado por el fondo público se usa para financiar programas de medio ambiente, educación, infraestructura y servicios comunitarios, de acuerdo a la página web del mismo. El más reciente informe de los proyectos beneficiarios por el Fondo de Protección Ambiental data del 2013.
Sure We Can argumenta que el fondo no está ayudando en la crisis de desfinanciación del sector. “El programa de subvenciones no ha entregado fondos a los centros de redención afectados. Nosotros enviamos una solicitud y nunca recibimos un centavo”, dice su director, Ryan Castalia.
En los últimos 15 años, los precios en Estados Unidos han incrementado un 36,4% y la capacidad adquisitiva de las personas ha disminuido constantemente. En el mismo periodo, el valor del trabajo de los centros de redención y recicladores no ha recibido un solo aumento. “Tengo esperanza de que Nueva York defienda el medio ambiente a partir de proteger a sus trabajadores y el desarrollo de infraestructura verde dentro del estado”, añade Castalia, quien se muestra esperanzado con que el congreso del Estado apruebe la ley.
Pese a haber sido una de las promotoras de la nueva norma, la recicladora Josefa Marín teme que, de aprobarse, su trabajo se vea afectado. “Antes recogíamos muchas más botellas que ahora y eso que solo pagaban 5 centavos por botella. Si la ley se llega a aprobar, los consumidores de bebidas van a comenzar a llevar las botellas ellos mismos porque se van a dar cuenta que pueden obtener una buena cantidad de dinero al devolverlas”, dice.
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